Municipalidad de san luis c/ san luis, provincia de s/ acción declarativa de certeza



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M. 747. XLIII. ORIGINARIO - "MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS C/ SAN LUIS, PROVINCIA DE S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA" - CSJN - 11/07/2007

Buenos Aires, 11 de julio de 2007.-

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 231/266 Alfonso Hernán Vergés, en su carácter de intendente de la ciudad de San Luis, promueve la acción prevista por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de San Luis, con el propósito de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las leyes locales VIII-0561-2007 y XI-0560-2007, y la de todos los actos dictados o que se dicten en consecuencia.-

Solicita, además, que se disponga una "medida de no innovar e innovativa" a fin de que la demandada se "abstenga de alterar la composición actual del Tribunal Electoral Municipal", "así como la prohibición de que se lleve adelante en la fecha fijada para los comicios municipales, la consulta popular reglada por las leyes supra mencionadas y/o en la que fije el Poder Ejecutivo a su arbitrio y/o todo acto que perturbe y/o interfiera el regular desarrollo de los comicios municipales autónomos convocados para el 5 de agosto de 2007".-

2°) Que relata que el Departamento Ejecutivo Municipal, en ejercicio de las atribuciones previstas por los arts. 261, inc. 7° de la Constitución Provincial y 126 de la Carta Orgánica Municipal, convocó a elecciones autónomas municipales para el 29 de julio de 2007 (decreto 357-SdeG-2007, publicado en el Boletín Oficial Municipal del 28 de marzo de 2007), y procedió a constituir el Tribunal Electoral Municipal de acuerdo a la carta orgánica del municipio y a la ordenanza 2936-HCD-2003, según las cuales debía integrarse con un ministro del Superior Tribunal de Justicia, el juez de Faltas Municipal y el presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad, a quienes se convocó de manera inmediata.-

Con referencia a esto último, expresa que el juez de Faltas aceptó el cargo, mientras que el presidente del Consejo Deliberante se excusó, y el Superior Tribunal de Justicia desechó la invitación (acordada 172/2007), razón por la cual se convocaron a los subrogantes legales, es decir, a la vicepresidente primera del Consejo y al abogado de la matrícula que resultó sorteado de la lista integrada por profesionales que reunían los requisitos para ocupar el cargo de ministro del Superior Tribunal.-

Señala que los apoderados del Partido Justicialista solicitaron la suspensión de la designación del último subrogante, alegando que habían planteado un recurso de revisión de la citada acordada 172/07, solicitud que fue rechazada tanto por el Departamento Ejecutivo Municipal como por el Superior Tribunal de Justicia, este último mediante resolución del 22 de abril de 2007, recaída en los autos "Partido Justicialista - distrito San Luis - su presentación, expte. N° 8-P-2007"; agregado a los caratulados "Municipalidad de San Luis - Sria.de Gob. s/ elecciones municipales" (expte. 5-M-2007).-

Como consecuencia de esas decisiones, explica que el Tribunal Electoral Municipal quedó integrado con los subrogantes, y comenzó a funcionar regularmente el 23 de abril de 2007, hasta la promulgación de la ley XI-0560-2007 y la acordada 316/2007, ambas impugnadas, que pretenden subvertir su composición y violentar el principio del juez natural, al disponer la modificación de la integración y su presidencia.-

3°) Que, según expresa, como el entorpecimiento de la labor del Tribunal Electoral no () pudo evitar el avance hacia la concreción de los comicios municipales autónomos, el Poder Legislativo provincial sancionó la ley VIII-0558-2007, mediante la cual convocó a una consulta popular para el mismo día que el fijado para la elección municipal (29 de julio de 2007), a fin de que los ciudadanos se expresen, a través del voto obligatorio y según las fórmulas contenidas en la norma, respecto de las virtudes de la "Ley de Cine" (VIII-0240- 2004). Además, se sometió esa convocatoria a las disposiciones de los arts. 94 y 95 de Constitución Provincial, que reglamentan la simultaneidad de las elecciones, en una clara intención -según sostiene- de sustraer la competencia del Tribunal Electoral Municipal.-

4°) Que como consecuencia de esos acontecimientos, relata que el Departamento Ejecutivo Municipal procedió a dictar el decreto 718-SdeG-07 (21 de mayo de 2007), mediante el cual trasladó la fecha de las elecciones municipales al 5 de agosto de 2007, y adecuó el cronograma electoral en curso.-

Señala que, ante esa situación, las autoridades provinciales hicieron pública su intención de instar un nuevo proyecto de ley que trasladase la fecha de la consulta popular al mismo día fijado para el de los comicios municipales, hecho que se concretó con la promulgación de la ley VIII- 0561-2007 (1° de junio de 2007) que convocó al electorado de la Provincia de San Luis para el 5 de agosto de 2007, nuevamente en forma simultánea con la elección de autoridades municipales de la ciudad de San Luis, y que además dispuso que "en el supuesto de que la Municipalidad de esa ciudad fijase otra fecha distinta para la elección de sus autoridades, ésta última será la de la realización de la consulta popular".-

Refiere que el principio de "economía electoral" argumentado por el Poder Ejecutivo provincial en el decreto que promulgó la citada ley VIII-0561-2007, no resulta justificativo en el caso, por cuanto los comicios están sometidos a distintas autoridades electorales, y que si ello fuese en realidad lo que procuran las autoridades provinciales, podrían lograrlo con la realización de la consulta junto con las elecciones provinciales, que han sido convocadas para el 19 de agosto de 2007, es decir, dos semanas después de la fecha prevista para los comicios municipales.-

En definitiva, concluye en que estos antecedentes ponen en evidencia la indudable intención de las autoridades de la Provincia de San Luis de obstaculizar el regular desenvolvimiento del comicio municipal y el transparente ejercicio de los derechos políticos de los electores de la ciudad de San Luis.-

5°) Que, además, considera que la simultaneidad de ambas formas de expresión de la democracia, directa una y semi-directa otra, atentan contra el principio de soberanía popular, por interferencia intelectiva en el elector, confusión que justifica la prohibición de tal simultaneidad, tal como lo prevé la ley reglamentaria nacional, por delegación de la Convención Nacional Constituyente.-

6°) Que, por otra parte, señala que los legisladores provinciales sancionaron la ley XI-0560-2007 que dispuso que un miembro del Superior Tribunal de Justicia forme parte, como presidente, del Tribunal Electoral Municipal, con la finalidad de modificar su composición y sus autoridades, a pesar de que ese órgano electoral ya se encuentra integrado y en funciones, desde el 23 de abril de 2007.-

En ese sentido, señala que el Superior Tribunal de la provincia, que anteriormente había rehusado la convocatoria a integrar el mencionado Tribunal Electoral, mediante acuerdo 316/2007, de fecha 4 de junio de 2007, designó a uno de sus miembros para que lo integre y asuma su presidencia.-

7°) Que, en definitiva, y luego de un extenso examen de los antecedentes de hecho que conforman la causa de la pretensión, la actora concluye en afirmar que la normativa que impugna produce una flagrante violación al régimen de autonomía municipal garantizado en los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional, en cuanto la demandada pretende interferir en el proceso eleccionario municipal y en el transparente ejercicio de los derechos políticos de los electores de la ciudad de San Luis.-

8°) Que, tal como lo señala la señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional puesto que, según los términos de la demanda, a los que se debe acudir de modo principal para determinar la competencia (art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; C.1754.XLII "Cooperativa de Electricidad, Consumo, Crédito y otros Servicios Públicos de Antonio Carboni Ltda. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo", pronunciamiento del 6 de marzo de 2007), se desprende que la actora dirige su pretensión contra una provincia y la materia del juicio tiene un manifiesto contenido federal (Fallos: 324: 2315).-

9°) Que, en efecto, la actora pretende resguardar la garantía consagrada por los constituyentes en los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional (Fallos: 314:495, considerando 1°; 324:2315 antes citado; 326:1289, 3456), la que entiende vulnerada por las leyes locales VIII-0561-2007 y XI-0560-2007 y demás actos dictados en consecuencia con ellas, en la medida en que dichas disposiciones -según expone e intenta sostener con los hechos y actos que denuncia- habrían sido llevados a cabo con el sólo propósito de interferir en el comicio municipal y en el ejercicio de los derechos políticos de los electores de la ciudad de San Luis, sin sujeción alguna al principio de razonabilidad contemplado en el art. 28 de la Constitución Nacional, en tanto su respeto y acatamiento, en conjución con los arts. 5 y 123 citados, determinarían que el llamado a la consulta popular se realizase conjuntamente con las elecciones provinciales fijadas para el 19 de agosto del corriente año y no como se ha dispuesto.-

10) Que con relación a la cautelar pedida es preciso recordar que esta Corte Suprema ha establecido que si bien por vía de principio, medidas como la requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702 y sus citas; 314:695).-

11) Que en el presente caso, de los antecedentes agregados a la causa surgen, a juicio del Tribunal, suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los arts. 230 incs. 1° y 2° y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que se hará lugar al pedido.-

12) Que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.-

Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese marco en el sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (conf. Fallos: 314:711).-

13) Que en ese estrecho marco de conocimiento, el Tribunal debe valorar que la finalidad del instituto cautelar es la conservación durante el juicio del statu quo erat ante (Fallos: 265:236, entre otros), y se asegura que cuando recaiga sentencia ésta no será de cumplimiento imposible. Cabe, en el estrecho marco de conocimiento que ofrece una medida cautelar, preservar adecuadamente la garantía constitucional que se dice vulnerada, enderezando la cuestión con el propósito de evitar situaciones de muy dificultosa o imposible reparación ulterior (Fallos: 326:3456).-

14) Que, en ese sentido, corresponde considerar la inmediatez del acto electoral en el que operarán su efecto las normas impugnadas (5 de agosto de 2007) y la virtual ineficacia de una sentencia definitiva favorable a la pretensión de la actora, frente al acto ya consumado, de no admitirse la pretensión cautelar. En cambio, si el pronunciamiento fuese desfavorable, el hecho de que el comicio municipal y la consulta popular reglamentada por las normas impugnadas se lleve a cabo de manera separada no implicaría otra consecuencia que la posible afectación del principio de "economía electoral" conceptuado como único fundamento de la simultaneidad en el decreto 2997/2007, que promulgó la ley provincial VIII-0561- 2007.-

15) Que en ese marco, la medida cautelar solicitada constituye un arbitrio adecuado tendiente a preservar la razón de ser de la función jurisdiccional (Fallos: 326:3456 citado).-

Por ello se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la jurisdicción originaria de esta Corte; II. Correr traslado de la demanda, que se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo (art. 322, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) a la Provincia de San Luis por el plazo de cinco días más otros cuatro que se fijan en razón de la distancia (arts. 158 y 498 del código citado); III. Hacer lugar a la medida cautelar pedida y en consecuencia ordenar que la Provincia de San Luis se abstenga de llevar adelante en la fecha fijada para los comicios municipales (5 de agosto de 2007), la consulta popular prevista en las normas provinciales impugnadas, como así también abstenerse de alterar la composición del Tribunal Electoral Municipal. Notifíquese la medida por oficio al señor gobernador con habilitación de días y horas inhábiles para su confección y firma; y el traslado de la demanda por intermedio del juez federal de la ciudad de San Luis al señor gobernador y al señor fiscal de Estado de la provincia, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio. Notifíquese a la actora por cédula que se confeccionará por Secretaría.-

FDO.: RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto)- CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).-

VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

Que la infrascripta coincide con los considerandos 1° a 6° del voto de la mayoría.-

7°) Que, tal como lo señala la señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional puesto que, según los términos de la demanda, a los que se debe acudir de modo principal para determinar la competencia (art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; C.1754.XLII "Cooperativa de Electricidad, Consumo, Crédito y otros Servicios Públicos de Antonio Carboni Ltda. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo", pronunciamiento del 6 de marzo de 2007), se desprende que la actora dirige su pretensión contra una provincia y la materia del juicio tiene un manifiesto contenido federal (Fallos: 324: 2315).-

8°) Que, en efecto, la actora pretende resguardar la garantía de la autonomía municipal consagrada en los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional (Fallos: 314:495, considerando 1°; 324:2315 antes citado; 326:1289, 3456), la que entiende vulnerada por las leyes locales VIII-0561-2007 y XI-0560-2007 y demás actos dictados en consecuencia, en la medida en que habrían sido dictadas y llevadas a cabo con el único propósito de interferir en el proceso eleccionario municipal y en el ejercicio transparente de los derechos políticos de los electores de la ciudad de San Luis.-

9°) Que con relación a la cautelar pedida es preciso recordar que esta Corte Suprema ha establecido que si bien por vía de principio, medidas como la requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702 y sus citas; 314:695).-

10) Que en el presente caso, de los antecedentes agregados a la causa surgen, a juicio del Tribunal, suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los arts. 230 incs. 1° y 2° y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que se hará lugar al pedido.-

11) Que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.-

Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese marco en el sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (conf. Fallos: 314:711).-

12) Que en ese estrecho marco de conocimiento, el Tribunal debe valorar que la finalidad del instituto cautelar es la conservación durante el juicio del statu quo erat ante (Fallos: 265:236, entre otros), y se asegura que cuando recaiga sentencia ésta no será de cumplimiento imposible. Cabe, en el estrecho marco de conocimiento que ofrece una medida cautelar, preservar adecuadamente la garantía constitucional que se dice vulnerada, enderezando la cuestión con el propósito de evitar situaciones de muy dificultosa o imposible reparación ulterior (Fallos: 326:3456).-

13) Que, en ese sentido, corresponde considerar la inmediatez del acto electoral en el que operarán su efecto las normas impugnadas (5 de agosto de 2007) y la virtual ineficacia de una sentencia definitiva favorable a la pretensión de la actora, frente al acto ya consumado, de no admitirse la pretensión cautelar. En cambio, si el pronunciamiento fuese desfavorable, el hecho de que el comicio municipal y la consulta popular reglamentada por las normas impugnadas se lleve a cabo de manera separada no implicaría otra consecuencia que la posible afectación del principio de "economía electoral" conceptuado como único fundamento de la simultaneidad en el decreto 2997/2007, que promulgó la ley provincial VIII-0561- 2007.-

14) Que en ese marco, la medida cautelar solicitada constituye un arbitrio adecuado tendiente a preservar la razón de ser de la función jurisdiccional (Fallos: 326:3456 citado).-

Por ello se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la jurisdicción originaria de esta Corte; II.-

Correr traslado de la demanda, que se sustanciará por las normas del proceso sumarísimo (art. 322, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) a la Provincia de San Luis por el plazo de cinco días más otros cuatro que se fijan en razón de la distancia (arts. 158 y 498 del código citado); III. Hacer lugar a la medida cautelar pedida y en consecuencia ordenar que la Provincia de San Luis se abstenga de llevar adelante en la fecha fijada para los comicios municipales (5 de agosto de 2007), la consulta popular prevista en las normas provinciales impugnadas, como así tam- bién abstenerse de alterar la composición del Tribunal Electoral Municipal. Notifíquese la medida por oficio al señor gobernador con habilitación de días y horas inhábiles para su confección y firma; y el traslado de la demanda por intermedio del juez federal de la ciudad de San Luis al señor gobernador y al señor fiscal de Estado de la provincia, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio. Notifíquese a la actora por cédula que se confeccionará por Secretaría.-

FDO.: ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.-

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que la infrascripta coincide con los considerandos 1° a 7° del voto de la mayoría.-

8º) En su dictamen obrante a fs. 268/269 la señora Procuradora Fiscal sostiene que esta causa es de competencia originaria de esta Corte, sobre la base de considerar que la pretensión de la actora pone en tela de juicio las referidas leyes de la Provincia de San Luis por ser directa y exclusivamente contrarias a lo dispuesto en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional que consagran la autonomía municipal, como así también en los artículos 18, 37 y 128 de esa Ley Fundamental.-

9º) No cabe acoger la conclusión del dictamen antedicho, ya que, por un lado, se trata el caso de una acción dirigida contra una provincia por vecinos del mismo estado, tipo de controversia que no da lugar, por razón de las personas, a la competencia originaria del Tribunal, según el texto de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y, por otra parte, no se trata de una cuestión regida de manera directa e inmediata por la Constitución Nacional.-

10) Es cierto que esta Corte ha entendido que las provincias no pueden ser demandadas ante los tribunales federales de primera instancia y, de esta premisa ha inferido que, cuando se trata de "causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación", no queda otra salida que admitir el caso en su competencia originaria, cualquiera sea la vecindad de la contraparte (Fallos: 97:177, "Nougues Hermanos contra Provincia de Tucumán"). No se trata de situaciones en las cuales la competencia de los tribunales federales es habilitada exclusivamente por razón de las personas, cualquiera sea el derecho que gobierna el caso, sino de una hipótesis de competencia originaria por razón de la materia (Gondra, Jorge M., Jurisdicción Federal, Buenos Aires, 1944, parágrafo 136, pág. 418). La conclusión precedente ha sido la doctrina aceptada por esta Corte desde sus inicios (Fallos: 1:485; 21:498, así como la ya citada causa "Nougues" del año 1903) y ninguna moción fundada se ha introducido por su revisión.-

Ahora bien, la competencia federal por razón de la materia, cuando se trata de causas regidas por la Constitución Nacional, sólo procede si la solución del pleito dependiese "directa e inmediatamente del derecho federal" (D.1765 XLI "Díaz, Ruth Inés c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" de fecha 19 de diciembre de 2006; D.1305.XLII "De Narváez Steuer, Francisco c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa" de fecha 20 de marzo de 2007; y B.2596.XLI "Brandi, Eduardo Alberto y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" -voto de la jueza Argibay-, esta última firmada en la fecha). Por lo tanto, los puntos relativos al derecho provincial, si los hubiera, no han de tener aptitud para influir de manera decisiva en el resultado.-

A fin de examinar si se cumple con esta condición debe recordarse la regla sentada también desde antiguo por esta Corte: "lo que determina la competencia federal, con arreglo al artículo 100 (actual 116) de la Constitución Nacional, no son los fundamentos legales aducidos por el actor que pueden ser suplidos por el Juez en su decisión, sino los puntos sobre que versen las causas promovidas, es decir, los hechos que las motivan" (Fallos: 103:331, 339).-

11) La organización de los gobiernos municipales es una materia que los artículos 5° y 123 de la Constitución Nacional reconocen que se ha mantenido en la jurisdicción de los gobiernos provinciales. En efecto, ambas cláusulas mencionan a las constituciones locales como los cuerpos normativos que deben contener las prescripciones al respecto, con la única salvedad de que aseguren la "autonomía municipal". Por lo tanto, el punto relativo a una posible trasgresión de esta última debe encontrar respuesta en primer término en las cartas provinciales y sólo en caso de que éstas dispongan un remedio insuficiente cabrá apelar a la Constitución federal, alegando incumplimiento a sus artículos 5° y 123.-

El reclamo contra la perturbación, por medio de las leyes provinciales VIII-0561-2007 y XI-0560-2007, de los comicios municipales convocados por la Municipalidad de San Luis para el 5 de agosto de 2007 y la posible violación de la autonomía municipal, no determina, sin más, la competencia originaria de esta Corte, pues dicha jurisdicción procede en razón de la materia tan sólo cuando la acción entablada se funda directa y fundamentalmente en prescripciones de carácter federal (Fallos: 97:177; 183:160;; 271:244 y sus citas). Por el contrario, en la especie la solución puede y debe estar contemplada en la Constitución provincial. Así se desprende también del apartado VI.1.1. de la demanda, titulado "Los principios constitucionales en la materia", donde se invocan y reproducen literalmente los artículos 248, 249, 254 y concordantes de la Constitución de San Luis, inmediatamente después de citar los artículos 5° y 123 de la Constitución Nacional.-

12) De las consideraciones precedentes cabe concluir que en autos no se cumplen los presupuestos para habilitar la competencia originaria por razón de la materia, puesto que la sentencia pretendida por los demandantes se refiere a una causa regida principalmente por el derecho público provincial.-

Ello no impide la eventual revisión por esta Corte federal de la aplicación e interpretación que hagan los tribunales locales de las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional. Esta es la finalidad que cumple desde 1863 el recurso de apelación establecido en el artículo 14 de la ley 48.-

13) Es preciso recordar que este Tribunal "interpretando la Constitución Nacional...ha respetado el admirable sistema representativo federal que es la base de nuestro gobierno, pues si bien ha hecho justiciables a las provincias ante la Nación...jamás ha descuidado la esencial autonomía y dignidad de las entidades políticas por cuya voluntad y elección se reunieron los constituyentes argentinos y cuyas facultades están claramente consignadas en los artículos 67, incisos 11, y 104 y sigtes. de la Carta Fundamental de la República. Si, so capa de un derecho lesionado, o no suficientemente tutelado o garantido, la Corte pudiera traer a juicio, ante sus estrados, a todos los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, sería el régimen unitario el imperante y no el federal que menciona el artículo 11" (arg. Fallos: 236:559).-

14) Como queda expuesto, no se trata de un caso regido inmediatamente por el derecho federal y, por ende, tampoco corresponde declarar la competencia originaria de esta Corte, en los términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Lo contrario importaría un atajo para eludir las instancias judiciales locales y un debilitamiento de las autonomías provinciales, más que la procura de su perfeccionamiento.-



Por ello y oída la señora Procuradora Fiscal se resuelve: Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria. Notifíquese.//-

FDO.: CARMEN M. ARGIBAY

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