Numero: 50 fecha: Septiembre-Octubre 1992 indice analitico: Empresarios autor: Matilde Luna [*] titulo: Inconsistencias de la Modernización: El Caso del Consejo Coordinador Empresarial [**]



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NUMERO: 50

FECHA: Septiembre-Octubre 1992

INDICE ANALITICO: Empresarios

AUTOR: Matilde Luna [*]

TITULO: Inconsistencias de la Modernización: El Caso del Consejo Coordinador Empresarial [**]

ABSTRACT:


Es de esperarse que la nueva estrategia de desarrollo orientada hacia el mercado externo, genere nuevas diferencias o profundice las existentes, como es el caso de la polarización económica, que se ha venido acentuando en el curso de la década de los ochenta y principios de los noventa, entre las empresas medianas, pequeñas y micros por una parte, y un muy reducido número de supergrupos en otro extremo, que han incrementado sustancialmente su poder económico, al beneficiarse de las nuevas políticas exportadoras y del proceso de privatización de las empresas públicas y de los bancos.
TEXTO:
Introducción
Una de las inconsistencias más peculiares de la modernización es que mientras la flexibilización de los controles corporativos en lo que atañe al sector laboral aparece ya como un principio indiscutible, los empresarios en cambio, han venido apostando al monopolio de la representación de sus intereses a través de dispositivos institucionales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y más recientemente la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE), y consecuentemente, han optado por una estrategia de unidad de acción colectiva.
Esta suerte de paradoja resulta aún más desconcertante cuando se observa que en los últimos diez años, uno de los actores sociales más destacados en la ofensiva contra el corporativismo ha sido el empresariado a través de los dirigentes de los principales organismos empresariales, incluyendo el propio CCE. Este organismo a pesar de su origen social (vs. estatal) y su estatuto jurídico de asociación civil (vs. organismo público) de afiliación voluntaria, tiene importantes rasgos corporativos que se fundan en su calidad de representante de los intereses del empresariado en su conjunto, representación que prácticamente ha sido sancionada por el gobierno, y en el agrupamiento de las principales organizaciones empresariales del país, incluyendo a las definidas como organismos públicos de afiliación obligatoria.
Esta inconsistencia del sector privado no ha estado libre de tensiones internas que, como se observará más adelante, se han expresado de muy diversas maneras particularmente desde finales de los ochenta, y que son altamente significativas dada la discreción con la que usualmente se dirimen sus diferencias o aún el muy bajo nivel de conflictualidad que existe por lo general entre el empresariado.
La estrategia de unidad política ha sido en el pasado una constante en la acción colectiva del empresariado frente a los intentos de reforma del gobierno, que son percibidos como una amenaza a sus intereses. Sin embargo, en la coyuntura actual, caracterizada por un amplio acuerdo entre el gobierno y los empresarios, llama la atención persistencia de esta estrategia.
Este hecho parece obedecer no sólo a la lógica de conservar una posición privilegiada en el régimen político bajo una concepción de poder suma cero (dentro de la cual el empresariado fortalece sus posiciones a costa de la desarticulación del poder económico y político del sector laboral y de la desarticulación del viejo estado interventor), sino también -y pese a los vientos neoliberales- a la funcionalidad activa de los recientes pactos corporativos, que requieren un interlocutor unificado. Por otra parte, en el marco de los acuerdos de integración, la estrategia de unidad parece favorable a la obtención de mejores condiciones en la negociación, ante la asimetría entre México y países como Estados Unidos y Canadá. De aquí una organización como la COECE, que encabezada por el CCE y en un segundo nivel por la organizaciones que lo integran, más aquellas que se ocupan propiamente del comercio exterior (es decir, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, el Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales y el Consejo Nacional de Comercio Exterior), reproduce, ampliándolo, el patrón de acción colectiva unificada (véase Cuadro 1).
En este contexto, resulta de interés observar cuál es la capacidad técnico política del empresariado para actuar colectivamente y cuáles son sus principales limitaciones, a través del análisis de la estructura interna del Consejo.
Como punto de partida puede decirse que el Consejo Coordinador Empresarial (fundado en 1975), constituye la entidad política de mayor importancia en la estructura mexicana de representación de intereses del sector privado, entre otros factores, porque reúne a las principales organizaciones de carácter nacional, y en la medida en que desde su fundación se ha convertido en el principal interlocutor del gobierno para el tratamiento de asuntos de orden general o de primera importancia que afectan directa o indirectamente al sector privado. Desde sus orígenes, el CCE ha buscado la unidad del empresariado nacional así como su representación ante el gobierno e indirectamente frente a otros sectores de la sociedad mexicana.
A pesar de los múltiples y significativos intereses comunes del empresariado, que han hecho posible la creación de los poderosos dispositivos institucionales antes mencionados y ganar fuerza política al CCE, subsisten puntos de tensión que al menos en una medida importante se originan en la heterogeneidad del sector privado, la que puede observarse desde muy diversas perspectivas. Sólo para mencionar algunos factores, podrían señalarse las diferencias de interés derivadas del tamaño de las empresas, de su ubicación geográfica, de su nivel de competitividad o de su grado de integración en cadenas productivas. También puede hablarse de otro tipo de diferencias en el sector privado, como son las de carácter ideológico y político, y así sucesivamente.
Es de esperarse que la nueva estrategia de desarrollo orientada hacia el mercado externo, genere nuevas diferencias o profundice las existentes, como es el caso de la polarización económica, que se ha venido acentuando en el curso de la década de los ochenta y principios de los noventa, entre las empresas medianas, pequeñas y micros por una parte, y un muy reducido número de supergrupos en otro extremo, que han incrementado sustancialmente su poder económico, al beneficiarse de las nuevas políticas exportadoras y del proceso de privatización de las empresas públicas y de los bancos. La territorialidad es también un factor que ha venido a acentuar las diferencias en el sector privado, y en particular entre regiones que han estado sujetas a una fuerte competencia externa y las de industrialización débil. Es el caso también del factor derivado de la capacidad de innovación tecnológica y en general del uso diferenciado de tecnologías.
Cuadro 1. Estructura Base de la Representación del Sector Privado Para la Negociación del Acuerdo de Libre Comercio México-EU. Organismo de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior[H-]
Heterogeneidad en los intereses empresariales
Como en el caso de las empresas y los empresarios mexicanos, las organizaciones del sector privado que agrupa el CCE presentan también un alto grado de heterogeneidad (véase Cuadro 2). Sus siete organizaciones, que son actualmente: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), tienen entre sí diferencias importantes. Cabe mencionar que a estas asociaciones suele añadirse la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco-México) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), las que aunque estatutariamente pertenecen respectivamente a la Concanaco y a la Concamin, tienen un relativo grado de autonomía respecto a estas confederaciones.
Cuadro 2. El CCE y sus Organizaciones Afiliadas[H-]
Entre los factores que las distinguen pueden mencionarse los siguientes: su estatuto jurídico (asociación civil, sindicato o institución pública autónoma regida por la Ley de Cámaras) y tipo de afiliación (es decir, por invitación, voluntaria u obligatoria); su grado de autonomía respecto al gobierno; su cobertura en relación a los miembros potenciales, o en otros términos, el grado de monopolio de la representación que ostentan; su solidez institucional; su dominio especializado o amplio; el tipo de dirigentes que las encabezan (es decir, técnicos o líderes políticos) y el grado de control o representatividad que tienen sobre sus afiliados.
Estas diferentes características estructurales de las organizaciones que integran el CCE, se conjugan con otras como es la de su trayectoria política. Diversos estudios sobre el comportamiento político de las organizaciones empresariales han distinguido, por ejemplo, a la Coparmex y a la Concanaco del resto de las organizaciones por sus sistemáticas posiciones radicales en coyunturas de conflicto. No es posible trazar una relación necesaria entre rasgos estructurales y comportamiento político. En este caso puede observarse que mientras que la Coparmex es un sindicato patronal de afiliación voluntaria, con un dominio amplio en tanto que afilia a los empresarios independientemente del sector en el que operan, la Concanaco por su parte, es una institución pública de afiliación obligatoria y de carácter relativamente especializado, en tanto que solamente afilia empresas comerciales, de servicios y turismo.
Sin embargo, una mirada menos lineal de este tipo de correlaciones puede dar luz sobre los elementos estructurales que pueden llegar a expresarse políticamente. Esto puede observarse en el caso especifico del CCE.
En este sentido puede decirse que la fuerza estructural del CCE se basa en su división funcional, es decir, en la concurrencia en su seno de las principales organizaciones sectoriales: las de industria, comercio y servicios, finanzas y agropecuarias, cada una de las cuales, independientemente de sus características propias (como puede ser su estatuto jurídico, su cobertura o su tamaño) representan un voto en el interior del CCE.
Puede advertirse, sin embargo, que en la conformación del CCE intervienen con la misma representación organizaciones que no obedecen a esta estructura funcional, aunque sin duda son de gran importancia, como son el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Confederación Patronal de la República Mexicana, ambos de carácter plurisectorial aunque de naturaleza muy distinta. El CMHN, que es una asociación civil, agrupa de manera selectiva a los 37 empresarios considerados como los dirigentes de los grupos económicos más importantes del país; mientras que la Coparmex, cuya figura jurídica es la de sindicato patronal, agrupa voluntariamente a alrededor de 30,000 empresarios independientemente del sector en el que operen; tiene una estructura regional, y profesa una vocación de representar, bajo estas características, al conjunto del empresariado nacional.
Con la inclusión de estas dos organizaciones en la composición del CCE, las cuales tienen los mismos derechos que las que obedecen a una agrupación sectorial, aparecen al menos tres problemas de orden estructural que en ocasiones se manifiestan en el plano propiamente político. Estos problemas son el de la competencia interna por representar al empresariado nacional en su conjunto, y los de la sobrerepresentación y la subrepresentación de intereses.
Respecto al primero, tanto el CCE como la Coparmex tienen la vocación de representar al empresariado en general, y de hecho esta competencia, agudizada por diferencias ideológicas (dado el radicalismo de la Coparmex), y por el monopolio de la dirección del CCE que ejerció en los últimos años la facción negociadora representativa de los grandes supergrupos económicos, se ha expresado en desacuerdos y cuestionamientos de la Coparmex en alianza con la Concanaco, de los acuerdos firmados entre el CCE y el gobierno, especialmente los pactos económicos.
Este problema se entrelaza con el de la sobrerrepresentación de los grandes grupos en el CCE, los que dado su frecuente carácter de grupos financieros tienen una doble o hasta triple afiliación a través del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (véase Cuadro 3).
Cuadro 3. El CCE, las Facciones Políticas y las Organizaciones Empresariales[H-]
Como contraparte, no hay en el Consejo una representación específica de los intereses de los pequeños y medianos empresarios, así como tampoco de carácter regional. La presencia de estos intereses es sólo indirecta y subordinada, a través de la Coparmex y la Concanaco que tienen una estructura regional y en menor medida del Consejo Nacional Agropecuario, de la Canacintra y de la Concamin que tienen una estructura mixta, es decir, por tipo de productos y por regiones.
Estos problemas de orden fundamentalmente estructural tienen su correlato en los lineamientos político-ideológicos que actúan en el CCE, en el que en coyunturas de conflicto se puede distinguir la tensión entre una facción política radical de corte liberal conservador integrada por la Coparmex, la Concanaco y el Consejo Nacional Agropecuario, y otra con un tono más negociador integrada básicamente por el CMHN, la AMCB y la AMIS, conformados en general por los supergrandes grupos económicos.
También se observa como expresión de estas tensiones la creación de nuevas organizaciones principalmente de pequeños y medianos empresarios, como son los casos en la década de los ochenta, de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT), que surge de un conflicto de intereses dentro de la Canacintra, y de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria (Concamin).
Podría hablarse asimismo de una tensión estructural relativa al estatuto legal de las organizaciones empresariales. Desde una perspectiva histórica puede observarse la tendencia a la creación de asociaciones civiles de afiliación voluntaria frente a las definidas como instituciones públicas y de carácter obligatorio, las que como se señaló subsisten como tales en el seno del CCE. No obstante su situación legal, muchas de estas asociaciones civiles tienen una muy amplia cobertura, en muchas ocasiones absoluta de sus miembros potenciales (como son los casos de la AMCB o la AMIS), y de hecho ejercen el monopolio de la representación de los intereses que tutelan. Esta observación se aplica también al propio CCE, ya que incluye al total de los organismos cúpula de cada sector de la economía.
El conjunto de estas tensiones ha cristalizado en conflictos en el sector empresarial como fue el de la disputa por la dirigencia de CCE a finales de los ochenta y principios de los noventa, y cuya cabeza visible fue la Concanaco. El desacuerdo tuvo por resultado la elección de un presidente interino en 1989 -y finalmente reelecto en 1990.
Otra consecuencia importante de esta disputa fue la reforma a los estatutos del CCE, que modificó las formas de designación de su presidente, que ya para 1991 fue designado por las siete organizaciones afiliadas, escogiéndolo de una terna que por turno -en este caso la Concanaco-, van proponiendo cada una de las organizaciones.
Podría decirse, en suma, que la estructura de representación empresarial mexicana responde fundamentalmente a una supuesta unidad para ejercer la acción política. En su más alto nivel, que es el CCE, esta unidad se estructura principalmente en base a una división funcional de tipo sectorial, en la que otros criterios como el tamaño de las empresas o su localización geográfica, tienen un papel subordinado y constituyen elementos de tensión política por la marginalización de intereses que producen.
La unidad como forma de convergencia
A manera de balance preliminar del juego político dentro del sector empresarial, puede decirse que el CCE ha logrado mantener la disciplina de sus agremiados (las organizaciones nacionales del empresariado) y de sus afiliados indirectos (los empresarios, empresas y organizaciones menores que agrupan dichas organizaciones). Sin embargo, es evidente que existen tensiones políticas para conservar la unidad del empresariado, que podrían acentuarse ante los efectos diferenciados de la apertura económica, o aún más, generar tensiones de nuevo tipo.
Algunos temas del debate público actual, parecen apuntar a la necesidad de reformar las bases de la estructura de representación del sector privado. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: la demanda -de la que participan segmentos del empresariado- de modernizar sus organizaciones a la par que las sindicales, en el sentido de suprimir la obligatoriedad de afiliación a las grandes confederaciones de industria y comercio (Concamin y Concanaco); los intentos de la Concanaco por desconocer jurídicamente a algunas cámaras de comercio regionales (particularmente la Canaco de la Ciudad de México), -que implicaría llegar al último recurso de poder de una confederación para disciplinar a sus agremiados-; los intentos del sector turístico por independizarse de la Concanaco, la convocatoria gubernamental para crear una nueva estructura de representación basada en uniones de crédito, consumo y comercialización, y la propia proliferación de nuevas organizaciones al margen de la Ley de Cámaras.
En su apreciación más radical, esta situación pone en tela de juicio el propio presupuesto de unidad que ha regido la acción política de los empresarios, particularmente a raíz de la creación del CCE, y pone por tanto en entredicho la legitimidad de esta organización. Bajo esta premisa, se estaría en la circunstancia de revisar los principios de la acción colectiva del sector privado.
Otra salida menos drástica, es la reforma a la Ley de Cámaras, en el sentido de suprimir la obligación de afiliación con el objeto de lograr una mejor representatividad de los diversos intereses del sector privado. No obstante los antecedentes de las existentes asociaciones civiles, así como de las asociaciones que gravitan en la Concamin con voz pero sin voto (en ambos casos su afiliación es voluntaria), con esta medida se corre el riesgo de una gran dispersión de los intereses empresariales, que previsiblemente tendría un efecto adverso en el manejo de la toma de decisiones de políticas públicas, aunque seguramente sería más efectiva su implementación.
En todo caso, la capacidad de acción del CCE y de la COECE parece estar determinada en el futuro por el modo en que los grupos marginados de empresarios puedan efectivamente ser reintegrados en la estructura de representación, o al menos en el modo en que la distancia de éstos respecto a los empresarios más fuertes o privilegiados pueda atenuarse.
En suma, se requieren cambios en las organizaciones empresariales que permitan la desarticulación exclusiva de su polo privilegiado, y se requiere una estructura flexible y ágil, capaz de captar intereses específicos diversos (como los relativos al tamaño y a la ubicación geográfica de las empresas) y de transformarlos en demandas de más largo alcance.
CITAS:
[*] Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
[**] Este texto fue elaborado en base al trabajo: Luna, Matilde y Ricardo Tirado. "El Consejo Coordinador Empresarial. Una Radiografía", Cuaderno Núm. 1, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales / Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México (en prensa).

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