Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



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6.1.3. Competencia Funcional.


El proceso consta de dos etapas: instrucción y juicio plenario. Eventualmente pueden darse una etapa de impugnación y otra de ejecución. La determinación de la competencia funcional se da cuando varía el tribunal instituido para cada etapa.

La distinción funcional más interesante es la que se hace entre el tribunal de instrucción y el de juicio y sentencia. Rige en todas las provincias donde hay procedimiento penal oral.



6.1.4. Competencia por Razón de Turno.

En realidad no se trata de competencia sino de criterios administrativos de distribución interna de las causas penales, establecidas por normas internas del Poder Judicial, mientras que la fuente de la competencia debe ser siempre legal.

El criterio más común de reparto interno de las causas penales es el temporal, atendiendo a la fecha de comisión del hecho.





      1. Competencia por Conexión.

El ART. 58 Código Procesal Penal (ley 6.730) dispone: “Las causas serán conexas:

a) Si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas.

b) Si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad.

c) Cuando una persona se le imputaren varios delitos.


El Art. 59 regula los efectos de la conexión al decir: “Cuando sustancias causas conexas por delitos de acción pública, los procesos se acumularán y será competente:

a) El Tribunal competente para juzgar el delito más grave.

b) Si los delitos estuvieran reprimidos con la misma pena, el Tribunal competente para juzgar el delito que se cometió primero.

c) Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que designare el Tribunal jerárquicamente superior.

A pesar de la acumulación, las actuaciones sumariales se copilaran por separado, salvo que fuere inconveniente para la investigación”.
7. Organización de la Justicia Provincial en Materia Penal.

En la Provincia de Mendoza la organización de la Justicia penal se encuentra regulada por el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto al Código Procesal Penal, la provincia de Mendoza se encuentra actualmente en una situación especial debido a la coexistencia de las leyes 1.908 año 1950 (que contenía el Código Procesal Penal de Vélez Mariconde) y 6.730 año 1999 (que contiene el nuevo Código Procesal Penal, que se encuentra vigente en forma parcial en la Provincia)

Como es sabido, la Provincia de Mendoza se divide en cuatro circunscripciones judiciales. En todas las circunscripciones se encuentran vigentes las disposiciones de la ley 6.730 contenidas en los Libros Tercero, Cuarto y Quinto, es decir, las relativas al Juicio y Procedimientos Especiales, Recursos y Ejecución.

Dentro de la Primera Circunscripción Judicial, el nuevo Código Procesal Penal contenido en la ley 6.730 se encuentra vigente en su totalidad en Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Lavalle, Luján y Maipú.

7.1. Cuadro.

8. Causas con Imputados Mayores de 18 años.

En primer término, nos vamos a referir a las causas en que se encuentre imputados mayores de 18 años o causas en las que esté imputados conjuntamente mayores y menores.

Vamos a tratar la competencia material de los distintos órganos en el régimen de la ley 1.908 –todavía vigente en parte de nuestra provincia- y luego en el sistema de la ley 6.730.

Ley 1.908


ART. 22 C.P.P.: La SUPREMA CORTE juzgará de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.-

ART. 23 C.P.P.: El tribunal que hubiere dictado sentencia en la causa conocerá excepcionalmente del recurso de revisión, cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna y la pena impuesta no exceda del máximo admitido en la nueva ley.

ART. 24 C.P.P.: La CAMARA EN LO CRIMINAL juzgará:

1°) En única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal;

2°) De los recursos contra las resoluciones del Juez de Instrucción.

ART. 25 C.P.P.: El JUEZ DE INSTRUCCIÓN investigará los delitos por los cuales proceda instrucción formal (reprimidos con pena que exceda los tres años de prisión) y decretará las medidas que correspondan durante la información sumaria previa a la citación directa.

ART. 26 C.P.P. (sustituido por ley 7.280) El JUEZ CORRECCIONAL juzgará en única instancia:

1) De los delitos de acción pública dolosos que estuvieren reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con multa o inhabilitación.

2) De los delitos culposos, cualquiera sea su pena.

3) De los delitos de acción privada.

Por lo tanto, en la ley 1.908, si se trata de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad que supera los tres años, quien realiza la investigación es el Juez de Instrucción y el juicio está a cargo de la Cámara del Crimen.

Si se trata de un delito de acción pública con pena privativa de libertad de hasta tres años, multa o inhabilitación o de un delito culposo, quien practica la investigación es el Fiscal Correccional y el juicio está a cargo del Juez Correccional. Si se trata de un delito de acción privada, directamente se inicia por querella.



Ley 6.730

La competencia de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (ART. 42) y de la CAMARA EN LO CRIMINAL (ARTS. 43 Y 44) coincide en lo sustancial con la de la ley 1.908.-

Las principales diferencias con el régimen anterior son las siguientes:

Se prevé la CAMARA DE APELACIÓN (ART. 47): “La Cámara de Apelación conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción y de las cuestiones de competencia que se suscitaren entre los Magistrados jerárquicamente inferiores”.

Ya no se habla de Juez de Instrucción, sino de JUEZ DE GARANTÍAS, quien según el ART. 48 intervendrá tan sólo en los supuestos en que el Código le atribuye jurisdicción.

POR LO TANTO, EN LA LEY 6.730, LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN O INSTRUCCIÓN YA NO CORRESPONDE AL JUEZ SINO AL FISCAL DE INSTRUCCIÓN. ESTA ES UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL CON LA LEY 1.908.

ART. 49 (sustituido por ley 7.280): El JUEZ CORRECCIONAL juzgará en única instancia:

1) De los delitos de acción pública dolosos que estuvieren reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con multa y/o inhabilitación.

2) De los delitos culposos, cualquiera sea su pena.

3) De los delitos de acción privada.


ART. 48: El JUEZ DE EJECUCIÓN intervendrá en lo supuestos determinados en el Libro Quinto de este Código.
ART.50: JUEZ DE PAZ: Si en el territorio de su competencia no hubiere Fiscal de Instrucción o Juez de Menores, el Juez de Paz practicará los actos urgentes de la investigación con arreglo al Art.316. Podrá recibir declaración al imputado en la forma y con las garantías establecidas por la ley, ordenar su detención en los casos previstos en los Art. 284 y 286, comunicándola inmediatamente al órgano competente; y recibir las declaraciones testificales, según las normas de la investigación penal preparatoria.

Asimismo, y también con competencia en la materia penal están los JUZGADOS DE FALTAS cuya competencia material está referida a la investigación y juzgamiento de las contravenciones cometidas por mayores de 18 años de edad. A los fines de referir a la regulación de esta materia, la misma se encuentra en el Código de Faltas de la Provincia de Mendoza, instituido por ley provincial nro. 3.365.


9. Imputados Menores de 18 años.

La ley 6.354, sancionada en 1.995, creó en nuestra provincia la Justicia de Familia y en lo Penal de Menores. En lo relativo al Proceso Penal de Menores, con esta ley se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en los tratados internacionales que contemplan la existencia de un fuero especializado para el tratamiento de esta materia.

Los órganos que integran la Justicia en lo Penal de Menores son: el Tribunal en lo Penal de Menores, el Juez en lo Penal de Menores y el Ministerio Público de Menores. El Ministerio Público de Menores está conformado por el Fiscal y el Defensor de Menores.

La justicia en lo penal de menores tiene competencia cuando se trata de delitos cometidos por menores de 18 años de edad, sean imputables o inimputables, según las disposiciones del Código Penal y de la Ley 22.278/22.803.



ART. 113, LEY 6354: El TRIBUNAL EN LO PENAL DE MENORES juzgará todos los delitos, salvo aquellos en los que se hubiere ejercido la opción prevista por el inciso c) del artículo 114 y entenderá en los recursos contra las resoluciones del Juez en lo Penal de Menores.
ART. 114, LEY 6354: Corresponde al JUEZ EN LO PENAL DE MENORES:

a) Practicar las medidas que le correspondan durante la investigación del Agente Fiscal;

b) Proveer en la audiencia preliminar;

c) El juzgamiento, en única instancia, de los delitos imputados a menores que a la fecha en que se promueve la acción no tengan más de 18 años, cuando la ley establezca para la infracción una pena que no exceda los 10 años de prisión y se optare por el juicio abreviado;

d) El juzgamiento de las faltas cometidas por menores hasta los 18 años y

e) Tomar las medidas de protección respecto de los menores inimputables que hubieren participado en un hecho previsto por las leyes penales o de faltas.


ART.117, LEY 6.354: El agente Fiscal dirigirá la investigación preliminar, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella y actuará ante el Tribunal y el Juez en lo Penal de Menores, según corresponda.

En el proceso penal de menores la etapa de investigación preliminar está a cargo del Agente Fiscal. Cuando el Fiscal cuente con elementos de convicción que acrediten la participación del menor en un hecho punible, solicitará la realización de la Audiencia Preliminar. Durante la audiencia preliminar el Juez en lo Penal de Menores escuchará al menor, a sus padres y a las partes, y podrá eventualmente, realizar el Juicio Abreviado, siempre que así se solicite y que el delito atribuido al menor tenga una pena que no supere los 10 años de prisión. Si la pena supera este monto o no se solicita el juicio abreviado, deberá realizarse el juicio común ante el Tribunal en lo Penal de Menores.


C- MINISTERIO PÚBLICO
El cuadro de la organización de la justicia provincial se completa con el Ministerio Público, que es el órgano oficial encargado de la persecución del delito, actividad que implica la responsabilidad de investigar para reunir las pruebas que permitan sostener la acusación o solicitar el sobreseimiento. En la etapa del juicio es el encargado de sostener la acusación y solicitar la aplicación de pena, si correspondiere. Esto es, ejerce la acción pública.
1. Dependencias del Ministerio Público.

  1. Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.

  2. Coordinación del Ministerio Público.

  3. Inspección del Ministerio Público.

  4. Fiscalías de Cámara del Crimen.

  5. Fiscalías de Instrucción dentro de las Unidades Fiscales departamentales.

  6. Fiscalías Penales de Menores.

  7. Fiscalías Correccionales.

  8. Oficinas Fiscales.

  9. Defensoría Penal de Menores.

  10. Asesoría de Menores e Incapaces.

  11. Cuerpo Médico Forense.


1.1. Unidades Fiscales Departamentales - Ley 6730

Situación jerárquica de los auxiliares y actividades más frecuentes que deben realizar

Actualmente se encuentran en funcionamiento las Unidades Fiscales Departamentales de Capital, Godoy Cruz, Las Heras – Lavalle, Guaymallén, Luján – Maipú, Unidad Especial y Flagrancia; en cada una de ellas funcionan Fiscalías de Instrucción: en cada Fiscalía de Instrucción cumple funciones un Fiscal de Instrucción dos secretarías (una matutina y otra vespertina) y dos Jefes de Mesa de Entradas uno en cada turno. También funcionan dos secretarías correccionales (matutina y vespertina). La afectación del personal y su horario será dispuesto por Procuración General.

Los auxiliares estan obligados a cumplir las ordenes de sus superiores (Jefe de Mesa de Entradas, Secretario, Fiscal), y en cuanto no las respetes estarán sujetos a las sanciones que puedan aplicar sus superiores según la gravedad de la falta, asimismo están obligados a concurrir a la oficina a la hora que se les indique sin que puedan alegar obligaciones determinadas.

El Secretario se desempeña al frente del personal de cada Unidad Fiscal, uno en turno matutino y otro en turno vespertino, siendo los Jefes de Oficina. Es el responsable de los libros de Detenidos, Secuestros, Fianzas Asistencia diaria, Permisos y Apercibimientos y medidas disciplinarias que se hubieren aplicado.

El Jefe de Mesa de Entradas es quien recibe los escritos que se presentes y deben ponerles “cargo” bajo su firma con indicación del día, hora y minutos y cuidará que los escritos sean agregados a los expedientes inmediatamente después de su presentación. No facilitará los expedientes a nadie para ser sacados fuera de la oficina sin el consentimiento del Secretario o el Fiscal. Es el encargado de distribuir el trabajo a los auxiliares de Secretaria.
1.2. Oficinas Fiscales - Ley 6730 .

Situación jerárquica de los auxiliares y actividades más frecuentes que deben realizar

La extensión y modalidad de la jornada laboral de los funcionarios y empleados será establecida por la Procuración General, y los TURNOS garantizarán la prestación del servicio durante las 24 horas y todos los días del año.

Los Ayudantes Fiscales son los Jefes de la Oficina Fiscal y responden por la seguridad de los bienes y expedientes de la oficina; tienen iguales facultades, obligaciones y prohibiciones que los secretarios. Tienen la función de informal al Fiscal de Instrucción de todos los hechos delictivos cometidos en el ámbito de su actuación, asimismo practicar los actos de investigación que les ordene el Fiscal de Instrucción y en casos de urgencia podrá adoptar las medidas cautelares imprescindibles. Además, controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de los imputados; y brindar información y atención a los letrados.
1.3. Policía Judicial.

La Policía Judicial asumirá la función sumarial de los actos iniciales de la Investigación Penal Preparatoria (Ley 7231).

El Poder Judicial asume la responsabilidad de llevar a cabo las notificaciones, vistas y remisión de expedientes a través del personal del Poder Judicial destinado a cumplir sus funciones en las Oficinas Fiscales.

La Policía Judicial recibe denuncias, cuida que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean conservados hasta que llegue al lugar el Fiscal de Instrucción, hacer constar el estado de las personas y cosas mediante planos, inspecciones y fotografías, debe interrogar sumariamente a los testigos, citar y aprehender al presunto culpable, recibir declaración al imputado con las formas y garantías del art. 271 del C.P.P. y usar la fuerza pública en la medida de la necesidad.


1.4. Relación con la Policía de la Provincia.

Continuarán a cargo de la Policía de la Provincia las siguientes funciones judiciales: citaciones, constataciones de domicilio, traslado, requisa, custodia y alimentación de detenidos y su registración, extracción de fichas dactiloscópicas, individualización y actualización de prontuario, levantamiento de cadáveres previa autorización del Fiscal o Funcionario Judicial competente, custodia de los secuestros judiciales hasta su recepción en la Oficina de Secuestros o entrega por orden judicial; colaborar en la realización de estudios técnicos y científicos en las tareas de investigación y la sistematización y análisis de la información delictual.

La Policía de la Provincia continuará recepcionando las denuncias en las seccionales policiales donde no funcionen las Oficinas fiscales, en casos de URGENCIAS, debiendo en estos casos, requerir previamente la autorización al Ayudante Fiscal o Fiscal correspondiente y seguir las directivas que ellos impartan.

Además tiene la responsabilidad de custodiar los locales de las seccionales policiales transferidas al Poder Judicial para funcionamiento de la Policía Judicial en aquellas situaciones que no quede personal judicial en ellos.


2. Actos Procesales.

Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional. Para fechar un acto deberá consignarse el lugar, día, mes y año en que se cumpliere, la hora será indicada sólo cuando la ley lo exija. Las personas que fueran interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes fueren autorizados para ello. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto del que se trate y si fuere menester lo interrogará. Cuando se proceda por escrito se consignarán las preguntas y respuestas usándose las expresiones del declarante.


2.1. Actas.

Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta, al efecto el Fiscal será asistido por el Secretario, el Ayudante Fiscal por un Auxiliar de la Policía Judicial o Administrativa y los Auxiliares de la Policía Judicial o Administrativa por un testigo que no podrá ser menor de dieciséis años, demente o que se encuentre en estado de ebriedad.

Las actas deben contener fecha y objeto, nombre y apellido de las personas que actuares, el motivo de inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir, indicación de las diligencias realizadas y de su resultado, las declaraciones recibidas, si estas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, las observaciones que las partes requieran y , previa lectura, la firma de todos los intervinientes, y cuando alguien no pudiese o no quisiere firmar se hará mención de ello.
2.2. Denuncia.

La denuncia podrá presentarse en forma escrita (firmada ante el funcionario que la reciba) o verbal (se labra un acta), personalmente o por mandatario especial (acompañando poder).-

En todos los casos el funcionario comprobará y hará constar la identidad del denunciante.-

Deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación circunstanciada del hecho, indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y todos los elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.


2.3. Imputación Formal. (art. 271 C.P.P.)

Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el Fiscal de Instrucción procederá a efectuarle formalmente la imputación del hecho que se le atribuye si estuviere detenida en un término de 24 hs.. Se informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas existentes en su contra, que puede declarar si fuese su voluntad, y que puede requerir la presencia de un defensor a los fines del mejor ejercicio de sus derechos. En el mismo acto el imputado deberá ser informado de lo dispuesto por los artículos 26, 30, 359, 364 y 418 del C.P.P. Debe permitirse la consulta reservada del imputado con su defensor cuando cualquiera de ellos lo requieran y en cualquier momento del acto.

En la primera oportunidad, y si el imputado hubiese manifestado su voluntad de declarar, se lo invitará a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, el Fiscal de Instrucción nombrará como defensor al Defensor de Pobres y Ausentes. Posteriormente se invitará al imputado a dar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, edad, estado , profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia anterior y condiciones de vida, si tiene antecedentes penales, por que causa, Tribunal y si recayó sentencia, nombre, estado y profesión de los padres.

El imputado podrá declarar o no, si manifiesta su voluntad de declarar se lo invitará a expresar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos, y a indicar las pruebas que estime oportunas. Su declaración se hará constar con sus propias palabras. Luego se le harán las preguntas que se estimen convenientes, debiendo ser las preguntas claras y precisas. Concluida la declaración el acta será leída en alta voz por el secretario, si el declarante quiere enmendar o añadir algo, sus manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito. El acta será suscripta por todos los presentes; y si alguien no pudiere o no quisiere hacerlo, se dejará constancia y no afectará la validez del acta.


2.4. Resoluciones.

Las decisiones del Tribunal serán dadas por sentencia, auto o decreto.


2.5. Sentencias.

Se dicta para poner término al proceso, deben ser suscriptas por el Juez o todos los miembros del Tribunal; y deben ser fundamentados.


2.6. Autos.

Se dictan para resolver un incidente o cuando el Código lo exija, deben ser suscriptas por el Juez o todos los miembros del Tribunal, asimismo, los autos deben ser fundamentados y ser dictados dentro de los cincos días.


2.7. Decretos.

Se dictan el día que los expedientes sean puestos a despacho, deben ser firmados por el Juez o Presidente del Tribunal. Los decretos deben ser fundamentados cuando la Ley lo disponga.


2.8. Resolución firme.

Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.




2.9. Arresto. (art. 286 C.P.P.)

En el primer momento de la investigación en que hubieran intervenido varias personas y no fuere posible individualizar a los responsables y a los testigos, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre si, antes de prestar declaración, y aun ordenar el arresto si fuere necesario. Tales medidas en ningún caso durarán más de 24 horas.


2.10. Aprehensión en Flagrancia.

Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido al intentar su comisión, en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras es perseguida por la fuerza pública o mientras tiene objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial tendrán el deber de aprehender a quien sea sorprendido “in fraganti” en la comisión de un delito de acción pública que merezca una pena privativa de la libertad, al que intentare un delito en el momento de disponerse a cometerlo y al que fugare estando legalmente preso. Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, será informado inmediatamente quien pueda instar, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad.


2.11. Detención.

Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado de la comisión de un hecho punible, se ordenará su detención por decreto fundado siempre que se trate de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional; o cuando procediendo la condena condicional, hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación.

La restricción de la libertad sólo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.



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