Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza



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3. Organización de la Justicia Laboral.

Como ya se anticipara el proceso laboral es de instancia única. Ello hace necesario que la justicia del trabajo esté organizada a través de CAMARAS DEL TRABAJO, existiendo siete en la Primera Circunscripción Judicial, dos en la Segunda, dos en la Tercera (reunidas en un Tribunal de Gestión Judicial Laboral) y una en la Cuarta. Son órganos colegiados compuestos por tres jueces de cámara; el número en los órganos colegiados debe necesariamente ser impar para permitir que exista mayoría en el caso de que alguno de los jueces no esté de acuerdo con la resolución; en ese caso se resuelve por mayoría que la hacen dos integrantes.

El Tribunal se encuentra dividido en tres salas unipersonales compuesta cada una por uno de los tres jueces, de manera que la competencia la ejercen de manera unipersonal en todos los casos, con sólo dos excepciones: a) que a juicio del Tribunal las cuestiones a resolver sean muy complejas y b) que lo pida el actor en el escrito de demanda o el demandado cuando comparece a contestar la intervención del Tribunal en pleno (Art. 1 C.P.L. in fine).

- El Ministerio Público representado por el Fiscal de Cámara interviene en el proceso laboral obligatoriamente por cuanto no debe olvidarse que la materia del Derecho Laboral tiene un fuerte contenido de normas de orden público, hallándose interesado el Estado en su observancia al ponerse en juego el interés social.

Su injerencia en el proceso laboral es secundaria por cuanto consiste en una asistencia técnica brindada al Juez mediante tareas de asesoramiento, vigilancia y contralor respecto del cumplimiento de disposiciones tendientes a asegurar una recta administración de justicia. Sus dictámenes no son obligatorios ni por ende vinculantes para el Juez, sólo ilustrativos.

Así conforme al art. 11 del C.P.L.: "Corresponde al Ministerio Público:



a) Representar y defender los intereses fiscales;

b) Intervenir en todo asunto judicial que interese a las personas o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea individual o juntamente con sus representantes legales;

c) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deba aplicar el tribunal del trabajo, a cuyo efecto interpondrá los recursos legales pertinentes;

d) En las contiendas sobre jurisdicción y competencia;

e) En los incidentes de recusación de los jueces y nulidades de procedimiento;

f) En las apelaciones de resoluciones definitivas de carácter administrativo;

g) En los juicios de jurisdicción voluntaria;

h) En los casos de rebajas de salarios o modificación de las condiciones de trabajo;

i) Representar a la Caja de Garantía creada por la ley 9688".

- Tratándose la justicia del trabajo de un fuero de instancia única, a diferencia del proceso civil, no puede recusarse (es decir oponerse a la intervención de un juez determinado en una causa específica) sin expresión de la causa que justifique el apartamiento del Juez natural.

De la sentencia que emana de la Justicia Laboral -ya sea de Juez unipersonal o del Tribunal en pleno- sólo puede excepcionalmente y por causas restringidas, recurrirse por recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia (S.C.J.) de la Provincia, procedimiento que está reglado en el Código Procesal Civil sin perjuicio del recurso de aclaratoria que puede ser interpuesto por el Tribunal.

- No existe una instancia anterior a la Justicia del Trabajo que sea obligatoria en sede administrativa, esto es, ante la Sub-Secretaría de Trabajo de la Provincia. Las partes que tienen un conflicto individual de trabajo, si así lo desean, pueden concurrir ante el órgano administrativo mas sólo por la esperanza de un arreglo extrajudicial y voluntario que, en los hechos, difícilmente se concreta.


3.1. Actos Procesales.

En lo que se refiere a la formación de los expedientes, los requisitos de forma de los escritos, los libros que se manejan en el Tribunal del Trabajo, son plenamente aplicables las disposiciones del proceso civil; de modo que nos remitimos a lo especificado en esa materia en cuanto a esos puntos.

Sólo existe alguna diferencia en cuanto a las notificaciones. En general los modos de notificar son esencialmente los mismos que en el proceso civil, esto es:

A- Notificación ficta o por aparición de la providencia en la lista diaria: Según el art.34 del C.P.L.: "Toda providencia judicial se considera notificada por el Ministerio de la ley los días martes y viernes de cada semana, o el día siguiente hábil, si alguno de éstos no lo hubiera sido, con excepción de los casos en que esta ley o el tribunal establezca que debe notificarse en otra forma". La diferencia con el proceso civil son los días establecidos, en nuestro caso: MARTES Y VIERNES.

B- Notificación en el expediente: es igual al proceso civil, se refiere a la notificación al representante del Ministerio Público (Fiscal o Pupilar) y a los funcionarios judiciales.

C- Notificación por cédula: El art.35 del C.P.L. reza: "Se notificarán por cédula:



a) El traslado de la demanda, de la reconvención, de sus contestaciones y de las excepciones;

b) La citación para absolver posiciones y para el reconocimiento de documentos, como así, la que se dirija a personas ajenas al proceso;

c) Las audiencias de conciliación y de vista de causa;

d) Las sentencias si no han sido dictadas en audiencia;

e) Los autos interlocutorios, y los que resuelvan recursos de reposición y aclaratoria;

f) Las resoluciones que disponen intimaciones o apercibimientos no previstos directamente en la ley, y la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado;

g) Las resoluciones que aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento;

h) La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto de archivo judicial o haya permanecido en el Juzgado en calidad expresa de paralizado o fuera de Secretaría por más de tres (3) meses;

i) Las resoluciones que expresamente designe la ley o que excepcionalmente disponga el Tribunal.

Las cédulas con los requisitos previstos por el Código Procesal Civil, serán diligenciadas por empleados judiciales cuando la notificación deba practicarse dentro del radio fijado por la Suprema Corte, y por la Policía de la Provincia cuando la comunicación deba tener lugar fuera de ese radio y dentro de la Provincia. Cuando la diligencia deba realizarse fuera de la Provincia o en un país extranjero, se dirigirá oficio o exhorto, según corresponda la Tribunal con competencia en el lugar en que tenga que practicarse la diligencia.

La cédula podrá ser reemplazada a pedido del interesado, por telegrama colacionado o carta documento. En todos los casos, la notificación por cédula se practicará por impulso del Tribunal, dentro de los tres (3) días de dictada la providencia".

Como se advierte, remite al Código Procesal Civil en cuanto a la forma de confeccionar las cédulas, de modo que los modelos que en civil constan son plenamente aplicables a este proceso. La diferencia sustancial es que fuera del radio de treinta cuadras del Tribunal, en lugar de notificar por oficios dirigidos a los Juzgados de Paz Departamentales, es la Policía Departamental la que se encarga de notificar dentro de la Provincia. En lo demás, fuera de la provincia son aplicables los modelos expuestos en el proceso civil (exhortos, oficio ley 22.172 y cédula ley 22.172).
3.1.1 Modelo de Oficio a la Policía:
Mendoza,......de................de 2005.-
Al Señor
COMISARIO DE LA SECCIONAL N°...

LAS HERAS- MENDOZA

S/D.----------------------------------------------
De conformidad con lo ordenado a fs......de los autos N°..............., caratulados: "XX c/ ZZ p/ Acum.Obj.Acc.", tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitarle se sirva disponer, por intermedio de quien corresponda, la CITACION del testigo Sr.NN, con domicilio en................-

El testigo deberá comparecer a este Tribunal, munido de documentación que acredite su identidad, a prestar declaración testimonial en la VISTA DE CAUSA fijada para el día.................................., bajo apercibimiento de ley (Arts.20 y 60 CPL).-

En el acto de notificación hágasele entrega de la copia de la presente que se adjunta, debiendo reintegrarse el presente oficio con la pertinente notificación de todas las personas a citarse, informando en su caso, motivo por el cual no se procedió a la notificación, en forma urgente por ante la Seccional que corresponda, firmado y fechado por el oficial notificador.-

Saludo a Ud. muy atte.
D- Notificación por edictos: según el art.36 del C.P.L.: "Cuando se desconociere el domicilio del demandado la notificación se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial durante cinco (5) días. Si el actor es un trabajador, la publicación será gratuita, pero abonada por el demandado, si fuere condenado en costas. En lo sucesivo las notificaciones se efectuarán en los estrados del Tribunal".
4. Actos Procesales específicos del Derecho Procesal Laboral.

4.1. Conciliación.

La conciliación es un negocio jurídico procesal mediante el cual las partes -actor y demandado- con la presencia del Juez, ponen fin al proceso, autocomponiendo el litigio, o sea arribando a un acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto que los ha llevado a juicio.

En el proceso laboral adquiere notoria importancia por cuanto, bien utilizado, se constituye en un arma eficaz para finalizar más rápidamente el diferendo, lo cual significa hacerse cargo de la urgencia que generalmente preside los créditos de naturaleza alimentaria como son los nacidos de una relación de trabajo.

Está legislado en el art.40 del C.P.L., que dice: "En las oportunidades previstas en este código el Tribunal podrá proponer cualquier fórmula de conciliación, dirigida a:



a) Rectificar errores materiales en que se hubiere incurrido;

b) Aumentar los hechos admitidos reduciendo la actividad probatoria;

c) Procurar un avenimiento total o parcial del litigio.

Obtenido el acuerdo entre las partes, se dejará constancia en el acta respectiva. Previa vista al Ministerio Fiscal se resolverá la homologación que producirá los efectos de la cosa juzgada.

Para los casos de conciliación parcial, se formará pieza separada para seguir el trámite de ejecución de sentencia."

En la constante intención de facilitar un arreglo se puede intentar conciliar tantas veces como lo pidan las partes o lo decida el Tribunal, desde la PRIMER AUDIENCIA DE CONCILIACION OBLIGATORIA que es cuando se aceptan las pruebas, hasta la última que es inmediatamente antes de la audiencia de vista de causa. Pueden conciliar los representantes de las partes, sujeto a la ratificación personal posterior del trabajador que sólo puede recibir dinero en presencia del funcionario judicial, en la sede del Tribunal.



4.2. Inversión de la carga de la Prueba.

Es también exclusivo del proceso laboral en materia probatoria que, así como el Juez tiene amplias facultades investigativas, prescindiendo del impulso o propuesta de las partes, hay oportunidades expresamente dispuestas en las que el trabajador QUEDA EXIMIDO DE PROBAR HECHOS POR ÉL ALEGADOS, circunstancia totalmente propia de nuestra disciplina, pues el principio general en todos los procedimientos es que "quien alega un hecho debe probarlo".

Pues bien, conforme al art.55 del C.P.L. es el empleador el que debe aportar la prueba contraria a los dichos del trabajador en los siguientes casos:

a) Cuando el obrero reclame el cumplimiento de prestaciones impuestas por la ley (por ejemplo pago de vacaciones ordinarias: si el trabajador dice que no se las pagaron, sólo se exime el empleador acompañando el recibo donde conste su pago);

b) Cuando exista obligación de llevar libros, registros o planillas especiales, y a requerimiento judicial no se los exhiba, o cuando no reúna las condiciones legales o reglamentarias (por ejemplo si el trabajador dice que cumplió la jornada y emplazado el empleador a adjuntar al Tribunal las planillas de control horario obligatorias, no lo hace, se considera verdad lo que dijo el obrero);

c) Cuando se cuestione el monto de las retribuciones.

Finalmente si el trabajador prueba la efectiva prestación de los servicios, el empleador tiene que demostrar lo contrario, o sea, que esos servicios no eran en virtud de una relación o contrato de trabajo.
4.3. Vista de Causa.

Por último, debe destacarse que el acto central de la prueba en el proceso laboral, donde confluyen los principios de inmediatez, concentración y continuidad es la audiencia de vista de causa. El art. 69 del C.P.L. dice:



"Producida la totalidad de la prueba que no pueda recibirse oralmente, o acaecida su caducidad, el tribunal fijará audiencia para la vista de la causa en un plazo que no podrá exceder de sesenta (60) días, emplazando a las partes, peritos y testigos a concurrir, bajo apercibimiento de realizarse con la parte que se encuentre presente.

El día y hora fijados para la vista de la causa, se declarará abierto el acto con las partes que hayan concurrido y se observarán las siguientes reglas:

a) Se dará lectura a las actuaciones de prueba producidas antes de la audiencia, si algunas de las partes lo solicitare;

b) A continuación se recibirán las otras pruebas, pudiendo el Tribunal, el Ministerio Público y las partes, interrogar libremente a los testigos y a los peritos en su caso, por intermedio del Tribunal y sin limitación alguna;

c) Se concederá la palabra al Ministerio Público si tuviere intervención y luego a las partes por su orden, para que se expidan sobre el mérito de las pruebas, pudiendo cada parte disponer de veinte (20) minutos para su alegato. A petición de la parte actora el Tribunal podrá otorgar por una sola vez diez (10) minutos para ejercer el derecho a réplica, el que deberá limitarse a la refutación de los argumentos de la contraria que antes no hayan sido discutidos. El tiempo podrá ser prudencialmente ampliado por el Tribunal;

d) Formulados los alegatos el Tribunal declarará cerrado el debate y llamará inmediatamente los autos para dictar sentencia, la que deberá ser pronunciada en el término de quince (15) días a contar de la ejecutoria del llamamiento;

e) Pasará a deliberar y dictará la sentencia, la que contendrá una relación suscinta de los hechos controvertidos, fijando las cuestiones de derecho que considere pertinentes, valorándolos conforme a las reglas de la sana crítica racional, salvo cuando medie norma legal que contenga reglas especiales de valoración y será fundada en derecho. Los jueces deberán votar en el orden que se establecerá por sorteo".
4.3.1. Modelo de decreto de fijación de Vista de Causa.
Mendoza, ....... de ....................... de 2015.-
Para que las partes intenten una CONCILIACION, en forma personal, fíjase la audiencia del día DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS OCHO Y TREINTA HORAS (Arts.40 del C.P.L.).

Para el caso de no arribarse a acuerdo alguno, se designa la audiencia del día DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS NUEVE HORAS, para que tenga lugar la VISTA DE CAUSA, la que se realizará con la parte y testigos que concurran.

En dicha audiencia deberán absolver posiciones en forma personal el demandado Sr. XX, bajo apercibimiento de ley (Arts.56 y 57 del C.P.L.).

Asimismo deberán prestar declaración testimonial las siguientes personas: …………............. -ofrecidas por la parte actora- y ......................... .-ofrecidas por la parte demandada-, las que serán citadas bajo apercibimiento de ley (Arts.20 y 60 del C.P.L.).

También deberá citarse a los peritos Contador Dr…....... y Médico Laboral Dr…........., a fin de que aclaren los puntos que se les requieran en su carácter de auxiliares de la justicia, debiéndose citarlos bajo apercibimiento de ley (Arts.20 y 108 del C.P.L., 191 inc. III y 46 incs.1º) y 3º) del C.P.C.).

Intímase a las partes para que CINCO DIAS antes de la audiencia de la vista de causa fijada, tengan efectuados todos los actos útiles necesarios tendientes a producir la totalidad de las pruebas aceptadas, bajo apercibimiento de ley (Art.55 del C.P.L.).

Notifíquese.
En todo lo demás relativo a pruebas, recursos ordinarios, etc. es aplicable el Código Procesal Civil de manera supletoria de conformidad a la autorización que emerge del art.108 del C.P.L., que dice:

"Sólo cuando resultaren insuficientes los principios que emergen del espíritu normativo del presente ordenamiento, se aplicarán los preceptos del Código Procesal Civil.

Los jueces al aplicar las disposiciones supletorias o aquéllas a las que este Código remite en forma expresa, lo harán teniendo presente las características del proceso laboral y de manera que consulten los enunciados de la declaración de los derechos del trabajador y los fines de justicia social perseguidos por el derecho del trabajo.

En caso de duda el procedimiento a adoptarse será el que importe menor dilación y mejor actualice el valor solidaridad.

En ningún caso procederá la caducidad de instancia".

Verdaderamente esta última disposición transcripta, resume con claridad el espíritu con que debe abordarse no sólo el proceso, sino toda la materia laboral, disciplina en la cual se halla comprometida la dignidad del hombre en cuanto ser que en el trabajo adquiere trascendencia, rescata el valor solidaridad social y por eso mismo constituye una fuente emancipadora.



TEMA V: JUZGADOS DE FAMILIA
1. Derecho de Familia.

Concepto.

El derecho de familia está integrado por el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas familiares.


1.2. Ubicación entre las ramas del Derecho.

Distintas teorías:


1.2.1. El derecho de familia es parte del Derecho Privado.

Esta postura sostiene que como el derecho de familia está contenido básicamente en el Código Civil, integra el Derecho Privado y no es posible considerarlo parte del Derecho Público ya que las relaciones familiares no vinculan a los sujetos con el Estado como sujeto de derecho público. Se trata de relaciones entre las personas, derivadas del vínculo conyugal o de su parentesco y no varía esta conclusión el hecho de que numerosas relaciones familiares estén determinadas por normas de orden público.


1.2.2. Teoría según la cual es parte del Derecho Público.

Esta teoría indica que el derecho de familia, si bien es parte del derecho civil, se acentúa de manera innegable su aspecto de derecho público, el cual estaría dado por el interés estatal en el cumplimiento por los particulares de sus poderes-funciones en las relaciones jurídicas del derecho de familia.

Aparece aquí la noción de orden público que tiene por función primordial limitar la autonomía privada y la posibilidad de que las personas dicten sus propias normas en las relaciones jurídicas. En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones. Así las que regulan:


  • las relaciones personales de los cónyuges;

  • las relaciones paterno filiales;

  • el régimen patrimonial del matrimonio;

  • la calificación de los bienes de los cónyuges;

  • etc.


1.2.3. Una tercera rama del Derecho.

Para Cicu el derecho de familia sería un tercer género distinto del derecho privado y del público, que no tutela intereses individuales (como el derecho privado) como autónomos e independientes, sino que están subordinados a un interés superior, el interés familiar.


1.2.4. El derecho de familia es un derecho social.

Una nueva posición acerca de la ubicación sistemática del derecho de familia afirma una nueva división tripartita del derecho: derecho público, privado y social. Sostiene que el derecho público tiene como sujeto al Estado y hay en él un relación de subordinación y dependencia e interés y autoridad; el derecho privado, en cambio, tiene como sujeto a la persona o al Estado como particular, y su fuente normativa es la voluntad donde no hay un sujeto jerárquico; y finalmente, en el derecho social el sujeto es la sociedad, representada por los distintos entes colectivos con los cuales opera.

Dentro de este esquema se coloca al derecho de familia como rama del derecho social junto con el derecho del trabajo y de la seguridad social, apoyándose en la idea de que el art. 14 bis de la Constitución Nacional incluye entre los derechos sociales a los familiares.
1.3. Regulación Jurídica de la Familia en nuestro Derecho.

En nuestro país el derecho de familia está básicamente contenido en el Código Civil (Ley 340 año 1869). Con posterioridad se dictaron diversas leyes que regulan relaciones jurídicas familiares (algunas de las cuales se declaran complementarias de aquél). Así encontramos, entre otras muchas:





Ley

Año

Institución

2.393

1.888

Matrimonio civil

10.903




Patronato de menores

11.357




Status jurídico de la mujer

13.252

1.948

Adopción

14.357

1.954

Supresión de diferencias entre hijos

14.394

1954

Bien de familia

9983/57

1.957

Ratifica Convención de Bogotá. Derechos Civiles de la Mujer

17.711

1.968

Reforma del Código Civil – Divorcio, Dementes

18.248

1.969

Ley de Nombre

19.134

1.971

Adopción

23.264

1.985

Patria potestad

23.515

1.987

Divorcio

24.779

1.997

Adopción

26.862




Reproducción Asistida

26.618




Matrimonio Igualitario

26.061




Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Es decir que las relaciones familiares se encuentran regidas por normas de diversos orígenes: Constitución Nacional (arts. 14 bis, 75 incs. 22º y 23º), Código Civil y leyes nacionales. En el orden provincial encontramos la ley 6.354 que regula el procedimiento por ante los Tribunales de Familia , la Ley 6.672 de violencia familiar, la Ley 7.644 de registro de obstaculizadores de lazos familiares, etc.

A partir del 1/08/2015 las relaciones de familia se rigen por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.996).
1.4. La Publicización del Derecho de Familia. La Constitución Nacional.

La reforma constitucional de 1.994, al enumerar las atribuciones del Congreso de la Nación (art. 75 C.N.), le confiere la de aprobar o desechar tratados con otras naciones y con organismos internacionales. Así, en el inc. 22º enuncia una serie de tratados que tendrán jerarquía constitucional y a los que se debe entender complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la primera parte de la Constitución.

Entre esos tratados y declaraciones internacionales hay varios que contienen preceptos, ahora operativos, concernientes al Derecho de Familia:


  • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948;

  • Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948;

  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial;

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);

  • Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer;

  • Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Estos instrumentos internacionales, por la jerarquía constitucional que han adquirido, exigen confrontar el derecho positivo a sus enunciados.

La pregunta que surge es qué sucede si una norma de derecho interno referido al derecho de familia entra en colisión con una contenida en uno de esos instrumentos.

La incidencia de la reforma constitucional en el derecho de familia es vasta y compleja. Debe tenerse en cuenta que en nuestros tiempos el derecho privado se inserta en el plan político que la Constitución define y del cual resultan los derechos y las garantías que ella reconoce de manera explícita o implícita. En este orden de ideas, se puede afirmar que el derecho de familia es derecho civil pero que nos encontramos inmersos en un proceso de publicización de sus normas y principios, en que asumen una importancia actual los intereses de la sociedad y de las generaciones futuras.

En este sentido, se destaca por su importancia el inc. 23º del art. 75 de la C.N. que impone al Congreso la obligación de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

La regulación jurídica, en estos casos, excede ampliamente el ámbito de las cuestiones privadas e incumben a la sociedad toda y de allí la necesidad de encargar a los máximos responsables de la determinación y conducción de las políticas de Estado, la tarea de velar por el respeto y la difusión de esos intereses.


1.5. Contenido del Derecho de Familia.

El derecho de familia comprende normas reguladoras de las relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de orden familiar. Asi comprende:



  • El derecho matrimonial.

  • Las relaciones jurídicas paterno filiales.

  • Las relaciones parentales.

  • Las consecuencias de las uniones de hecho, hoy llamadas uniones convivenciales.


1.6. Los Derechos Subjetivos Familiares.

El vínculo jurídico familiar es la relación que existe entre dos individuos, derivado de la unión matrimonial, de la filiación o del parentesco, y en virtud del cual existen de manera interdependiente y habitualmente recíproca determinados derechos subjetivos que, entonces, pueden considerarse como derechos subjetivos familiares (por ej. el derecho a pedir alimentos).

A su vez, estos derechos asumen en muchos casos, la característica de derechos - deberes, por ej. los derivados de la patria potestad, cuando la ley reconoce derechos a determinadas personas en miras a la consecución de deberes que ella misma pone a su cargo. Se trata, entonces de facultades otorgadas a las personas como medio de protección de intereses legítimos determinados por las relaciones jurídicas familiares.
1.7. El Estado de Familia.

Concepto.

La ubicación o emplazamiento que a un individuo corresponde dentro de un grupo social, le atribuye un status. Dentro de la familia, a todo individuo le corresponde también un estado de familia determinado por los vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la ausencia total de tales vínculos, como ocurre con el caso del soltero.

El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos y deberes correlativos atribuidos a las personas que configuran su estado de familia. En este aspecto, se puede tener el estado de soltero, casado, viudo, separado o divorciado; y con relación a otra persona determinada, el de cónyuge, pariente o extraño.

Como se advierte, el estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible, que resulta entonces inescindible de la persona misma, y por lo tanto inalienable e irrenunciable.

Como vimos, del estado de familia derivan los derechos subjetivos familiares y los deberes y obligaciones correspondientes, pero también resultan derechos subjetivos no propiamente familiares, como el de heredar ab intestato.
En este orden de ideas el Estado de Familia se proyecta al Estado como atributo de personalidad y genera una serie de efectos en diferentes planos jurídicos. Así por ejemplo:



E
F
E
C
T
O
S

CIVILES


Base de impedimento matrimonial por consaguinidad, ligamen y adopción

Art. 166 C. Civil

Art. 403 C. Civil y Com.



Fuente de obligación alimentaria/ asistencia

Arts. 198, 207 a 210, 367 a 376, 265 y ss, 432, 433 y 559, 441, 442 y ss, 455, 519 y ss, 537 y ss, 586 y ss C. Civil

Fuente de la vocación sucesoria ab intestato




Otorga derecho a oponerse al matrimonio

Art. 177 C. Civil

Art. 411 C. Civil y Comercial



Confiere legitimación para promover acción de nulidad de matrimonio

Arts. 219, 220, 424 y 425 C.Civil

Confiere legitimación para promover proceso de insania e inhabilitación judicial

Art. 33, 48 y 144 C. Civil

Art. 307 CPC Mza.



Impone la obligación de denunciar la orfandad




Otorga el derecho a la tutela y curatela

Arts. 101, 104 y ss, 138 y ss, 390 y 476 C. Civil

PENALES

Homicidio: art. 80 inc. 1º C.Penal

AGRAVANTE



Homicidio en estado de emoción violenta

Lesiones. Art. 92 C.Penal

Abuso de armas

Violación - Estupro - Abuso deshonesto

Privación de la libertad. Art. 142 inc. 2º C.Penal

Hurtos, defraudaciones

EXIMENTE


Daños

Encubrimiento

Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar

ELEMENTO DEL TIPO

PROCESALES

Inhabilita para ser testigo

Causal de recusación y excusación de magistrados

PREVISIONALES

Elemento básico para la existencia del derecho a pensión


1.8. Titulo de Estado.

En sentido formal, es el instrumento o conjunto de instrumentos públicos de los cuales emerge el estado de familia de una persona. Se lo identifica con el documento que hacen oponible erga omnes el estado de familia. Ej: la partida de nacimiento, el acta de matrimonio. En sentido material o sustancial hace referencia a la causa de un determinado emplazamiento. Por ej. la filiación reconoce como causa los presupuestos biológicos que permiten atribuirla en relación al padre y la madre. Si no media un reconocimiento voluntario del hijo, éste podrá accionar para obtener el emplazamiento probando el presupuesto biológico; así este hijo, aún no reconocido, pero que afirma judicialmente serlo de determinada persona, hace valer la causa en un emplazamiento.



1.9. Posesión de Estado.

El emplazamiento en el estado de familia requiere del título de estado en sentido formal, puesto que sólo mediante él se hace oponible erga omnes y permite ejercer los derechos y deberes que corresponden al estado.

Pero bien puede suceder que una persona ejerza, en los hechos, tales derechos y deberes sin título; Ej: José se dice hijo de María que lo trata públicamente como tal y afirma a la vez ser la madre; otro ejemplo: Marcos y Andrea dicen ser marido y mujer, se comportan públicamente como tales y viven juntos, pero no han contraído matrimonio.

La posesión de estado tiene relevancia jurídica, porque, según los casos permite a la ley presumir que quienes en los hechos se han comportado públicamente como si estuvieran emplazados en el estado de familia, reconocen por medio de esa conducta la existencia de los presupuestos sustanciales del estado. Ej: el art. 256 C.Civil establece que la posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, si no quedase desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

En otros casos, la posesión de estado constituye un hecho que la ley toma en cuenta para atribuir determinadas consecuencias jurídicas. Por ej. la convivencia de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hace presumir su paternidad, salvo prueba en contrario (Art. 585 C. Civil y Comercial).

La posesión de estado crea, entonces, un estado aparente de familia.


2. La Organización, la Competencia y el Procedimiento en los Juzgados de Familia de la Provincia de Mendoza.
2.1. Principios procesales en el derecho de familia (modulo I)Ley 6.354.

  1. Parcialmente gratuita (art. 51)

Excepciones (art. 52)

-Inc. a: separación personal, divorcio vincular y liquidación de la sociedad conyugal

- Inc. b: separación judicial de bienes

-Inc. c: nulidad de matrimonio

-Inc. K: autorización supletoria del art. 456 C. Civil y Comercial

-Inc. LL: autorización para gravar y disponer de bienes de menores e incapaces.

-Inc. o: Y toda otra causa conexa, incidental, trámites auxiliares, preparatorios, cautelares y sus cancelaciones , tercerias, juicios accesorios y ejecución de sus decisiones, en relación a las enumeradas en el presente artículo

-Cuestiones patrimoniales deducidas originariamente o por conexión con la competencia acordada.



b- Principio dispositivo sensiblemente atenuado (Art. 709 C. Civil y Com.)

-turno Tutelar (art. 53)

-Apertura obligatoria de la causa a prueba de oficio después de la contestación de la demanda y la reconvención (art. 81)

Conviven junto a este proceso civil dispositivo morigerado, procesos de familia absolutamente inquisitivos (vgr. insana) en los que el juez puede tomar, así, en consideración otros hechos prinipales no alegados (directa o indirectamente) y pruebas no ofrecidas por las partes: así en los juicios de filiación, en los que se señala que se admitirán toda clase de pruebas y que ellas podrán ser “decretadas de oficio” (art. 253 del C.C. y art. 579 C. C. y Com.)

-Medidas cautelares o preventivas (art. 83 inc. a) de oficio o a petición de parte.

c- Oralidad: Proceso por audiencias

-Etapa instructoria: Escrita (demanda, contestación, reconvención, excepciones)

-Audiencia de vista de causa: oral con registración íntegra mediante medios técnicos ( art. 98)

d- Inmediación:

Los intereses comprometidos en el litigio de familia tornan imperioso el de por sí conveniente y necesario contacto directo del juez con las personas que intervinene en el proceso, de modo de procurar alcanzar, así, un conocimiento de primera mano de los hechos debatidos y de los sujetos involucrados en el proceso.

Asistencia personal a todas las audiencias, bajo pena de nulidad (art. 82)

e- Reserva o confidencialidad.

En atención a los hechos que normalmente habrán de ser materia de la pretensión o petición de familia, el procedimiento se desarrollará implícita o explícitamente (ej. Ley 24779 de Adopción art. 617 inc. e C.Civil y Com.) en forma reservada, en resguardo del derecho a la intimidad de las personas afectadas directa o indirectamente en la litis o petición, con lo que se deja de lado en este aspecto el principio de publicidad de los procedimientos judiciales. Disposición judicial (art. 83 inc. b)



f- Formalismo atenuado.

Interrogación libre de testigos (art. 93)- por eso no se puede rechazar el ofrecimiento de la prueba testimonial si el litigante omitió acompañar el sobre con el interrogatorio.

Actas labradas por el secretario (art. 97)

g- Concentración o economía (art. 95)

La recepción de la prueba de producción oral se concentrará siempre en la vista de causa. Se pueden disponer cuartos intermedios por razones que lo justifiquen dentro de los 5 días.



h-Acentuación de la Función conciliadora.

Lo que ha sido materia de acuerdos habrá de ser privilegiado y tomado como antecedente relevante para resolver la cuestión sometida al juez, pues al igual que se advierte en la mediación ( y opera como verdadera razón de ser de ésta), lo convenido entre las partes, en tanto no resulte contrario al orden público o al interés superior de la familia, se aprecia como más beneficioso a contraluz de una solución impuesta “desde afuera”, aun por el solo hecho del mayor grado de acatamiento espontáneo que ello suele despertar en sus protagonistas.



i- Cooperación interdisciplinaria:

El conflicto de familia normalmente involucra no sólo a sus protagonistas inmediatos, sino a los integrantes del grupo familiar convivinete, razón por la cual se establece la cooperación interdisciplinaria para solucionar o prevenir el agravamiento o la extensión del entuerto, mediante la intervención de asistentes sociales, psicólogos, etc. adscriptos al tribunal o designados de oficio o a petición de parte, y para decidir con solvencia las peticiones formuladas en procesos extracontenciosos;



  1. El interés superior del niño.

Este concepto es el norte que guía el Juez en sus decisiones, y podemos mencionar que es de contenido indeterminado, sujeto a la comprensión y extensión propios de cada sociedad y momento histórico.

El interés superior del niño que consagra con voz fuerte el artículo 3 de la Convención reclama que en los procedimientos judiciales las decisiones que lo involucran no se tomen a sus espaldas, ya que su condición de sujeto de derecho obsta a que pueda ser objeto de marginación. Existe una absoluta equivalencia entre ese interés superior y los derechos fundamentales del niño, pudiéndose afirmar que ese interés superior es nada más pero nada menos que la satisfacción integral de sus derechos.


2.2. Organización.

El fuero de familia está compuesto por los Juzgados de Familia, las Asesoría de Menores e Incapaces, el Cuerpo de Mediadores –como instancia previa en juicios de tenencia, visitas, alimentos y lo referido a uniones de hecho- y el Cuerpo Auxiliar interdisciplinario –CAI.- con profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales- que desde su disciplina colaboran con el Juez para resolver las cuestiones jurídicas sometidas a su decisión.


2.3. Competencia.

ART. 3 Ley 6.354

La competencia de los Juzgados de Familia surge, con claridad desde el art. 3 de la ley 6.354 cuando señala:

A los efectos de la promoción y protección de los derechos del niño y el adolescente y de la aplicación de la presente ley, compete al CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA el asesoramiento para la formulación y coordinación de la política general infanto - juvenil; a la DIRECCION PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ( hoy Dirección de Familia) su programación, ejecución y evaluación y a la JUSTICIA LA DECISION DE LOS CASOS EN QUE EXISTAN CUESTIONES DE DERECHO QUE SEAN OBJETO DE CONTROVERSIA O CONFLICTO LEGAL y los casos expresamente contemplados en esta ley”.

Esto es que, se pone en movimiento el mecanismo de los juzgados de familia, cuando existe la necesidad de resolver una cuestión jurídica, especialmente contemplada en la ley 6.354.

La citada ley obliga a intervenir a los jueces de familia en dos situaciones diferentes, dadas por las dos competencias que caracterizan al fuero de familia: la competencia civil y la competencia tutelar.
2.3.1. La Competencia Civil y el Procedimiento.

El Art. 52 de la ley 6.354, señala que corresponde intervenir en las causas referidas a separación personal y divorcio, sean contenciosos o por presentación conjunta, liquidación de la sociedad conyugal (excepto por muerte), separación de bienes, nulidad de matrimonio, acciones de filiación, sean de emplazamiento como la acción de reconocimiento (paternidad o maternidad) o de desplazamiento, como acción de impugnación (paternidad, maternidad o reconocimiento). Estos procesos son ordinarios, es decir, se otorga amplitud probatoria, plazos procesales más extensos, posibilidades de reconvenir, entre otras diferencias.

También debe resolver situaciones cuyo proceso es sumario, es decir, con plazos más cortos y resoluciones más expeditivas. Estas cuestiones están referidas a los hijos menores: ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad, autorizaciones, habilitaciones de edad, adopción, tenencia y régimen de visitas y todo lo referido a cuotas alimentarias.

Le corresponde al Juez de familia, en competencia civil, resolver lo referido a nombre, estado civil y capacidad de las personas, incluyendo internaciones de enfermos mentales, alcohólicos crónicos o drogadependientes, y toda cuestión conexa a todos los supuestos enumerados.

La competencia civil sintetizada, debe ser ejercida con patrocinio letrado, es decir, cada persona que requiera que el juez se expida sobre alguna situación contemplada en las pautas señaladas, debe hacerlo por intermedio de un abogado. Para ello el Poder Judicial dispone de profesionales que atienden a aquellas personas que no tienen acceso a pagar a un profesional y lo hace por intermedio de la Defensorías de Pobres y Ausentes y los Codefensores.

En relación al procedimiento, podemos marcar las siguientes diferencias:



Procedimiento Ordinario (Arts. 77 A 99)

Procedimiento Sumario (Arts. 100 Y 101)

Procedimiento Sumarísimo (Arts. 102 Y 103)


TIPO DE PROCESO

ORDINARIO

(art. 52, incs. a, b, c, d)



SUMARIO

(art. 52, incs. e, f, g, h, j, ll, m, n)



SUMARÍSIMO

(art. 52, incs. b, k, l )



ETAPA

DEMANDA-TRASLADO

15 días

8 días

5 días

CONTESTACIÓN

No hay traslado

No hay traslado

No hay traslado

RECONVENCIÓN

Sí procede

Sí procede

No procede

APERTURA A PRUEBA

De oficio, por 15 días

No procede

No procede

TESTIMONIAL

Ilimitada

Limitada a 8 testigos

Idem anterior

SUSTANCIACIÓN

Toda la que no deba rendirse en la Vista de Causa

Idem

Idem

VISTA DE CAUSA

Toda la prueba verbal

Idem

Idem

ALEGATOS

Oral (realidad: escritos)

Idem

Idem

SENTENCIA

Plazo: 10 días

Plazo: 8 días

Plazo 5 días

APELACIÓN

Plazo: 5 días

Idem

Idem

2.3.2. La Competencia Tutelar y el Procedimiento.

Se trata de aquellos supuestos en que le corresponde intervenir al Juez de familia en turnos que tienen una duración de 15 días, y deben resolver situaciones de victimización o riesgo, tanto de menores de edad, como de adultos en suspuestos de violencia intrafamiliar.

Respecto de los hijos menores, el art 53, de la ley 6.354, señala cuando debe intervenir

y debe hacerlo aún de oficio, es decir, sólo por haber tomado conocimiento aunque sea anónimamente de la situación, no necesita que la vícitima solicite una medida de protección. Se trata de las siguientes causas:

Art. 53: Corresponde al Juez de Familia en turno tutelar entender, de oficio o a pedido de parte, en las siguientes causas:

a) cuando el menor o incapaz resultare víctima de una infracción a las normas penales, de faltas o contravenciones cometidas por sus padres, tutor, guardador o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Según la norma, el juez interviene cuando las personas que naturalmente están llamadas a brindar protección y contención al niño son precisamente quienes ejercen el maltrato sobre los menores. Se trata de delitos o contravenciones en el sentido penal del término, pero que al tratarse de relaciones familiares, el concepto se amplía e incluye todo tipo de malos tratos que provoquen un daño físico, psíquico, etc..
b) cuando resulte necesario decidir sobre la situación familiar de menores o incapaces en caso que los mismos hubieran sufrido o pudieran sufrir perjuicio por abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, mientras se encuentra bajo la custodia de los padres, tutor, guardador o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

La ley incluye en este inciso el concepto de riesgo, y manda al juez a intervenir en la situación familiar del niño cuando este pueda llegar a sufrir un daño, cuando el menor se encuentra en situación de peligro provocada por sus padres (o representantes) o bien por otras personas ajenas a la familia, y no cuenta con la contención familiar.


c) cuando la salud, seguridad o integridad física o mental de menores o incapaces se hallara comprometida por hechos o actos propios o llevados a cabo en contra del interés superior de los mismos.

Se trata de aquellos hechos que el niño o adolescente realiza en contra de su propia integridad, por ej. Drogarse, abusar de bebidas alcohólicas, etc.

Este apartado ha de entenderse en concordancia con el que sigue, y en consecuencia, el juez de familia en turno tutelar interviene cuando el menor incurre en esos hechos y el grupo familiar no ejerce la contención adecuada. Así, por ejemplo si el joven es drogadicto pero sus padres lo asisten, lo llevan a programas especializados para que “salga de la droga”, etc., no corresponde la intervención judicial, salvo que los esfuerzos de los padres no alcancen.
d) Cuando por razones de orfandad, ausencia o impedimento legal de padres, tutor o guardador, sea necesaria la adopción de medidas con el fin de otorgar certeza a los atributos de la personalidad.

En este inciso se acentúa el carácter de subsidiario que presenta la intervención del juez en turno tutelar, vale decir que el juez interviene siempre y cuando los padres (o representantes) del niño estén ausentes o por diversos motivos no puedan ejercer la contención de sus hijos.

Por su parte, también interviene durante el turno tutelar, cuando la vícitima es un mayor de edad, por imperio de la Ley 6.672 que señala que: “Toda persona que sufriere maltrato físico, psíquico o sexual por parte de los integrantes del grupo familiar, podrá efectuar la denuncia verbal o escrita ante los jueces.... “En estos casos, sí se requiere que la vícitma sea quien solicite al Juez que intervenga, por tratarse de una persona capaz. Esta ley también define lo que entiende por grupo familiar: el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho y comprende a todos los grados de parentesco, siempre que sean convivientes; y a las personas allegadas a ese núcleo cuando por cualquier circunstancia cohabitara regularmente con características de permanencia.

Indica la ley de violencia familiar que el Juez interviniente en todo proceso por maltrato físico, psíquico o sexual, cometido en el ámbito familiar podrá requerir un diagnóstico de interacción familiar que será efectuado por peritos de diversas disciplinas que integran el mencionado C.A.I. para determinar los daños físicos y psíquicos sufrido por la o las víctimas, la peligrosidad del autor y el medio social y ambiental de la familia.

A diferencia de la competencia civil, en esta competencia tutelar, el patrocinio letrado de abogados no será obligatorio para solicitar al Juez que se expida sobre la situación de victimización o riesgo a la que se encuentre sometida la víctima, sea o no mayor de edad.

En cuanto al Proceso de las MEDIDAS TUTELARES, en general, el Art. 104 de la ley 6.354 dice que en forma previa a la adopción de medidas tutelares a que dieren lugar los casos señalados en la presente ley, el Juez de Familia, de oficio o a pedido de parte, siempre que ello fuere posible en virtud de las circunstancias del caso, recabará de las partes, del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y de los organismos pertinentes, los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la medida, debiendo resolver en plazos de tiempo muy cortos: a las 24 horas de tomar conocimiento de los hechos.

Respecto a qué medidas adoptar, el art. 180 de la ley 6.354 enumera algunas medidas respecto de los niños y el art. 3 de la ley 6.672 señala la exclusión de hogar del victimario para el caso de ser la víctima un adulto.

EL PROCEDIMIENTO EN LAS MEDIDAS TUTELARES:

Hemos intentado aclarar qué es una medida tutelar y en qué casos ha de darse intervención al juez de familia encargado por la ley de aplicarlas, pero es necesario analizar el proceso por el que transitan las medidas tutelares.

Sin duda el tema se inscribe dentro de la llamada teoría general de los procesos urgentes. Y es que, en este tema más que nunca, la justicia lenta, la que llega tarde, deja de ser justicia.

Es que el factor tiempo en ciertos procesos judiciales adquiere elemental importancia, sobre todo cuando los derechos discutidos en ellos son esenciales al ser humano. Sostiene Kielmanovich que el factor tiempo se constituye en una nota de dramática importancia e insoslayable consideración en y para el proceso judicial, pues la función jurisdiccional no se agota en la simple, nominal o abstracta declaración del derecho en debate, sino en su efectivo restablecimiento, teniendo en cuenta que una decisión inoportuna o tardía equivale, las más de las veces, a la inexistencia del mismo, del mismo modo que una resolución oportuna pero de imposible cumplimiento resulta frustratoria de su reconocimiento1. Esto se pone en evidencia cuando los derechos en discusión se refieren a valores trascendentes al hombre que hacen a su propia dignidad, como su vida, su integridad psico-física, su intimidad, su libertad, etc. Esos son los bienes que se ven afectados generalmente en los casos de violencia intrafamiliar.

Es públicamente conocido lo conmocionante y devastador que puede ser este fenómeno para sus víctimas y cuáles son las secuelas -tanto psicológicas como físicas- que puede arrastrar cuando logra controlarse antes de terminar con la vida de alguno de los involucrados (ya sea la víctima o el victimario). Es por eso que el juzgador y el legislador no pueden desconocer la necesidad de crear vías alternativas desde lo procedimental que permitan poner fin a estas situaciones en forma inmediata y expedita. Los episodios de violencia suelen ser cada vez más graves pudiendo llegar a producir lesiones irreparables.

Una valiosa guía, en este sentido, la propone la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en cuanto ha entendido que las medidas de seguridad previstas en la ley de violencia responden a las nuevas concepciones en la materia, que aconsejan más la protección de la víctima que la sanción al agresor, pudiendo afirmarse que dicho principio se constituye en rector para la adopción de toda medida tutelar.

De allí, pues que con relación a la prueba, el peticionante no se vea obligado a demostrar el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado con el alcance con que se exige en las medidas precautorias. Es que la sospecha de la existencia de malos tratos autoriza al juez al dictado de medidas urgentes, destinadas a poner fin a la situación de riesgo denunciada.

En otras palabras, no puede exigirse al denunciante que acredite la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y preste contracautela con el mismo rigor que se exige para el caso de las medidas cautelares en el Derecho de Familia, y mucho menos con el que se exige para las medidas cautelares en general2. Por el contrario, frente a esa sospecha fundada, el tribunal debe flexibilizar las exigencias.

Por otro lado, las normas de procedimiento en materia de medidas de protección contra la violencia no pueden, en modo alguno, importar trabas a las víctimas para obtener un pronunciamiento rápido que llegue a tiempo.

Pero, en concreto: Cuál es procedimiento urgente que tiene diseñado la ley de minoridad y familia? Lo encontramos en el art. 104 de la ley 6.354.

En forma previa a la adopción de medidas tutelares, el juez de familia, de oficio o a pedido de parte, siempre que ello fuera posible en virtud de las circunstancias del caso, recabará información de las partes, del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (C.A.I.), organismos pertinentes, los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la medida.

Ante los hechos denunciados, el Juez debe contar con los elementos necesarios para que él se ilustre de la verdadera situación por la que está atravesando la víctima, para no tomar una medida que no responda a la protección integral del niño o adolescente, para lo cual cuenta con Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (C.A.I.) que funciona en la órbita del Poder Judicial, está integrado por profesionales pertenecientes a los distintos disciplinas: médicos clínicos y psiquiátricos, psicólogos y profesionales del trabajo social.

Este equipo funciona a través de turnos, asesorando e informando al juez en turno tutelar, a través de sus pericias permanentes que se traducen en diagnósticos de la situación social, médica y psicológica, de las víctimas y victimarios. No se realizan tratamientos de patologías ni medicas ni psicológicas. Se reciben centenares de denuncias por día, lo cuál imposibilita al Juez dirigirse a los lugares donde se producen los hechos, por lo que cuenta con el auxilio de un trabajador social que se dirige al lugar, para recabar los datos del grupo familiar, a través de los vecinos, escuelas, centro de salud, es decir que en sus informes el juez se recrea la situación, en el escenario de los hechos con sus protagonistas tal cual son, pudiendo adoptar las medidas que responda a sus situación particular evitando la generalización y tomar medidas que no responda al valor justicia.

También contará el juez de familia con el aporte de las partes que, como emergentes de una situación de violencia, deben ser instadas a que presenten las pruebas necesarias para que el juez tome la media de protección adecuada, entonces ellas aportan testigos, informes psicológicos, escolares, médicos, etc.

También existen numerosos organismos que son un auxilio indispensables para el juez, y lo encuentra en las redes sociales, y familiares que rodean por ej: al niño maltratado

Uno de esos organismos es el Equipo Interdisciplinario de Preadmisión: dentro de la Dirección de Familia, funciona este programa que integrado por profesionales de distintas disciplinas ( psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.), y comienza su accionar en la generalidad de los casos por derivación judicial, y su función es la búsqueda de la red familiar o comunitaria de niños y adolescentes, que por circunstancias dramáticas de su vida no poseen protección de sus representantes legales o de aquellas personas que están llamados por naturaleza al cuidado de los niños, es decir cuando su familia se ha tornado peligrosa para el desarrollo del niño. la finalidad del equipo es encontrar estrategias de contención en el medio familiar o comunitarios del niño o adolescente en riesgo a los efectos de evitar el albergue de los mismos en macro hogares o mini hogares que dependen de la dirección de familia.

Otro organismo es el que organiza el Programa de Atención Integral al Maltrato de Niñez y Adolescencia, Ley 6.551.

También podrá recabar información de Centros de salud, postas sanitarias, hospitales, escuelas, municipalidades, etc.

Por lo tanto, luego que el juez se ha imbuido y conoce la situación puntual por la que está atravesando un niño o adolescente, es decir el juez ha tomado un conocimiento acabado de la situación, debe dictar un veredicto dentro de las 24 horas, y lo deberá fundar en un plazo de tres días.
3. El Ministerio Público Pupilar.

Para referirnos a este tópico es preciso recordar algunos conceptos sobre la protección legal de los incapaces de hecho.

La incapacidad de hecho es instituida por la ley para proteger a las personas que se ven afectadas por ella, pero la institución de la incapacidad no agota la protección brindada a tales personas sino que para que resulte efectiva es completada por otras medidas legales, a saber:


  1. la nulidad de los actos obrados en trasgresión de la incapacidad;

  2. la institución de una representación adecuada, a fin de suplir la incapacidad e igualar al sujeto con los demás, capaces;

  3. la intervención de un organismo especial dedicado a la protección de los incapaces, el Ministerio Público Pupilar; y

  4. en cierto casos el ejercicio del Patronato del Estado.


3.1. Sistemas de Protección: La Representación y la Asistencia:

3.1.1. La Representación.

Tiene lugar cuando se designa a una persona para que sustituya al incapaz en el ejercicio de los derechos de éste, y realice los actos para los cuales el titular está legalmente impedido. El representante actúa por su sola iniciativa y sin el concurso de la voluntad del incapaz, quien bajo este sistema queda en la más absoluta y completa pasividad, siendo reemplazado por aquél en el manejo de sus intereses (art. 100, 101 y 55 C. Civil y Com.).


Caracteres.

Es legal porque deriva directamente de la Ley. Es necesaria porque no puede faltar. Es dual y conjunta, y controlada por el Estado a través del Ministerio Pupilar.


3.1.2. La Asistencia.

El incapaz no es sustituido por otro en el ejercicio de sus derechos, sino llamado conjuntamente con otro al desempeño de ese ejercicio. Mientras que la representación prescinde de la voluntad del sujeto representado, la asistencia da lugar a una actividad compleja cuyo elemento voluntario está integrado por la voluntad del titular de los derechos ejercidos, completada por la voluntad de la persona que desempeña la función de contralor.

Casos: art. 152 bis, 135 y 275 C. Civil, art. 26, 29, 32, 38, 43, 48, 49 C. Civil y Com.

Cuando quien ejerce la función de contralor se niega a dar su anuencia al incapaz, éste puede concurrir a Juez a fin de que decida la controversia.

El funcionamiento de esa protección se encuentra establecida en el art. 57 del C. Civil – art. 38 C. Civil y Com. que dispone quiénes son los representantes de los incapaces, como los padres (o tutores) respecto de los menores de edad.

La ley establece, además, en el art. 59 C.C. – art. 35 C. Civil y Com. la representación promiscua, cuyo ejercicio encarga al Ministerio Público Pupilar. Vale decir que además de los representantes necesarios o legales que la ley dispone para el cuidado y protección de los derechos de los incapaces de hecho, éstos cuentan con una protección adicional: la dispensada por el Ministerio Pupilar.-

En cada provincia para los asuntos judiciales o extrajudiciales en que los menores sean parte, se estructura esta figura con una normativa específica. En Mendoza la función es desempeñada por los Asesores de Menores e Incapaces y deben intervenir en todo asunto en que se encuentren involucrados los intereses de menores, bajo sanción de lo actuado sin su intervención.



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