Ley Reguladora Bases de Régimen Local



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LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL

RÉGIMEN LOCAL.


ÍNDICE. (PÁGINAS)


- TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales. 3
- TÍTULO II. El Municipio. 5
- CAPÍTULO PRIMERO. Territorio y población. 5

- CAPÍTULO II. Organización. 8

- CAPÍTULO III. Competencias. 11

- CAPÍTULO IV. Regímenes especiales. 13


- TÍTULO III. La Provincia. 14
- CAPÍTULO PRIMERO. Organización. 14

- CAPÍTULO II. Competencias. 16

- CAPÍTULO III. Regímenes especiales. 18
- TÍTULO IV. Otras entidades locales. 19
- TÍTULO V. Disposiciones comunes a las entidades locales. 21
- CAPÍTULO PRIMERO. Régimen de funcionamiento. 21

- CAPÍTULO II. Relaciones interadministrativas. 24

- CAPÍTULO III.

Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. 26

- CAPÍTULO IV. Información y participación ciudadanas. 28

- CAPÍTULO V.

Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. 29
- TÍTULO VI. Bienes, actividades y servicios y contratación. 32
- CAPÍTULO PRIMERO. Bienes. 32

- CAPÍTULO II. Actividades y servicios. 33

- CAPÍTULO III. Contratación. 34

- TÍTULO VII. Personal al servicio de las Entidades locales. 35


- CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales. 35

- CAPÍTULO II.

Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera. 36

- CAPÍTULO III.

Selección y formación de los funcionarios con habilitación... 37

- CAPÍTULO IV.

Selección de los restantes funcionarios y reglas... 39

- CAPÍTULO V. Del personal laboral y eventual. 39


- TÍTULO VIII. Haciendas locales. 40
- TÍTULO IX. Organizaciones para cooperación de la Administración... 43
- DISPOSICIONES ADICIONALES. 44
- DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 48
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 48
- DISPOSICIONES FINALES. 51


LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL



RÉGIMEN LOCAL.


TÍTULO PRIMERO.
Disposiciones generales.
1. 1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionali­zan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectivida­des.
2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.
2. 1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las enti­dades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competen­cias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las compe­tencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de des­centralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.
2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determi­nar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.
3. 1. Son entidades locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.


2. Gozan, asimismos, de la condición de entidades locales:

a) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o re­conocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley.

b) Las Comarcas y otras entidades que agrupen varios Municipios, institui­das por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

c) Las Áreas Metropolitanas.

d) Las Mancomunidades de Municipios.
´ 4. 1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias; corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes; las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pú­blica para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas.
2. Lo dispuesto en el número precedente y en el artículo 2 podrá ser de aplica­ción a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las Comar­cas, Áreas Metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las Leyes de las Comuni­dades Autónomas concretar cuales de aquellas potestades serán de aplicación.
5. (...)
6. 1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les es­tán encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, deconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.
7. 1. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por dele­gación.

Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás enti­dades territoriales sólo podrán ser determinadas por Ley.


2. Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la pro­pia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas.
3. Las competencias atribuidas se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local.
8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas po­drán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autó­nomas.
9. Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, Islas y otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas Entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o provinciales especiales.
10. 1. La Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las activida­des o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o condicionen, relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.
3. Las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.


TÍTULO II.
El Municipio.
11. 1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Esta­do . Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.


CAPÍTULO PRIMERO.
Territorio y población.
12. 1. El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus com­petencias.
2. Todos los residentes constituyen la población del Municipio.
13. 1. La creación o supresión de Municipios, así como la alteración de términos municipales, se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. Requerirán en todo caso audiencia de los Municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración del Estado.
2. La creación de nuevos Municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los Municipios resultan­tes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Esta­do, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
14. 1. Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas la entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el "Boletín Oficial del Estado".
2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en caste­llano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
15. 1. Todo español o extranjero que viva en territorio español deberá estar empa­dronado en el Municipio en el que resida habitualmente.

Quien viva en varios Municipios deberá inscribirse en aquel en que habitará durante más tiempo al año.

Para poder obtener el alta en el Padrón de un Municipio será necesario presentar el certificado de baja en el Padrón del Municipio en el que se hubiera residido anteriormente.
2. Los españoles que, circunstancialmente, se hallen viviendo en un Municipio que no sea el de su residencia habitual, podrán inscribirse en él como transeúntes. En este caso no será necesario cumplimentar lo dispuesto en el tercer párrafo del número anterior.
16. 1. La condición de residente se adquiere en el momento de realizar la inscrip­ción en el Padrón. Los residentes se clasifican en vecinos y domiciliados.
2. Son vecinos los españoles mayores de edad y que residan habitualmente en el término municipal y figuren inscritos con tal carácter en el Padrón municipal.
3. Son domiciliados los españoles menores de edad y los extranjeros residentes habitualmente en el término municipal y que como tales figuren inscritos en el Padrón mu­nicipal.
4. A los efectos electorales, los españoles que residan en el extranjero se con­siderarán vecinos o domiciliados en el Municipio en cuyo Padrón figurarán inscritos.
17. 1. La relación de los residentes y transeúntes en el término municipal constituye el Padrón municipal, que tiene carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos, y en el que deberán constar, respecto de todos los residentes, los datos personales precisos para las relaciones jurídicas públicas, con inclusión de los que el Estado o las Comunidades Autónomas soliciten a los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones de coordinación que a aquél o a éstas correspondan. En todo caso, se garantiza el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
2. La formación, mantenimiento y rectificación del Padrón corresponde al Ayun­tamiento, que procederá a su renovación cada cinco años y a su rectificación anual de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
3. Los Ayuntamientos confeccionarán un Padrón especial de españoles residentes en el extranjero en coordinación con las Administraciones del Estado y de las Comunida­des Autónomas.
18. 1. Son derechos y deberes de los vecinos:

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.

c) Utilizar de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Adminis­tración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.
2. Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los vecinos, salvo los de carácter político. No obstante, tendrán dere­cho de sufragio activo en los términos que prevea la legislación electoral general aplicable a las elecciones locales.


CAPÍTULO II.
Organización.
19. 1. El gobierno y la Administración municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, inte­grado por el Alcalde y los Concejales.
2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general.
20. 1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayun­tamientos.

b) La Comisión de Gobierno existe en los Municipios con población de dere­cho superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

c) El resto de los órganos, complementarios de los anteriores, se establece y regula por los propios Municipios en sus Reglamentos orgánicos, sin otro límite que el respeto a la organización determinada por esta Ley.


2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla c) del número anterior, las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización mu­nicipal complementaria de la prevista en este texto legal, que regirá en cada Municipio en todo aquello que su Reglamento orgánico no disponga lo contrario.
3. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de Concejales pertenecientes a los mismos, en los órganos complementarios del Ayuntamiento que tengan por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
21.1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las si­guientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipales.

b) Representar al Ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

e) Dictar Bandos.

f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; ordenar pagos y rendir cuentas.

g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la corporación.

h) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal, así como el nombramiento y san­ción de los funcionarios que usen armas.

i) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.

j) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno.

k) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las Ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órga­nos.

l) Contratar obras y servicios siempre que su cuantía no exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios de su Presupuesto no del 50 por 100 del límite general aplicable a la contratación directa, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

ll) Otorgar las licencias cuando así lo dispongan las Ordenanzas.

m) Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la legis­lación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al Municipio y no atribuyen a otros órganos municipales.

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Al­calde.


3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las de convo­car y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno y las enumeradas en los apartados a), e), g), i) y j) del número 1 de este artículo.
22. 1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipa­les; alteración del término municipal; creación o supresión de Municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45, creación de órganos desconcentrados; alteración de la capi­talidad del Municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

c) La aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación urbanística.

d) La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas.

e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aproba­ción y modificación de los Presupuestos, La disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas.

f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios de los expedientes de municipalización.

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras adminis­traciones públicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.

i) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual, todo ello en los términos del tí­tulo VII de esta Ley, así como la separación del servicio de los funcionarios de la Corpo­ración salvo lo dispuesto en el artículo 99, número 4 de esta Ley, y la ratificación del des­pido del personal laboral.

j) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.

k) La alteración de la clalificación jurídica de los bienes de dominio público.

l) La enajenación del patrimonio.

ll) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.

m) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.
3. Pertenece, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde, que se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general.
23. 1. La Comisión de Gobierno se integra por el Alcalde y un número de Conceja­les no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libre­mente por aquél, dando cuenta al Pleno.
2. Corresponde a la Comisión de Gobierno:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atri­buyan las Leyes. No son delegables las atribuciones reservadas al Pleno en los números 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) y ll) y 3 del artículo anterior.
3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al alcalde, siendo libremente designados y re­vocados por éste de entre los miembros de la Comisión de Gobierno y donde ésta no exis­ta, de entre los Concejales.

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcal­de, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda rea­lizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión.


24. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los Municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión descon­centrada, con la organización, funciones y competencias que cada Ayuntamiento les con­fiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término muni­cipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio.


CAPÍTULO III.
Competencias.
25. 1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus compe­tencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos, contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los téminos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Seguridad en lugares públicos.

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c) Protección civil, prevención y extinción de incendios.

d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

e) Patrimonio histórico-artístico.

f) Protección del medioambiente.

g) Abastos, mataderos; ferias, mercados, defensa de usuarios y consumidores.

h) Protección de la salubridad pública.

i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j) Cementerios y servicios funerarios.

k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

l) Suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria, de re­cogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

ll) Transporte público de viajeros.

m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, turismo.

n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Adminis­tración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.


3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enuncia­das en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

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