Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



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a- Niñas, niños y adolescentes:

Las niñas, niños y adolescentes conforman un grupo que ha merecido una atención especial por parte de la comunidad internacional debido a su situación particular de vulnerabilidad basada en la dependencia necesaria del mundo adulto para las condiciones de su desarrollo.

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento con mayor número de ratificaciones a nivel universal, considera niño o niña a “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Una de las principales obligaciones asumidas por el Estado al ratificar la Convención fue la de adecuación de su normativa interna a los estándares establecidos en ella. Una de las acciones más importantes en este sentido, fue la sanción en el año 2005, de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que permitiera dejar atrás el régimen tutelar de patronato, vigente desde 1919 y basado en un sistema que consideraba a los niños como “objeto” de protección, sistema violatorio de derechos fundamentales de las personas menores de 18 años, y no como “sujetos” de derecho, iniciándose desde entonces un proceso de reformas institucionales y normativas.

En el mismo sentido, se sancionó la Ley Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, en el año 2008, que en forma explícita y taxativa prohíbe el trabajo infantil y que eleva la edad de admisión al empleo a 16 años y a 18 cuando se tratare de trabajo peligroso. Esta ley también amplió la protección respecto del trabajo adolescente.

En el año 2006, se sanciona la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que entre otras reformas sustantivas da cumplimiento a trece años de educación obligatoria.

Respecto de la responsabilidad penal juvenil, el Estado argentino tiene una deuda debido a que en nuestro país se sigue aplicando el decreto-ley 22278. Esta norma ha sido criticada en un reciente fallo de la Corte IDH, “Mendoza, César Alberto y otros Vs. Argentina” (prisión y reclusión perpetua de adolescentes). La provincia de Mendoza en particular ha avanzado en su política de niñez más que otras provincias, en especial al no tener niños menores de 16 años (no punibles o inimputables) privados de libertad. Extremo que si ocurría con anterioridad al mes de abril de 2008.

b- Personas con problemáticas de salud mental:

Las personas con padecimiento psiquiátrico representan uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, dada por la enfermedad psiquiátrica así como por la institucionalización y la tutela.

Se trata de un eslabón de vulnerabilidad extrema que hasta fechas recientes ha sido invisibilizado, segregado socialmente y tutelado médica y judicialmente.

Esta situación de vulnerabilidad ha sido corolario de históricas políticas públicas de raigambre biologicista y tutelar, donde el saber médico y judicial han prevalecido por sobre la autonomía del sujeto, convirtiéndolos en objeto de intervención, en personas sin voz ni participación en las decisiones que las afectan, en habitantes sobremedicalizados de instituciones de abandono.

Recientemente el paradigma en materia de salud mental ha virado por completo hacia uno respetuoso de los Derechos Humanos. Las instituciones y las prácticas aún resisten y se van adaptando poco a poco a ellas.

La Comunidad Internacional ha destacado la importancia de que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos no vinculantes referidos a salud mental se utilicen como guía interpretativa en relación con el derecho a la salud que protegen. Entre ellos podemos mencionar:

- Declaración de Caracas, adoptada por la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina dentro de los Sistemas Locales de Salud (Silos), convocada por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en Caracas, Venezuela, el 14 de noviembre de 1990.

- Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas (Principios de Brasilia), adoptados en el marco de la Conferencia Regional para la Reforma de los Servicios de Salud Mental, del año 2005.

También se relaciona con esta temática la Ley Nº 26.378 de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Esta Convención adquirió rango constitucional el pasado 19 de noviembre de 2014, mediante Ley Nro. 27.044.

La norma más importante que tenemos en la materia fue aprobada en el 2010, la Ley Nacional Nº 26.657 de Salud Mental, que incluyó los principios contenidos en los mencionados instrumentos internacionales sobre la cuestión, así como también de aspectos relacionados con prácticas en salud mental con enfoque de Derechos Humanos.

La ley 26.657 encuentra sus fundamentos en los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de salud mental y su eje principal es la garantía del derecho a la salud en el marco comunitario, la integración y la plena inclusión de las personas con padecimiento mental en la comunidad y su consideración como titulares de derechos con capacidad jurídica para ejercerlos plenamente.

c- Personas con discapacidad:

Las personas con discapacidad siguen formando parte de uno de los grupos más marginados en todas las sociedades.

Las personas con discapacidad, al igual que el grupo anterior, han sufrido durante siglos la negación de su autonomía, la exclusión educativa, laboral y social, la institucionalización y la dependencia de la ayuda de otros para el ejercicio de sus derechos. El viejo paradigma, además, ha estado centrado en la falta, en la carencia, en el sujeto que tiene la discapacidad, entendiendo que hay un mundo de “normalidad” al que ellos no se ajustan.

Recientemente el paradigma vigente va girando su mirada hacia los entornos sociales e institucionales que son los que colocan barreras o bien facilitan la inclusión y el ejercicio de derechos, intentando romper la noción de “normalidad/anormalidad” que ha atravesado la niñez, la salud mental, la discapacidad, la diversidad de género, entre otros colectivos invisibilizados durante siglos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la reacción de la comunidad internacional ante el largo historial de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad.

La Convención define como personas con discapacidad a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, receptando el modelo social de la discapacidad (superador del modelo rehabilitador) según el cual las causas que originan la discapacidad son preponderantemente sociales, es decir, “no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para asegurar adecuadamente que las necesidades de todas las personas –incluyendo quienes tengan una discapacidad– sean tenidas en cuenta dentro de la organización social” (Palacios, 2008).

La Convención abarca los numerosos aspectos en que las personas con discapacidad han sido discriminadas, entre ellos el acceso a la justicia; la participación en la vida política y pública; la educación; el empleo; la protección contra la tortura, la explotación y la violencia, y la libertad para trasladarse. Al amparo del Protocolo Facultativo, los y las ciudadanas de los Estados partes en el Protocolo que aleguen sufrir vulneración de sus derechos y que hayan agotado los recursos jurídicos de sus países respectivos podrán solicitar reparación ante un órgano internacional independiente.

En nuestro país, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) es el organismo nacional encargado de la aplicación de la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme decreto 806/2011 del 2011, por lo que ha sumado a sus tareas la de difundir el contenido de este instrumento.

d- Personas migrantes:

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran a menudo los y las migrantes, debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan a causa de las diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades económicas y sociales y los obstáculos para el regreso a sus Estados de origen, ha sido la razón para que este grupo fuera considerado entre aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Congreso de la Nación sancionó, el 17 de diciembre de 2003, la Ley Nº 25.871 de Migraciones, que garantiza a este grupo de la sociedad los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El Estado argentino, asimismo, ratificó en 2007 la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, instrumento específico y vinculante en la materia cuyo principio rector es el de la no discriminación en el reconocimiento de derechos, independientemente del estatus legal migratorio de la persona, que fuera adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990.

Tanto la ley 25.871 y su reglamentación como la Convención obligan al Estado argentino a garantizar integralmente los derechos fundamentales de aquellas personas extranjeras que se hallen en el territorio argentino y resultan instrumentos valiosos para que los y las particulares accedan a la protección de sus derechos.

Se debe señalar que la situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que, como ya se mencionó, dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio. Esto no significa que no se podrá iniciar acción alguna contra las personas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal. Lo importante es que, al tomar las medidas que correspondan, los Estados respeten sus Derechos Humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-18/03, párrafo 118.



e- Pueblos indígenas:

Los pueblos indígenas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por el genocidio cometido contra ellos en los procesos de colonización y de formación nacional, que negaron sus derechos, los expulsaron de sus tierras y los sometieron a un orden cultural e institucional ajeno a sus costumbres.

Los derechos de los pueblos indígenas se ven vulnerados particularmente en el acceso a la tierra, a la educación, al respeto de su cultura, al desarrollo, a la no discriminación.

Argentina, mediante la reforma constitucional de 1994, se introdujo el artículo 75, inciso 17: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Asimismo, es importante mencionar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007. Esta declaración es un logro del trabajo realizado por representantes de gobiernos, líderes indígenas y organizaciones no gubernamentales. Reafirma los derechos individuales de las personas indígenas ya consagrados en los tratados de Derechos Humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT. Introduce el concepto de consentimiento libre e informado ante medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas.

Uno de los principales derechos que asisten a los Pueblos Indígenas es el derecho a la consulta. Este consiste en la obligación que pesa sobre los Estados modernos de consultar a las comunidades respecto de acciones de disponibilidad territorial que pudieren afectar sus territorios ancestrales. No obstante, y a pesar de su reconocimiento en los diferentes instrumentos internacionales, el desarrollo de grandes obras de inversión estatal –tales como construcción de represas o grandes carreteras- supone una práctica sistemática de vulneración de este derecho.



f- Género e identidad:

El género es una categoría compleja que alude a las interacciones e interrelaciones humanas que se construyen social, cultural y psicológicamente, a partir de la división simbólica entre los sexos. Supone que nacer con sexo de varón o de mujer implica connotaciones culturales y expectativas de rol, conductas esperadas de acuerdo a un estereotipo y asimetría de poder.

En ese sentido, excede y recubre al concepto de sexo, mediante el cual se establecen las diferencias biológicas entre varones y mujeres –que, incluso, como tales, son objeto de debate científico– para referirse a la lógica de pensamiento y al conjunto de representaciones sociales que discrimina ambos términos de la relación, y establece un orden jerárquico que les asigna un valor superior y positivo a los primeros en desmedro de las segundas.

La violencia implícita en la construcción del género –concebido este último como si fuese un ordenamiento natural– ha dado lugar a la constitución de subjetividades y a la orientación de prácticas cotidianas, tanto en el ámbito público como privado, que derivaron en un orden social que excluye y subordina a las mujeres y a las personas cuya orientación sexual es distinta de la heterosexualidad hegemónica. Desnaturalizar el paradigma de supuesta naturalidad y contemplar y respetar la diversidad sexual y de género, así como deconstruir los estereotipos encasillantes y discriminatorios, son los pasos necesarios para una sociedad diversa y democrática.



La diversidad sexual y de género: aceptando la sexualidad humana como un fenómeno complejo que excede las determinaciones biológicas y es producto de un proceso de subjetivación individual que se desarrolla en el marco de determinaciones históricas, sociales y culturales dentro de las cuales adquiere su particular significación, puede definirse la identidad de género como “[l]a vivencia interna e individual que cada persona siente en relación con el sexo biológico que le es asignado al momento de nacer y que puede coincidir o no con las determinaciones socioculturales que le son asignadas, con inclusión del mandato de heterosexualidad”.

En nuestro país ha habido importantes avances en materia legal ya que en el año 2012 de sancionó la ley 26743 de identidad de género que, siguiendo los principios de Yogyakarta, afirma que [s]e entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Esta ley importa el pasaje del paradigma medico psiquiátrico al de los derechos humanos. Es decir, el reconocimiento de derechos deja de fundarse en la existencia de enfermedad o disforia para basarse en una cuestión de derechos humanos: identidad, autonomía, libertad, integridad y salud, entre otros. Es pionera a nivel mundial y ejemplo para numerosas jurisdicciones internacionales.

Discriminación y violencia hacia las mujeres: dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Argentina ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, que define la violencia contra la mujer como: “Cualquier acto o conducta basado en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en la esfera pública como en la privada”.

Esta Convención señala como obligación del Estado la puesta en práctica de políticas activas dirigidas a modificar los patrones socioculturales de conducta que, basados en valores estereotipados y jerárquicos asociados a lo femenino y lo masculino, otorgan fundamento y exacerban la violencia contra las mujeres.

Asimismo, la Argentina incorporó al texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, junto a otros tratados de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Esta convención del Sistema de Protección de las Naciones Unidas constituye un hito fundamental en el reconocimiento de la violencia de género, a la que define, en su artículo 1, como: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Argentina, ratificó el Protocolo Facultativo de la CEDAW, en noviembre de 2006, mediante la ley 26.171. El protocolo habilita a las víctimas de discriminación y violencia de género o a sus representantes a llevar las causas ante el Comité de la CEDAW una vez agotadas las instancias nacionales en el orden judicial.

La sanción de la Ley Nacional NRO. 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en marzo de 2009, configura un avance fundamental hacia la concreción de los derechos reconocidos por los tratados internacionales mencionados.

g- Personas privadas de libertad:

Las personas privadas de libertad constituyen otro grupo en situación de vulnerabilidad en virtud de encontrarse sujetas y dependientes de la institución bajo cuya custodia se encuentran, para el ejercicio de sus derechos y hasta la satisfacción mínima de sus necesidades básicas. La privación de libertad, el encierro, y más aún en las condiciones en las que se encuentran las cárceles de nuestra región, constituye en sí misma, una condición de posibilidad para el ejercicio arbitrario del poder y la violencia estatal.

La Comisión Interamericana ha establecido que el derecho internacional de los Derechos Humanos exige al Estado garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Consecuentemente, uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación a los Derechos Humanos es velar por la vida y la integridad física y mental de las personas privadas de libertad.

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 10, inc. 1 que: “Toda persona privada de libertad, será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Las personas privadas de libertad no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con la dignidad humana, incluidos los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones que no sean los que resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas condiciones aplicables a las personas libres. Los estados deben garantizar el ejercicio de todos aquellos derechos no limitados por la privación de libertad.

La Corte IDH, estableció en caso Bulacio contra el Estado de Argentina, del año 2003, párr. 132 “Los establecimientos de detención policial deben cumplir ciertos estándares mínimos, que aseguren la observancia de los derechos y garantías establecidos en los párrafos anteriores. Como ha reconocido este Tribunal en casos anteriores, es preciso que exista un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones. Esto supone la inclusión, entre otros datos, de: identificación de los detenidos, motivos de la detención, notificación a la autoridad competente, y a los representantes, custodios o defensores del menor, en su caso y las visitas que éstas hubieran hecho al detenido, el día y hora de ingreso y de liberación, información al menor y a otras personas acerca de los derechos y garantías que asisten al detenido, indicación sobre rastros de golpes o enfermedad mental, traslados del detenido y horario de alimentación. Además el detenido debe consignar su firma y, en caso de negativa la explicación del motivo. El abogado defensor debe tener acceso a este expediente y, en general, a las actuaciones relacionadas con los cargos y la detención”.

Muchos tratados que conforman el régimen jurídico interamericano de protección de los Derechos Humanos contienen disposiciones aplicables a la tutela de los derechos de personas privadas de libertad, fundamentalmente, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que entró en vigor en febrero de 1987.

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante resolución 57/199 del 9 de enero de 2003. La finalidad de este instrumento es reafirmar que el derecho a no ser sometido a torturas debe estar protegido en todas las circunstancias y establecer un nuevo mecanismo, mucho más eficiente e innovador que los ya existentes para intentar prevenir la práctica de la tortura, en lugar de reaccionar a ésta después de que haya ocurrido.



TERCER EJE: PROTECCIÓN INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS
Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La afirmación de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo implica reconocer que el principio de la soberanía estatal ha encontrado, por propia voluntad de los Estados, una progresiva limitación y disminución en manos del derecho internacional de Derechos Humanos, que se ha ido incorporando en forma explícita en las propias constituciones. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se articulan los órdenes internos y el orden internacional.


El DIDH en el régimen institucional de nuestro país. Incorporación y jerarquía de los tratados de Derechos Humanos.

La Reforma Constitucional de 1994 introdujo modificaciones sustanciales en la relación del derecho internacional con el derecho interno. Incorporó al texto de la Constitución Nacional tratados de Derechos Humanos a los que les otorgó jerarquía constitucional, esto es, la mayor jerarquía normativa.

Los tratados entonces, forman parte del bloque de constitucionalidad, entendiendo que la Constitución es un todo armónico.

El Artículo 75 inc. 22 introdujo en el texto constitucional que: “…Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno dela primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre Derechos Humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

Este artículo no sólo incorpora al texto constitucional una serie de instrumentos de Derechos Humanos, sino que también establece el mecanismo para que otros instrumentos de Derechos Humanos adquieran esta jerarquía constitucional. De hecho, después de la reforma de 1994 se les otorgó por esta vía jerarquía constitucional a otros instrumentos más, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU, en noviembre de 1968, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y recientemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, mediante Ley 27.044 de 19 de noviembre de 2014.

Sintetizando la situación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino, podríamos llegar a la siguiente conclusión:



  • Como principio, todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes.

  • Los tratados Derechos Humanos enumerados en el Art. 75 inc. 22 tienen jerarquía constitucional. Se conforma de esta manera lo que la doctrina del derecho internacional define como el bloque de constitucionalidad argentino.

  • Otros tratados de Derechos Humanos tienen y/o pueden adquirir jerarquía constitucional, en cumplimiento del Art. 75 inc. 22 - 3º párrafo.

Al respecto, valga destacar que si bien la ponderación expuesta supra es la que la doctrina mayoritaria acompaña, existen quienes sostienen que el bloque de constitucionalidad argentino se encuentra integrado por la totalidad de los tratados de Derechos Humanos.
Sistemas internacionales de protección

Desde la segunda mitad del siglo pasado se inicia el proceso de creación de un orden internacional de protección de Derechos Humanos, con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos4, por un lado; y con la creación de la Organización de los Estados Americanos y la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a nivel americano.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de Derechos Humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. Desde que los Estados ratifican los tratados, se funden con el derecho interno y son de aplicación en los Estados parte.

En consecuencia, el incumplimiento de estas obligaciones puede ser denunciada en los sistema de control y supervisión que, a tales efectos, ha creado la comunidad internacional.

Para ello, y en función del tratado cuya violación se denuncie, las y los ciudadanos podemos acudir al auxilio del sistema universal o regional de protección de Derechos Humanos. Veamos.



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