Los Grupos Especiales emiten los presentes informes en forma de un documento único que constituye dos informes distintos de los Grupos Especiales wt/DS412/R y wt/DS426/R



Descargar 1.29 Mb.
Página10/33
Fecha de conversión04.02.2019
Tamaño1.29 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

VII.CONSTATACIONES DEL GRUPO ESPECIAL

A.Introducción

1.Principios generales de interpretación de los tratados, norma de examen aplicable y carga de la prueba

a)Interpretación de los tratados


i.1Con respecto a la cuestión de la interpretación jurídica, en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se declara que los Miembros reconocen que el sistema de solución de diferencias sirve para aclarar las disposiciones de los acuerdos abarcados "de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público". Está generalmente aceptado que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Viena")30 es generalmente aceptado como una de esas normas usuales. El texto del párrafo 1 de esta norma es el siguiente:

Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

i.2Hay un cuerpo considerable de jurisprudencia de la OMC que se refiere a la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena en la solución de diferencias de la OMC. Es evidente que la interpretación debe basarse fundamentalmente en el texto de tratado31, pero que el contexto de éste también desempeña un papel importante. Es asimismo una norma consagrada que los principios usuales de interpretación de los tratados "ni exigen ni aprueban que se imputen al tratado palabras que no existen en él o que se trasladen a él conceptos que no se pretendía recoger en él".32 Además, los grupos especiales "deben guiarse por las normas de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena y no deben aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC".33

b)Norma de examen


i.1Los grupos especiales están obligados en general por la norma de examen establecida en el artículo 11 del ESD, que dispone en su parte pertinente que:

[C]ada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos ... (sin cursivas en el original)

i.2La obligación impuesta por el artículo 11 del ESD incluye el examen de todos los aspectos del asunto, tanto fácticos como jurídicos, e implica, entre otras cosas, que un grupo especial debe examinar las cuestiones planteadas, sin sobrepasar los límites de su mandato. El artículo 11 dispone asimismo que los grupos especiales deberán formular también otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados.

c)Carga de la prueba


i.1Los principios generales aplicables a la atribución de la carga de la prueba en la solución de diferencias de la OMC exigen que la parte que alegue una infracción de una disposición de un acuerdo de la OMC afirme y pruebe su alegación.34 Por lo tanto, corresponde a los reclamantes la carga de demostrar que las medidas impugnadas son incompatibles con el Acuerdo SMC, el Acuerdo sobre las MIC y el GATT de 1994. El Órgano de Apelación ha declarado que un reclamante satisfará la carga que le corresponde cuando haga una acreditación prima facie, es decir, una acreditación que requiera, a falta de una refutación efectiva por parte del demandado, que el grupo especial, como cuestión de derecho, se pronuncie en favor del reclamante.35 Por último, en general, corresponde a la parte que afirma un hecho aportar la prueba correspondiente.36

2.Medidas en litigio y resumen de las alegaciones


i.1Los reclamantes han planteado estas diferencias contra el Canadá a fin de impugnar la compatibilidad con las normas de la OMC del "nivel mínimo obligatorio de contenido nacional" prescrito en el marco del Programa TR adoptado por el Gobierno de la provincia de Ontario37 en 2009, así como de todos los contratos TR y microTR individuales que aplican esta prescripción desde que se inició el Programa TR ("las medidas en litigio" o "las medidas impugnadas"). Según los reclamantes, el "nivel mínimo obligatorio de contenido nacional" hace que el Programa TR, y todos los contratos TR y microTR pertinentes relativos a proyectos de producción de electricidad que utilizan tecnología solar FV o eólica38, sean medidas incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994"), medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio ("MIC"), incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (el "Acuerdo sobre las MIC"), y subvenciones prohibidas según los términos de los párrafos 1 b) y 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el "Acuerdo SMC").

i.2No obstante, a lo largo de estas actuaciones, los reclamantes han puesto de relieve que, al cuestionar la compatibilidad con las normas de la OMC de las medidas impugnadas, no ponen en duda la legitimidad de los objetivos que intenta alcanzar el Gobierno de Ontario mediante el Programa TR de reducir las emisiones de carbono y promover la producción de electricidad de fuentes renovables. En particular, el Japón ha explicado que "el Japón no está en desacuerdo con el objetivo declarado por Ontario de fomentar la generación de energía renovable"39 ni con "la intervención del gobierno como tal para internalizar las externalidades positivas de las tecnologías de producción de energía renovable".40 Asimismo, la Unión Europea no "cuestiona el objetivo general del Programa TR, ayudar a impulsar un suministro eléctrico procedente de fuentes de energía renovables" y pone de relieve que "se trata de un objetivo legítimo y válido y ... los Miembros de la OMC pueden y deben apoyarlo activamente".41 Lo que cuestionan los reclamantes es únicamente el elemento de las medidas impugnadas que supuestamente distorsiona el comercio, que identifican como el "nivel mínimo obligatorio de contenido nacional" aplicado mediante el Programa TR y los contratos TR y microTR. Según los reclamantes, este aspecto de las medidas impugnadas concede una forma de protección incompatible con las normas de la OMC a los fabricantes de determinados tipos de equipo utilizado para producir electricidad a partir de energía solar y eólica ("equipo de producción de energía renovable") ubicados en Ontario, en detrimento de las ramas de producción competidoras de otros Miembros de la OMC y, por lo tanto, debería ser eliminado.42 Así pues, como ha declarado el Japón43, no es posible caracterizar debidamente estas diferencias como diferencias sobre "comercio y medio ambiente" sino que, en cambio, se las debería considerar diferencias sobre "comercio e inversiones".




Compartir con tus amigos:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal