Los Grupos Especiales emiten los presentes informes en forma de un documento único que constituye dos informes distintos de los Grupos Especiales wt/DS412/R y wt/DS426/R



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2.Argumentos de los terceros

a)Australia


i.1Haciendo referencia a la expresión inglesa "governmental purposes" (necesidades de los poderes públicos) del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994, Australia señala que el sentido corriente del término "purpose" puede ser "practical advantage or use" (ventaja o uso prácticos).237 Aunque este sentido corriente tal vez no sea tan frecuente como el sugerido por el Canadá, Australia sostiene que parece ser más apropiado cuando se considera la referencia a "les besoins" (las necesidades) en la versión francesa del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994. Con respecto a la expresión "para su reventa comercial", Australia señala que el sentido corriente de "commercial" (comercial) es "concerned with or engaged in 'commerce'; commerce is defined as the activity of buying and selling" (relacionado con el comercio o dedicado al 'comercio'; comercio se define como la actividad de comprar y vender).238 A juicio de Australia, en ambas definiciones, el concepto de beneficio es una consideración secundaria. Australia considera que interpretar que "para su reventa comercial" significa que se hace una compra con el objeto de revender por un beneficio constituiría una definición excesivamente estricta -una definición que ampliaría las posibles exenciones de las obligaciones de trato nacional prescritas en el artículo III-. Australia sostiene que no se tenía la intención de que el párrafo 8 a) del artículo III abarcara la situación en la que un gobierno concierta contratos para el suministro o la compra a precios fijos de electricidad que, a continuación, vende en un mercado para el consumo general.239

b)Brasil


i.1El Brasil considera que los reclamantes limitan indebidamente el alcance de la expresión "para cubrir las necesidades de los poderes públicos" del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994 al mantener que sólo abarca las compras del gobierno para su propio uso o en su propio beneficio. A juicio del Brasil, la interpretación de los reclamantes parece dar a entender que la única finalidad de los poderes públicos es asegurar el mantenimiento y el funcionamiento regular de su burocracia y prescinde del hecho de que la burocracia estatal es únicamente un instrumento para lograr una gran cantidad de fines, definidos por cada sociedad. El Brasil sostiene que las necesidades de los poderes públicos no pueden interpretarse conceptualmente y sólo pueden entenderse caso por caso e informadas por la función concreta realizada por un gobierno determinado en cada sector de la economía. No obstante, el Brasil considera que la definición de "necesidades de los poderes públicos" no puede ser tan amplia como pretende el Canadá so pena de socavar considerablemente el alcance de la obligación de trato nacional establecida en el artículo III del GATT de 1994.240

c)China


i.1China considera que las palabras "comprados para cubrir las necesidades de los poderes públicos" del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994 significan que i) el gobierno es la razón de la compra; ii) el gobierno se beneficiará del resultado o efecto de la compra; o iii) el gobierno es el objeto o destinatario de la compra. En estas diferencias, China considera que la electricidad comprada por el OPA no se compra para cubrir necesidades de los poderes públicos porque se incorpora a la red para su venta a usuarios finales. Además, China señala que la electricidad vendida a empresas comerciales se utilizará para la producción de mercancías destinadas a la venta comercial.241

d)Unión Europea (en la diferencia WT/DS412)


i.1En su calidad de tercero en la diferencia WT/DS412, la Unión Europea considera que el equipo de producción de energía renovable fabricado en Ontario y el importado del Japón y de otros países son "productos similares" en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. La Unión Europea sostiene que las medidas impugnadas son "prescripciones" en el sentido del párrafo 4 del artículo III y que puede preverse razonablemente que las medidas impugnadas modificarán de manera desfavorable las condiciones de competencia entre los productos similares nacionales e importados. La Unión Europea recuerda que el Programa TR crea incentivos para que los productores de energía eólica y solar FV ubicados en Ontario utilicen equipo de producción de energía renovable fabricado en Ontario. Por lo que se refiere al párrafo 8 a) del artículo III, la Unión Europea considera que no hay "adquisición" en el sentido de esa disposición y que, incluso si el Gobierno de Ontario adquiriera electricidad, lo haría para su reventa comercial o para servir a la producción de mercancías destinadas a la venta comercial.242

i.2Pasando a referirse a las alegaciones formuladas al amparo del Acuerdo sobre las MIC, la Unión Europea pone de relieve que dicho Acuerdo es un acuerdo con entidad propia, que se aplica con independencia del artículo III del GATT de 1994. La Unión Europea señala también que las medidas en litigio estarían abarcadas por el párrafo 1 a) del Anexo del Acuerdo sobre las MIC. La constatación de que una medida está abarcada por el párrafo 1 a) da lugar, por sí misma, a la constatación de una infracción del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y, por ende, a la constatación de una infracción del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Así pues, a juicio de la Unión Europea, no es preciso que el Grupo Especial examine en primer lugar si hay una infracción del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 para llegar después a la conclusión de que existe una infracción del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.243


e)Japón (en la diferencia WT/DS426)


i.1En su calidad de tercero en la diferencia WT/DS426, el Japón sostiene que la caracterización y el trato en la legislación interna no pueden tener ninguna influencia en la aplicación o la interpretación de las disposiciones de los acuerdos abarcados o, más en general, en la determinación de si se ha incumplido cualquier obligación en el marco de la OMC. Por razones similares, el Japón considera que la manera en que un Miembro decide administrar su sistema impositivo tiene escasa pertinencia para la cuestión de si una determinada transacción es una "adquisición" o "compra" a efectos del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994.244

f)Corea


i.1Corea considera que el texto del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994, cuando se lee en su conjunto, parece indicar que el sentido de "adquisición" no es enteramente idéntico al de "compra" puesto que en esa disposición se emplean ambos términos en la misma frase en una forma que permite pensar que puede haber tipos de adquisición que no impliquen una compra. El término "adquisición" parece abarcar cualquier forma de adquisición por el gobierno, incluida la compra, y no sólo ella.245

i.2Además, Corea considera que la energía eléctrica no es un objeto material, sino una forma de energía que se genera habitualmente haciendo girar bobinas de alambre en un campo magnético para producir un flujo de electrones (corriente eléctrica) como resultado de la diferencia de potencial (tensión). Corea sostiene que sigue siendo una cuestión abierta si, en las circunstancias de estas diferencias, i) la electricidad debe considerarse un "producto" y ii) una definición de "producto" (para designar la energía renovable eólica o solar FV u otra energía alternativa "limpia") que tenga en cuenta los métodos utilizados para producir la energía eléctrica sería apropiada cuando se pretende que la definición sea útil para lograr importantes objetivos ambientales.246



i.3Pasando a referirse a la expresión "necesidades de los poderes públicos", Corea sostiene que la interpretación que hace de esa expresión el Canadá tendría como resultado que todas las adquisiciones de un gobierno se consideraran "para cubrir las necesidades de los poderes públicos", lo cual haría inútil la expresión. Además, Corea señala que el Canadá parece indicar que las "necesidades de los poderes públicos" pueden inferirse del interés de la sociedad en el supuesto objetivo de la medida gubernamental. Corea considera que el Canadá está en lo cierto al poner de relieve la importancia que reviste para el bienestar público un suministro de energía eléctrica suficiente y fiable. No obstante, Corea señala que lo mismo puede decirse de casi cualquier otra esfera de la actividad económica. Por consiguiente, Corea sostiene que un criterio a tenor del párrafo 8 a) del artículo III que únicamente exija algún tipo de conexión entre la compra y algún aspecto de interés para el bienestar público parecería insuficiente.247

g)México


i.1México considera que, cuando se constate que una medida supeditada al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados está prohibida en virtud del Acuerdo SMC, necesariamente existirá un incumplimiento de la obligación de trato nacional establecida en el artículo III del GATT de 1994. Además, las medidas supeditadas al empleo de productos nacionales constituyen medidas en materia de inversiones y, al ser incompatibles con el artículo III del GATT de 1994, automáticamente darán lugar a una infracción del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC. Sin embargo, México considera que, en el caso de compras gubernamentales, las medidas quedarán excluidas del ámbito de aplicación del artículo III del GATT de 1994 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.248

h)Noruega


i.1Noruega coincide con los reclamantes en que la cuestión esencial en estas diferencias es si el OPA "compra" efectivamente electricidad o si es simplemente una "cámara de compensación". A este respecto, Noruega aduce que no es suficiente considerar si las actividades del OPA se denominan "adquisición". Con respecto a la interpretación por el Canadá de "necesidades de los poderes públicos", Noruega estima que, en la práctica, incluiría toda compra efectuada por un gobierno. Ello tendría como resultado que la expresión "necesidades de los poderes públicos" quedara privada de utilidad y también permitiría a los Miembros eludir la obligación establecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.249

i)Estados Unidos


i.1Con respecto al análisis de la "similitud" en el marco del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, los Estados Unidos recuerdan que varios grupos especiales han considerado significativo el hecho de que una medida establezca una distinción entre un producto nacional y un producto importado en función únicamente del origen.250 Pasando a referirse al párrafo 8 a) del artículo III, los Estados Unidos tratan las tres cuestiones siguientes.

i.2En primer lugar, los Estados Unidos sostienen que el Canadá ha asignado indebidamente al párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994 un "objeto y fin". Recuerdan que el artículo 31 de la Convención de Viena dispone que la interpretación de las disposiciones de un tratado estará informada por el objeto y fin del tratado. Así pues, según los Estados Unidos, la debida identificación del objeto y fin de un acuerdo no se obtiene examinando un apartado aislado de ese acuerdo.251

i.3En segundo lugar, los Estados Unidos aducen que el Canadá define de forma excesivamente amplia la expresión "necesidades de los poderes públicos" del párrafo 8 a) del artículo III. Aducen que la interpretación del Canadá haría inútil la expresión "comprados para cubrir las necesidades de los poderes públicos" debido a dos razones: i) casi todas las adquisiciones realizadas por los poderes públicos están "ordenadas" por algún documento del gobierno; y ii) la interpretación del Canadá es circular ya que es difícil concebir una situación en la que un gobierno diga que no actúa teniendo presente un objetivo gubernamental.252

i.4Por último, los Estados Unidos consideran que el Canadá ha identificado incorrectamente el producto pertinente a efectos del párrafo 8 a) del artículo III del GATT de 1994. Las compras concretas a las que se aplican las prescripciones en materia de contenido nacional del Programa TR  ventas de equipo realizadas por los fabricantes a productores privados de energía- parecen ser diferentes tanto por su naturaleza como contractualmente de la supuesta adquisición de electricidad por los poderes públicos que constituye el eje de la defensa del Canadá al amparo del párrafo 8 a) del artículo III. En otros términos, aunque el Canadá identifica sistemáticamente la electricidad como el "producto" abarcado por el párrafo 8 a) del artículo III, trata de justificar las prescripciones en materia de contenido nacional aplicables al equipo. Según los Estados Unidos, no es lógico que la supuesta adquisición por los poderes públicos de una categoría de productos en el sentido del párrafo 8 a) del artículo III justifique una prescripción en materia de contenido nacional que abarca las compras privadas de una clase diferente de productos. Los Estados Unidos consideran que la interpretación adoptada por el Canadá extendería el alcance del párrafo 8 a) del artículo III mucho más allá de su sentido corriente, ampliándolo de hecho de modo que se permitiría utilizar la adquisición de un producto por los poderes públicos para potenciar todo tipo de prescripciones en materia de contenido nacional.253




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