Los movimientos sociales en los años noventa: Volumen, actores y temas de la movilización



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Los movimientos sociales en los años noventa: Volumen, actores y temas de la movilización

RAMÓN ADELL

En distintos ámbitos se polemiza sobre cuál es la dimensión real de la participación ciudadana. Algunos analistas hablan de un generalizado y acusado descenso de la movilización sociopolítica; otros, por el contrario, apuntan a un claro aumento de la participación. A la falta de datos empíricos que permitan la consiguiente evaluación e interpretación de las dinámicas de la movilización -carencia resaltada ya por varios autores-, se suma un cierto desprecio hacia los mismos, por parte de corrientes exclusivamente cualitativistas. En este trabajo, intentaremos acercarnos desde distintas metodologías y fuentes a la evaluación de la dimensión de los procesos de participación social de los años noventa para, más adelante, proponer unas delimitaciones explicativas de cada movimiento social que nos permita evaluar el protagonismo que han adquirido sus principales campañas reivindicativas.

El volumen de la movilización

Desde una perspectiva sociopolítica y en una primera aproximación a la «intensidad y peso» de la movilización en el estado español, debemos cuantificar la dimensión real del fenómeno objeto de estudio. Por tanto, se trata de determinar el volumen total de manifestaciones sin entrar, por el momento, en otros aspectos tales como quiénes son sus protagonistas, qué piden y con qué modos, qué consiguen, etc. Se pretende, en un primer momento, dar respuesta a las preguntas: ¿cuánta gente dice que participa en manifestaciones?, ¿cuántas protestas se celebran?, ¿es posible saber cuánta gente asiste a ellas?

Nos referiremos en este trabajo a datos de las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), a cifras oficiales sobre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación (DGPI-Ministerio del Interior-1990-98), y a las cifras y datos de la muestra aquí presentada (1990-95), continuidad de un estudio anterior sobre la movilización durante la transición política española a la democracia (Adell, 1989).

Encuestas y datos oficiales

Según el barómetro del CIS de jubo de 1992 (Estudio 2.016 de ámbito estatal con 2.498 entrevistas), tan sólo un 1% de los encuestados afirma participar en manifestaciones muy a menudo, un 4% bastante a menudo, un 16% poco a menudo y un 78% nunca o casi nunca (1% ns/nc). La ambigüedad de las categorías, el lógico margen de error y la no inclusión en la muestra de los menores de 18 años, muy activos en el movimiento estudiantil, nacionalista, y área alternativa de los llamados Nuevos Movimientos Sociales (NMS), le restan rigor a los resultados. Entre los que afirman asistir «poco a menudo» o «bastante a menudo» -la gran mayoría- se situarían los que participan en las multitudinarias convocatorias de carácter unitario. Por tanto, a principio de los noventa, y según el CIS, uno de cada cinco mayores de dieciocho años participa con mayor o menor asiduidad en este tipo de convocatorias, mientras que el fenómeno es ajeno a cuatro de cada cinco ciudadanos.

Otro modo de acercarnos al fenómeno es a través de los datos oficiales sobre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. En los últimos diez años en España se reconoce la celebración de entre 9.400 y 13.700 manifestaciones anuales. Al menos desde 1987, este tipo de eventos se cuantifica sistemáticamente por parte de las delegaciones de gobierno.[1] El interés institucional por el estudio sistemático de la movilización se inicia cuando se constata que entrado ya en el proceso democrático no sólo no disminuye la presión movilizadora, sino que ésta aumenta. Las condiciones de legalidad o ilegalidad determinan su propio uso. Por añadidura, esta definición jurídica no es clara ni unánime. Según un informe del Ministerio del Interior, en 1998 el 66,1 % del total de manifestaciones celebradas en toda España no se ajusta a la legalidad.[2] Tampoco quiere esto decir que sean expresamente ilegales. Por su extensión y complejidad, no expondremos aquí los aspectos jurídicos del derecho de reunión. Basta con decir que las manifestaciones no comunicadas, aun siendo constitucionales -ya que no se necesita autorización previa (art.21.1)-, vulneran el procedimiento de la Ley de Reunión de 1983 y sus posteriores enmiendas (1-1992 y 4-1997). En otras palabras: no hay que pedir permiso para manifestarse, pero sí hay que avisar de ello.

En general, un alto número de reuniones «no comunicadas» puede indicar una cierta radicalidad por parte de los promotores, por lo que sobre este dato se calcula el llamado «índice de transgresión»,[3] aunque en muchas ocasiones se trata de manifestaciones reactivas convocadas con cierta urgencia (en repulsa de un atentado terrorista, por ejemplo), o simplemente del desconocimiento de este requisito.



http://fundacionbetiko.org/images/stories/imagenesanuarios/1999/129.jpg
En la gráfica 1, se observa que en los noventa la diferencia anual de manifestaciones celebradas (comunicadas y no comunicadas) oscila entre las ±4.000, según el año. Las barras que indican el total anual sitúan la cúspide en el año 1996, seguido de 1991. Ello se debe a la confluencia de diversos conflictos. En la misma gráfica se combina (en línea y n-participantes a la derecha) el número total de asistentes según cifras oficiales. Se observa un claro paralelismo de participación en relación con las convocatorias, aunque en 1997, el número de asistentes tenga un repunte espectacular por las movilizaciones «por la paz y contra el terrorismo» en repulsa por el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Angel Blanco.

Respondiendo a la pregunta de cuántas protestas se celebran, se puede afirmar que las cifras oficiales de movilizaciones/año son fiables para estudios globales de la movilización (Estado), aunque existen aún importantes contradicciones entre las distintas administraciones.[4]

A la pregunta de si es posible saber cuánta gente asiste a ellas, responderíamos que no. En España, a diferencia de otros países, no existe una tradición objetiva de recuento de asistentes en reuniones de masas. Según datos oficiales, «durante el periodo de 10 años (1988/97), se manifiestan en todo el Estado un total de 38.034.773 personas, o un promedio de 3.803.466 personas/año, o 10.000 personas/día» (Fuertes, 1998,3). Las llamadas «guerras de cifras» entre distintos observadores sobre el número de asistentes a las convocatorias es el punto más manipulable y por tanto más polémico del fenómeno manifestación. A los inevitables errores técnicos o de percepción en la cuantificación del aforo, se añade el interés de organizadores, medios de comunicación y autoridades por maximizar o minimizar los resultados de una protesta (manifestación, paro, huelga). Para los promotores, sus concentraciones obtienen siempre un apoyo masivo. En ocasiones llegan a multiplicarse las cifras «reales» por veinte, «sobre todo cuando se enuncia la cifra mítica de 1 millón» (Masson, 1987). La guerra de cifras es más corriente en aglomeraciones que reúnen a grandes multitudes.[5] Tradicionalmente el poder ignora el conflicto para, más tarde, acabar admitiendo su existencia, pero minimizando su respaldo. Por el contrario, la «cifra política» de las movilizaciones de adhesión suelen ser habitualmente abultadas. Frente a las cifras dadas por los convocantes, las fuerzas de seguridad y la prensa, como enlaces del poder y de la opinión pública, ofrecen también sus versiones.[6] Gracias al contraste de diversas fuentes sí podremos obtener -grosso modo- cifras plausibles de asistencia a las manifestaciones. Por tanto, aun desconociendo el número real de asistentes, sí podemos conocer cifras muy aproximadas sobre la respuesta ciudadana a las iniciativas convocadas por colectivos y grupos más o menos organizados gracias a la confrontación de distintas fuentes.

El estudio de eventos de protesta

En este último cuarto de siglo, los trabajos cuantitativos centrados en el estudio del conflicto social a través del análisis de la acción colectiva han sido numerosos abriéndose ya un campo propio para la sociología de la movilización.[7] En su mayoría, estos trabajos se inician con agregados espaciales o temporales de sucesos de protesta con el objetivo final de aislar series temporales. Las fuentes utilizadas suelen ser archivos de prensa o incluso documentos oficiales desclasificados. Aunque sus derivaciones teóricas son aún muy desiguales, suponen una importante aportación al estudio de los procesos de acción colectiva. Entre los estudiosos de campo (y/o empiristas, valga también la simplificación), la utilización de clasificaciones y codificaciones ad hoc y por tanto distintas entre cada autor (en función de la especificidad cronológica, geográfica, temática, o final, de cada análisis) ha impedido o retrasado la interpretación y comparación de la dimensión real del fenómeno participativo. El conocimiento de datos empíricos solventes, es por tanto aún reciente. Entre los autores que se han embarcado en esta tarea, destacan principalmente Tilly, Snyder, Tarrow, McPhail en EE.UU.; Tartakowsky, Favre, y Fillieule, en Francia; Kriesi, Wisler, J. Barranco, 1997 en Suiza; Ruth & Ohlemacher 1992, en Gran Bretaña; Klandermans en Holanda; R. Zorrilla en Bélgica (1977); Della Porta en Italia, etc.

Las aplicaciones de estos trabajos permiten describir, explicar y comprender las demandas de los movimientos sociales y los procesos sociopolíticos de acción colectiva que desencadenan, y con ello corroborar o desenmascarar algunos de los tópicos asociados al comportamiento colectivo (MS o NMS, o espontaneidad/racionalidad, o éxito/ fracaso, etc.).

Defendemos aquí que para adentrarse en el conocimiento de las peculiaridades de la movilización se puede partir de una muestra de casos, utilizando para ello fuentes de los diversos actores intervinientes en el conflicto. La propaganda de los convocantes, la manifestación en sí, las noticias periodísticas y versiones oficiales permiten -en su conjunto-un acercamiento bastante aproximado a «la realidad» del fenómeno en observación. Todo ello con más razón cuando se trata de estudiar, por ejemplo, la cronología de la movilización durante la transición (años 70) en donde, como hemos señalado anteriormente, los datos oficiales son inexistentes. Por tanto, para el sociólogo o estudioso, es preciso recurrir al máximo de fuentes para obtener con ello muestras suficientemente representativas, en número y descripciones, de eventos. El trabajo de campo y la consulta y contrastación de fuentes primarias y secundarias sirven para esta localización y ulterior codificación y descripción de las unidades de observación (datos agregados).

El estudio Mani-2000, que en parte aquí se presenta, está integrado por una base de datos con 5.130 movilizaciones celebradas en el escenario de las calles de Madrid (Capi-tal-21 Distritos), en el periodo temporal entre 1975 y 1996 inclusive. A ello se añaden datos cualitativos de cerca de 2.500 manifestaciones más para el periodo 1997/99. En cuanto a su representatividad, para el periodo 1990/95, el tamaño de la muestra estudiada alcanza el 46,7% de la cifra oficial o universo de estudio.

El siguiente paso consiste en diseñar categorías específicas para el estudio sociopolítico de los MS y sus dinámicas de protesta. Cuanto mayor sea el ámbito temporal o geográfico del estudio, estas categorías deberán ser más flexibles. La aplicación estadística de las variables analizadas en cada unidad de observación (manifestación)[8] permite los análisis de procesos socio históricos a largo plazo, en donde cabe y se permite relacionar un conflicto determinado con eventos anteriores y posteriores, con las estructuras de oportunidad existentes y la incidencia en el repertorio de la acción, el contexto de la cronología de eventos paralelos, los marcos de interpretación, etc.[9] Se trata de combinar la observación directa con la consulta de fuentes documentales, recabando testimonios tanto en la organización, como en el desarrollo y repercusión de la manifestación.

Tras exponerlas distintas posibilidades de acceso al estudio de la acción colectiva, y utilizando todos estos datos y observaciones, podemos concluir que en los noventa el volumen de la movilización -con independencia del color político de sus actores, se resume en que:

a) Como término medio, cada día en nuestro país, más de 30 manifestaciones recorren algunas de sus calles [10] se cortan cuatro carreteras y se interrumpe una vía férrea. Asisten a éstas unas 25.000 personas," o entre 10.000 y 100.000 según las fuentes (oficiales o convocantes).

b) Con alguna frecuencia, uno de cada diez ciudadanos participa en alguna convocatoria como manifestante. En algunas zonas geográficas las cifras se duplicarían mientras que en otras serían mucho menores.[11] Los jóvenes -no votantes-entre 14 y 18 años son más activos que los tramos de mayor edad.[12]

Una vez determinado el volumen de la movilización, en los siguientes apartados 2 y 3, combinaremos los datos de la muestra del Estudio Mani-2000 (Madrid-1990/95), con datos oficiales (Estado-1996/98). Ciertamente no se pueden comparar dos muestras con objetivos, categorías, metodologías de estudio, ámbitos geográficos y temporales distintos. La vocación de la presente exposición es más modesta, y consistirá tan sólo en ilustrarnos sobre el espacio de los actores colectivos (convocantes o promotores) y sus temas. Finalmente haremos una extrapolación que nos permita resumir, movimiento por movimiento, cuáles han sido las dinámicas de la movilización en los noventa.



Actores sociales y conjuntos de acción

No se nos escapa que en el escenario de la movilización los actores colectivos entrecruzan temporalmente diversos apoyos en torno a campañas monotemáticas (single issue movemenf). Las combinaciones resultantes forman los llamados «conjuntos de acción» y en donde se produce una conexión de marcos (frame bridging), más o menos táctica o estable. Así, cada convocatoria suele incluir la combinación de otros Sectores Políticos (SP) o MS que aparecerían como «apoyos». Ello nos permite estudiar -y más adelante veremos ejemplos- la permeabilidad entre los movimientos sociales y el partidismo ideológico así como las redes participativas o «redes de reclutamiento» (campañas de información, cara a cara, coaliciones a nivel local o estatal, apoyos de «prestigio» -Mac Carthy y Zald 1987) más comunes. La interacción diaria entre personas y organizaciones que apoyan una determinada iniciativa van tejiendo una serie de redes (y conjuntos de acción) que constantemente van redefiniendo el protagonismo, las reivindicaciones, la identidad, los valores y las formas de acción en función de las reacciones de los destinatarios del conflicto.



El espacio participativo

Los actores de la movilización son muy diversos y más aún en contextos democráticos en donde el tejido asociativo es más denso y heterogéneo. En una convocatoria cualquiera, los nombres o siglas de las organizaciones que participan suelen mostrar tres o cuatro componentes básicos como son el tipo de organización, su ideología (explícita o semántica), y el espacio geográfico o ámbito sectorial al que defiende o se dirige. Los tipos de organización más comunes nos permiten, a priori, distinguir entre lo que denominaremos sectores políticos (SP) o ideológicos y que son partidos políticos o coaliciones parlamentarias (que aspiran al poder, participando generalmente en las elecciones) y el conjunto de movimientos sociales formados por un sinfín de iniciativas, «organizadas».  [14]

En los últimos veinticinco años, hemos visto cómo reaparecen líderes y proyectos y organizaciones, con otras estrategias para otros contextos. Los estilos permanecen más tiempo, y sólo son superados por las utopías y los cambios generacionales. Para el investigador social, resulta problemático -y, ¿por qué no?, un reto- organizar analíticamente este marasmo de siglas y especificidades asociativas que cada día se dan de alta (que no de baja) en los registros asociativos municipales, si es que se inscriben, y que con el tiempo aparecen y desaparecen de las reuniones, de la calle, de los listados de subvenciones o de los órganos de representación democrática.

En un contexto democrático, el conjunto de la «sociedad civil» tiene oportunidad de intervenir colectivamente en un amplio tejido asociativo que denominaremos Movimiento Ciudadano y Comunitario. Ya que la participación se articula y emerge en torno a organizaciones políticas y sociales, las categorías SP (Sector político) o MS (Movimiento social) que utilizaremos aquí nos permiten -en principio- incluir en ellas a todas las organizaciones convocantes de manifestaciones. A su vez, cada movilización se puede adscribir a una categoría convencional más concreta, según la principal «organización ciudadana y comunitaria», protagonista.[15]

Pero ¿cuáles son los actores de la protesta y qué espacio sociopolítico acaparan? Para el periodo 1990/1995 intentaremos cuantificar la preponderancia porcentual de los actores con la adscripción de cada una de las 2.615 movilizaciones de la muestra Madrid-90/95 (Ver 1.2) a una categoría política o social determinada, en función de los tipos de organizaciones convocantes. En el Cuadro 1 podemos observar las tipologías utilizadas y sus resultados.

Cuadro: 1.



Manifestaciones según convocantes (Madrid, 1990/1995) (en porcentajes sobre el total anual) (Estudio: Mani-2000)

AÑOS:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

TOTAL

n-casos

Sector Político

























EDE -Ext-Derecha

2,9

1,8

3,5

1,3

1,1

1,9

2,1

55

DER-Derecha

0,5

0,8

1,3

0,5

0,7

0,5

0,7

19

UNI-Unitario

0,0

0,0

0,9

0,3

0,0

1,0

0,3

9

IZQ -Izquierda

1,2

3,4

2,2

1,5

0,5

1,9

1,8

48

EIZ -Ext-Izquierda

5,1

2,0

0,2

0,5

0,2

0,7

1,5

38

Total P. Pol.

9,7

8,0

8,1

4,1

2,5

6,0

6,4

169




1990

1991

1992

1993

1994

1995

TOTAL

n-casos

MS históricos

























SIN-Sindical

27,7

30,6

34,9

30,0

25,9

20,1

28,3

741

VEC-Vecinal

27,2

35,9

29,4

32,0

32,2

29,5

31,2

815

EST -Estudiantil

8,9

6,9

4,4

6,0

8,3

6,1

6,8

177

CAM -Campesino

0,7

0,2

1,5

1,3

0,9

2,2

1,1

29

COR -Corporativo

4,1

2,8

3,8

4,0

2,0

4,1

3,4

90

Total MSH

68,7

76,4

74,0

73,3

69,3

62,0

70,8

1.852




1990

1991

1992

1993

1994

1995

TOTAL

n-casos

Nuevos MS-ALT

























S- Solidaridad

5,6

6,1

7,5

6,7

9,2

10,2

7,5

193

E= Ecologista

2,9

2,7

4,6

5,8

7,9

10,7

5,7

148

P= Pacifista

4,8

3,1

2,2

4,0

5,0

4,1

3,8

100

R= Radikal

1,2

2,1

0,2

2,3

3,4

3,7

2,1

55

C= Contracultural

4,8

0,4

1,1

0,7

0,7

0,5

1,3

35

N= "N.conciencia"

1,7

0,2

1,1

0,7

0,7

0,5

0,9

24

F= Feminista

1,4

0,8

0,5

1,0

0,9

0,8

0,9

23

H= Homosexual

0,2

0,2

0,7

0,8

0,4

1,5

0,6

16

Total NMS

21,6

15,6

17,9

22,6

28,2

32,0

22,8

594

Total(POL+MSH+NMS) 100% 100% 100%

100%

100% 100%

100%




n-casos

415

493

453

397

444

413

2.615




Nota. Quedan aquí excluidas las convocatorias deportivas, religiosas, o institucionales (1NS). En cuanto al movimiento nacionalista (NAC) en el escenario estudiado no existen casos.

De entrada se observa cómo el peso de la movilización directamente política o ideológica sigue su tendencia (constatada conforme avanza la transición) a disminuir en favor de los MS. Entre 1990/95 promueven tan sólo al 6,4% del total.



http://fundacionbetiko.org/images/stories/imagenesanuarios/1999/grafica2_1999.png

Los movimientos vecinal y sindical protagonizan -en su conjunto- casi 6 de cada 10 convocatorias.[16] De igual modo, los NMS (ALT) se consolidan en detrimento de los SP y los MSH. La falta de espacio en esta exposición nos impide adentrarnos en otro factor clave del peso de la movilización, como es el mayor o menor respaldo ciudadano obtenido en unas u otras iniciativas.

En la Gráfica 2 se presentan los mismos datos expuestos en el Cuadro 1, pero agrupados de acuerdo con las nuevas categorías que utilizaremos para analizar el segundo periodo de los noventa. Para conocer la identidad colectiva de los promotores de las movilizaciones durante el periodo 1996/98 utilizaremos aquí datos cuantitativos procedentes de la DGPI (Ver Encuestas y datos oficiales). En este punto, recordemos una vez más que ahora no hablamos de una muestra, sino del universo-estatal de manifestaciones con la inclusión de un total de 36.758 protestas. Para facilitar la comparación con M-90/95, y permitir extrapolaciones representativas, excluiremos del estudio las 4.730 movilizaciones promovidas por grupos nacionalistas (que representan el 12,9% del total de E-96/98).[17]

Respecto a los promotores de las convocatorias, las categorías grupales ofrecidas por estas fuentes son algo confusas en cuanto a su delimitación.[18] Así, por ejemplo, las categorías agrupadas como «grupos extraparlamentarios» o «partidos parlamentarios» ilustran sobre el grado de institucionalización de los actores políticos, pero impide acercarse a su color ideológico. La categoría «asociaciones ciudadanas» es demasiado amplia y ambigua, al igual que la distinción entre «pacifistas» o «insumisos» puede confundir organizaciones y temas. Aun sin disponer de los datos referidos a 1999, en la Gráfica 3, se presentan los porcentajes de convocatorias según sus promotores en el periodo 1996/98. Vemos el peso concreto de los movimientos sindical (SIN), vecinal (VEC), ecologista (ALTE), pacifista (ALTP) y estudiantil (EST). «Otros» (4,6%) recoge convocatorias de empresarios, organizaciones agrarias, etc.

De los datos publicados en los anuarios sobre el derecho de reunión podemos extraer alguna constatación más precisa sobre el protagonismo anual de los promotores. Según Interior, desde 1996, las asociaciones ciudadanas pasan a ser los promotores que más manifestaciones convocan, superando desde entonces a los sindicatos y comités de empresa (algo que en la muestra anterior, observábamos en los años 1991-93-94-95). Asimismo, en cuanto a las motivaciones de las protestas, desde 1998 las vecinales superan a las nacionalistas y radicales («grupos violentos e independentistas»), que destacaban en 1996 y 1997, o a los temas laborales (1995). Respecto a las provincias con mayor número de manifestaciones destacan Madrid (1995-98), Navarra (1996), Guipúzcoa (1997). Respecto al movimiento obrero (SIN), desde 1998 las convocatorias incluidas en la categoría «comités de empresa» (en donde de forma asamblearia conviven sindicatos mayoritarios con otros de carácter nacionalista, independientes, autónomos y minoritarios) supera a las adscritas a sindicatos mayoritarios (con campañas de amplitud estatal, y con una progresiva tendencia a la desmovilización).

Seguidamente, y teniendo en cuenta que la dimensión política de la acción colectiva queda recogida en esta misma publicación por otros autores, intentaremos interpretar algunas dinámicas sociales, haciendo previamente las inevitables precisiones en la utilización del concepto de movimiento social.




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