Numero: 67 fecha: Enero-Febrero 1995 titulo de la revista: Hacia un Nuevo Orden Político indice analitico: Un Nuevo Orden autor: Luis Méndez, Augusto Bolívar [**] titulo: En la Génesis de un Nuevo Orden Político



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Según declaraciones de la prensa nacional, en su avance, los destacamentos militares descuidaban la seguridad de la población civil. Los bombardeos de la fuerza aérea mexicana -denunciaron varios testigos- eran indiscriminados. Se temía que la acción castrense emprendida para apagar la insurrección, pudiera ser tomada también como pretexto para desarticular las organizaciones sociales que desde hacía muchos años luchaban contra la miseria indígena y el despotismo caciquil en la región. El ambiente parecía propicio. La presencia militar del ejército mexicano en las zonas de combate, se acompañaba de una encubierta, y por supuesto anticonstitucional, suspensión de las garantías individuales de la población chiapaneca.
Vale la pena recordar que la sorpresiva acción militar del EZLN, no significaba que la autoridad civil y militar desconocieran lo que se fraguaba en lo profundo de la selva Lacandona. La violenta explosión indígena contra el gobierno federal, mostró la ineficacia, y sobre todo la indiferencia de la autoridad civil encargada de evitar este tipo de desbordamientos sociales, en este caso, el titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Patrocinio González Garrido.
Desde mayo de 1993 se había hecho público que en el estado de Chiapas se libraban combates entre el ejército mexicano y grupos armados. Incluso se habló de bombardeos en la zona montañosa de la entidad, y a pesar de ello, no sólo se negó la existencia ante la opinión pública -nacional y extranjera- de contingentes guerrilleros en la región, sino que además, lo más grave, se minimizó el hecho. Alguien pensó, seguramente, que la situación era controlable por las fuerzas armadas, y otros más recurrieron a Pronasol para tratar de desarticular la violencia guerrillera de los grupos indígenas.
Un reportaje publicado por el periódico La Jornada, hacía recordar que el 29 de julio de 1993:
"el entonces coordinador de Pronasol y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Carlos Rojas, acompañado por el gobernador interino, supervisó en el municipio de Las Margaritas la construcción de un hospital en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, donde, según versiones de lugareños, tuvieron origen los grupos armados(...)y en Altamirano, Carlos Rojas anunció la construcción de otro hospital, la pavimentación de una importante carretera, así como la edificación de otras obras de beneficio social(...)un líder campesino declaró entonces: las condiciones de pobreza y miseria en que viven los indígenas tojolabales de este municipio, son caldo de cultivo propicio -dijo para convencerlos de que se incorporen a un movimiento armado, como el que parece que se está formando en la selva" (Alemán, 1994).
Meses después, se vuelve a insistir en la existencia de grupos guerrilleros en Chiapas, y pocas semanas antes el entonces candidato priísta a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio, en su calidad de titular de SEDESOL, anunciaba en Las Margaritas una millonaria partida presupuestal para el desarrollo productivo de 12 municipios de la región que engendró al Ejército Zapatista de Liberación Nacional: 40 millones de nuevos pesos, que sumados a los 130 entregados a principios de año, hacían 170 millones destinados a impulsar un programa especial en la zona. Acción política refrendada días después por el Presidente de la República, en la Semana de Solidaridad, donde inauguró un hospital IMSS-Solidaridad (Proceso, 1993)
No fue suficiente. La explosiva respuesta armada que el EZLN dio el día primero del año, mostró que el problema de Chiapas no iba a ser resuelto a través de políticas asistenciales vía Pronasol, y todavía tardarían algunos días más para que el gobierno se diera cuenta que la solución tampoco era militar, que el problema guerrillero merecía una negociación política.
A partir del levantamiento armado en Chiapas, se hizo explícito para la sociedad en su conjunto que más allá del discurso publicitario del gobierno, preocupado por legitimar su proyecto modernizador, el modelo de recuperación económica escogido, suavizado con Pronasol, no convino a grandes estratos de población que en el país compartían marginación y pobreza, resultado de condiciones de atraso, que las políticas de globalización económica no pretendían superar.
No era muy aventurado suponer, por ejemplo, que la formulación en 1992 de una nueva Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y de convenientes reformas a las leyes de aguas y bosques, orientadas todas ellas a favorecer la inversión privada de capital en el campo, terminaban con la esperanza de comunidades indígenas y cientos de miles de campesinos que, desde la Revolución del 10, luchan por vivir como propietarios de la tierra que desde hace siglos trabajan. Se ignoraron los costos sociales que podrían acarrear tales medidas. La inconformidad social engendrada en Chiapas, presionaba al gobierno de la República para reconsiderar no pocas de las acciones que venía construyendo el Estado liberal social. Se encontraba en juego la legitimidad de su proyecto globalizador, la ideología que lo justificaba y el proyecto nacional que le daba legalidad.
Por otro lado, vista la dimensión del conflicto desde la perspectiva política, las declaraciones del EZLN mostraron con claridad que el objetivo de su lucha rebasaba con mucho el espacio regional. Su declaración de recuperación democrática de las instituciones alcanzaba a todo el país, y aunque la solución armada marcaba las diferencias con otras organizaciones sociales, el extendido reclamo social por unos resultados electorales confiables, junto a voluntades que pugnan por establecer contrapesos políticos reales al sistema presidencial, encontraron cabida en la proclama del EZLN.
Cabe resaltar además el cuerpo ideológico que le da cobijo a este grupo armado. Sus definiciones histórico políticas iban a distinguirlo no sólo de otros movimientos armados en México, sino también de las orientaciones comunes que comparten las guerrillas centro o suramericanas.
Destacaba sobre todo su declarado apego a la legalidad constitucional y su recurrente referencia a la historia patria y a los principios nacionalistas. Las proclamas del EZLN no hablaban de una transformación revolucionaria de la sociedad, ni del tránsito a otro tipo de formación social, socialista o comunista. Por el contrario, mantenían el respeto a los ordenamientos constitucionales y consideraban como anticonstitucional e ilegítimo al gobierno actual.
"somos producto -declararon- de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos...". (EZLN, 1994a)
Su lucha -dijeron- se apoyaba en la legalidad constitucional:
"...después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno." (EZLN, 1994a)
Siendo congruentes con esta idea, nunca se han planteado tomar el poder político, sino, por medio de su lucha, presionar para que "...los otros poderes de la nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo al dictador" (EZLN, 1994a) y concluyen: "rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad" (EZLN, 1994a). (Ver el Recuadro 1)
Refiriéndose en concreto a las acciones realizadas el día 1° de enero, el Subcomandante Marcos declaró enfático a la prensa:
"decidimos tomar hoy esta ciudad (San Cristóbal de las Casas), así como Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, porque no hay condiciones para unas elecciones libres y democráticas. En la Declaración de Guerra hacemos un llamado a los poderes de la Unión para que, haciendo uso del derecho constitucional, se deponga al gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari y a su gabinete y en su lugar se instaure un gobierno de transición formado por personalidades y partidos políticos, para que sea éste el que convoque a elecciones en igualdad de circunstancias y no como ahora, que serían ilegítimas y desequilibradas." (EZLN, 1994a)
En un segundo comunicado del EZLN, fechado el 6 de enero, reiteraron que su lucha era por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo mexicano, y por las demandas de libertad y democracia política en México; insistieron en la renuncia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en la formación de un gobierno de transición democrática que "garantice elecciones limpias en todo el país y en todos los niveles de gobierno". Aclararon que no habían recibido "apoyo alguno o asesoría de movimientos revolucionarios de otros países ni de gobiernos extranjeros, y volvieron a echar mano de la historia nacional para explicar que las tácticas militares que emplean" no fueron aprendidas de la insurgencia centroamericana, sino de la historia militar mexicana, de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Mina, de la resistencia a la invasión yanqui en 1846-1847, de la respuesta popular a la invasión francesa, de las grandes gestas heroicas de Villa y Zapata, y de las luchas de resistencia indígena a todo lo largo de la historia de nuestro país" (EZLN, 1994b).
Ante la contundencia de los hechos, el gobierno de la República, de momento, no supo cómo responder. Más allá de las huecas declaraciones de siempre, no se observó voluntad para resolver políticamente el conflicto. Las autoridades civiles y militares, así como no pocos medios de comunicación masiva, en especial la televisión, se encargaron de llamar a los sublevados "transgresores", se les equiparó con delincuentes y se esforzaron por mostrarlos públicamente como un grupo reducido, aislado y repudiado por la población.
Frente al levantamiento armado el gobierno tomó el camino de la solución militar. Por supuesto, se reconocía la miseria y la escasa atención a la problemática social de los grupos étnicos en la región, pero se olvidaron mencionar la recurrente ineptitud política de los gobiernos locales y, sobre todo, la desmedida ambición de un poder económico caciquil que nunca había conocido límites. Se pensó en la fuerza militar como el eficaz instrumento para alcanzar la "paz" social, acompañada, claro, del apoyo pronasolista. Sin embargo, parecía evidente que, ante la magnitud del descontento popular, ni las bombas ni los apapachos asistencialistas podrían resolver el conflicto. La solución, se percibía, tenía que ser social, económica y política. Recuperar la paz social para la región, exigía de la superación de ancestrales retrasos, de resolver el siempre postergado problema de la tenencia de la tierra, de terminar con el injusto poder económico de unas cuantas familias y sepultar el intolerante ejercicio político de la autoridad regional.
En los primeros días del conflicto el gobierno de la República no parecía dispuesto a iniciar un proceso con esta intención, tan es así que, en su mensaje a la Nación, el presidente Salinas no da muestras de orientar el conflicto hacia una solución política. Se limitó a hacer un llamado para que los "agresores" abandonaran su actitud "violenta e ilegal".
El ejecutivo federal no reconocía aún el peso político del EZLN, no aceptaba que el conflicto fuera producto de un levantamiento indígena alimentado por el descontento y la desconfianza a las acciones de las autoridades federales y estatales, se insistía en concebir que el movimiento guerrillero se encontraba aislado del resto de la población y se les calificaba como profesionales de la violencia.
"este no es un alzamiento indígena -expresó el primer mandatario- sino la acción de un grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones del gobierno...Varias comunidades indígenas y la población rural los han rechazado. Las organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas se han acercado a las autoridades reclamando protección por parte del ejército mexicano y ofreciendo plena participación para evitar la agresión" (Salinas, 1994) (ver Recuadro 2).
Seguramente el presidente de la república estaba mal informado. En los días siguientes a su mensaje, los hechos mostraron que el EZLN no era un grupo aislado. Por el contrario, a cada momento se evidenciaba más que su existencia si tenía que ver, de manera determinante, con "la situación de pobreza y carencias en esa región".
El ambiente político nacional se enrarecía y las soluciones militares rápidas no llegaban. El terrorismo urbano hizo su aparición y no venía de los guerrilleros chiapanecos. Otras opciones comenzaban a jalar agua para su molino, otras acciones se perpetraban para desprestigiar al EZLN.
Mientras tanto, cientos de comunidades ubicadas en Los Altos de Chiapas se encontraban aisladas, el bombardeo desde aire y tierra era continuo y toda la zona de conflicto se mantenía bajo control militar. La supuesta protección que organizaciones indígenas y campesinas pedían al ejército mexicano, se contradecía con la denuncia que la prensa nacional y extranjera hacía contra las fuerzas armadas por violación a los derechos humanos, y lo más preocupante para el gobierno federal, no existían indicios de que las fuerzas armadas acabaran en el corto plazo con la insurrección.
En estas primeras semanas del conflicto, la opinión de los partidos políticos y sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República, no fue más allá de las ponderadas y prudentes declaraciones. Se quedaron en un tránsito discursivo que iba, de la condena a la violencia armada, a la aceptación de las demandas sociales y políticas enarboladas por el EZLN, sin llegar a impulsar acciones que influyeran en el desarrollo y posible solución de los acontecimientos. Lo mismo sucedió con el Congreso de la Unión y con la inmensa mayoría de las organizaciones sociales, corporativas o no, que se mantuvieron expectantes sin atreverse a asumir definiciones claras ante la situación.
De la represión a la concertación
En este clima de incertidumbre y tensión, el gobierno se vio precisado a abandonar la postura de intransigencia adoptada desde el inicio del levantamiento armado, e iniciar un proceso de negociación política que posibilitara una solución sin armas para pacificar la región. El primer paso en esta dirección, lo constituyó el anuncio de la renuncia de Patrocinio González Garrido al puesto de Secretario de Gobernación (La Jornada, 1994, 11 de febrero). Era el reconocimiento oficial de que el conflicto chiapaneco no tenía el perfil que días antes le dibujó el presidente Salinas en su mensaje a la Nación. El gabinete del ejecutivo federal había entrado en crisis. Resultó a todas luces evidente, que fueron incorrectas las evaluaciones realizadas por el equipo cercano al primer mandatario en relación al levantamiento armado en el sureste mexicano, así como la acción decidida para enfrentarlo. Y no sólo eso, implícitamente se aceptaba también que las políticas elaboradas, en especial desde la Secretaría de Gobernación, habían favorecido el surgimiento de la rebelión. [9]
La designación presidencial de Jorge Carpizo en sustitución de González Garrido en la Secretaría de Gobernación, hacía pensar en un cambio de orientación en la solución de los problemas internos del país. El nuevo titular, ex rector de la UNAM, y ex director de la CNDH y de la PGR, sin filiación partidaria, con una imagen social de honesto y reconocido conocedor del derecho constitucional, expresaba la posibilidad de una solución al problema chiapaneco verdaderamente apegada a la legalidad. Y si a esto agregamos la designación de Manuel Camacho Solís como Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, sin cargo oficial y sin salario, [10] era claro que se cambiaba de raíz la estrategia elaborada para solucionar la crisis política que amenazó con extenderse al resto de la Nación. Como bien dijo el editorial del periódico La Jornada:"... Parecía que se abandonaba la práctica de responder a la violencia desesperada con la violencia institucional, no menos desesperada que su contraparte." [11]
De inmediato se observó un cambio en el discurso. Al día siguiente de su designación, el comisionado para la paz y la reconciliación, Manuel Camacho Solís, declaró: "no es la posición del gobierno, pero para mí es un hecho que existe el EZLN. Si queremos una solución al conflicto habrá que hablar con ellos, para buscar una tregua a la brevedad posible, el cese de las hostilidades y un diálogo para la pacificación en Chiapas." Y respecto a la presencia política de la iglesia y sus obispos en la contienda, Camacho expresó: " no sería conveniente generar una situación en donde a la iglesia se le convierta en un enemigo público. Para mí la iglesia y sus obispos son un factor de conciliación. Así debemos verlos" (Aponte, 1994).
Dos días después de la crisis política en el gabinete, la administración salinista da un segundo paso para impulsar el proceso de negociación política con el EZLN. El día 12 de enero, el presidente de la República declara un cese unilateral del fuego en Chiapas. "Deseo fervientemente -dijo- que esta decisión del gobierno de la república, que recoge el sentimiento de toda la sociedad, sea el primer paso para salvar vidas y para encontrar nuevos caminos de reconciliación". (Ver Recuadro 3)
Fue radical el cambio de actitud del gobierno ante el conflicto. No estábamos acostumbrados, en nuestro sistema presidencialista de poder absoluto, a este tipo de rectificaciones políticas, y aunque los argumentos esgrimidos por el primer mandatario eran discutibles (control del ejército en Chiapas y la concepción de un conflicto generado por unos cuantos "transgresores" a la ley), este reconocimiento oficial de que las acciones promovidas no habían funcionado, volvía a alimentar la esperanza de una solución política negociada con el EZLN.
Ese mismo día por la tarde, más de 50 mil personas se reunieron en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México. Era la primera respuesta masiva de la sociedad civil a los acontecimientos de Chiapas. Organizaciones campesinas, de trabajadores, del movimiento urbano popular, estudiantes y representantes de partidos políticos, marcharon por la paz y rechazaron las soluciones milita res del gobierno. El orador del evento, el padre Miguel Concha, expresó: "en este momento crucial para nuestra patria todos queremos ardientemente la paz. Pero no una paz a cualquier precio, sino una paz verdadera, que nazca de la justicia para todos, del reconocimiento y respeto de todos los derechos para todos. Una paz que requiere de la supresión de la violencia, pero también la supresión de sus causas." Las demandas: cese inmediato de las hostilidades. Cese de los bombardeos. Mantener a toda costa el Estado de derecho. Solución pacífica y negociada del conflicto. Exigencia a la autoridad federal y a los partidos políticos de unos comicios pacíficos, limpios y transparentes que devuelvan la confianza a la ciudadanía. Cese inmediato de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, de desapariciones, de torturas, de detenciones ilegales y arbitrarias, de cateos sin orden judicial y de cualquier acto que siembre el terror por parte de las autoridades. Rechazo al terrorismo venga de donde venga. [12]
La sociedad civil se pronunciaba y el gobierno hacía manifiesta su disposición al diálogo. Todavía el domingo 16 de enero el presidente Salinas, en otro mensaje a la nación, hacía una nueva propuesta: impulsar una sesión extraordinaria en el Congreso de la Unión para discutir, y aprobar en su caso, una ley de amnistía que alcanzara a todos los insurrectos organizados militarmente en el EZLN. (ver el Recuadro 4)
Era evidente que la desigualdad social que se vivía en Chiapas, no la iba a superar la buena voluntad presidencial ni la capacidad y la honestidad de las figuras negociadoras. El esfuerzo era a mayor plazo. Cuatro parecían ser los problemas centrales desde cuya solución inmediata podría iniciarse el proceso de recuperación de la dignidad chiapaneca:
1. El arreglo a los problemas de tenencia de la tierra a través del legal reconocimiento a la propiedad de las comunidades indígenas.
2. El desmantelamiento de un aparato jurídico judicial que permite una enorme desigualdad en la impartición de justicia.
3. El impulso a procesos electorales extraordinarios y creíbles, para que la población chiapaneca elija libremente a sus autoridades.
4. Dejar de utilizar a la fuerza militar para solucionar problemas del orden civil.
Hasta ese momento, el gobierno sólo había mencionado, recurrentemente, la ayuda extraordinaria que otorgaría a chiapas una vez terminado el conflicto armado. No se asumía todavía la lección. Este inusual fenómeno de insurrección armada en el país, había mostrado que no bastaba, más aún, que era secundaria y hasta inútil cualquier política de corte asistencial si no era acompañada de soluciones políticas que resolvieran realmente los problemas planteados por una injusta y atrasada estructura agraria, y una vertical estructura de poder que ofrece privilegios sin límite a las familias poseedoras de las riquezas de la región. [13]
Pero más allá de la reclamación armada del ejército zapatista y de las improvisadas respuestas del gobierno federal, algo resultaba incuestionable: en sólo 15 días el Estado liberal social había sido puesto en cuestión; 15 días de respuesta armada fueron suficientes para desequilibrar el poder constituido. En 15 días surgió la posibilidad de un tránsito verdadero a la democracia. Sin embargo, 15 días de acción militar mantenían latente también la amenaza de una guerra sin tiempo en el país, violencia armada estancada que bien podría regresarnos al caos económico y al endurecimiento político.
La coyuntura
No había duda: la memoria política del país iba a registrar la madrugada del día 1° de enero de 1994 como una coyuntura. Un momento privilegiado de nuestra historia que prometía un cambio sustancial en el ejercicio de la dominación en México.
Una coyuntura no se da todos los días, ni siempre estamos en la coyuntura, aparece de pronto y, de inmediato, se apodera de la conciencia social haciendo explícitos y claros los "secretos" del sistema político. El orden establecido, imagen construida desde el poder como lo inmutable y constante, es puesto a prueba quedando al descubierto tanto el poder de sus recursos como la evidencia de sus debilidades. Esto había logrado, aquel primer amanecer del 94, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al ejército mexicano y al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La crítica de las armas había cuestionado hasta dónde el liberalismo social podía ser sustituto del Estado nacionalista revolucionario. El conflicto chiapaneco lanzó su reto a la sociedad: o se redefinía el orden social y político impuesto por Carlos Salinas en 1991 mediante el expediente del liberalismo social, o se le daba paso a la construcción de un nuevo orden, impreciso aún, pero con mucho mayor consenso que el anterior.
Algo era claro, sin embargo, la inconformidad armada del EZLN y la respuesta de negociación política del gobierno para solucionar la crisis, abrieron la posibilidad de modificaciones sustanciales a los ejes en que descansa el sistema político mexicano: [14]


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