Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



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Derecho a la Jurisdicción.


Es el derecho a la tutela jurídica. Todo Estado de Derecho debe asegurar -como una de sus garantías fundamentales- la posibilidad cierta y efectiva de recurrir a un tribunal de justicia para que resuelva su pretensión. Si esta garantía no existe bien puede afirmarse que se carece de seguridad jurídica.

Es una consecuencia necesaria de la reserva del uso de la fuerza por parte del Estado.

El derecho a la jurisdicción lo tienen todas las personas sean físicas o jurídicas, en la medida en que dispongan de capacidad para ser parte en un proceso judicial. Se trata de un derecho que debe ser ejercido por medio de las vías legales previamente establecidas.

Este derecho se vincula en forma inescindible con la necesidad de jueces naturales realmente imparciales, probos e idóneos, con la existencia efectiva de órganos judiciales suficientes y con dotación de personal, recursos económicos y procedimientos adecuados.


Juez Natural.

Art. 18 Constitución Nacional:”Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...”.

En el artículo 18 de la Constitución Nacional encontramos(2) dos prohibiciones:

1) “juzgado por comisiones especiales”.

2) “sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

La garantía de los jueces naturales se ubica en la segunda prohibición, la cual es totalmente distinta a la primera (crear comisiones especiales para juzgar determinados hechos).

La Garantía del Juez Natural se encuentra en: la Parte dogmática de la Constitución Nacional (GARANTIA) y en la Parte orgánica de la Constitución Nacional (Organización Poder Judicial, administración de justicia).

El artículo 18 de la Constitución Nacional prohibe los denominados “tribunales de excepción”, es decir aquellos que son creados a posteriori de los hechos. Dice el texto constitucional que nadie puede ser “sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

El Congreso es el encargado de crear los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación. Además de determinar su número, modo de integración, debe fijar el ámbito material y territorial de su jurisdicción y las reglas de procedimiento, con arreglo a las cuales aquellos ejercerán sus funciones.

Debemos distinguir dos conceptos diferentes el “juez persona” (persona física que ocupa el cargo, el cual debe reunir determinados requisitos) y el “juez organo” (es el cargo creado por el Congreso dotado de competencia “ratione materia” y “ratione territorio” determinadas en la ley).

Cada causa, de cualquier naturaleza que sea (civil, comercial, penal, etc.) en el momento en que aparece o se produce el hecho que la origina, tiene ya asignado por ley un órgano judicial específico, con competencia también específica para resolverla. Este es el JUEZ NATURAL de esa causa.



Debido Proceso.


Si bien el derecho a la jurisdicción y la garantía del juez natural constituyen presupuestos básicos para asegurar la primacía de la justicia, ellos, por sí solos, son insuficientes para concretar ese propósito. Es preciso además, tutelar el proceso judicial como integridad.

Queda contemplada esta garantía en el art. 18 de la Constitución que determina que "es inviolable la defensa en juicio de la persona y de sus derechos".

El debido proceso, se integra con etapas que son insoslayables: la Acusación, la Defensa, la Prueba, la Sentencia y la Ejecución.

Toda persona que es llevada coercitivamente ante la justicia tiene derecho a conocer los motivos de su comparecencia, esto es los cargos o reproches que le son formulados. Esta exigencia tiene especial relevancia desde el punto de vista de la defensa, ya que la información acerca de los motivos de la acusación le permitirán al acusado establecer aquélla.

El derecho de defensa es una prerrogativa necesaria que tiene todo aquél que es demandado o acusado. Incluye la posibilidad de ser oído y, asimismo, la asistencia letrada (la que habitualmente se exige para mejor protección del acusado).

Para quienes carecen de recursos económicos, el estado debe proveer un defensa digna mediante la prestación de un servicio de defensorías públicas, gratuitas y eficientes.

Otra etapa esencial es la relativa a la posibilidad de ofrecer toda la prueba necesaria que permita una adecuada defensa. Comprende toda prueba que sea pertinente para resolver la cuestión. Esta prueba sólo puede ser desechada por causas razonables.

Esta garantía comprende además la posibilidad de controlar la prueba que aporte la parte contraria.

Todo litigante tiene derecho a obtener una sentencia que dirima la cuestión, la que debe guardar estricta relación (congruencia) con las cuestiones planteadas por la acusación y la defensa y también con la prueba aportadas por las partes. La sentencia debe ser motivada y razonable, es decir, exenta de arbitrariedad.

Finalmente cabe mencionar el derecho de ejecutar la sentencia, que le incumbe a todo aquel que ha sido favorecido por una resolución judicial firme y definitiva. Sin ello la sentencia sería meramente declarativa y el proceso judicial carecería de utilidad.



Irretroactividad de la Ley.


La irretroactividad de la ley no es un principio general que tenga expresa acogida constitucional. Sólo se ha establecido en materia penal (ver art. 18 de la Constitución Nacional) que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Ello implica que el ilícito penal debe estar previsto, tanto en la descripción de la conducta como en su sanción, con anterioridad al hecho que motiva el juzgamiento.

(El principio tiene una excepción importante (de rango legal, no constitucional) que es el art. 2 del Código Penal, el cual establece la retroactividad de la ley penal más benigna: "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al momento de pronunciarse el fallo o en tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley...").

La falta de una regla general expresa que prohiba la irretroactividad de la ley no debe ser interpretada como una permisión amplia e ilimitada de la retroactividad, por el contrario, como dice Linares Quintana, "la verdad es que, en principio, en ninguno de los campos del derecho se justifica ni resulta admisible la retroactividad de la ley".

En el derecho privado, el art. 3 del Código Civil consagraba originariamente este principio: "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos". Esta norma fue modifica mediante reforma en el año 1968 (Ley 17.711). Con el nuevo texto se pretendió reemplazar el principio de irretroactividad de la ley civil por el de retroactividad limitada, sin perjuicio de ello los efectos de esta reforma se han visto notoriamente atenuados por el aporte de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia de la Corte que ha seguido amparando los derechos adquiridos, ahora ya no como consecuencia de una disposición del Código Civil, sino como corolario del concepto amplio del Derecho Constitucional de propiedad. En consecuencia, si un derecho ha sido efectivamente incorporado al patrimonio de una persona, queda resguardado de las leyes retroactivas.




8. Las Garantías Constitucionales.


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