Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



Descargar 0.86 Mb.
Página12/17
Fecha de conversión24.05.2018
Tamaño0.86 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3. Fines del Proceso Penal.


La evolución histórica demuestra que al proceso penal no se le asignó siempre la misma finalidad. En una época se pensó que su fin exclusivo era la represión del delito. El objetivo primario era punir o condenar. En el polo opuesto, la doctrina consideró el proceso como un medio de tutelar la inocencia.

Vélez Mariconde afirma que ambas concepciones son unilaterales, deficientes e inadmisibles. Aunque el proceso tutela tanto el interés social por la represión de la delincuencia como el interés, individual y social, por la libertad personal, no se puede afirmar que tenga ninguno de esos fines.

El proceso penal tiene un fin mediato consistente en la justa actuación de la ley penal, es decir, la función de hacer concretas las previsiones abstractas de la ley penal sustantiva. Por ello se dice que el Derecho Procesal Penal es un derecho realizador, ya que la función judicial penal del Estado sólo puede cumplirse mediante un proceso legalmente definido.

Además, tiene un fin inmediato o específico que es el descubrimiento de la verdad en relación al hecho concreto que se presume cometido. Ello se logra a través de la actividad probatoria.


4. Fases del Proceso Penal.

El proceso penal se desarrolla en diversas etapas o fases que caracterizan distintos momentos de la relación procesal. Indicarlas significa definir a grandes rasgos el procedimiento, el camino o la vía legal que debe seguirse para aplicar la ley penal, o señalar el orden en que se suceden los actos procesales.




    1. La fase inicial del proceso: el proceso penal puede iniciarse por un requerimiento fiscal, por un sumario de prevención policial o por comunicación policial. La denuncia es un acto meramente informativo que puede dar ocasión a un requerimiento fiscal o a un sumario de prevención policial.

El juicio por delito de acción privada se inicia con la querella del ofendido.


    1. La instrucción o investigación penal preparatoria es la etapa preparatoria del juicio que tiene por objeto dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento.

En el sistema de la ley 1.908, cuando se trata de delitos reprimidos con una pena superior a los tres años de prisión, la instrucción está a cargo del Juez de Instrucción.

En el sistema de la ley 6.730, la etapa de investigación está a cargo del Fiscal de Instrucción, mientras que el Juez –que pasa a llamarse Juez de Garantías- tiene a su cargo el contralor de la actividad del Fiscal y la tutela de las garantías individuales.




    1. Cuando se trata de delitos con pena superior a los tres años de prisión, y antes de llegar a la etapa definitiva, puede existir una intermedia, de elevación de la causa a juicio, donde se destaca la posibilidad de que la defensa del imputado se oponga a la elevación.




    1. El juicio: o debate, es la fase esencial del proceso penal, que se cumple oral y públicamente sobre la base de una acusación y que concluye con una decisión definitiva del juez o Tribunal.




    1. Fase eventual: pueden deducirse contra la sentencia recursos extraordinarios (casación, inconstitucionalidad y revisión).




    1. Fase ejecutiva: concreción de lo dispuesto en la sentencia.


5. Clasificación de las acciones penales. 

Las acciones penales se dividen por su disposición, en públicas y privadas. A su vez las públicas, por su promoción, se subdividen en promovibles de oficio y dependientes de instancia privada.

La regla general está constituida por las acciones públicas promovibles de oficio. Los arts. 72 y 73 del Código Penal enumeran taxativamente los delitos que dan lugar a las categorías de excepción.

ART. 71 Código Penal: “Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:



1° las que dependieren de instancia privada;
2° las acciones privadas”.

En forma concordante, el ART. 8 del Código Procesal Penal dispone: “La acción penal pública será ejercida por el Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo los supuestos previstos en este Código u otra ley”.

Al establecer acciones privadas y acciones públicas dependientes de instancia privada, la ley consagra derechos subjetivos individuales que condicionan el ejercicio de la potestad represiva del Estado.

    1. La Instancia Privada (ART. 72 Código Penal y 9 Código Procesal Penal).


El art. 72 del Código Penal enumera los delitos dependientes de instancia privada:

a) los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal (refiere a violación, estupro y rapto) cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91 Código Penal (lesiones gravísimas). En este último supuesto se podrá iniciar de oficio.


b) lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo en los casos de este inciso de procederá de oficio cuando medien razones de seguridad o interés público.-
c) impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.-

Además, se prevé que cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, o cuando se tratare de un menor que no tuviera representantes legales, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquél.

En estos casos el ofendido no tiene el ejercicio de la acción penal sino un derecho preprocesal, anterior al proceso y también sustantivo, que es el derecho de provocar la promoción.

En estas acciones dependientes de instancia privada, el ofendido juzga sobre la conveniencia y oportunidad de provocar el proceso penal; la ley deja a su arbitrio la apreciación de los intereses familiares y sociales que pueden estar en pugna; le acuerda el derecho de instar la promoción de la acción, no la promoción misma. El Estado condiciona así su potestad represiva; el silencio del ofendido consagra su renuncia.

El derecho del particular es singularísimo, pues se agota con su ejercicio; expresada su voluntad favorable a la iniciación del proceso, su poder dispositivo perece, se extingue definitivamente. Salvado el obstáculo que se opone a la iniciación, provocada la promoción de la acción, toda manifestación de voluntad contraria al ejercicio de la misma es irrelevante. El Estado recobra su potestad de punir porque se trata de una acción pública (en la práctica es el caso de alguien que quiere “retirar” la denuncia).

La instancia privada es una excepción a la regla de la oficiosidad del art. 71 Código Penal. El Código Penal prevé como modos de instar “la acusación o denuncia” El Código los menciona a modo de ejemplo y por ser los que preveían todos los códigos de la época en que se sancionó.


El ART. 9 Código Procesal Penal establece: “Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá iniciarse si el ofendido por el delito, o en orden excluyente, sus representantes legales, su tutor o guardador, formularen denuncia ante autoridad competente para recibirla. Será considerado guardador quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor.

La instancia privada se extenderá de derecho a todos los partícipes del delito”.

El último párrafo significa que el instante sólo dispone del hecho. Una vez que lo ha denunciado, la persecución queda liberada contra cualquiera que resulte sospechoso de participación en ese hecho.


    1. Acción Privada (ART. 73 Código Penal y 11 Código Procesal Penal).

El art. 73 del Código Penal enumera los delitos de acción privada:

a) las calumnias e injurias;

b) violación de secretos;

c) concurrencia desleal;

d) incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.

La particularidad es que en estos supuestos no actúa ningún órgano del Estado como impulsor de la acción, circunscribiéndose el conflicto a los involucrados, es decir aquél que inicia la acción penal y por el otro lado, aquel que es acusado por la misma.

Otro dato caracterizante -a diferencia de la acción pública y la dependiente de instancia privada- es la posibilidad para quien inició la acción penal de interrumpir su curso (retractabilidad).

Asimismo, corresponde señalar que el procedimiento por el cual se lleva adelante la investigación de alguno de estos delitos es un tanto especial.

En estos casos, el ofendido es el titular de la acción privada y tiene el derecho de provocar la represión con exclusión de toda otra persona. Esto se pone en evidencia en el art. 59 inc. 4° Código Penal: “La acción penal se extinguirá por renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada” y art. 69 Código Penal: “El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el art. 73”.

El Estado no se limita a conceder al ofendido el poder jurídico de requerir la actuación de la ley penal, sino que le acuerda un derecho que condiciona y enerva por completo la potestad pública.



En los casos previstos por el art. 73 Código Penal los órganos públicos no pueden ni promover ni ejercitar la acción. El ejercicio de la acción corresponde exclusivamente al particular ofendido o a sus representantes o herederos en algunos casos.

No puede iniciarse ni proseguirse de oficio el ejercicio de la acción penal en estos casos, como surge con claridad de los arts. 75 Código Penal: “La acción por calumnias o injuria podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes” y 76 Código Penal: “En los demás casos del art. 73 se procederá únicamente por querella o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales”.

Quien la ejerza debe constituirse en querellante exclusivo, vale decir con exclusión del órgano público de la acusación. El ART. 11 Código Procesal Penal dispone: “La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que se establece” (arts. 450/469 del Código Procesal Penal).


6. Competencia.

Teóricamente, el órgano jurisdiccional de un Estado podría objetivarse en un único tribunal para la materia penal. Pero razones prácticas y de carácter técnico advierten la necesidad de un fraccionamiento para proveer a una más adecuada administración de la justicia penal.
Objetivamente, la competencia es una órbita jurídico-penal dentro de la cual el tribunal ejerce la jurisdicción.

Subjetivamente, la competencia es la aptitud que tiene un tribunal penal para entender en un determinado proceso o momento del mismo, por razones territoriales, materiales y funcionales.

A su vez, cada Tribunal puede distribuirse la tarea conforme a criterios prácticos de determinación temporal, que sólo por extensión puede llamarse “competencia por turno”. Se trata de una competencia que no se fija por ley, sino por reglamentos y acordadas del Poder Judicial.

Las reglas de competencia tienen por misión poner orden en el ejercicio de la jurisdicción, lo que es imprescindible en materia penal para hacer práctico el principio del juez natural. De ahí deriva su nota de improrrogabilidad (art. 37 Código Procesal Penal): las partes no pueden disponer en ningún caso la alteración de estas reglas legales porque son de interés público. La improrrogabilidad de la competencia penal implica para el juez el imperativo de actuar en los procesos asignados al tribunal que personifica. Pero también implica la prohibición de intervenir cuando el tribunal que personifica no fuere el competente.

La competencia penal es de orden e interés público en todos los casos, lo que no ocurre con la civil, donde en las cuestiones patrimoniales está autorizada la prórroga.

Frente a la comisión de un hecho ilícito, debe determinarse, en primer término, si corresponde a los tribunales federales o a los de provincias; después el tribunal de cuál circunscripción; luego el de qué materia penal y, por último, debe concretarse el de la función respectiva.

En materia penal la competencia provincial es la regla frente a la federal, de donde se derivan los caracteres de independiente y soberana. No debe dar cuenta a la justicia federal de sus actos y los procesos que se radiquen en los tribunales provinciales deben sustanciarse y fenecer ante ellos. Su fuente es el ART. 121 Constitución Nacional, por el que las provincias se reservaron todo el poder no delegado al Gobierno Nacional.-

Los actos cumplidos sin observar estas reglas están sancionados con nulidad porque el tribunal habría actuado sin tener poder para ello.


    1. Criterios de determinación.

Los criterios de determinación de la competencia ordinaria difieren de los tenidos en cuenta para determinar la competencia federal.

Predomina el criterio territorial, que implica la división del territorio en diversas circunscripciones. En cada una de ellas, funciona el criterio material, relativo a la entidad del delito, puesta de manifiesto por la cantidad y calidad de la penal. Luego aparece la determinación funcional para las etapas y grados del proceso (Instrucción y Debate).

Estos criterios se complementan con las reglas sobre conexión, en cuanto el efecto unificador del proceso produce alteraciones a las reglas de competencia material y territorial.


6.1.1. Competencia Territorial.

La ley asigna a los tribunales una circunscripción territorial para que ejerzan la jurisdicción con respecto a todos los delitos que se cometan dentro de ella.

ART. 54 Código Procesal Penal (ley 6.730): Será competente el tribunal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde comenzó a ejecutarse.

Esta regla persigue que el tribunal se acerque lo más posible al lugar del hecho a investigar y juzgar. Ello favorece el ejercicio del derecho de defensa, la celeridad en la investigación y la trascendencia social del fallo.

Las reglas subsidiarias en la competencia penal territorial sólo tienen vigencia cuando se ignora el lugar de la comisión o existe duda sobre él.

La Provincia de Mendoza está dividida en 4 Circunscripciones en este sentido.


ART. 55 Código Procesal Penal: Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el Tribunal del lugar donde se estuviere practicando la investigación o, en su defecto, el que designare el Tribunal jerárquicamente superior.
6.1.2. Competencia Material.

Para fijarla se atiende a elementos externos del hecho en sí, tales como: la pena, en cuanto demostrativa de la entidad del delito; la edad del sujeto activo, en cuanto menor requerido de tutela y el tipo de acción penal, por su ejercicio privado.

La entidad del delito se establece por la cantidad de la pena y, a veces, también por la calidad de ésta: tribunales en lo criminal, en lo correccional y de faltas. La minoridad tiene un procedimiento y un tribunal especiales. Las causas por delitos de acción de ejercicio privado tienen también un procedimiento especial y requieren un tribunal adecuado a ese trámite.



Compartir con tus amigos:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal