Ley orgánica del poder judicial del estado de oaxaca



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III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho y grado de maestro o doctor en derecho expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello;
IV. Haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de divulgación científica mediante la edición de obras jurídicas publicadas por editoriales de prestigio nacionales o extranjeras; y
V. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
Artículo 94.

La escuela judicial contará con el personal que se considere necesario para su adecuado funcionamiento y que permita el presupuesto de egresos.


Artículo 95.

La escuela judicial tendrá como atribuciones:


I. Seleccionar, formar, capacitar, actualizar y perfeccionar continuamente a los magistrados, jueces y demás servidores públicos que integren el Poder Judicial, conforme a programas y lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura, para la eficaz prestación de los servicios de justicia, mediante nuevos instrumentos de gestión y técnicas de trabajo;
II. Incentivar una reforma cultural en la administración de justicia que apunte a una gestión de calidad teniendo en cuenta las expectativas de los distintos operadores del derecho y de la sociedad;
III. Impartir los conocimientos teóricos y prácticos de aplicación específica en la administración de justicia con la finalidad de lograr la eficacia de la función administrativo-judicial;
IV. Promover la conciencia de la responsabilidad ética inherente a la función judicial; incorporar a los programas que se implementen el conocimiento de las técnicas de administración eficiente;
V. Organizar cursos, talleres, seminarios o jornadas de capacitación jurídica destinados a profesionales de la abogacía y auxiliares de la justicia;
VI. Proponer al Consejo de la Judicatura, convenios con universidades públicas o privadas, asociaciones de magistrados, colegios de abogados y otras organizaciones públicas y no gubernamentales sin fines de lucro, tendentes al mejor cumplimiento de los objetivos de la escuela;
VII. Proponer becas para magistrados o jueces para su perfeccionamiento en otros institutos de capacitación jurídica nacionales o extranjeros;
VIII. Realizar estudios y trabajos de investigación, en distintos ámbitos relacionados con la administración de justicia, para sustentar la formulación de iniciativas de reformas a los ordenamientos de la materia, así como reorientar las acciones y metas del Poder Judicial;
IX. Establecer programas específicos de capacitación, formación, actualización y profesionalización de los servidores públicos judiciales;
X. Desarrollar programas que contribuyan a impulsar la vocación de servicio y el ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial, así como al mejoramiento de las técnicas administrativas;
XI. Diseñar programas académicos de educación superior especializada orientados a la profesionalización de la función jurisdiccional y al análisis, reflexión, asesoría y consultoría en materia de impartición de justicia;
XII. Diseñar planes y programas de estudio que de manera integral, adopten a la función jurisdiccional como centro de desarrollo profesional de la actividad institucional; implementar programas de capacitación y formación profesional orientados a la constitución de claustros docentes especializados en materia de impartición de justicia;
XIII. Aplicar políticas adecuadas que procuren el fortalecimiento de programas de difusión de la cultura jurídica y de extensión de los servicios, propiciando corresponsabilidad y colaboración; así como los mecanismos de investigación tanto básica como aplicada, procurando su integración con la docencia, la difusión y la extensión;
XIV. Realizar cursos de preparación continua para las distintas categorías de la carrera judicial; y
XV. Las demás que señale esta ley, el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Artículo 96.

La escuela judicial contará con un comité académico integrado por cinco miembros: tres jueces o magistrados y los dos restantes, académicos con experiencia docente universitaria de cuando menos cinco años.


El comité tendrá a su cargo elaborar los programas de investigación, preparación y capacitación para los alumnos de la escuela judicial, mecanismos de evaluación y rendimiento, que deberá someter a la aprobación del Consejo de la Judicatura.
Artículo 97.

La escuela judicial llevará a cabo cursos de preparación para los exámenes correspondientes a las distintas categorías que componen la carrera judicial.


Artículo 98.

La estructura orgánica de la escuela judicial, así como las categorías que componen la carrera judicial, se establecerán en el reglamento respectivo y acuerdos generales.

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

Capítulo VI.


Del Centro de Justicia Alternativa.
(REFORMADO, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

Artículo 99.

El Centro de Justicia Alternativa es un órgano auxiliar en la administración de justicia, dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, estará a cargo de un director, quien será designado y removido por el Consejo de la Judicatura, a propuesta de la Comisión de Administración del propio Consejo y su objetivo es ofrecer servicios de medios alternos de solución de conflictos para la pronta, pacífica y eficaz solución de controversias entre particulares en asuntos de naturaleza civil, familiar, mercantil, vecinal y penal; tratándose de materia administrativa entre particulares y autoridades.
Artículo 100.

El director del centro de justicia alternativa deberá reunir los siguientes requisitos:


I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta años de edad, cumplidos en la fecha de su nombramiento y cinco años de ejercicio profesional como mínimo;
III. Contar con título y cédula profesional preferentemente de licenciado en derecho o psicología; expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello; y
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

Artículo 101.

El Centro de Justicia Alternativa tendrá las siguientes atribuciones:
(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

l. Representar jurídicamente del Centro de Justicia Alternativa en el ejercicio de sus actividades;


II. Coordinar a los jefes de departamento, mediadores, conciliadores y demás personal administrativo que labore en ese órgano;
(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

III. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del centro, con sujeción a los lineamientos que rigen la misma;


IV. Promover la celebración de convenios con organismos públicos y descentralizados con características y funciones propias, para coordinar y concentrar acciones que le permitan cumplir con sus objetivos;
(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

V. Presentar al Consejo de la Judicatura, los informes anuales sobre las actividades de la (sic) Centro de Justicia Alternativa;


(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

VI. Establecer los mecanismos de difusión que permitan a la sociedad conocer sobre los procedimientos y servicios proporcionados por el centro;


VII. Llevar un registro estatal de mediadores y conciliadores;
(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

VIII. Llevar al corriente el registro de los asuntos ventilados por el Centro;


IX. Practicar evaluaciones a los medidores y conciliadores para detectar las áreas en las que deben capacitarse y así brindar un mejor servicio;
X. Llevar a cabo el trámite de los convenios de mediación, conciliación y justicia restaurativa ante las autoridades competentes;
(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

XI. Vigilar que el Centro a su cargo preste la atención al público en general en los horarios establecidos por el Consejo de la Judicatura;


(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

XII. Vigilar el cumplimiento de la ley de la materia, y demás normativa aplicable, de los manuales, circulares y acuerdos emitidos para el correcto funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa;


XIII. Proporcionar oportunamente al pleno y al presidente del Consejo de la Judicatura; al pleno y presidente del Tribunal Superior de Justicia; a los órganos auxiliares del Poder Judicial y a instituciones de carácter público que soliciten datos estadísticos, previo el trámite correspondiente;
(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

XIV. Proponer al Consejo de la Judicatura para su ejecución, el proceso de selección de mediadores, conciliadores y demás personal que se requiera para el funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa y de sus delegaciones regionales que de él dependan;


(REFORMADA, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

XV. Coordinar con instituciones de gobierno y no gubernamentales cursos de capacitación en las disciplinas necesarias para mantener actualizado al personal del Centro;


XVI. Pronunciarse respecto de la acreditación de los centros de justicia alternativa, de los mediadores y conciliadores que ejerzan esta función tanto en el ámbito público como privado; y
XVII. Las demás que señale esta ley, las leyes y reglamentos respectivos y acuerdos generales.
Artículo 102.

La estructura orgánica del centro de justicia alternativa será la que establezca la Ley de Justicia Alternativa, el reglamento respectivo y acuerdos generales; contará con el personal necesario para su adecuado funcionamiento y permita el presupuesto de egresos.

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)

Capítulo VII.


De la Dirección de Archivo, Bibliotecas y Boletín Judicial.
Artículo 103.

La Dirección de Archivo, Bibliotecas y Boletín Judicial, depende del Consejo de la Judicatura; estará adscrita a la comisión de administración, a cargo de un director, quien será designado y removido por el Consejo de la Judicatura a propuesta de la comisión de administración del propio Consejo.


Para ser titular de la dirección de archivo, bibliotecas y boletín judicial se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día del nombramiento y un mínimo de cinco años de experiencia en el campo profesional;
III. Tener título y cédula profesional preferentemente de licenciado en derecho, biblioteconomía, o archivonomía; expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello; y
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
Artículo 104.

La Dirección de Archivo, Bibliotecas y Boletín Judicial tendrá las siguientes atribuciones:


I. Supervisar que se cumpla con la reglamentación que emita el Consejo de la Judicatura para el eficaz funcionamiento del centro de documentación y análisis que comprenderá el archivo histórico, el archivo central y los archivos de los tribunales especializados y compilación;
II. Vigilar que se cumplan con los lineamientos, políticas y procedimientos internos necesarios para garantizar el óptimo desempeño de los archivos;
III. Coordinar y solicitar a los diversos órganos del Poder Judicial del Estado, el apoyo y la información necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas para el mejor funcionamiento de los archivos;
IV. Organizar, custodiar y conservar los expedientes, así como los documentos que formen parte de los juicios;
V. Editar, publicar y distribuir el Boletín Judicial ordenados por el Pleno de los tribunales, las salas, presidencia o cualquier otro órgano jurisdiccional, en la forma y términos que señale la ley;
VI. Garantizar el óptimo funcionamiento de cada área de su dirección; así como su correspondiente actualización;
VII. Proponer la gestión ante otras instancias y dependencias estatales y federales, asuntos que sean competencia de esta dirección; y
VIII. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento respectivo y acuerdos generales.
Artículo 105.

La estructura orgánica de la dirección de archivo, bibliotecas y boletín judicial, se establecerá en el reglamento respectivo y acuerdos generales.

Capítulo VIII.
De la Dirección de Infraestructura Judicial.
Artículo 106.

La dirección de infraestructura judicial depende del Consejo de la Judicatura; adscrita a la comisión de administración, a cargo de un director, quien será designado y removido por el Consejo de la Judicatura a propuesta de la comisión de administración del propio Consejo. Tendrá por objeto procurar el desarrollo, conservación, optimización y mejora de los bienes inmuebles y espacios que conforman el patrimonio del Poder Judicial.


Para ser director de infraestructura judicial se requiere:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta años de edad, cumplidos en la fecha de su nombramiento y cinco años de ejercicio profesional como mínimo;
III. Contar con título y cedula profesional en ingeniería civil o arquitectura; expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello; y
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
La estructura orgánica de la dirección de infraestructura judicial será la que establezca esta ley, el reglamento respectivo, acuerdos generales; y permita el presupuesto de egresos.
Artículo 107.

La Dirección de Infraestructura Judicial tendrá las siguientes atribuciones:


I. Proponer al Consejo de la Judicatura su plan anual de trabajo, programas y proyectos de obras que permitan el óptimo desarrollo de la infraestructura judicial, conforme a los lineamientos que al efecto se hayan emitido, para su debida aprobación;
II. Supervisar las remodelaciones, optimizar, preservar y dar mantenimiento a la infraestructura judicial existente del Poder Judicial a fin de mejorar el funcionamiento de los espacios y brindar una adecuada atención a los usuarios;
III. Supervisar y controlar técnica y administrativamente las obras de construcción que se encuentren en proceso;
IV. Recibir y entregar las obras que se hayan realizado, con la debida documentación y finiquitadas a satisfacción del Poder Judicial del Estado;
V. Presentar al pleno del Consejo de la Judicatura, los planes, programas, proyectos de obra y construcciones para su debida aprobación;
VI. Atender las solicitudes que realicen los titulares y usuarios del Poder Judicial, respecto a las necesidades técnicas que reporten;
VII. Proponer al Consejo de la Judicatura el anteproyecto de gestión de las contrataciones de las obras necesarias a través del sistema de administración directa o licitaciones públicas y restringidas con estricto apego a la normatividad que establezcan las leyes de la materia;
VIII. Aplicar en las diferentes áreas y organismos jurisdiccionales del Poder Judicial, diversos programas y acciones en materia de protección civil encaminados a orientar y prevenir situaciones en caso de desastres naturales o accidentales;
IX. Informar a la comisión de administración del Consejo de la Judicatura, o a su presidente, de los resultados obtenidos en base a su plan anual de trabajo cuando así sea requerido, así como de las incidencias u observaciones que considere importantes; y
X. Las demás que señale esta ley, el reglamento respectivo y acuerdos generales.

LIBRO SEXTO.


DE LOS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL

Título Primero.


De los auxiliares del Poder Judicial del Estado.
Artículo 108.
Son auxiliares del Poder Judicial:
I. La dirección de periciales; y
II. La dirección de derechos humanos.

Título Segundo.


De la Dirección de Periciales.
Artículo 109.

La Dirección de Periciales depende del Poder Judicial y tiene a su cargo el ejercicio de funciones técnicas en apoyo de la actividad jurisdiccional de los diversos tribunales y juzgados del Poder Judicial.


La Dirección de Periciales es el órgano de selección, administración y control de los peritos que, conforme a los lineamientos de las leyes vigentes, del reglamento respectivo y acuerdos generales, desempeñen tales funciones como auxiliares de la actividad jurisdiccional de las salas y de los juzgados.
Artículo 110.

La Dirección de Periciales tendrá las siguientes atribuciones:


I. Cumplir con los objetivos, estrategias, políticas, programas y procedimientos establecidos por el Consejo de la Judicatura para realizar adecuadamente las actividades de las diversas áreas, de acuerdo a las necesidades que presenten;
II. Supervisar y coordinar el calendario de actividades de los peritos; y
III. Evaluar los resultados obtenidos en las designaciones otorgadas a los peritos.
Artículo 111.

La Dirección de Periciales estará a cargo de un director quien será designado y removido por el Consejo de la Judicatura a propuesta de la comisión de adscripción del propio Consejo.


El director de periciales debe reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta años de edad, cumplidos en la fecha de su nombramiento y cinco años de ejercicio profesional como mínimo;
III. Ser licenciado en derecho, criminólogo, criminalística o técnicas periciales, debiendo contar con título y cédula profesional, expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello; y
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
Artículo 112.

Para ser perito oficial se requiere:


I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos a la fecha de su nombramiento y un mínimo de cinco años de experiencia en el campo profesional;
III. Conocer la ciencia, arte u oficio respecto del cual sea su nombramiento;
IV. Contar con título y cédula profesional expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello; para el caso de que la ley no exija título y cédula profesional en alguna materia, bastará acreditar fehaciente e indubitablemente tener conocimiento en la misma;
V. Acreditar su pericia mediante examen que presentará ante un jurado que designe el Consejo de la Judicatura, y cuando éste lo estime necesario, se solicitará para tal efecto, la cooperación de instituciones públicas o privadas que a juicio del propio Consejo de la Judicatura cuenten con la capacidad para ello. La decisión del jurado será irrecurrible; y
VI. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
A partir de su nombramiento los peritos oficiales están impedidos para ejercer libremente su profesión durante el desempeño del cargo conferido
Los peritos oficiales serán nombrados por el Consejo de la Judicatura y duraran en su cargo dos años, pudiendo ser ratificados previa evaluación. Las bases para su nombramiento, ejercicio y ratificación se establecerán en el reglamento respectivo y acuerdos generales.
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, P.O. 5 DE AGOSTO DE 2016)
Los peritos intervendrán únicamente en los casos que lo soliciten los magistrados o los jueces conforme a las leyes aplicables a los diversos procesos.
Los peritos desempeñarán sus funciones con prontitud bajo los principios de objetividad, probidad y profesionalismo; estarán sujetos en el desempeño de sus funciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
En caso necesario, los juzgados y tribunales podrán auxiliarse del personal externo que pueda desempeñar el cargo de perito.
Artículo 113.

El peritaje de los asuntos judiciales que se presenten ante las autoridades comunes del Estado de Oaxaca, es una función pública y en esa virtud, los profesionales, los técnicos o prácticos en cualquier materia científica, arte u oficio que presten sus servicios a la administración pública, están obligados a cooperar con dichas autoridades, dictaminando en los asuntos relacionados con su encomienda.


Los peritajes que deban versar sobre materias relativas a profesiones, deberán encomendarse a personas autorizadas con título y cédula profesional expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello.
Artículo 114.

La Dirección de Periciales contará con el personal necesario para su funcionamiento y que permita el presupuesto de egresos. Su estructura orgánica se establecerá en el reglamento respectivo y acuerdos generales.

Título Tercero.
De la Dirección de Derechos Humanos.
Artículo 115.

La Dirección de Derechos Humanos es el órgano encargado de coordinar las acciones de seguimiento, gestión, concertación y conciliación necesarias para dar una atención eficaz, pronta y expedita a las quejas iniciadas contra servidores públicos del Poder Judicial, por probables violaciones a los derechos humanos.


El director de derechos humanos será designado y removido por el Consejo de la Judicatura a propuesta de la comisión de vigilancia, evaluación y transparencia del consejo.
Para ser titular de la dirección de derechos humanos se requiere:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta años de edad, cumplidos en la fecha de su nombramiento y cinco años de ejercicio profesional como mínimo;
III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional, expedidos por la institución educativa y autoridad legalmente facultada para ello; y
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
Artículo 116.

Son atribuciones de la dirección de derechos humanos: promover, difundir y fomentar entre los servidores públicos del Poder Judicial, el respeto y protección de los derechos humanos; servir de enlace con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los diversos organismos públicos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, para verificar el cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones que emitan dichas instituciones.


Artículo 117.

La estructura orgánica de la Dirección de Derechos Humanos se establecerá en el reglamento respectivo y acuerdos generales.

LIBRO SÉPTIMO.
DISPOSICIONES GENERALES A LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

Título Primero.


De las licencias para los magistrados.
Artículo 118.

Las licencias podrán ser ordinarias, extraordinarias y especiales.


I. Son ordinarias aquéllas que se concedan hasta por treinta días, en cuyo caso serán otorgadas para los magistrados de los tribunales especializados por la comisión de administración del Consejo de la Judicatura, y en el caso del Tribunal Superior de Justicia por su presidente;
II. Son extraordinarias aquéllas que se concedan por más de treinta días y hasta por un máximo de un año, en cuyo caso serán otorgadas para los magistrados de los tribunales especializados por el Consejo de la Judicatura, y en el caso del Tribunal Superior de Justicia por el pleno; y


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