Ley 36-88 de Arbitrajes



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LEY 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

Exposición de Motivos

La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de Derecho Privado vigente viene siendo reclamada desde
diversos sectores y corporaciones. La Ley de 22 de diciembre de 1953 supuso un innegable avance sobre la
situación existente con anterioridad. Sin embargo, la Ley de 1953 estaba concebida para la solución arbitral
de conflictos de Derecho Civil en el más estricto sentido de la palabra; la práctica ha demostrado, en cambio,
que dicha no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición arbitral las controversias que
surgen en el tráfico mercantil, ni menos aún para las que surgen en el tráfico mercantil internacional.
La nueva regulación se estructura en nueve Títulos.
El Título I delimita el ámbito de aplicación de la Ley, configurando el objeto sobre el que pueda recaer el
arbitraje y separando esta institución de otras figuras afines. Se elimina la distinción entre el contrato o
preliminar de arbitraje y el compromiso que efectúa la Ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento en el
que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición que
reconoce el artículo 1.º, puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de superar la
relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes
del nacimiento real de la controversia entre las partes, obligando quizá por la misma naturaleza de las cosas a
exigir su formalización judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las partes.
El Título II introduce como novedades el Principio de libertad formal en el convenio arbitral, la consagración
legislativa del principio de separabilidad del convenio arbitral accesorio. de un negocio jurídico principal y,
sobre todo, la posibilidad de que las partes difieran a un tercero del nombramiento de los árbitros e, incluso, la
organización del sistema arbitral. Se dota de un amplio margen de actuación al principio automía de la
voluntad pero se adoptan las cautelas lógicas frente a situaciones de desigualdad contractual en las que
puedan encontrarse las partes. Así, se declara nulo el convenio que coloque a una de las partes en situación
de privilegio en relación con la designación de los árbitros, se contempla el supuesto de convenio arbitral
como cláusula accesoria de un contrato de adhesión y se dispone de los reglamentos arbitrales que
establezcan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público a quienes se
permite que las partes encomienden la organización y administración de servicios arbitrales se protocolicen
notarialmente a fin de dotarles de la necesaria fijeza.
El Título III se refiere a los árbitros y regula su capacidad, sus incompatibilidades y su abstención y
recusación. En el caso de pluralidad de árbitros, éstos elegirán un presidente a quien incumbe dictar el laudo
en el caso de que no hubiera acuerdo mayoritario.
El procedimiento arbitral regulado en el Título IV, queda también remitido en gran parte a la autonomía de la
voluntad. Sin embargo, se requiere la observancia de unos trámites mínimos y, en todo caso, el respeto a los
prrincipios de audiencia. contradicción e igualdad
El Tílulo V regula el laudo arbitral, exigiendo su motivación y su notificación fehaciente a las partes. Cabe
destacar como novedad la regulación de la posibilidad de corrigir errores u omisiones materiales.
El Título VI se dedica a la intervención jurisdiccional a lo largo del procedimiento arbitral. Tal intervención se
ha reducido a la estrictamente necesaria. Con la intención de simplificar el procedimiento arbitral
propiamente dicho y en línea con lo establecido en otros ordenamientos, se encomienda a los árbitros, en
defecto de acuerdo de las partes, la delimitación de la controversia sometida a arbitraje, lo que permitirá
descargar a la Administración de Justicia de algunas de las funciones que actualmente tiene encomendadas en
la formalización judicial del arbitraje.
El convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial, consagrado
en el artículo 24 de la Constitución. Por ello, el Título VII regula un recurso de anulación del laudo a fin de
garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en
la Ley. Junto a ello se ha introducido la posibilidad de anular el laudo cuando éste fuese contrario al orden
público, concepto que habrá de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra Constitución. El órgano
competente para conocer del recurso es la Audiencia Provincial. Es ésta una decisión ecléctica entre la
regulación vigente de los recursos contra el laudo, cuyo conocimiento se atribuye al Tribunal Supremo, como
si de una sentencia se tratara, y los que postulan que, siendo el laudo una decisión puramente privada, su
anulación debería incumbir a los Juzgados de Primera Instancia. La Ley ha optado por la vía intermedia,
consciente de que un órgano pluripersonal con competencias en el orden civil como la Audiéncia Provincial,
tal y como aparece configurada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, podía ser el adecuado para conocer de
la anulación.
Se prevé, por otra parte, que, en tanto se tramita la posible anulación, pueda el interesado solicitar la adopción
de medidas cautelares que garanticen la efectividad del laudo.
El Título VIII regula la ejecución judicial del laudo, con un sistema lo suficientemente completo como para
encauzar la pretensión de ejecución y la oposición a la misma con las garantías suficientes para ambas partes.
El Título IX prevé el reconocimiento, que se atribuye al Tribunal Supremo, y la ejecución, que se atribuye a
los Jueces de Primera Instancia, de los laudos arbitrales extranjeros, sin perjuicio de los tratados
internacionales que formen parte del ordenamiento interno y de los cuales ya están haciendo uso nuestros
Tribunales con relativa frecuencia.
En el Título X se contienen normas de Derecho Internacional Privado, relativas a la capacidad para otorgar el
convenio arbitral, a la validez y los efectos de éste y a la Ley aplicable para decidir el fondo de la cuestión
litigiosa, cuando se trate de un arbitraje de derecho. Se ha mantenido el criterio, ya presente en el artículo
10.5 del Código Civil, de exigir algún grado de conexión entre la Ley aplicable y la controversia objeto de
arbitraje, a fin de evitar que por la vía del arbitraje se produzca lo que se ha dado en llamar la fuga del
Derecho de determinadas relaciones jurídicas internacionales.
La Ley efectúa una reforma en profundidad del arbitraje para que esta institución resulte apta no sólo para
resolver los litigios que se planteen en el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones
jurídico-civiles, sino también para eliminar conflictos como los que se producen en el tráfico jurídico en masa,
mediante la autonomía de la voluntad de las partes. El Comité de Ministros del Consejo de europa, en su
Recomendación 12/1986, referente a ciertas meidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabahjo
de los Tribunales, postula que los gobiernos adopten las disposiciones adecuadas para que “en los casos que
se prestebn a ello, el arbitraje pueda constituir una alternativa más accesible y más eficaz a la acción judicial”.
Por ello, leyes recientes, como la de Ordenación del Seguro Privado, la General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, la de Propiedad Intelectual y la Ordenación de los Transportes Terrestres
complementaría, especialmente desde el punto de vista procesal.
Esta Ley facilitará un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos mediante el uso de su
libertad por parte de los ciudadanos, garantizando, al mismo tiempo, que el sistema que se instaura es
igualitario Se trata, en definitiva, de remover, conforme ordena el artículo 9.º de la Constitución, los
obstáculos que dificulten o impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.


TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno
o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición
conforme a derecho.

Artículo 2

1. No podrán ser objeto de arbitraje:

a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos
derivados de su ejecución.
b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición.
c) Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, deba intervenir el Ministeno Fiscal en representación y
defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí
mismos.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los arbitrajes laborales.

Artículo 3

1. El arbitraje para ser válido deberá ajustarse a las prescripciones de esta Ley.
2. Cuando en forma distinta de la prescrita en esta Ley dos o más personas, pacten la intervención dirimente
de uno o más terceros y acepten expresa o tácitamente su decisión, después de emitida, el acuerdo será válido
y obligatorio para las partes si en él concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.

Artículo 4

1. Los arbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en equidad, según su saber y entender,
a elección de las partes.
2. En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de derecho, los árbitros
resolverán en equidad, salvo que hayan encomendado la administración del arbitraje a una corporación o
asociación en cuyo caso se estará a lo que resulte de su reglamento.

TITULO II

Del Convenio arbitral y sus efectos

Artículo 5

1. El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de todas
las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas
determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o más árbitros, así como expresar la obligacion e
cumplir tal decisión.
2. Si el convenio arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez de este pacto y su
interpretación se acordarán a lo prevenido por las disposiciones en vigor respecto de estas modalidades de
contratación.

Artículo 6

1. El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito y podrá concertarse como cláusula incorporada a un
contrato principal o por acuerdo independiente del mismo.
2. Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando esté consignado en un único
documento suscrito por las partes, sino también, cuando resulte de intercambio de cartas, o de cualquier otro
medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.

Artículo 7

Excepcionalmente, será válido el arbitraje instituido por la sola voluntad del testador que lo establezca para
solucionar las diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos o legatarios para cuestiones relativas
a la distribución o administración de la herencia.

Artículo 8

La nulidad de un contrato no llevará consigo de modo necesario la del convenio arbitral accesorio.

Artículo 9

1. El contenido del convenio arbitral podrá extenderse a la designación de los árbitros y a la determinación de
las reglas de procedimiento. Si las partes no hubieren pactado sobre estos extremos podrán completar, en
cualquier momento, mediante acuerdos complementarios, el contenido del convenio arbitral.
2. Las partes podrán deferir a un tercero, ya sea persona fisica o jurídica, la designación de los árbitros.
3. Será nulo el convenio arbitral que coloque a una de las partes en cualquier situación de privilegio con
respecto a la designación de los árbitros.


Artículo 10

1. Las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de
acuerdo con su reglamento, a:

a) Corporaciones de Derecho Público que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas
reguladores.
b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.

2. Los reglamentos arbitrales de las Corporaciones de Derecho Público y de las Asociaciones y sus
modificaciones, se prolecolizarán notarialmente.

3. La Corporación o Asociación quedará obligada, desde su aceptación a la administración del arbitral.

Artículo 11

1. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá a los Jueces y Tribunales
conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque
inmediatamente a la oportuna excepción.

2. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la via judicial. En todo
caso, se extenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o
demandados realicen, después de personados en el juicio, cualquier actividad procesal que no sea Ia de
proponer en forma la oportuna excepción.

TITULO III

De los árbitros

Artículo 12

1. Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
2. Cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a Derecho, los árbitros habrán de ser abogados
en ejercicio.
3. No podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete,
alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y recusación de un Juez, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 17.2.
4. Tampoco podrán actuar como árbitros los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo, ni quienes ejerzan
funciones públicas retribuidas por arancel.

Artículo 13

El número de árbitros, que será siempre impar, y las reglas para el nombramiento del Presidente del Colegio
Arbitral, en el caso de ser varios, se fijarán por las partes de común acuerdo. A falta de acuerdo los árbitros
serán tres y el Presidente del Colegio Arbitral será elegido por mayoria por los propios árbitros. Si éstos no
llegaren a un acuerdo ejercerá como Presidente el árbitro de mayor edad. Cuando la administración del
arbitraje se haya encomendado a una Corporación o Asociación la designación de Presidente se hará de
acuerdo con su reglamento.

Artículo 14

El nombramiento de los árbitros en el supuesto del artículo 10.1 se efectuará conforme a los reglamentos de la
Corporación o Asociación, siempre que se respeten los requisitos exigidos en la presente Ley y sin que
puedan ser designados árbitros quienes hubieren incumplido su encargo dentro del plazo establecido o su
prórroga o incurrido en responsabilidad declarada judicialmente en el desempeño de anteriores funciones
arbitrales.

Arlículo 15

1. La designación se comunicará fehacientemente a cada uno de los árbitros para su aceptación.
2. Si los árbitros no hubiesen aceptado por escrito ante quien los designó en el plazo de quince días naturales
a contar desde el siguiente a, su notificación, se entenderá que no aceptan el nombramiento.
3. En la misma forma y con los mismos efectos se procederá en los casos en que la designación se hiciera por
medio de una Corporación o Asociación o en el caso del artículo 9.2.

Artículo 16

1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la Corporación o Asociación, a cumplir fielmente su
encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o
culpa. En los arbitrajes encomendados a una Corporación o Asociación el perjudicado tendrá acción directa
contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros.
2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la Corporación o Asociación podrán exigir a las partes la
provisión de fondos que estimen necesaria para atender a los honorarios de los árbitros y a los gastos que
puedan producirse en la administración del arbitraje.

Artículo 17

1. Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que los Jueces, con las especialidades de los
párrafos siguientes.
2. Los árbitros sólo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su designación. También
podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren sido nombrados directamente por las partes o cuando
aquéllas fueren conocidas con posterioridad.
3. Las personas designadas árbitros están obligadas a poner de manifiesto las circunstancias que puedan
determinar su recusación tan pronto como las conozcan.

Artículo 18

1. Si el árbitro recusado acepta la recusación será apartado de.sus funciones, procediéndose, al nombramiento
de otro en la forma prevista para las sustituciones.
2. Si no la aceptare, el interesado podrá, en su caso, hacer valer la recusación al solicitar la anulación del
laudo.


Artículo 19

Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro, se hará por el mismo
procedimiento mediante el cual fue designado el sustituido.

Artículo 20

1. De acuerdo con las partes, los árbitros podrán nombrar un Secretario.
2. En su defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran conveniente, al que desempeñe las
funciones de Secretario, que en ningún caso deberá ser el Presidente del Colegio arbitral.

TITULO IV

Del procedimiento

Artículo 21

1. El procedimiento arbitral se ajustará en todo caso a lo dispuesto en esta Ley, con sujeción a los
principios,esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.
2. El desarrollo del procedimiento arbitral se regirá por la voluntad de las partes o por las normas establecidas
por la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje y, en su
defecto, por acuerdo de los árbitros.
3. Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de abogado en ejercicio.

Artículo 22

1. El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan notificado a las partes por escrito la
aceptación del arbitraje.
2. La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia.

Artículo 23

1. La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los árbitros, inexistencia, nulidad o caducidad
del convenio arbitral deberá formularse en el momento de presentar las partes sus respectivas alegaciones
iniciales.
2. Si los árbitros estimaron la oposición planteada sobre las cuestiones del párrafo anterior quedará expedito
el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de la cuestión litigiosa sin que quepa recurso contra
la decisión arbitral. La decisión arbitral desestimatoria sobre estas cuestiones podrá impugnarse, en su caso,
al solicitarse la anulación judicial del laudo.
3. En todo caso, la falta de competencia objetiva de los árbitros podrá ser apreciada de oficio por éstos aunque
no fiubiese sido invocada por las partes.

Artículo 24

1. Salvo lo acordado en el convenio arbitral o lo que dispongan los moamentos arbitrales, los árbitros
decidirán el lugar donde se desarrollará la actuación arbiral, así como el lugar en el que deban realizar
cualquier actuación concreta y lo notificarán a las partes.
2. Salvo acuerdo de las partes, los árbitros determinarán el idioma o idiomas en que haya de desarrollarse al
procedimiento arbitral y lo notificarán a las partes. No podrán elegir un idioma que ninguna de las partes
conozca o que no sea oficial en el lugar en que se desarrollará la actuación arbitral.
3. Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su defecto, se entenderá como
domicilio el del propio interesado o, en su caso, el de su representante.

Artículo 25

1. Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos determinados, salvo acuerdo de las
partes y sin perjuicio de lo establecido, en esta Ley respecto del plazo para dictar el laudo.
2. No obstante, los árbitros fijarán a las partes plazos preclusivos para formular las alegaciones.

Artículo 26

Los árbitros practicarán a instancia de parte, o por propia iniciativa, las pruebas que estimen pertinentes y
admisibles en Derecho. A toda práctica de prueba serán citadas y podrán intervenir las partes o sus
representantes.

Artículo 27

Los árbitros podrán solicitar el auxilio del Juez de Primera Instancia del lugar donde se desarrolle el arbitraje,
en la forma prevenida en el artículo 43, para practicar las pruebas que no puedan efectuar por sí mismos.

Artículo 28

Si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en sustitución de otro anterior, se volverán a
practicar todas las pruebas que se hubieren realizado con anterioridad, salvo si el árbitro se considerara
suficientemente informado por la lectura de las actuaciones.

Artículo 29

Los árbitros podrán acordar, una vez practicadas las pruebas, oír a las partes o a sus representantes.

TITULO V

Del laudo arbitral

Artículo 30

1. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo en el plazo de seis meses,
contados desde la fecha en que hubieren aceptado la resolución de la controversia o desde el día en que fuera
sustituido el último de los componentes del Colegio arbitral. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por
acuerdo de las partes, notificado a los árbitros antes de la expiración del plazo inicial.

2. Transcurrido el plazo sin que se hubiere dictado el laudo, quedará sin efecto el convenio arbitral y expedita
la vía judicial para plantear la controversia.

Artículo 31

En cualquier momento antes de dictarse el laudo las partes, de común acuerdo, pueden desistir del arbitraje o
suspenderlo por un plazo cierto y determinado.

Artículo 32

1. El laudo deberá dictarse por escrito. Expresará al menos las circunstancias personales de los árbitros y de
las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas
practicadas, las alegaciones de las partes y la decisión arbitral.
2. El laudo será motivado cuando los árbitros decidan la cuestión litigiosa con sujeción a Derecho.

Artículo 33

1. El laudo será firmado por los árbitros, que podrán hacer constar su parecer discrepante. Si alguno de los
árbitros no lo firmase, se entenderá que se adhiere a la decisión de la mayoría.
2. El laudo se protocolizará notarialmente y será notificado de modo fehaciente a las partes.

Artículo 34

El laudo arbitral, así como cualquier acuerdo o resolución del Colegio arbitral, se decidirá por mayoría de
votos dirimiendo los empates el voto del Presidente. Si no hubiere acuerdo mayoritario, el laudo será dictado
por el Presidente.

Artículo 35

1. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos
debidamente justificados de los árbitros, los gastos que origine la protocolización notarial del laudo y su
aclaración, los derivados de notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas y, en su caso, el coste
del servicio prestado por la corporación o asociación que tenga encomendada la administración del arbitraje.
2. Salvo acuerdo de las partes, cada una de ellas deberá satisfacer los gastos efectuados a su instancia y los
que sean comunes por partes iguales, a no ser que los árbitros apreciasen mala fe o temeridad en alguna de
ellas.

Artículo 36

1. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo cualquiera de las partes podrá pedir a los
árbitros que corrijan cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o similar o que aclaren algún concepto
oscuro u omisión del laudo.
2. Los árbitros resolverán dentro de los diez días siguientes, protocolizarán su decisión notarialrnente y harán
que se notifique fehacientemente a las partes. Si en el plazo señalado no hubiesen resuelto se entenderá que
deniegan la petición.

Artículo 37

El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Contra el mismo sólo cabrá el recurso de
revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

TITULO VI

De la intervención jurisdiccional

Artículo 38

1. Si las partes no se pusieren de acuerdo con la designación de los árbitros, se procederá a instancia de
cualquiera de los interesados a la formalización judicial del arbitraje conforme a las reglas establecidas en los
artículos siguientes.

2. No obstante, no procederá la formalización judicial del arbitraje si los árbitros hubieren sido designados
directamente por las partes y todos o alguno de los no aceptase o se imposibilitasen para emitir el laudo o si la
corporación o asociación a la que se encomendó la administración del arbitraje no aceptase el encargo. En
estos casos, salvo que las partes lleguen a un acuerdo, quedará expedita la vía judicial para la resolución de la
controversia.

Artículo 39

1. Será competente para conocer de la formalización judicial del arbitraje el Juez de Primera Instancia del
lugar donde deba dictarse el laudo; en su defecto, a elección del actor, el del domicilio o residencia habitual de
cualquiera delos demandados.
2. El actor se dirigirá por escrito al Juzgado, indicando las circunstancias concretas de la falta de acuerdo.
Acompañará al escrito los documentos acreditativos del convenio arbitral.
3. El Juez procederá conforme a las formalidades previstas para el juicio verbal.

Artículo 40

1. La incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados o de sus representantes no suspendería
la celebración del acto.
2. La incomparecencia del demandante o de todos los demandantes o de sus representantes dará lugar a que
se les tenga por desistido en su pretensión condenándoseles al pago de las costas, salvo que el demandado o
alguno de los demandados o sus representantes manifestaren su interés por la formalización judicial del
arbitraje, en cuyo caso se verificará la celebración del acto.

Artículo 41

1. En el acto de la comparecencia el Juez oirá. a las partes o sus representantes y les invitará a ponerse de
acuerdo sobre la designación de los árbitros.
2. Si no hay convenio sobre la designación de los árbitros o modo de designarlos y las partes no se ponen de
acuerdo, procederá el Juez a la designación de los árbitros mediante sorteo de entre los nombres incluidos en
la lista de abogados en ejercicio que solicitará del Colegio Profesional de la circunscripción judicial
correspondiente o del Consejo General de la Abogacía. El Ministerio de Justicia podrá regular, como
requisitos para la inscripción en la lista, la práctica en los respectivos Colegios de Abogados de pruebas que
acrediten la preparación, experiencia y capacidad de los solicitantes.
3. La lista estará formada por abogados con más de cinco años de ejercicio profesional que voluntariamente
se hayan ofrecido. que no estén en el caso del artículo 14 y sin nota desfavorable en,su expediente personal.
4. El sorteo se hará, en proporción de tres -titular y dos suplentes-, por cada plaza de árbitro. en caso de
renuncia, abstención, recusación aceptada o incapacitación sobrevenida, sustituirá al titular el primer y a éste
el segundo.
5. Si mediante las regias indicadas no fuere posible proceder al nombramiento de los árbitros, el Juez
designará libremente a abogados ejercicio, si se tratare de arbitraje, de derecho; cuando los árbitros deban
decidir en equidad, el Juez solicitará de los Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación y, otras Corporacioes, o a su órgano representante de carácter general. la remisión de las listas de
profesionales colegiados para la libre designación de los que estime convenientes, oyendo la propuesta de las
partes, o bien de entre los que éstos propongan de común acuerdo.

Artículo 42

1. El Juez únicamente podrá rechazar la formalización judicial del ¡traje cuando considere por los documentos
aportados que no consta manera inequívoca la voluntad de las partes.
2. El auto accediendo a la formalización judicial del arbitraje. que o prejuzgará la validez del convenio arbitral,
no es susceptible de urso alguno.
3. El auto denegatorio de la formalización será apelable. Contra la resolución de la Audiencia Provincial no
cabrá recurso alguno y, los que hayan sido objeto de debate no podrán motis@ar en su día la ción de nulid d a
ue se

Artículo 43

En los casos de auxilio jurisdiccional para la práctica de pruebas previstas en el artículo 27, el árbitro o el
Presidente del colegio arbitral se dirigirá por escrito al Juez de Primera Instancia del lugar donde deba
efectuarse la citación judicial u ordenarse la diligencia probatoria. El Juez procederá conforme a las reglas de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y practicará bajo su exclusiva dirección, sí se le pide el árbitro, la prueba
solicitada entregando testimonio de las actuaciones al solicitante.

Artículo 44

Los Jueces de Primera Instancia rechazarán fundamentalmente la Práctica de pruebas contrarias a las leyes,
sin que contra sus resoluciones quepa recurso alguno.

TITULO VII

De la anulación del laudo

Artículo 45

El laudo sólo Podrá anularse en los siguientes casos:

1. Cuando el convenio arbitral fuese nulo.
2. Cuando en el nombramiento de los árbitros y en el desarrollo de la actuación arbitral no se hayan observado
las formalidades y principios ewnciales establecidas en la Ley.
3. Cuando el laudo se hubiere dictado fuera de plazo.
4. Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que, aunque lo hubiesen sido,
no pueden ser objeto de arbitraje. En estos casos la anulación afectará sólo a los puntos no sometidos a
decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan
indisolublemente unidos a la cuestión principal.
5. Cuando el laudo fuese contrario al orden público.

Artículo 46

1. El conocimiento del recurso de anulación corresponderá a la Audiencia Provincia¡ del lugar donde se
hubiere dictado el laudo.
2. El recurso se interpondrá por medió de un escrito motivado que habrá de ser presentado dentro de los diez
días siguientes al de la notificación, del laudo o de la aclaración a que se refiere el artículo 36, si alguna de las
partes la hubiere solicitado.
3. En dicho esenio se expondrán los fundamentos que sirvan para apoy,ar el motivo o motivos de anulación
invocados, proponiéndose la prueba que sea necesaria y pertinente.

Artículo 47

1. Al escrito de recurso se acompañarán los documentos justificativos del convenio y del laudo arbitrales.
2. La Sala dispondrá los apremios necesarios para compeler a los árbitros a la entrega de las actuaciones
arbitrases, si fueren necesarias y el recurrente no hubiere podido obtenerlas.

Artículo 48

1. Las demás partes podrán impugnar por escrito el recurso dentro de veinte días desde el traslado de la copia
del mismo, proponiendo, si fueren necesarias, las pruebas que reúnan los requisitos anteriormente expresados.
2. Las pruebas habrán de practicarse en el plazo máximo de veinte días.

Artículo 49

1. Dentro de seis días desde la terminación del plazo concedido para la práctica de las pruebas, las partes
podrán solicitar vista pública. La Sala accederá a ella dentro de los dos días siguientes, si al menos una parte
la pidiere.
2. Dentro de los diez días siguientes al transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior sin petición de
vista o, en otro caso, de los posteriores a la celebración de ésta, la Audiencia Provincial dictará sentencia
contra la que no cabrá ulterior recurso.

Artículo 50

1. Recurrido el laudo, la parle a quien interese podrá solicitar del Juez de Primera instancia que fuere
competente para la ejecución las medidas cautelares conducentes a asegurar la plena efectividad de aquél una
vez que alcanzara firmeza.
2. El Juez podrá señalar los afianzamientos que considere oportunos en el auto que dicte autorizando la
adopción de las medidas, que no sera susceptible de recurso.
3. La petición se formulará por esento. acompañando copia del laudo y el Juez resolverá en el plazo de tres
días, previa comparecencia de las partes.
4. Las medidas cautelares se mantendrán hasta la resolución del recurso de anulación.

Artículo 51

Será preceptiva en la tramitación de este recurso la intervención de Abogado y Procurador.

TITULO VIII

De la ejecución forzosa del laudo

Artículo 52

Serán ejecutables de acuerdo con lo dispuesto en este Título los laudos dictados conforme a lo establecido en
la presente Ley, dentro de la extensión y limites de la jurisdicción española.

Artículo 53

El laudo es eficaz desde la notificación a las partes. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 46.2 sin que
el laudo haya sido cumplido, podrá obtenerse su ejecución forzosa, ante el Juez de Primera Instancia del lugar
en donde se haya dictado, por los trámites establecidos para la ejecución de sentencias firmes con las
especialidades de los artículos siguientes.

Artículo 54

1. Al escrito solicitando la ejecución se acompañarán necesariamente copia autorizada del laudo y los
documentos acreditativos de la notificación a las partes y del convenio arbitral.
2. Se acompañará igualmente, en su caso, testimonio de la resolución judicial a que se refiere el artículo 49.2
de esta Ley.

Artículo 55

1. El Juez dará traslado de la petición de ejecución y de los documentos presentados a la otra parte, quien, en
el plazo de cuatro días, podrá alegar la pendencia del recurso de anulación regulado en el Título Vll, siempre
que se acredite documentalmente con el escrito de oposición, en cuy,o caso el Juez dictará sin dilación auto
suspendiendo la ejecución hasta que recaiga resolución de la Audiencia, o la anulación judicial del laudo,
acreditada mediante testimonio de la sentencia a que se refiere el artículo 49.2 de esta Ley, en cuyo caso, el
Juez dictará auto denegando la ejecución.
2. Fuera de los casos previstos en el párrafo anterior, el Juez dictará auto despachando la ejecución.
3. Los autos a que se refieren los párrafos anteriores no son susceptibles de recurso alguno.

TITULO IX

De la ejecución en España de los laudos arbitrales extranjeros

Artículo 56

1. Los laudos arbitrales extranjeros serán ejecutados en España de conformidad con los Tratados
internacionales que formen parte del ordenamiento interno y, en su defecto, de acuerdo con las normas de la
presente Ley.

2.Se entiende por laudo arbitral extranjero el que no haya sido pronunciado en España.

Artículo 57

La ejecución de los laudos arbitrales extranjeros se solicitará ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo,
por cualquiera de las panes.

Artículo 58

1. La ejecución del laudo se llevará a efecto según las reglas establecidas en el ordenamiento procesal civil
para la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros.
2. Denegada por defectos formales la ejecución del. laudo arbitral extranjero, la parte a quien interese aquella
podrá, una vez subsanados dichos defectos, volver a solicitarla.

Artículo 59

La Sala declarará no haber lugar a la ejecución sólo si el laudo es contrario al orden público o si los árbitros
han resuelto sobre cuestiones que, conforme a la Ley española, no son susceptibles de arbitraje. A instancia
de parte o del Ministerio Fiscal la Sala podrá hacer la misma declaración:

a) Si el convenio arbitral es nulo conforme a la Ley que resulte aplicable.
b) En los casos del número 2 del artículo 45, conforme a la Ley que resulte aplicable.
c) Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.

TITULO X

De las normas de derecho Internacional privado

Artículo 60

La capacidad de las partes para otorgar el convenio arbitral será la exigida por su respectiva ley personal para
disponer en la materia controvertida.

Artículo 61

La validez del convenio arbitral y sus efectos se rigen por la Ley expresamente designada por las partes,
siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico principal o con la controversia; en su defecto, por
la ley aplicable a la relación de la que derive la controversia; en defecto de ésta, por la ley del lugar en el que
deba dictarse el laudo y, si éste no estuviese determinado, por la ley del lugar de celebración del convenio
arbitral.

Artículo 62

En el arbitraje de Derecho, los árbitros resolverán conforme a la !ey designada expresamente por las partes,
siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico principal o con la controversia; en su defecto,
conforme a la ley aplicable a la relación de la que derive la controversia y, en último término, de acuerdo con
la más apropiada a las circunstancias de la misma.

Artículo 63

En lo demás se estará a lo dispuesto en el Título Preliminar del Código Civil respecto del convenio,
procedimiento y laudo.

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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1. La presente Ley será de aplicación a los arbitrajes a que se refieren la Ley 26/1984, de 19 de julio, general
para la defensa de consumidores y usuarios, el artículo 34.2 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación
del seguro privado, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transpones terrestres, y el artículo 143
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en todo lo no previsto en las mismas y en las
disposiciones que las desarrollan. No obstante, no será precisa la protocolización notarial del laudo, que se
dictará por los órganos arbitrales previstos en dichas normas.
2. Los arbitrajes a que se refiere el párrafo anterior son gratuitos.

Segunda

1. El Gobiemo establecerá reglamentariamente la denominación, composición, carácter, forma de designación
y, ámbito territorial de los órganos arbitrales y, demás especialidades del procedimiento y del régimen jurídico
del sistema arbitral que prevé, en sus características básicas, el artículo 31 de la Ley 26/1984.
2. Se adiciona un párrafo final en el artículo 10.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de
los consumidores y usuarios, con la siguiente redacción:
«Los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este artículo serán eficaces si,
además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa
del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distinto del previsto en el artículo 31 de esta Ley
no podrá impedir por sí mismas la celebración del contrato principal.»

Tercera

1. Se añade un nuevo número al artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redacción:

«8.º La sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.»

2. La excepción 10 del artículo 1.464 de la Ley de Enjuidiamiento Civil tendrá la siguiente redacción:

«10. La sumisión de la cuestión litigioso a arbitraje.»

DISPOSICION TRANSITORIA

Salvo en los casos en que el procedimiento arbitral se hubiese iniciado ya, los arbitrajes cuyo convenio arbitral
se hubiera celebrado antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por las disposiciones contenidas en la
misma.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley de 22 de diciembre de 1953, por la que se regulan los arbitrajes de derecho privado.

2. Quedan derogados el número 4 del artículo 1.687 y la sección IX del Título XXI del Libro Segundo de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. El capítulo II del Título Xlll del Libro Cuarto del Código Civil queda sin contenido.

4. Quedan derogadas, además, cuantas disposiciones se opongan a esta Ley.

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