Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



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Hábeas Corpus.


El hábeas corpus -expresión latina que significa "tengas el cuerpo"- es una garantía constitucional que ampara la libertad física, corporal o de locomoción, frente a restricciones arbitrarias, mediante un procedimiento sumario y expeditivo.

Es una garantía porque constituye un medio o instrumento de protección que defiende derechos y libertades específicos: la libertad física, corporal o de locomoción, la que constituye un bien jurídico de particular jerarquía por referirse a uno de los atributos más preciados y valorados de la libertad y dignidad de la persona. Nuestra Constitución, a partir de la reforma de 1994, acoge expresamente a este instituto.

La norma admite las variantes más conocidas del H.C.:

el reparador: es aquél por el cual se procura la libertad de una persona ilegítimamente detenida;

el preventivo: tiende a asegurar la libertad frente a la amenaza o posibilidad de privación de ella;

el restringido: pretende hacer cesar las limitaciones o molestias a la libertad, que sin llegara constituir una privación efectiva de ésta, la ponen en peligro (ej. vigilancia excesiva, seguimientos, restricción para concurrir a determinados sitios, etc.); y

el correctivo: que resulta de aplicación ante el agravamiento irregular de las condiciones de una detención legítimamente ordenada.

Quienes pueden promover el HC.: el propio afectado o cualquier otra persona.

Entendemos que el HC. debe ser rápido y expeditivo, pero ello no obsta a que el juez recabe los informes pertinentes y recabe los demás elementos que le permitan persuadirse de la legitimidad o ilegitimidad de la restricción de la libertad física en examen.

El Habeas Corpus mantiene vigencia durante el Estado de Sitio.

El procedimiento se encuentra reglamentado por la Ley 23.098 (de 1984) que, en respeto de las autonomías provinciales, establece que en el caso de que las provincias tengan, en sus constituciones o leyes, disposiciones más protectoras, ellas deben ser aplicadas. Es decir que las provincias pueden aplicar mejor o mayor protección a la libertad de locomoción, pero nunca menos de lo que establece la ley 23.098.


Acción de Amparo.


La institución del Amparo integra el rubro de las garantías constitucionales. Se trata de un medio jurisdiccional para hacer efectiva la protección del goce de los derechos reconocidos en la ley fundamental.

Constituye un procedimiento judicial, breve y sumario, que asegura un medio expeditivo para la protección de los derechos y las libertades constitucionales (distintos de la libertad física, corporal o de locomoción tutelada en el hábeas corpus). Su objetivo es hacer operativos los contenidos de la libertad contenidos en nuestra Carta Magna.

Fue incorporado como garantía expresa en la Constitución Nacional por la reforma de 1994, en los párrafos 1º y 2º del art. 43 de la Constitución Nacional: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, ...".

Es una acción, que debe ser expedita y rápida, es decir que se requiere simplicidad y celeridad en el procedimiento.

Al establecer que resulta viable siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, se ha abierto camino al debate acerca de cómo ello debe interpretarse. Entendemos, por nuestra parte, que el proceso ordinario así como la instancia administrativa no pueden ser entendidos como vías más idóneas que sea preciso agotar, como previo a la interposición del amparo, ya que ello afectaría la naturaleza misma del instituto y del mandamiento constitucional.

La norma permite impugnar no sólo actos u omisiones directamente lesivos de la Constitución Nacional, sino también aquellos que conculquen un Tratado Internacional o una ley.

Protege los derechos no sólo frente a actos u omisiones de autoridades públicas, sino también de particulares.

Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se consagra la existencia del Amparo Colectivo, que permite el resguardo de los derechos colectivos (al medio ambiente, del usuario, etc.).

Se amplía la franja de legitimados para demandar el amparo, al incluir al afectado, al defensor del pueblo y a las correspondientes asociaciones registradas.

Hábeas Data.


El hábeas data, que significa "tengas el dato", es un procedimiento breve y sumario tendiente a conocer los datos que constan en registros o bases de datos, y que incluye la posibilidad de corregirlos o actualizarlos si son erróneos o están desactualizados.

Permite asegurar la confidencialidad de determinada información y asimismo cancelar aquélla que no debería ser objeto de registración.

Nuestra Constitución prevé esta garantía en el párrafo tercero del art. 43.

Su ámbito de aplicación material es amplio: comprende todo registro, utilice o no medios informáticos, sea público o privado, en este último caso debe tener naturaleza pública, es decir: estar destinado a dar a conocer los datos, sea con alcance general (a todo el público) o restringido (Ej. registro de morosos distribuido en entidades financieras).


9. Poder Legislativo.

Es denominado también Parlamento, Congreso o Legislatura: tiene la función de sancionar leyes. Otra de las funciones es por medio de la Cámara de Senadores, prestar acuerdo a los Magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo.


9.1. Congreso de la Nación.

El Congreso es bicameral, ya que está integrado por dos cámaras que sesionan separadamente y cuyos integrantes tienen distintos requisitos, plazos e investiduras.

Las dos cámaras que lo integran son: la de Diputados de la Nación que representa al pueblo de la Nación y la de Senadores que representa a los estados miembros y la ciudad autónoma de Bs. As. (ver art. 44 de la Constitución Nacional).

9.2. Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza.

El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores, elegidos directamente por secciones electorales (ver art.64 de la Constitución Nacional).

También tiene la función de sancionar leyes, otra de las funciones es por medio de la Cámara de Senadores, prestar acuerdo a los Magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo.
Juicio Político (ver art. 109 de la Constitución de Mendoza).

Está destinado a la responsabilidad política, la Constitución nacional y las provinciales limitan este tipo de responsabilidad a un número reducido de funcionarios y tiene como única finalidad, la remoción o destitución del funcionario por las causales previstas en la Constitución.


Sujetos.

  • Gobernador.

  • Ministros.

  • Vicegobernador.

  • Miembros Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

  • Procurador Suprema Corte de Justicia de Mendoza.


Causales.

  • Mal desempeño.

  • Desordenes de conducta.

  • Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones.

  • Crimenes comunes.


10. Poder Ejecutivo.

10.1 Presidente de la Nación.

Es unipersonal y simple. El vice presidente cumple funciones de presidir la Asamblea Legislativa y reemplazar en caso de ausencia o vacante la presidencia, es parte del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo.


La historia política e institucional argentina y la sociología nos permiten comprobar que desde 1853 a nuestro días, el Ejecutivo se ha transformado en un órgano autoritario mucho más poderoso de como lo concibieron los constituyentes de 1853.

El Ejecutivo es el que lleva adelante el cumplimiento de las reglas, normas, que son imprescindibles para el funcionamiento del Estado. El Poder Ejecutivo es el que tiene la función de ejecutar los actos para la consecución del bien común, también ejerce función administrativa.


Función Ejecutiva. Concepto. Jefaturas.

Está relacionada con la función política y administrativa, tiene la función de ejecutar, de hacer cumplir. La función legislativa es la de crear normas. El Ejecutivo es el que lleva adelante el cumplimiento de las reglas, normas, que son imprescindibles para el funcionamiento del Estado. El Poder Ejecutivo es el que tiene la función de ejecutar los actos de gobierno.

Acá aparecen las Jefaturas, porque el presidente de la república es el poder ejecutivo, y los ministros son parte integrante de la estructura.

Jefaturas Estado (ver art. 99 inc. 11 de la Constitución Nacional).

Administración (ver art. 99 inc. 1, 7, 10 de la Constitución Nacional).

Fuerzas Armadas (ver art. 99 inc. 12, 13 y 14 de la Constitución Nacional).

Gobierno (ver art. 99 inc. 1 y 3 de la Constitución Nacional).

10.2. Ministros.

Función y Responsabilidad (art. 100 y 102 C.N.).

Los ministerios están representados por los ministros y los ministros son secretarios de los departamentos que el presidente designe, para que colabore con su función, la ley establece la cantidad de ministros por ministerios y estos dependen de las áreas. La ideología política del partido gobernante, las características y circunstancias particulares. Originariamente la Constitución establecía cinco (5) ministerios, luego ocho (8) y ahora no dice nada.

Art.102 - C.N..

Cada ministro es responsable de los actos que legaliza, y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.


10.3. Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza.

El gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo y nombra con acuerdo del Senado a los Miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General, y a propuesta del Consejo de la Magistratura a los demás jueces inferiores y representantes del Ministerio Público, también con acuerdo del Senado. (ver arts. 111 y 128 de la Constitución de Mendoza).


11. Poder Judicial.

Función Jurisdiccional.

Concepto.

La función jurisdiccional consiste en la aplicación de las leyes para resolver los conflictos de intereses, llamados también pleitos, litigios o causas. Causa es todo litigio o controversia, choque de dos intereses enfrentados, que debe ser resuelto aplicando el derecho vigente.



Derecho al Acceso de la Justicia.


En decir de Bidart Campos, derecho a la jurisdicción es el derecho de acudir al órgano judicial para que administre justicia, y consiste en pedir y provocar la administración de justiciaEl estado debe como prestación la administración de su función jurisdiccional.

El derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al órgano judicial.

Derecho a la Jurisdicción, es un grupo de facultades que se les reconoce a todas las personas y tiene por objeto garantizar el acceso de éstas a una decisión justa, fundada y oportuna, dictada por el órgano jurisdiccional habilitado constitucionalmente para ello.

Los derechos que podemos rotular genéricamente como “derechos a la jurisdicción” son los siguientes:



  1. derecho a acceder a un órgano jurisdiccional

  2. derecho del litigante a presentar sus pretensiones

  3. derecho a obtener un pronunciamiento justo del órgano jurisdiccional en un plazo razonable

  4. derecho a obtener una sentencia congruente

  5. derecho a ejecutar la sentencia firme


11.1. Poder Judicial: Garantías de su Independencia.

La independencia del Poder Judicial podemos verla desde dos aspectos diferentes:

Aspecto Orgánico Institucional: que implica que el Poder Judicial tiente el monopolio judicial, es colegislador y guardián de la Constitución.

Aspecto Orgánico Funcional: que comprende los requisitos para ser magistrado, la intangibilidad de las remuneraciones, inamovilidad, profesionalidad e imparcialidad.


11.2. Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.

Poder Judicial.

El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una Suprema Corte, Cámaras de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y demás juzgados, tribunales y funcionarios inferiores creados por ley.

La Suprema Corte de Justicia se compondrá de siete miembros por lo menos y habrá un Procurador para ella, pudiendo dividirse en salas para conocer en los recursos determinados.
Consejo de la Magistratura.

Está integrado por un miembro de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del magistrados en ejercicio, dos abogados de la matrícula de diferente Circunscripción Judicial y dos Diputados Provinciales de distintos partidos políticos. Los miembros del Consejo durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. El desempeño del cargo de miembro del Consejo de la Magistratura tendrá carácter honorario.

Tiene las siguientes atribuciones: 1) proponer al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes el nombramiento de Jueces y representantes del Ministerio Público, con excepción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador General; 2) seleccionar mediante concursos públicos, los postulantes a los cargos referidos anteriormente.
Jury de Enjuiciamiento.

Los Jueces de Cámara, de Primera Instancia, Fiscales, Asesores y Defensores pueden ser acusados por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes y desórdenes de conducta, ante un Jury de enjuiciamiento que estará compuesto por los miembros de la Suprema Corte (7), de un número igual de senadores (7) y un número igual de diputados (7). Es presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por su reemplazante legal y no podrá funcionar con menos de la mitad más uno de sus miembros. En caso de empate decidirá el presidente del jury, aun cuando ya hubiese votado al pronunciarse el fallo.


TEMA II: DERECHO ADMINISTRATIVO


A- NOCIONES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

1. Nociones Generales.

Por disposición de la Constitución Provincial, el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza es ejercido por la “Suprema Corte, Cámaras de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y demás Juzgados, Tribunales y Funcionarios creados por ley” (art. 142 de la Constitución de la Provincia de Mendoza).

La Suprema Corte se compone de siete miembros que se dividen en tres Salas (art. 143 Constitución Provincial), y un Procurador General.

En el año 1910 se dicta la ley 552, llamada “Ley Orgánica de Tribunales”, la que ha sido reiteradamente modificada por distintas leyes y decretos ley, actualizando sus contenidos. En esta norma de carácter general, se establece de conformidad al mandato constitucional (art. 144 de la Constitución Provincial), que el Poder Judicial de la Provincia será ejercido por la Suprema Corte de Justicia a los efectos de la administración, superintendencia y demás atribuciones acordadas por la ley (art. 1 ley 552). Además dispone que el Poder Judicial será ejercido por Cámaras de Apelaciones, por Jueces de Primera Instancia y por Jueces de Paz, reconociendo igualmente intervención en la administración de Justicia a los Fiscales, Defensores y Asesores de Menores e Incapaces, Defensores de Pobres y Ausentes y los querellantes particulares oficiales (art. 2 y 3 Ley Orgánica de Tribunales según texto ley 552 modificada por ley 2637 y por ley 7256).

Por ley 4969, modificada por ley 6851, se establece la composición, las competencias y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia y de sus tres Salas, modificando en su totalidad el título II de la Ley Orgánica de Tribunales. En esta norma se establece que la Suprema Corte estará integrada por siete miembros al menos y que tendrá jurisdicción en todo el territorio de la Provincia, que su asiento natural es la ciudad Capital de Mendoza, y que la presidencia será ejercida por uno de sus miembros elegido por el voto mayoritario de los demás y que durará en sus funciones dos años, pudiendo ser reelecto.

Se dispone igualmente que la Corte se compone en tres salas; la Sala I entenderá en materia Civil y Comercial y la Sala II en materia Penal y Laboral. Cabe destacar que ambas Salas tendrán competencia en jurisdicción Procesal Administrativa, siendo la misma establecida en razón del tiempo, esto es, las demandas ingresadas entre el 01 y el 15 de cada mes le corresponderán a la Sala I y las demandas ingresadas entre el 16 y el último día hábil del mes le corresponderá a la Sala II. La sala III estará integrada por los presidentes de la Sala I y II y será presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.



1.1. Competencia de la Sala I.

Tiene a su cargo:



  • Conocer y resolver los Recursos Extraordinarios en materia Civil y Comercial.

  • Resolver cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales y cuya decisión corresponda a la Corte, también en materia Civil y Comercial.

  • Conocer y resolver los Recursos de Revisión y Queja a que alude el art. 144 inc. 9 y 13 de la Constitución de la Provincia en materia Civil y Comercial, esto es, cuando después de pronunciada sentencia definitiva de segunda instancia, la parte perjudicada obtuviere documentos decisivos ignorados, extraviados o se hubiere dictado la sentencia, o por otra causa análoga; o cuando la sentencia se hubiere dictado en virtud de documentos o prueba testimonial y luego en juicio posterior fueren declarados falsas esas pruebas o documentos; o cuando la sentencia recayere sobre cosas no pedidas por las partes, u omitiese resolver sobre alguno de los capítulos de la demanda, contestación o reconvención; o cuando la sentencia se hubiere obtenido por prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.

  • Conocer y resolver sobre las Acciones Procesales Administrativas y de Inconstitucionalidad que se interpusieran entre el día 1 y el 15 de cada mes.


1.2. Competencia de la Sala II.

  • Conocer y resolver los Recursos Extraordinarios en materia Penal y Laboral.

  • Resolver cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales y cuya decisión corresponda a la Corte, en materia Penal y Laboral.

  • Conocer y resolver los Recursos de Revisión y Queja a que alude el art. 144 inc. 9 y 13 de la Constitución de la Provincia, en materia Penal y Laboral.

  • Conocer y resolver sobre las Acciones Procesales Administrativas y de Inconstitucionalidad que se interpusieran entre el día 16 y el último día del mes inclusive.


1.3. Competencia de la Sala III.

  • Ejerce la Superintendencia sobre toda la Administración de Justicia.

  • Puede establecer correcciones y medidas disciplinarias.

  • Elabora y remite anualmente la Legislatura y el Poder Ejecutivo una memoria sobre el movimiento y estado de la Administración de Justicia.

  • Propone proyectos de reforma de procedimientos y organización.

  • Propone al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos de conformidad con el art. 171 de la Constitución de la Provincia.

  • Conoce y decide respecto a la reducción, conmutación e indultos de penas.

  • Ejerce jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de detenidos, disponiendo visitas periódicas a los establecimientos penales.

  • Realiza los nombramientos de funcionarios y empleados.

  • Enjuicia, suspende o separa de sus cargos a los funcionarios y empleados por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o por incapacidad, o por cualquier otra causa que comprometa el buen funcionamiento de la administración de Justicia.

  • Designa anualmente a los Delegados Administrativos de la Sala III en las Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripciones Judiciales.

  • Lleva las matrículas de Abogados, Procuradores, Escribanos, Contadores, Martilleros, Peritos, y otros auxiliares de la Justicia.

  • Dicta Acordadas determinando los turnos de los órganos jurisdiccionales y funcionales, resolviendo cuestiones sobre subrogancia.

  • Confecciona anualmente la lista de conjueces.

  • Dicta y hace cumplir en general Resoluciones Administrativas que no competan a la Suprema Corte en pleno.


1.4. Competencia de la Suprema Corte en pleno.

  • Dicta Reglamentos internos y el Reglamento del Poder Judicial.

  • Conoce y resuelve las causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia y en los conflictos internos de las Municipalidades y de éstas con otras Municipalidades o autoridades de la Provincia (por ejemplo una Municipalidad contra un Ministerio).

  • Dicta Resoluciones con el fin de uniformar la jurisprudencia de las Salas y demás Tribunales.

  • Y por efecto residual, tiene competencia en toda cuestión no atribuida especialmente a una de las Salas.


1.5. Atribuciones y Deberes del Presidente de la Suprema Corte.

  • Preside el cuerpo, lo representa, lo convoca y dirige sus deliberaciones.

  • Actúa en los casos urgentes de superintendencia, dando cuenta oportunamente al Tribunal.

  • Ejerce la autoridad y policía del Palacio de Justicia.

  • Ordena, prevé y distribuye el despacho administrativo y cuida la disciplina y economía del Tribunal.

  • Sustancia los procedimientos que corresponden al Tribunal en pleno, dictando las providencias de mero trámite hasta que el expediente quede en estado de resolver.

  • Ejerce las demás atribuciones conferidas por la Constitución, leyes y reglamentos.


1.6. Atribuciones de los Presidentes de Salas.

  • Sustanciar los procedimientos que tengan en las respectivas Salas dictando las providencias de mero trámite, hasta que el expediente quede en estado de resolver, pudiendo delegar esta función en los funcionarios letrados del Tribunal (Secretarios) a través de autorización expresa.

  • Deben cuidar la economía y disciplina de las Oficinas de su inmediata dependencia.

  • Representar a la Sala respectiva en todos los actos y comunicaciones pertenecientes a la misma.

  • Llevan la palabra en las Audiencias, y la conceden a los demás miembros.

  • Disponen el orden de estudio de las causas.



2. Organización del Poder Judicial.

2.1. Organización Territorial del Poder Judicial.

Territorialmente la provincia de Mendoza se divide en cuatro Circunscripciones Judiciales. La Primera corresponde a la Capital de la Provincia y los departamentos de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Lavalle. La Segunda Circunscripción comprende los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, tiene una Delegación Administrativa con asiento en la ciudad de San Rafael. La Tercera Circunscripción comprende los departamentos de San Martín, La Paz, Junín, Rivadavia y Santa Rosa y tiene una Delegación Administrativa con asiento en la ciudad de San Martín. La Cuarta Circunscripción comprende los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos y una Delegación Administrativa con asiento en la ciudad de Tunuyán.


2.2. Organización interna y distribución de funciones.

La Suprema Corte de Justicia, para llevar adelante sus atribuciones cuenta con dos Secretarías Judiciales en las que se tramitan las cuestiones de orden jurisdiccional (las Acciones Procesales Administrativas; las Acciones y Recursos de Inconstitucionalidad, Revisión y Casación; los conflictos de competencia; Recursos de hecho; Recursos de Queja por denegación o retardo de justicia; Recursos Extraordinarios ante la Corte Suprema de la Nación en asuntos judiciales; habeas corpus y exhortos – art. 86 del Reglamento del Poder Judicial). También desarrolla sus tareas a través de:

- Secretaría Judicial para Asuntos Internacionales.

- Secretaría Legal y Técnica.

- Administración General.

- Secretaría Administrativa.


Procurador General de la Suprema Corte.
Es el Jefe superior de los funcionarios que desempeñan el Ministerio Público ante los Tribunales y Juzgados de la Provincia, esto es, Fiscales, Defensores y Asesores. Es el responsable principal de la persecución penal.

Está facultado para disponer instrucciones generales y particulares al Cuerpo de Fiscales para la aplicación del Código Procesal Penal.

Representa al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia.

Es el órgano acusador ante el Jury de Enjuiciamiento.


Administrador General de la Suprema Corte.

Depende de la Sala Administrativa y tendrá a su cargo las siguientes funciones y obligaciones (Acordada N° 16.828):



  • Ejecutar las decisiones que la Suprema Corte de Justicia, la Sala Administrativa y el Sr. Presidente del Superior Tribunal le encomienden.

  • Proveer, con la mejor utilización posible de los recursos existentes, lo necesario para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional.

  • Elaborar y presentar propuestas de administración de recursos humanos, materiales, financieros y organizativos.

  • Ejercer las relaciones institucionales relativas a sus funciones.

  • Dirigir el proceso de confección y ejecución presupuestaria.

  • Proponer reformas estructurales y funcionales del sector administrativo necesarias para su mejor funcionamiento.

  • Rendir informes trimestrales a la Suprema Corte de Justicia sobre los objetivos perseguidos, concreciones efectuadas.


2.3. Organización Jerárquica y Jurisdiccional del Poder Judicial.

2.3.1. Tribunales Inferiores.

Los Tribunales Inferiores a que hace referencia la Constitución Provincial están organizados y distribuidos en las cuatro Circunscripciones Judiciales en distintos fueros: Civil, Comercial y Minas; Penal de Menores, Penal, Laboral y de Familia. En los casos de la Tercera y Cuarta Circunscripción la falta de Cámaras de Apelaciones en lo Civil (3ra.y 4ta.) y de Cámaras Criminales (4ta.) es suplida por las correspondientes a la Primera Circunscripción.

El orden de los Tribunales y del Ministerio Público puede observarse en el siguiente esquema:


Suprema Corte de Justicia

Fuero Civil

Fuero Laboral

Fuero de Familia

Fuero Penal

- Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario

- Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas

- Juzgado de Procesos Concursales y Registro

- Juzgados Tributarios

- Juzgados de Paz Letrados

- Juzgado de Paz Distritales



- Cámaras Laborales

- Cámara de Apelaciones de Familia

- Juzgados de Familia



- Cámara Penal de Menores

- Juzgados Penal de Menores



- Cámaras de Apelaciones del Crimen

- Cámaras del Crimen - Juzgados de Garantías (ley 6730) - Juzgados de Instrucción (ley1908) - Juzgados Correccionales

- Juzgados de Ejecución Penal

-Juzgados de Faltas



Ministerio Público




Procurador de la Corte




Fiscalía de Cámaras


Unidad Fiscal Departamental
Fiscalía de Instrucción
Fiscalía Correccionales
Fiscalía Civiles
Fiscal Penal de Menores

Defensor Penal de Menores


Defensor de Pobres y Ausentes
Asesor de Menores e Incapaces





2.3.2. Pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia se expresa administrativamente a través de:



  • Acordadas: Son decisiones de la Suprema Corte de Justicia en pleno o de algunas de sus Salas, especialmente en materia de Superintendencia. Son verdaderos “Reglamentos Administrativos”.

  • Resoluciones de Presidencia: Son disposiciones del Presidente de la Suprema Corte.

Estas dos especies de resoluciones se refieren a cuestiones generales.

  • Autos Administrativos: En algún caso concreto, dentro del análisis de un expediente administrativo, puede la Suprema Corte dictar un Auto Administrativo. Éste es de carácter particular para el caso en cuestión.

  • Resoluciones de Administración General: son emitidas por el Administrador General. Principalmente se dictan para autorizar o adjudicar compras o elevaciones presupuestarias (dependiendo del monto) y excepcionalmente se refieren a otros temas administrativos.

En el ámbito del Ministerio Público, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia dicta Resoluciones mediante las cuales se disponen decisiones de carácter administrativo sobre la organización y funcionamiento del Ministerio Público.

3. Los Expedientes Administrativos.

  • Los expedientes administrativos guardan en general las mismas formalidades que las que corresponden a los expedientes en materia civil. Es decir que a los expedientes administrativos se aplica lo que expresa el Código Procesal Civil y la Ley 3909 de Procedimiento Administrativo de la Provincia en lo relativo a escritura, forma de los escritos, foliatura, cargos, firmas, sellos, constancia de lista, etc..

  • Estos expedientes tienen una carátula con indicación del tema al que se refiere el trámite administrativo en cuestión (Ej.: Foja de Servicio, llamado a Concurso, llamado a Licitación, Notas Varias de los Tribunales, exposición de alguna cuestión por parte de particulares o Magistrados y/o Funcionarios), y a continuación se agregan por estricto orden cronológico todas las actuaciones procedimentales que correspondan.


3.1. Concepto de Proceso Administrativo.

Es la “La secuencia de actos necesarios para el ejercicio de la función administrativa” (Sarmiento García – Petra Recabarren, “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza 3909”).


4. Estructura de un Juzgado.

Tomamos como ejemplo un Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas original.



4.1. Juez.

Autoridad suprema del Juzgado.

Es quien ejerce el poder jurisdiccional del Estado, esto es, quien decide conforme a derecho el conflicto que le han planteado las partes.

Dicta Sentencias, fundadas en derecho, que deciden sobre el fondo del asunto en cuestión, y Autos, que son pronunciamientos que deciden fundadamente también, sobre cuestiones accesorias que se suscitan en el transcurso del proceso.

Son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, previo examen ante el Consejo de la Magistratura.
4.2. Secretario.

Es un funcionario público al que se le da la categoría de personal Jerárquico. Es nombrado por la Suprema Corte a propuesta del Juez o Tribunal colegiado (Cámaras). Las funciones del mismo se desprenden fundamentalmente de la Ley Orgánica de Tribunales (arts. 136 a 146).

Es el jefe de Oficina en el Tribunal donde se desempeña y los auxiliares y demás empleados ejecutan las órdenes que les imparte en lo relativo al despacho. Es el director del personal a su cargo.

Decreta los expedientes y provee las presentaciones de mero trámite.

Es responsable de todos los materiales y bienes del Juzgado u Oficina (expedientes, papeles, estanterías, teléfonos, etc.) y debe conservarlos en buen estado, respondiendo por su extravío o destrucción.

Lleva ciertos libros bajo su cuidado (ejemplo: de detenidos, de Autos y Sentencias, etc.). Produce los informes de estadísticas y cualquier otro que le sea requerido por el Juez o la Suprema Corte.

Debe velar por el cuidado y conservación de los expedientes, en lo que respecta a su carátula, foliatura, ubicación en casillas, etc.; además deberá procurar que la atención al público sea inmediata y correcta.

Da fe de las actuaciones judiciales cumplidas en el Tribunal (Actas por ejemplo, o certificación de copias de expedientes).

Firma la lista diaria con los expedientes proveídos por el Tribunal.
4.3. Prosecretario.

Es un abogado auxiliar calificado del Juez. Hace proyectos de resoluciones que el Juez revisa, corrige y luego firma.


4.4. Jefe de Mesa de Entradas.

Es el encargado de la custodia de los expedientes. Los guarda en casillas según el tipo de procesos.

En Mesa de Entradas se atiende al público, se exhiben los expedientes salidos en lista, se anota el préstamo de los expedientes a los profesionales una vez autorizado el mismo por el Secretario.
4.5. Receptor.

Es quien confecciona y/o revisa las cédulas de notificación.

Es designado por la Suprema Corte.

4.6. Oficial de Justicia.

Es el funcionario encargado de hacer cumplir las medidas dictadas por el Juez (embargos, secuestro de bienes, requerimiento de pago, lanzamiento en un desalojo).

También es designado por la Suprema Corte.
4.7. Auxiliares.

Son empleados administrativos, designados por la Suprema Corte, luego de rendir y aprobar el examen de ingreso conforme acordada de ingreso N° 19.072.



Están regidos por el Estatuto del empleado público (decreto ley 560/73) y por el Reglamento del Poder Judicial.
B- DEBERES Y PROHIBICIONES. DECRETO LEY 560/73. ESTATUTO DEL EMPLEADO PUBLICO

1. Deberes.

Art. 13 - Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal esta obligado a:

  • La prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes.

  • Observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige.

  • Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público, conducta que deberá observar asimismo respecto de sus superiores, compañeros y subordinados.

  • Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con las funciones del agente.

  • Rehusar dádivas, obsequios, recompensas o cualquiera otras ventajas, con motivo del desempeño de sus funciones.

  • Guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva, en razón de su naturaleza o de instrucciones especiales, obligación que subsistirá aún después de cesar en sus funciones.

  • Promover las acciones judiciales que correspondan cuando públicamente fuera objeto de imputación delictuosa, pudiendo al efecto requerir el patrocinio legal gratuito del servicio jurídico del organismo respectivo.

  • Permanecer en el cargo de renuncia, por el termino de treinta (30) días corridos, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en sus funciones.-

  • Declarar todas las actividades que desempeñe y el origen de todos sus ingresos, a fin de establecer si son compatibles con el ejercicio de sus funciones.

  • Declarar bajo juramento, su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, cuando desempeñe cargos de nivel y jerarquía superior o de naturaleza peculiar.

  • Promover la instrucción de los sumarios administrativos del personal a sus órdenes, cuando así correspondiere.

  • Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actualidad pueda originar interpretaciones de parcialidad, o concurra incompatibilidad moral.

  • Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.

  • Cumplir íntegramente y en forma regular el horario de labor establecido.

  • Responder por la eficiencia y rendimiento del personal a sus órdenes.

  • Velar por la conservación de los útiles, objetos, y demás bienes que integran el patrimonio del estado y de los terceros que se pongan bajo su custodia.

  • Usar la indumentaria de trabajo que al efecto haya sido suministrada.

  • Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pueda causar perjuicio al estado o configurar delito.

  • Cumplir con sus obligaciones cívicas y militares, acreditándolo ante el superior correspondiente.

  • Declarar la nómina de familiares a su cargo y comunicar dentro del plazo de treinta (30) días de producido, el cambio de estado civil o variantes de carácter familiar, acompañando en todos los casos la documentación correspondiente y mantener permanentemente actualizada la información referente al domicilio.

  • Declarar en los sumarios administrativos.

  • Someterse a la jurisdicción disciplinaria y ejercer la que le competa por su jerarquía.

  • Someterse a examen psicofísico cuando lo disponga la autoridad competente.


2. Prohibiciones.

Art. 14 - Queda prohibido al personal:

  • Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con su función.

  • Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar y representar a personas físicas o jurídicas, o integrar sociedades que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración en el orden nacional, provincial o municipal, o que sean proveedores o contratistas de la misma.

  • Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados u otorgados por la administración en el orden nacional, provincial o municipal.

  • Mantener vinculaciones que le representen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por la dependencia en la que preste servicios.

  • Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para realizar proselitismo o acción política. esta prohibición de realizar propaganda no incluye el ejercicio de los derechos políticos del agente, de acuerdo a su convicción, siempre que se desenvuelva dentro de un marco de mesura y circunspección.

  • Realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres.

  • Realizar gestiones, por conducto de personas extrañas a las que jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado con los deberes, prohibiciones y derechos establecidos en este estatuto.

  • Organizar o propiciar, directa o indirectamente, con propósitos políticos, actos de homenaje o de reverencia a funcionarios en actividad, suscripciones, adhesiones o contribuciones del personal.

  • Efectuar entre si operaciones de crédito.

  • Utilizar con fines particulares los elementos de transporte y útiles de trabajo destinados al servicio oficial, y los servicios del personal.

  • Valerse de los conocimientos adquiridos en la función, para fines ajenos al servicio.

  • Arrogarse atribuciones que no le competen.

  • Retirar, copiar o usar indebidamente documentos públicos.

  • Hacer circular o promover suscripciones, rifas o donaciones de cualquier índole, en los lugares de trabajo sin autorización superior.

  • Aceptar o promover homenajes o cualquier otro acto que implique sumisión u obsecuencia.

  • Ordenar o efectuar descuentos en los haberes del personal con fines no autorizados expresamente por disposición legal.




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