Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



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2.12. Prisión Preventiva.

Siempre que existieren elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de efectuada su imputación, el Juez de Garantías , a pedido de parte, dispondrá su Prisión Preventiva en el término de diez días a partir de su imputación.


2.13. Declaración Testimonial.

Se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley. Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo o persona con quien convive en aparente matrimonio. Para el examen de testigos se librará orden de citación y en caso de urgencia podrán ser citados verbalmente, asimismo el testigo podrá presentarse espontáneamente.

Según el art. 240 del C.P.P. antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de la pena del falso testimonio y prestarán juramento, bajo pena de nulidad, con excepción de los menores de 16 años y los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo. Se interrogará separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado, edad, profesión, domicilio y vínculo de parentesco. Para cada declaración se labrará acta.
2.14. Citación a Juicio.

El Fiscal de Instrucción requerirá la Citación a Juicio cuando estimare cumplida la investigación y siempre que hubieren elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho intimado. El requerimiento fiscal deberá contener los datos personales del imputado, o los que sirvan para identificarlo, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, los fundamentos de la acusación y la calificación legal.


2.15. Sobreseimiento.

Cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta. Procederá cuando el hecho investigado no se cometió, no lo fue por el imputado, el hecho no encuadre en una figura penal, media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria; que la pretensión penal se ha extinguido, que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa a juicio y no fuere razonable prever la incorporación de nuevas pruebas. El sobreseimiento se dispondrá por sentencia.


2.16. Archivo.

El Fiscal de Instrucción dispondrá, por decreto fundado, el archivo de las actuaciones cuando no se pueda proceder o cuando el hecho en ella contenido no encuadre en una figura penal.



TEMA VII: DERECHOS HUMANOS

PRIMER EJE: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Concepto de Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos. No admiten distinción por razones de sexo, edad, nacionalidad, pertenencia a un grupo étnico, religión o condición social, cultural o económica, ni de ningún otro tipo.

Estos derechos se encuentran íntimamente ligados al concepto de dignidad de la persona humana. Ésta es la razón de ser de todos ellos: proteger en la existencia la dignidad en esencia de la persona (Gialdino, 2013; pp. 6).

Entre las notas características de los Derechos Humanos se debe destacar su imprescriptibilidad, interdependencia e indivisibilidad. Son además irrenunciables y deben ser asegurados a todas las personas, teniendo en consideración aquellas que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, cuando hablamos de Derechos Humanos debemos concebirlos como construcciones sociales producto de largas luchas históricas que han sido cristalizadas en los diferentes tratados de derecho internacional de Derechos Humanos. Así, se encuentran consagrados en diversos instrumentos normativos, tales como declaraciones, convenciones y tratados, muchos de los cuales han tenido acogida constitucional.

Además, comprenden una serie de mecanismos y acciones necesarias para su efectivo cumplimiento y vigilancia. Entre los mecanismos de garantías de los Derechos Humanos podemos encontrar un factor diferencial de los otros órdenes jurídicos vigentes la especial protección internacional con la que cuentan. Atento a que estos derechos se reconocen más allá de la pertenencia de un individuo a una determinada comunidad política nacional o estatal, es propio de su alcance que se los reconozca fundamentalmente, y se los proteja, por la vía de normas internacionales, como los tratados de alcance multilateral. Esos instrumentos internacionales suelen establecer mecanismos de protección internacional a los que pueden acudir individuos y grupos para reclamar que se restituyan, garanticen o protejan derechos vulnerados por los Estados nacionales o bien que se ordenen diversas formas de reparación por las violaciones de derechos sufridas.


Derechos Humanos y protección internacional

La característica particular de esta noción de Derechos Humanos es la especial relación individuo-Estado (en contraste con la relación Estado-Estado propia del Derecho Internacional Público): en esta especial relación la persona particular es titular de los derechos protegidos y el Estado en cuya jurisdicción se encuentre –con independencia de su nacionalidad o situación migratoria- es su primer garante, por lo que toda acción u omisión que importe menoscabo a sus derechos humanos puede comprometer su responsabilidad internacional –trátese tanto del accionar de sus agentes públicos como del obrar de particulares en determinadas circunstancias-.

Es así que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y satisfacer los derechos humanos de todas las personas sometidas a su jurisdicción. Además, deben disponer sistemas adecuados de garantía que funcionen para reparar eventuales violaciones de derechos, tales como recursos de habeas corpus o acciones de amparo.

En consecuencia, en los casos en los cuales estos deberes de los Estados no estuvieren siendo debidamente satisfechos, y por tanto se perfeccionen situaciones de violaciones a derechos fundamentales, las víctimas pueden reclamar ante instancias internacionales por la violación de sus derechos. No obstante, será necesario que el Estado hubiere, de manera voluntaria, suscripto los diferentes tratados internacionales que crean los mecanismos de protección a los cuales se pretende acudir.

Este esquema fue constituyendo a través de los años el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante, “DIDH”), una estructura jurídica compuesta por normas internacionales que establecen cuáles son los derechos protegidos, su alcance mínimo, sus condiciones de vigencia, las restricciones permitidas a su ejercicio e incluso la eventualidad de su suspensión en un estado de emergencia. Además del reconocimiento de derechos, la estructura del DIDH se completa con la creación de órganos e instancias que vigilan el cumplimiento de las normas a través de distintos medios. De esta manera, se entiende que cuando un Estado adopta la decisión de integrar uno o varios sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos “renuncia” o “cede” voluntariamente a una porción de su soberanía, para someterse a la vigilancia del orden internacional y en beneficio de las personas que se encuentren en su territorio.

Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos de Derechos Humanos y es parte de la Organización de Naciones Unidas (en adelante, “ONU”) y de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, “OEA”). Así, ha asumido obligaciones internacionales que incluyen el deber de someterse al control de los organismos internacionales que crean los tratados o que dependen de la OEA y la ONU, y de acatar sus decisiones. Retomaremos este punto más adelante.



En resumen, la internacionalización de los Derechos Humanos ha significado el reconocimiento de estos derechos por parte del Derecho Internacional y el compromiso de la comunidad internacional sobre su protección. De esta manera, lo que antes constituía un problema del dominio exclusivo de cada Estado pasó a serlo del derecho internacional.
Principios de los Derechos Humanos

Principio fundante: La dignidad humana

La dignidad humana es el fundamento sobre el que se asientan los Derechos Humanos.

La dignidad es “el núcleo duro” de la concepción de los Derechos Humanos y es la característica inherente a la calidad de persona humana. “La persona nunca puede ser reificada (cosificada), tornándola una cosa (Corte Suprema, “Aquino, Fallos 327:3753, 3778- 2004) o un objeto del poder, provenga éste de donde proviniese”.

Desde una perspectiva filosófica y religiosa, el concepto de dignidad humana posee una larga trayectoria histórica. No obstante, desde un punto de vista jurídico, la dignidad es un concepto nuevo, que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, en tanto los textos que la mencionan son de la historia reciente. Así, la dignidad de la persona humana aparece como núcleo central en importantes documentos internacionales (La expresión dignidad se encuentra en la Conferencia de San Francisco (1945) («a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana...».); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ("la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca [...] de todos los miembros de la familia humana". (…) «La fe de las Naciones Unidas en la dignidad y el valor de la persona humana»); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) («que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana...»); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) («La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad»); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) («Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad»). También en la Declaración Universal Sobre Bioética y Derechos Humanos (2005), la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997), la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (2003), la Convención de Derechos humanos y Biomedicina (o Convención de Oviedo) del Consejo de Europa (1997), entre otras declaraciones.) y en Constituciones del siglo XX de diferentes países, enumerada entre los «nuevos» derechos fundamentales.

En el texto histórico de nuestra Constitución la dignidad no se encuentra mencionada, ni como derecho ni como principio, pero nadie duda que está incluida dentro de las previsiones del art. 33 de la Constitución Nacional.

Mientras que alguna doctrina considera a la dignidad como un "derecho personal" o como un "principio"; lo cierto es que la gran mayoría la considera como la "fuente" de la cual derivan todos los derechos personales, siendo esta la tendencia actual.

Así, en los últimos tiempos se ha arribado a una especie de consenso universal respecto de que la noción de dignidad humana es el fundamento, el sustrato, en el que se asientan todos los derechos humanos.

En este sentido, García Manrique afirma que "la dignidad humana no debe ser considerada como un derecho ni como un grupo de derechos. Es el valor intrínseco y específico que poseen todos los seres humanos, es decir, el valor que poseen por el hecho de pertenecer al género humano". Para este autor la dignidad "debe ser considerada, en efecto, como la base o el fundamento de todos los derechos fundamentales pero, por esta misma razón, no puede ser considerada como un derecho fundamental, pues todos los derechos fundamentales sirven a su respecto y a su desarrollo". Concluye que "precisamente es la conexión de un derecho con la dignidad humana la que lo convierte en derecho fundamental" (García Manrique, 2004, pp. 80).

La dignidad es algo sustancial. Tan sustancial e inalienable es esta dignidad que nadie puede ser esclavo, ni tan siquiera por voluntad propia o por contrato. Y de ninguna manera podemos perder tal dignidad; de modo que, no pudiéndose perder la dignidad humana sustancial en ningún supuesto, es en ella donde hay que hacer pie para desautorizar la pena de muerte o la tortura y para conceder al criminal más criminal la oportunidad y el derecho a la rehabilitación (Valls, 2009, pp. 72).

Dicho esto, dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado.

Se trata de un principio absoluto, ya que las razones basadas en la dignidad derrotan todas las otras razones en todas las circunstancias, de manera que no es un principio que quepa ponderar con otros (Atienza, 2009, pp. 73).
Principios de los Derechos Humanos

El reconocimiento de los Derechos Humanos como atributos inherentes a la persona, que no son una concesión de la sociedad ni dependen del reconocimiento de un gobierno, se rige por determinados principios. A continuación mencionamos los más importantes:



a- Principio de efectividad:

Implica que los derechos humanos deben ser efectivos, esto es: poder ser gozados y ejercidos plenamente por todos. El artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos sienta este principio al proclamar que toda persona tiene derecho “a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

Este principio rige tanto para los derechos civiles y políticos como para los económicos, sociales y culturales.

La efectividad implica que los Estados tienen la obligación (y no la “facultad”) de reconocer y garantizar el goce y ejercicio de los derechos, como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es condición de efectividad de los derechos el que estos puedan ser “exigibles”, es decir que su titular pueda reclamar por vía legal o judicial (justiciabilidad) cuando ellos no se cumplen. Asimismo este principio implica reconocer el carácter de “operatividad” de los derechos, para que no queden reducidos a una mera expresión de deseos.



b- Principio de Progresividad:

Significa que los derechos humanos, tanto en su reconocimiento normativo como en su protección y realización, avanzan siempre en un sentido creciente hacia la plenitud de goce y ejercicio.

Como vimos, el mismo proceso histórico de los derechos humanos tiene este carácter progresivo. Pero esta verdad histórica es también una pauta interpretativa: siempre se debe interpretar los derechos como alcanzados por una creciente protección y con un contenido cada vez más amplio y extendido. Cualquier retroceso en materia de Derechos Humanos, cualquier disminución de su protección legal y de su vigencia efectiva, respecto de lo que se ha logrado en un momento dado de la evolución histórica, contradicen este principio y generan responsabilidad internacional del Estado.

De esta obligación de implementación progresiva surge como consecuencia lógica la prohibición de regresividad. Se trata de la imposibilidad de adoptar políticas, medidas o leyes que empeoren o retrotraigan la situación de la que gozaba la población al momento de ser adoptado el tratado. Así, el Estado se encuentra obligado a aumentar progresivamente la satisfacción de los derechos sociales y tiene prohibido, al menos en principio, retroceder en los avances obtenidos.

Finalmente, es importante agregar que la obligación de progresividad debe ser entendida a partir de piso mínimo de satisfacción de los derechos, que no puede ser perforado; y, además, que la obligación estatal de avanzar en su satisfacción supone la obligación de adoptar medidas inmediatas, cuya falta de ejecución no podrá estar justificada en alegadas razones de política económica o presupuestaria.

c- Principio pro persona:

Este principio significa que toda interpretación normativa siempre debe estar a favor del ser humano y sus derechos.

Así, cuando hay diferentes normas o interpretaciones que pueden regir una determinada situación, siempre se debe hacer prevalecer aquella norma o interpretación más protectora de los Derechos Humanos, más extensiva en cuanto a sus alcances y menos restrictiva a las libertades y garantías. Cuando se trata de restricciones o suspensiones de derechos, siempre se debe preferir la norma o interpretación menos restrictiva. Un ejemplo de este principio es el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto establece que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”.

d- Universalidad:

Los Derechos Humanos son universales porque son aplicables a todo ser humano. El principio de universalidad está íntimamente relacionado con los principios de igualdad y no discriminación. Partimos de reconocer que los derechos son para todas las personas por igual. Esto quiere decir que todas las personas tienen iguales derechos sin perjuicio de que luego -como señala Mónica Pinto- la ley se encargue de otorgar igual protección a quienes se encuentran en igual situación. Es decir que frente a situaciones diferentes se pueden establecer distinciones en el reconocimiento de los derechos. El principio de no discriminación importa reconocer las diferencias y el derecho a ser diferentes. Sin embargo, el juego de estos principios deslegitima aquellas diferencias que tengan por objeto cercenar, conculcar, afectar o impedir de cualquier modo el goce y ejercicio de los Derechos Humanos.


Características de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son derechos universales, indivisibles, integrales, interdependientes, complementarios, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables, inviolables, progresivos y acumulativos.



a- Los Derechos Humanos son universales.

Todos los Derechos Humanos les pertenecen a todas las personas, sin distinción alguna, en todo momento y lugar donde se encuentren.

Al respecto, valga destacar que ciertas corrientes doctrinarias cuestionan la contundencia de esta afirmación, interpelando el contenido occidental-europeizado con el que fueron gestadas las cartas internacionales de derechos humanos.

b- Los Derechos Humanos son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios.

Todos los Derechos Humanos están relacionados entre sí y en su conjunto forman parte de un sistema armónico que garantiza y protege la vida digna, libre y autónoma de las personas. La persona necesita de todos los Derechos Humanos para vivir con dignidad, en libertad y en condiciones de igualdad con los demás. Todos los Derechos Humanos son igualmente importantes, por ello no se pueden establecer jerarquías entre ellos3. La negación de un derecho pone en peligro el ejercicio de los otros derechos, por ello el ejercicio de un derecho no puede hacerse en perjuicio de algún otro.



c- Los Derechos Humanos son irrenunciables e imprescriptibles.

Nadie puede ser obligado a renunciar a los derechos y libertades que le ha reconocido la Constitución, la ley y el DIDH. Una vez reconocidos su vigencia es permanente, aun cuando hayan sido allanadas las situaciones que los originaron. No se pierden con el transcurso del tiempo o su falta de ejercicio.



d- Los Derechos Humanos son inalienables e inviolables.

Los Derechos Humanos son atributos inherentes a la persona, y por lo tanto, no pueden transferirse, cederse ni comercializarse. Los Derechos Humanos han sido reconocidos por los Estados para que la persona los ejercite plenamente, por lo que los Estados no pueden desconocerlos o violarlos de ninguna forma. En situaciones especiales, de manera excepcional y temporal, por orden de autoridad competente y de conformidad con la ley, se los puede limitar pero no eliminar.



e- Los Derechos Humanos son progresivos y acumulativos.

No presentan un número cerrado, se van incorporando otros sucesivamente; a medida que la humanidad cambia y se adapta a nuevas situaciones, otros Derechos Humanos se reivindican. La suma de nuevos derechos no elimina o reduce derechos ya conquistados.

Por esto es que conforme señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia constante, los Derechos Humanos son objeto de interpretación evolutiva, en tanto los tratados que los cristalizan deben ser entendidos como instrumentos vivos.
Clasificación de los Derechos Humanos

Por razones pedagógicas y de reconocimiento histórico, se han hecho diferentes clasificaciones de los Derechos Humanos. Enfatizamos que no cabe utilizar esas divisiones en función de la mayor o menor exigibilidad o importancia de los Derechos Humanos. Cualquiera sea la clasificación que se adopte, no puede disminuírseles su fuerza vinculante como derechos exigibles y ejecutables.

Una posible clasificación es la que distingue entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de incidencia colectiva. También pueden estudiarse de acuerdo a su reconocimiento histórico, por generaciones, permitiendo ello analizar su estrecha vinculación con la realidad social y política en la que fueron reconocidos, siendo –como son– el producto de luchas populares y no meras adquisiciones de una conciencia jurídica abstracta.


  1. Clasificación según el objeto de protección

a- Derechos Civiles y Políticos:

Surgieron como freno al poder absoluto del Estado. Constituyen los primeros derechos, en términos históricos, en ser consagrados en los ordenamientos jurídicos. Son derechos destinados a la protección del ser humano individualmente considerado, contra cualquier violación de parte de autoridades públicas o de particulares. Se trata de dimensiones de la personalidad cuyo ejercicio implica la no intervención del Estado aunque requiera de una actitud activa por parte del mismo, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan.

Son derechos civiles y políticos: A la vida; a la integridad, a la libertad y seguridad personales, a no ser detenido arbitrariamente ni privado de su libertad salvo causas establecidas en la ley y bajo procedimientos legales; a no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre; libertad de expresión, religión y opinión; libertad de tránsito; libertad de ser elegido y elegir políticamente; a no ser molestado en su vida privada; libertad de reunión, etc.

Si bien en una lectura superficial y rápida se podría llegar a considerar que los derechos civiles y políticos sólo implican obligaciones negativas de los Estados –conforme se sostuvo doctrinariamente en los primeros años- dicha afirmación no puede ser tenida por válida. Todo derecho civil y político –al igual que los derechos económicos, sociales y culturales- supondrá tanto obligaciones positivas como negativas por parte de los Estados.



b- Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC):

Los derechos económicos, sociales y culturales, se caracterizan por necesitar de la actuación positiva del Estado para su efectivización. Es decir, no solo se deben generar condiciones institucionales para el ejercicio sino también remover obstáculos y mediar acciones positivas para su concreción.

Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de prestaciones y servicios públicos. Surgen como resultado de las luchas obreras y sindicales. Son derechos económicos, sociales y culturales: Al trabajo; a una remuneración justa; a la educación; a participar de la cultura; a la salud física y mental; a la seguridad social; libertad sindical; protección de la maternidad y la niñez; a un nivel de vida adecuado; a la alimentación; a la vivienda; etc.

A su vez, también implican acciones negativas o de abstención estatal –tales como la de evitar disminuir la planta profesional de un establecimiento público de atención a la salud-.



c- Derechos de incidencia colectiva:

Su protección implica la acción activa de la comunidad internacional. Los unifica su incidencia en la vida de todas las personas a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario.

Son derechos de incidencia colectiva: A la paz; al uso de los avances de las ciencias y la tecnología; a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; a un ambiente sano y equilibrado; los derechos del consumidor; al desarrollo que permita una vida digna; a la autodeterminación de los pueblos, etc.

ii. Clasificación según las generaciones de Derechos Humanos

Otra conocida clasificación, es la que los distingue en categorías, según el momento histórico en que surgieron. Así tenemos:

a- Derechos de primera generación: surgidos a mitad del S XVIII. Se corresponderían con los Derechos Civiles y Políticos de la primera clasificación.

b- Derechos de segunda generación: Surgidos a mitad del S XX. Se corresponden con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la clasificación anterior.

c- Derechos de tercera generación: Surgidos en la segunda mitad del S XX. Estos derechos se corresponden con los Derechos de Incidencia Colectiva.

Algunos autores hablan ya de derechos de la cuarta generación, entre los cuales se destaca el derecho a la cultura y el derecho a la paz.


Obligaciones estatales

La existencia de Derechos Humanos de todas las personas acarrea obligaciones concretas y exigibles para los Estados, en sus diferentes niveles y Poderes republicanos.

Señalamos aquí las tres obligaciones básicas:

a- Obligación de respeto: “El Estado no debe vulnerar a través de su acción el ejercicio del derecho. Por ejemplo, el Estado debe abstenerse de torturar, utilizar la censura previa, privar ilegítimamente de libertad, afectar la salud, contaminar el medio ambiente, impedir el acceso a la educación, impedir el ejercicio de una huelga; […] etcétera” (Abramovich, 2006, pp. 26). Así, se debe entender que el Estado actúa a través de sus agentes, que pueden ser tanto las Fuerzas de Seguridad como los civiles que prestan servicios públicos, tales como quienes nos desempeñamos en las diferentes instancias del Poder Judicial. Entonces, la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos de la normativa internacional de los Derechos Humanos, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención y demás tratados.

b- Obligación de protección: “El Estado debe evitar que terceros vulneren a través de su acción el ejercicio del derecho. Por ejemplo, debe velar por que terceros no impidan el ejercicio de un culto religioso, que no afecten la vida, la integridad física o la propiedad, que no produzcan desalojos indebidos, que los empleadores no impidan la actividad sindical […] etcétera” (Abramovich, 2006; pp. 26).

c- Obligación de garantía o satisfacción: “El Estado debe asegurar el ejercicio del derecho cuando el titular no puede hacerlo por sí mismo. Así, debe asegurar el acceso a servicios de salud y educación, garantizar el acceso a la alimentación, facilitar las posibilidades de expresión de distintos grupos sociales, fomentar el acceso al consumo de productos básicos […] etcétera” (Abramovich, 2006; pp. 26).

Esta obligación de los Estados Partes implica por lo tanto garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción.

Esta obligación comprende el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos.

Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos fundamentales y procurar, además y de ser posible, el restablecimiento del derecho conculcado y/o la reparación de los daños producidos por la violación de los Derechos Humanos.
Todo lo anteriormente dicho nos permite concluir que tanto el Estado como las personas particulares –individuos y empresas nacionales y transnacionales– pueden ser sujetos violadores de Derechos Humanos.
SEGUNDO EJE: GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Concepto

Entendemos por grupos en situación de vulnerabilidad a aquellos que, ya sea por razones o condiciones económicas, sociales, culturales o legales, en general, hegemónicas o dominantes, y de carácter discriminatorio, se ven especialmente desplazados o limitados del goce efectivo de sus derechos. Cabe aclarar que las prácticas discriminatorias no se explican por ninguna característica personal de la víctima de tales prácticas, sino por las características del grupo social, sociedad o Estado que discrimina.

La expresión “grupos en situación de vulnerabilidad” apunta a subrayar el carácter dinámico y modificable de una “situación”, definida por determinadas relaciones sociales y culturales, a cuya transformación se debe apuntar.

En la definición de estos grupos es necesario considerar junto a la dimensión jurídica, la

dimensión histórica y social de su constitución como tales, ya que se trata siempre de personas que son o han sido persistentemente objeto de alguna forma de discriminación y que, por lo tanto, requieren de políticas activas para garantizar, mediante el reconocimiento y respeto de su dignidad e identidad, condición y necesidades particulares, el goce igualitario de derechos.

La identificación de “grupos en situación de vulnerabilidad” varía en cada sociedad y en cada momento histórico. En tal sentido, cada Estado nacional debe definir cuáles son esos grupos para desarrollar políticas de inclusión apropiadas que les garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos.


Principio de Igualdad y prohibición de discriminación

El principio de igualdad reconocido por la Convención Americana y otros tratados de Derechos Humanos prohíbe a los Estados establecer regulaciones discriminatorias en la legislación y obliga a eliminar las disposiciones de carácter discriminatorio cuando existan, y a combatir las prácticas de esta naturaleza por parte de los diferentes poderes públicos y actores privados.

Al respecto, los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos efectúan un test o examen en aquellos casos en que se alega una discriminación en alguna regulación o disposición. La superación de este examen por la norma impugnada requiere que esta posea:

a- Un fin legítimo;

b- La idoneidad del medio elegido respecto del fin u objetivo que se persigue; y

c- La proporcionalidad, entendiendo por tal el balance de intereses en juego y el grado de sacrificio de uno respecto del grado de beneficio del otro.

Ahora bien, cuando las diferencias de trato afectan a ciertas categorías mencionadas expresamente en las cláusulas de no discriminación de los tratados internacionales de Derechos Humanos como el género, la religión, el origen nacional, entre otras (definidas en el derecho internacional como categorías sospechosas), existe un consenso en el sentido de que el examen o test que se utiliza para medir su razonabilidad es especialmente estricto.

Es decir, tras haber presentado una distinción legal o normativa sospechosa por basarse en ciertos grupos especialmente protegidos, la carga de la prueba de que no es discriminatoria recae sobre el Estado.


Igualdad sustantiva y acciones positivas

El principio de igualdad no trata sólo de restringir la acción de los Estados para evitar distinciones discriminatorias, sino que además supone la necesidad de alentar acciones positivas provisorias que permitan revertir situaciones de desigualdad que se perpetúan en los sistemas sociales.

Frente al reconocimiento de que ciertos grupos sociales viven en condiciones estructurales de desventaja en el acceso a los derechos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos demanda a los Estados un papel activo con el objeto de garantizar el reconocimiento de los derechos y la posibilidad de ejercerlos en forma efectiva.

En ese orden de ideas, los órganos del sistema interamericano han dado un nuevo contenido a las obligaciones de los Estados en materia de igualdad. De este nuevo contenido, derivan una serie de consecuencias para los Estados.

Una de las consecuencias es que las acciones que los Estados encaren con el objeto de compensar situaciones de desigualdad deben ser analizadas desde la perspectiva de la razonabilidad y no desde la de la igualdad formal.

Otra consecuencia es que los Estados no están solamente obligados a no discriminar sino que tienen también la obligación de adoptar acciones tendientes a equilibrar situaciones sociales y a garantizar el ejercicio de los derechos de ciertos grupos subordinados.

En tercer lugar, se considera que los Estados pueden violar el principio de igualdad a través de la adopción de medidas en apariencia neutrales, pero que tienen consecuencias o efectos discriminatorios sobre ciertos grupos desaventajados.

Otro aspecto en el que el SIDH ha avanzado es en la determinación de las acciones estatales tendientes a acortar las brechas de desigualdad que se presentan en los sistemas de administración de justicia. El SIDH ha fijado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales idóneos para la demanda por la vulneración de derechos. La obligación del Estado, según estos estándares, se extiende a la organización del aparato de justicia, de modo que todas las personas puedan acceder a sus servicios, pero especialmente, aquellas que se encuentran afectadas por la pobreza o la exclusión. Se intenta de este modo que el Estado actúe para compensar situaciones de desigualdad.


Grupos en situación de vulnerabilidad – desarrollo específico


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