Ley orgánica del poder judicial del estado de oaxaca



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III. Son especiales y serán otorgadas para los magistrados de los tribunales especializados por el Consejo de la Judicatura y en el caso del Tribunal Superior de Justicia por el pleno, las que se concedan por razón de capacitación, actualización, especialización u otra análoga, por elección popular, así como las que se otorguen por razón de comisiones a desarrollarse en el propio Poder Judicial; en estos casos, el término de la licencia será por el tiempo que duren los estudios o la comisión.
Artículo 119.

Salvo la licencia a la que se refiere la fracción II del artículo siguiente, no podrá concederse nueva licencia si no se ha laborado cuando menos, un tiempo igual al de la duración a una licencia previa, contado a partir de la reincorporación del servidor público a sus actividades.


En las licencias extraordinarias otorgadas con una duración de un año, el término para conceder una nueva licencia por más de quince días, será de un año contado a partir de la reincorporación.
La concesión o negativa de las licencias estará condicionada a las necesidades y al normal desarrollo del servicio de administración de justicia.
Artículo 120.

Normalmente las licencias se entenderán otorgadas sin goce de sueldo independientemente de lo previsto por otras disposiciones aplicables, por lo que sólo se concederán licencias con goce de sueldo a juicio de quien deba otorgarlas, si:


I. Es de uno a tres días máximo, en un plazo de cuatro meses, y sin que pueda exceder de nueve días al año, sin importar la causa;
II. Se concede por razón de capacitación, actualización, especialización u otra análoga, y se concederá por el tiempo que duren los estudios, los que deberán justificarse a través de reporte escrito, conferencias o cualquier otro medio de expansión del conocimiento adquirido.
III. Previo a la concesión de la licencia, el solicitante deberá suscribir una carta compromiso en la que se obligue a continuar laborando para el Poder Judicial por un plazo igual al doble del tiempo de la licencia que en su caso se le conceda.
IV. El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior dará lugar a la devolución por parte del servidor público de todas aquellas percepciones que por cualquier concepto le hubieren sido suministradas por el Tribunal en el plazo de licencia;
V. Se solicita por causa de muerte de cónyuge, padres o hijos, hasta por diez días;
VI. Se solicita por enfermedad grave de alguno de los acreedores alimentarios hasta por un máximo de cinco días, sin que pueda concederse más de tres licencias de este tipo en el lapso de un año; y
VII. Las que se otorguen tratándose de comisiones que deban desarrollarse dentro del propio Poder Judicial, serán por el tiempo que dure dicha comisión.

Título Segundo.


De las Jubilaciones de Magistrados y Jueces.
Artículo 121.

Las jubilaciones de los Magistrados, Jueces y Secretarios son obligatorias o voluntarias.


Las jubilaciones otorgadas en términos de esta Ley, son incompatibles con alguna otra otorgada por el Gobierno del Estado y será decisión del jubilado optar por una.
Artículo 122.

Es causa de jubilación obligatoria, padecer incapacidad física o mental, total y permanente, que haga imposible el desempeño del cargo.


La incapacidad a que se refiere este artículo en el caso de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, la calificará su Pleno. Del resto de los servidores públicos del Poder Judicial, será calificada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. En ambos casos, con vista en dictámenes que emitan facultativos en la materia, oyendo al servidor público a jubilar cuando le sea posible y así lo solicite, o en su caso con los dictámenes de los facultativos que éste ofrezca.
Artículo 123.

Los magistrados, podrán jubilarse voluntariamente por alguna de las causas siguientes:


I. Tener quince o más años efectivos como magistrado y sesenta y tres años de edad;
II. Tener treinta y tres años de servicios efectivos en el Poder Judicial, de los cuales ocho como magistrado; y
III. Acreditar haber estado veinticinco años al servicio del Gobierno del Estado y ocho años de servicios efectivos como magistrado; además de contar con más de sesenta y tres años de edad.
Artículo 124.

El trámite de la jubilación se regulará en el reglamento respectivo y acuerdos generales.


Artículo 125.

Los magistrados jubilados percibirán una pensión vitalicia del cien por ciento de las prestaciones que tuviere en el momento de la aprobación de la jubilación, comprendiéndose en ella, el sueldo, compensaciones, aguinaldos y bonos de actuación que perciba, por la vía de presupuesto de egresos.


La pensión de estos servidores públicos se incrementará al mismo tiempo y en la misma proporción, en que se aumenten las percepciones de la categoría de que se trate, como si estuvieran en activo.
Artículo 126.

Al fallecer un magistrado jubilado o en ejercicio con derecho a jubilación, la pensión se transmitirá de por vida a la persona que instituya como beneficiaria dentro de sus dependientes económicos; a falta de ésta al cónyuge o concubino supérstite y a sus hijos incapacitados, tratándose de hijos menores no incapaces, se proporcionará hasta los dieciocho años de edad.


En el caso del fallecimiento de un jubilado o en ejercicio con derecho a jubilación, la pensión se transmitirá al cónyuge o concubino, en la inteligencia que la misma cesará al fallecer el beneficiario.
Artículo 127.

El derecho a disfrutar de pensión concluye:


I. Para los hijos de magistrado jubilado que hayan pasado a ser Pensionistas al cumplir dieciocho años de edad, a menos que se trate de incapacitados;
II. Para la viuda, si vuelve a contraer nupcias o viviera en concubinato; y
III. Para la concubina si contraen nupcias, viven en nuevo concubinato o por resolución judicial.
Artículo 128.

El pago de las pensiones mencionadas en el presente capítulo, se hará por la dirección de gestión administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado y para los tribunales especializados, jueces y secretarios judiciales por conducto del Consejo de la Judicatura, a partir del día siguiente en que haya sido aprobada la jubilación respectiva, en los términos previstos en el reglamento respectivo y acuerdos generales.


Los jueces y secretarios podrán jubilarse voluntariamente, de acuerdo a las causas señaladas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Estado de Oaxaca.

Título Tercero.


De los registros en el sistema oral.
Artículo 129.

En el sistema oral tendrán la validez y eficacia de un documento físico original de registro, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que registren actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.


Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el párrafo anterior.
(REFORMADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2015)

Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de este artículo, para hacer constar sus actos o resoluciones, los medios de protección del sistema resultarán suficientes para acreditar su autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados, con excepción de los supuestos establecidos en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tales efectos los Jueces podrán utilizar firma autógrafa o electrónica.


Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia y para los tribunales especializados la comisión de administración del Consejo de la Judicatura; dictarán los reglamentos y acuerdos generales para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios para garantizar su seguridad y conservación, así como para determinar el acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme a la ley.

Título Cuarto.


Del archivo jurisdiccional.
Artículo 130.

Los Tribunales del Poder Judicial conservarán en su archivo jurisdiccional los expedientes en trámite y los concluidos deberán remitirlos a la dirección de archivo, bibliotecas y boletín judicial, para su resguardo respectivo.


Los Tribunales podrán guardar una copia, utilizando para ello cualquier método de digitalización, reproducción o reducción.

Título Quinto.


De las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial.
Artículo 131.

Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del servicio público, tiene las siguientes obligaciones de carácter general:


I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un cargo o comisión;
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen.
III. Abstenerse de causar daños y perjuicios al Poder Judicial, sea por el manejo irregular de fondos y valores o por irregularidades en el ejercicio de recursos presupuestales o propios;
IV. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que estén afectos;
V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción u ocultamiento o inutilización indebida de aquella;
VI. Observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;
VII. Abstenerse de vender o adquirir cualquier mercancía dentro de su centro de trabajo; así como de consumir alimentos fuera de las áreas establecidas para ello;
VIII. Usar adecuadamente los sellos y papelería oficial;
IX. Abstenerse de concurrir al desempeño de sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas prohibidas;
X. Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
XI. Abstenerse de ejercer las funciones de un cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa en el ejercicio de sus funciones;
XII. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores, así como otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldos y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;
XIII. Abstenerse de desempeñar algún otro cargo o comisión oficial o particular que la ley prohíba;
XIV. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar cargo o comisión en el servicio público;
XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial en los términos que señala esta Ley;
XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno correspondientes conforme a la competencia de ésta;
XVII. Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las fracciones de este artículo;
XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;
XIX. Abstenerse de impedir la formulación de quejas y denuncias en contra de servidores públicos, por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio;
XX. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, mantenimientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa del Consejo de la Judicatura conforme a las disposiciones legales aplicables al caso de que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XXI. Cumplir con la entrega del despacho a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen;
XXII. Alterar los registros de asistencia en forma intencional, o bien sustraer las tarjetas de control de asistencia de su centro de trabajo;
XXIII. No remitir al archivo, al terminar el año, los expedientes cuya remisión sea forzosa, conforme a la ley; y
XXIV. Las demás que le imponga esta ley, el reglamento respectivo, acuerdos generales y disposiciones legales aplicables.
Se reputarán como faltas administrativas las infracciones a cualquiera de las obligaciones señaladas en este artículo y se considerarán como graves las contenidas en las fracciones III, IV, V, VIII, XI, XIII, XIV, XVIII y XIX.
Artículo 132.

Independientemente de las obligaciones generales de todo servidor público, señaladas en el artículo que antecede, se reputarán como faltas a la función pública en ejercicio de su cargo o comisión, las siguientes:


I. De los jueces en cualquier sistema:
a) No dictar, sin causa justificada, dentro del término señalado por la ley, los acuerdos que procedan a las promociones de las partes;
b) No dictar sin causa justificada, dentro del término que señala la ley, las sentencias interlocutorias, definitivas o resoluciones de los negocios de su conocimiento;
c) No concluir sin causa justificada, dentro del término de ley, la instrucción de los procesos de su conocimiento;
d) Dictar resoluciones o trámites notoriamente innecesarios que sólo tienden a dilatar el procedimiento;
e) Admitir demandas o promociones de quien no acredite su personalidad conforme a la ley o notoriamente improcedentes;
f) Admitir fianza o contra fianzas en los casos que prescriben las leyes, de personas que no acrediten suficientemente su solvencia y la libertad de gravámenes de los bienes que sirvan para ello;
g) Conocer de los negocios en que estuvieran impedidos por las causas previstas en las leyes;
h) Declarar la rebeldía de alguna de las partes sin que las notificaciones y citaciones se hayan hecho sin cumplir con las formalidades que la ley exige o antes del término correspondiente;
i) No admitir las pruebas ofrecidas por los litigantes cuando reúnan los requisitos previstos por las leyes aplicables;
j) No efectuar en los términos previstos en las leyes las correspondientes visitas a las personas privadas de su libertad en reclusorios o en cualquier centro de internamiento, sujetas a procedimiento penal o en etapa de ejecución de sentencia;
k) No dar cumplimiento en tiempo y forma a las ejecutorias de amparo que conozca;
l) Tener un notorio descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;
m) Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;
n) No preservar, en el desempeño de sus labores el respeto, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial;
o) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;
p) Abandonar, sin la autorización correspondiente, la residencia del juzgado de primera instancia al que estén adscritos, o dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo;
q) Retardar sin causa justificada el desahogo de diligencias, audiencias o vistas en los procedimientos de su competencia;
r) Decretar un embargo o ampliación de él, sin que se reúnan los requisitos de ley, o negar la reducción o levantamiento del mismo, cuando se compruebe en autos, de manera fehaciente, que procede una u otra;
s) No concurrir, sin causa justificada, al desempeño de sus labores oficiales; y
t) Las demás señaladas en el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Se consideran faltas graves las establecidas en los incisos b), f), g), h), j), k) y q) de esta fracción.
II. Del secretario de acuerdos de sala y secretarios de estudio y cuenta:
a) No dar cuenta dentro del término de ley, con los oficios y documentos oficiales dirigidos al juzgado, con los escritos y promociones de las partes;
b) No asentar en autos, dentro del término, las certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial;
c) No diligenciar dentro del término de ley las resoluciones judiciales, a menos que exista causa justificada;
d) No dar cuenta al presidente de la sala, de las faltas u omisiones que personalmente hubieren notado en los servidores públicos del poder judicial subalternos de la oficina, o se denuncien por el público verbalmente o por escrito;
e) No turnar los tocas en forma inmediata a los magistrados ponentes una vez desahogada la audiencia de vista;
f) No entregar los asuntos resueltos por el pleno de la sala para su debida notificación a las partes;
g) No dar cumplimiento en tiempo y forma a lo que se ordene en la ejecutoria del pleno de la Sala; y
h) Las demás señaladas en el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Se consideran faltas graves las establecidas en los incisos a), c) y g) de esta fracción.
III. De los secretarios de acuerdos en general:
a) No remitir a los ejecutores o actuarios judiciales oportunamente las actuaciones que requieran notificación personal o la práctica de alguna diligencia;
b) No hacer a las partes las notificaciones personales que procedan cuando concurran al juzgado o tribunal dentro del término de ley, cuando supla la ausencia del ejecutor o actuario judicial;
c) No permitir a las partes el acceso a los expedientes, sin causa justificada;
d) No dar acceso a las partes, inmediatamente que lo soliciten, a la lista de acuerdos del día.
e) No remitir al archivo, al terminar el año, los expedientes cuya remisión sea forzosa, conforme a la ley;
f) Las fijadas en la fracción II de este artículo; y
g) Las demás señaladas en el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Se consideran faltas graves las establecidas en los incisos a), b) y c) de esta fracción.
IV. De los ejecutores o actuarios judiciales:
a) No hacer con la debida oportunidad y sin causa justificada, las notificaciones personales, ni llevar a cabo las diligencias de sus atribuciones, cuando deban efectuarse fuera del juzgado o tribunal;
b) Retardar indebida o intencionalmente las notificaciones, Emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase que les fueren encomendadas;
c) Dar preferencia a algún litigante, por cualquier causa que sea, en la diligencia de sus asuntos en general y, especialmente, para llevar a cabo las que se determinan en la fracción que antecede;
d) Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos a las partes por cédula o instructivo, fuera del lugar designado en autos, o sin cerciorarse, cuando proceda, de que el interesado tiene su domicilio en donde se lleva a cabo la diligencia;
e) Practicar embargos, aseguramientos o retención de bienes o lanzamientos de personas o corporación que no sea la designada en el auto respectivo, o cuando en el momento de la diligencia o antes de retirarse el personal del juzgado, se les demuestre que esos bienes son ajenos, en todo caso, deberán agregar a los autos la documentación que se les presente a efecto de dar cuenta al titular del juzgado o tribunal; y
f) Las demás señaladas en el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Se consideran faltas graves las establecidas en los incisos a) y b) de esta fracción.
Artículo 133.

Se consideran faltas laborales las siguientes:


I. No asistir puntualmente a su centro de trabajo y abandonar el mismo durante la jornada sin permiso o causa justificada;
II. No desempeñar las labores encomendadas con honestidad, cuidado, eficiencia, empeño, profesionalismo y dedicación, sujetándose a las leyes y reglamentos que las regulen;
III. No guardar reserva de los asuntos de que tengan conocimiento con motivo de su trabajo;
IV. No observar buenas costumbres dentro y fuera del lugar de trabajo, siempre y cuando esté actuando con el carácter de empleado al servicio del Poder Judicial;
V. No responder por los daños ocasionados a los bienes que tengan a su cargo, con motivo del trabajo encomendado;
VI. No evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros;
VII. Hacer propaganda de toda clase durante las horas de trabajo, sin contar con la autorización oficial;
VIII. No reanudar sus labores al siguiente día hábil de concluir un permiso o licencia;
IX. No asistir a las ceremonias oficiales y actos que el Tribunal acuerde;
X. No concurrir a su centro de trabajo también a horas extraordinarias, a juicio del titular del órgano de que se trate cuando las necesidades del servicio así lo requieran; y
XI. Las demás señaladas en el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Se consideran faltas graves las establecidas en las fracciones II, III y VI de este artículo.
Artículo 134.

Para determinar la imposición de la sanción se tomará en cuenta la gravedad de la falta, su propia naturaleza, los efectos que produce, las circunstancias exteriores de su ejecución y las condiciones personales del infractor.


Artículo 135.

Las sanciones aplicables por faltas administrativas y del orden laboral, son:


I. Apercibimiento dirigido con la finalidad del que se evite la repetición que una falta. Si se hace del modo personal será apercibimiento privado; si se hace por escrito y queda asentado en el expediente del sancionado será apercibimiento público;
II. Amonestación;
III. Multa de cincuenta a cien días de salario mínimo vigente en la capital del Estado;
IV. Suspensión del empleo, sin goce de sueldo, de quince días a tres meses; y
V. Terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el Poder Judicial.
Artículo 136.

Las sanciones aplicables por faltas a la función pública encomendada, son:


I. Apercibimiento dirigido con la finalidad de que se evite la repetición de una falta. Si se hace de modo personal será apercibimiento privado; si se hace por escrito y queda asentado en el expediente del sancionado será apercibimiento público;
II. Amonestación;
III. Multa de cincuenta a ciento veinte días de salario mínimo vigente en la capital del Estado;
IV. Suspensión en la función de diez días a tres meses;
V. Inhabilitación temporal de tres a seis meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público; y
VI. Destitución del cargo.


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