Lección I: introducción al derecho procesal penal



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1. En un primer momento, la potestad de administrar justicia debe conciliarse con la preservación de las garantías del debido proceso, preservando los derechos de los justiciables y, en especial, del imputado, evitando inmiscuirse en tareas de investigación que lo aparten de su actuación como órgano “imparcial”, correspondiendo al órgano oficial (ministerio público) gestionar la investigación sobre bases de “objetividad” y “averiguación de la verdad histórica” y no como un simple acusador que pretende sancionar a cualquier costo al imputado, y;

2. En un segundo momento que corresponde -de ordinario- al juicio oral y público, donde se traba un litigio de partes y en el cual el órgano jurisdiccional (unipersonal o colegiado) tiene prohibido abstraer conclusiones ajenas a las sustentadas por la acusación y, lo que es más, con la obligación de dar una solución al caso, aunque no se hayan acreditado los presupuestos del hecho punible sostenido por el acusador, absolviendo por “falta de mérito probatorio” que opera a favor del acusado.
6.2 Los Sujetos que intervienen en la relación procesal penal.

1. Los Sujetos Esenciales están representados por el Tribunal, el actor penal y el imputado. Se los considera esenciales, porque su legítima y regular intervención son indispensables para que se constituya perfectamente la relación procesal, tanto que ésta es nula si ellos no actúan del modo práctico que el derecho establece.

  • El tribunal (unipersonal o colegiado) es quien ejerce la función jurisdiccional, lo que ocurre de un modo más o menos perfecto, conforme al modelo de procedimiento adoptado que permita –en la fase preliminar o de investigación- otorgar facultades de investigación al magistrado o derivándola al ministerio público, quedando facultado el juzgador solamente a tareas precautorias de los derechos y garantías de las partes.

  • El actor penal es el sujeto que ejerce la acción penal, haciendo valer la pretensión jurídico-penal que se basa en el delito: generalmente actúa como tal un órgano estatal (el Ministerio Público); conjuntamente o adhesivamente (según el procedimiento adoptado –demás está decir que el CPP adopta la figura de la querella adhesiva, como regla) también está la víctima.

  • El Imputado es el sujeto contra el cual se deduce la pretensión jurídico-penal, aun-que en el primer momento de la investigación queda individualizado como tal el detenido o indicado como partícipe de una infracción penal en cualquier acto inicial del procedimiento.

Sin embargo, cabe advertir la posibilidad de que la relación se constituya solamente entre el ministerio público y el tribunal, cuando aun no se haya conseguido individualizar al imputado. En este caso, la relación será imperfecta, y así no podrá progresar más allá de la etapa de investigación (ejemplo: los casos de archivo por falta de individualización del imputado).
2. Los Sujetos Eventuales, así llamados porque su presencia no es indispensable, dependiendo fundamentalmente del material probatorio sobre el cual versará el objeto del procedimiento. Así, la presencia de un perito, de un testigo a los efectos de informar sobre circunstancias relevantes que directa o indirectamente se refieren al hecho motivador del juzgamiento, dependerá de que el medio proba-torio sea ofrecido y utilizado por cualquiera de las partes, a cuyo efecto se exigirá la presencia de los citados. Asimismo, el actor civil y el demandado civil, en procesos penales compatibles con el modelo acusatorio, también permiten la intervención eventual del afectado civilmente por el hecho.
3. Los Sujetos Auxiliares, son aquellas personas que integran, de algún modo con sus actividades, la relación procesal penal y cuyas tareas son también trascendentes para su correcta articulación. Tal es el caso de los secretarios de los tribunales y de los fiscales, demás auxiliares y dependencias a cargo del manejo administrativo de todo lo concerniente al nuevo proceso y los defensores y los mandatarios de las partes.
7. Aspectos Contemporáneos que involucra el Procedimiento Penal.

El procedimiento ordinario, según Maier, “…es el que se cumple para satisfacer la persecución penal pública, esto es, al también llamado procedimiento oficial, gobernado por el principio de oficialidad. Ordinariamente se divide al procedimiento penal común en dos partes principales: el proceso de conocimiento y el procedimiento de ejecución penal. Mirado desde el acontecimiento que desencadena la persecución penal oficial, el procedimiento de ejecución penal es meramente “eventual”; su realización depende de que el proceso de conocimiento finalice con una sentencia de condena firme que deba ejecutarse o, al menos, con una sentencia que ordene una medida de seguridad y corrección. El proceso de conocimiento, en cambio, es absolutamente imprescindible para responder a la pregunta acerca de una reacción o consecuencia penal y tal pregunta emerge, normal y obligatoriamente, cuando aparece en el mundo de los hechos la afirmación de la comisión de un hecho punible frente a alguna de las autoridades encarga-das de –o competentes para la persecución penal…”.

El proceso ordinario de conocimiento, siguiendo el esquema trasuntado por el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, y al cual se ciñe nuestro sistema, en sus rasgos principalísimos, está fraccionado en tres etapas; el sistema se adecua doctrinal-mente al modelo acusatorio, otorgándole la investigación de los hechos al fiscal, quien es el encargado de preparar la acusación, que presentará. Se trata, pues, de otro modo de organizar la investigación preliminar, acentuando el carácter acusatorio del proceso, dividiendo las dos funciones básicas del debido proceso fundado en la máxima “No habrá juicio sin acusación previa y fundada en la ley anterior al hecho del proceso”, de los sujetos representantes del Poder Judicial que intervienen; de este modo, el ministerio público es el órgano encargado de investigar el supuesto punible, disponiéndose la reserva exclusiva del juez, lo concerniente a la autorización y decisiones de carácter estrictamente indispensables jurisdiccionales para su validez, pero se jalona claramente es que el órgano jurisdiccional nunca podrá o deberá investigar.

La primera fase denominada etapa preparatoria, comienza luego de la realización de los actos iniciales del proceso (denuncia, querella e intervención policial preventiva), a través de los cuales ingresa formalmente la noticia de un supuesto hecho punible al sistema judicial. Es preparatoria, porque se operativiza por medio de actos y diligencias, fundamentalmente de investigación, orientados a determinar si existen razones para presentar la acusación y someter a una persona a juicio. El fiscal comienza con un requerimiento al juez para que decida sobre el mérito inicial de la investigación (auto de procesamiento), o, directamente, comunica el inicio formal de la investigación, dando a conocer su imputación (acta de imputación, sistema adoptado por nuestro CPP); luego del cúmulo de información obtenida, culminará su investigación con otro requerimiento conclusivo, reclamando el inicio del juicio oral y público contra una persona determinada y por un hecho determinado (acusación), sin perjuicio de otros actos distintos (el sobreseimiento provisional o definitivo, según el caso, etcétera). Por lo tanto, luego de los actos iniciales del proceso, comienza un conjunto de actos procesales a cargo del ministerio público, tendientes a preparar la acusación, denominada investigación fiscal dentro de la etapa preparatoria.

Toda la tarea que significa la investigación preliminar de un delito de acción pública, para fundamentar una acusación formal, o de otro modo, requerir el sobreseimiento, ha sido confiada al Ministerio Público que así reemplaza la labor de los jueces de instrucción y de los jueces de primera instancia.

Durante el período preparatorio, existen básicamente cuatro clases de actos:

a) diligencias propias de investigación;

b) resoluciones que dirigen la marcha del proceso;

c) realización de anticipos jurisdiccionales de prueba, es decir, la realización de pruebas que no podrán ser producidas en el juicio, y;

d) resoluciones, decisiones o autorizaciones jurisdiccionales, referidas a actos que puedan afectar garantías procesales o derechos constitucionales.

Así como la etapa preparatoria se origina a través de actos iniciales perfectamente individualizados, también tiene señalados sus modos de conclusión.

La investigación de los hechos a cargo del ministerio público no puede quedar abierta indeterminadamente sin proceder a presentar la acusación, ya que la prolongación excesiva o irrazonable lesiona derechos humanos fundamentales, considerando los principios de seguridad jurídica y los derechos del imputado, en ese sentido se establece un plazo máximo de seis meses de duración de la investigación, plazo que sólo podrá prolongarse, a solicitud del ministerio público y por una sola vez, por un periodo expresamente autorizado por el tribunal de apelación.

La segunda fase, denominada “crítica de la investigación”, “fase preliminar al contradictorio” o “etapa intermedia” (esta última denominación es la adoptada por el CPP del Paraguay), comienza a desplegarse una vez que se haya presentado la acusación pública –sin perjuicio de la particular que es adhesiva-, o cualquier otra solicitud conclusiva, la cual se efectúa ante el juez penal.

Éste convoca a una audiencia preliminar oral y pública que constituye el modo que normalmente se adopta para discutir sobre la pertinencia y procedencia de los actos o requerimientos conclusivos de la investigación.

Antes de la audiencia, las partes pueden objetar los vicios o la falta de fundamento de la acusación o la solicitud de sobreseimiento, oponer excepciones o contestarlas, ofrecer las pruebas a ser producidas en el juicio y otras manifestaciones de distinta naturaleza según sus propios intereses por un plazo común de cinco días y durante el cual estarán a consideración de las demás partes, la actuación y evidencias del fiscal acusador.

La audiencia preliminar es entendida como una institución de control formal y sustancial de las actividades y diligencias de la investigación, principalmente de la acusación; la audiencia permite también la aplicación de alternativas dentro del proceso penal, como la suspensión condicional, el procedimiento abreviado, la aplicación de criterios de oportunidad y otras.

En la audiencia preliminar, el juez penal debe admitir o rechazar la prueba ofrecida por las partes para el juicio, y al mismo tiempo podrá ordenar la realización de otras que permitan una mejor preparación del juicio.

Una vez finalizada la audiencia preliminar el juez deberá resolver todas las cuestiones que han sido planteadas, y en su caso, dictará el auto de apertura a juicio oral y público, admitiendo la acusación.

Esta es la resolución más importante de la etapa intermedia, porque en ella se determina el objeto del juicio y la sentencia proveniente solamente podrá referirse a los hechos que han sido expuestos en un debate contradictorio.

En la etapa intermedia se toman decisiones políticas importantes de carácter procesal y de gran responsabilidad, y es la forma concreta de control del resultado de la etapa preparatoria.

De esta manera, la naturaleza, en cierto modo inquisitiva de la investigación se corrige en la etapa intermedia, de tal manera que los derechos y garantías procesales, y entre ellas, la inviolabilidad de la defensa y el principio de presunción de inocencia no cum-plan su función procesal solamente en el juicio, sino que se las interprete extensiva-mente en todo el procedimiento.

La tercera fase, la más importante del sistema de enjuiciamiento adoptado por nuestro CPP y la mayoría de las legislaciones rituales de América Latina, es la denominada audiencia o juicio oral y público.

El desarrollo de esta fase se divide, comúnmente, en sub-etapas o estadios, a saber: reglas básicas para el juicio (aplicación bajo pena de nulidad de los principios de inmediación, publicidad y oralidad; el principio de continuidad del juicio, admitiendo suspensiones especiales y precisamente determinadas; y, los derechos y deberes de las partes durante el desarrollo, la división del juicio, o lo que se denomina en la doctrina procesal moderna “cesura del juicio”, en base a la necesidad de precisar la discusión judicial sobre la determinación de la pena, evitando que una decisión tan importante se convierta en un simple cálculo matemático o sea establecido arbitrariamente; etcétera); la preparación del juicio oral y público (a cargo del Presidente del tribunal sentenciador, con la ejecución administrativa del secretario, la posibilidad de plantear las recusaciones o que se produzcan las inhibiciones de los magistrados comprendido en las causales normada en el código y la resolución de las cuestiones que no requieran sustanciación del colegiado); la sustanciación del juicio (indicando el modo de inicio; de conminación del objeto del juicio –con la lectura del auto de apertura a juicio oral y público-; la facultad que tiene el imputado de prestar declaración indagatoria; la producción de los diversos medios de prueba; la alegación de hechos nuevos y las ampliaciones de la acusación y la defensa, respectivamente; las facultades de pruebas de mejor proveer que dispone el tribunal; la forma de dirección de la audiencia; la facultad de advertir sobre el cambio de calificación; los alegatos finales; las incidencias y recursos permitidos en la audiencia; asimismo, se reglan normas para la deliberación y sentencia, donde lo más significativo es la elaboración de la sentencia inmediatamente después de la deliberación, sin posibilidad de suspensiones o interrupciones; la redacción del acta del juicio que permitirá detallar los aspectos esenciales del desarrollo de la audiencia, la observancia de las formalidades, las intervenciones de las partes y los actos realizados; lo que debe contener la sentencia; los vicios que permiten recurrir; etcétera).

Estas serían las etapas o fases esenciales que comprenden la mayoría de los códigos procesales penales latinoamericanos de corte acusatorio.

Artículo 39. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Además de los casos previstos en la Constitución y en las leyes, la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer:

1) de la sustanciación y resolución del recurso extraordinario de casación;

2) de la sustanciación y resolución del recurso de revisión;

3) del procedimiento relativo a las contiendas de competencia, y de la recusación de los miembros del tribunal de apelación;

4) de las quejas por retardo de justicia contra el tribunal de apelación; y,

5) las demás que le asignen las leyes.

Artículo 40. TRIBUNALES DE APELACIÓN. Los tribunales de apelación serán competentes para conocer:

1) de la sustanciación y resolución del recurso de apelación, según las reglas establecidas por este código;

2) de la recusación del juez penal y de los miembros del tribunal de sentencia; y,

3) de las quejas por retardo de justicia contra los jueces penales y tribunales de sentencia.

Artículo 41. TRIBUNALES DE SENTENCIA. Los tribunales de sentencia podrán ser unipersonales o integrados por tres jueces penales, según el caso.

El tribunal unipersonal será competente para conocer:

1) de la sustanciación del juicio por hechos punibles cuya sanción sea exclusivamente pena de multa o privativa de libertad hasta dos años, cuando el Ministerio Público lo solicita;

2) de la sustanciación y resolución del procedimiento para la reparación del daño, en los casos en que haya dictado sentencia condenatoria; y,

3) de la sustanciación y resolución del recurso de apelación cuando se trate de una sentencia dictada por el juez de paz.

Los tribunales de sentencia, formados por tres jueces penales, conocerán de la sustanciación del juicio en los demás hechos punibles.

Artículo 42. JUECES PENALES. Los jueces penales serán competentes para actuar como juez de garantías y del control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos por este código, y conocerán de:

1) las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la etapa preparatoria;

2) de la sustanciación y resolución del procedimiento en la etapa intermedia; y,

3) de la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado.

Artículo 43. JUECES DE EJECUCIÓN. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, el trato del prevenido y el cumplimiento de los fines de la prisión preventiva, y la sustanciación y resolución de todos los incidentes que se produzcan durante la etapa de ejecución.

Asimismo tendrán a su cargo el control del cumplimiento de las finalidades constitucionales de las sanciones penales, y la defensa de los derechos de los condenados.

Artículo 44. JUECES DE PAZ. Los jueces de paz serán competentes para conocer:

1) del control de las diligencias iniciales de la investigación que no admitan demora, cuando no sea posible lograr la intervención inmediata del juez penal competente;

2) de la autorización de la prescindencia de la acción penal pública en los casos de los incisos 1) al 2) del Artículo 19 de éste código, cuando a ellos les sea planteada la solicitud por el Ministerio Público, sin perjuicio de la competencia del juez penal;

3) de la suspensión condicional del procedimiento cuando se trate de hechos punibles culposos, y a ellos les sea planteada;

4) del procedimiento abreviado cuando la solicitud de pena sea inferior a un año de prisión o pena no privativa de libertad, siempre que a ellos les sea planteado;

5) de la conciliación, cuando a ellos les sea propuesta;

6) de la sustanciación del juicio por hechos punibles de acción privada, cuando a ellos les sea planteada la acusación particular y el imputado acepte la competencia;

7) de la sustanciación y resolución del procedimiento para la reparación del daño, en los casos en que haya dictado sentencia condenatoria; y,

8) de la audiencia oral para decidir la extinción de la acción penal en el caso de conflictos resueltos por las comunidades indígenas.

Artículo 45. SECRETARIOS Y AUXILIARES. El juez o tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario. A los secretarios les corresponderá como función propia, además, tramitar las notificaciones y citaciones, disponer la custodia de objetos secuestrados, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los trabajos materiales que el juez o el tribunal les indique. La delegación de funciones judiciales en el secretario o empleados subalternos tornará nulas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente al juez, por las consecuencias de dicha nulidad.

Artículo 97. DERECHO DE ELECCIÓN. El imputado tendrá derecho a elegir un abogado de su confianza como defensor.

Si no lo hace, el juez le designará un defensor público, independientemente de su voluntad. Si prefiere defenderse por si mismo, el juez lo permitirá sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica.

La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones.

Artículo 98. CAPACIDAD. Sólo podrán ser defensores los abogados matriculados, salvo el caso de los defensores públicos y de los imputados abogados.

Artículo 99. NOMBRAMIENTO. El nombramiento del defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. Una vez designado por el imputado por cualquier medio oral o escrito, aceptará el cargo ante la autoridad que corresponda, haciéndose constar en acta.

Artículo 100. OBLIGATORIEDAD. El ejercicio de la defensa será obligatorio para el abogado desde que acepta el cargo de defensor.

Artículo 101. RECONOCIMIENTO. Para el ejercicio de sus funciones, los defensores serán reconocidos de inmediato y sin ningún trámite, por la Policía, el Ministerio Público o el juez, según el caso.

Artículo 102. NOMBRAMIENTO EN CASO DE URGENCIA. Cuando el imputado esté privado de su libertad, cualquier persona podrá proponer, por escrito, ante la autoridad competente, la designación de un defensor, la que será puesta a conocimiento del imputado inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente el defensor propuesto.

Artículo 103. NOMBRAMIENTO POSTERIOR. El imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no podrá renunciar a la defensa, hasta que el nombrado acepte el cargo.

Artículo 104. DEFENSOR PUBLICO. El Defensor Público tendrá todas las facultades y deberes previstos por este código y por su ley de organización.

Artículo 105. DEFENSOR MANDATARIO. En el procedimiento por hecho punible de acción privada o en aquellos que no prevén pena privativa de libertad, el imputado podrá ser representado por un defensor con poder especial para el caso, quien lo podrá reemplazar en todos los actos. No obstante, el juez podrá exigir la presencia del imputado cuando lo considere indispensable. El cargo de defensor también implica mandato para contestar.

Artículo 106. RENUNCIA Y ABANDONO. EL defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa; en este caso, el juez fijará un plazo para que el imputado nombre a otro. Si no lo hace será reemplazado por un defensor público. El renunciante no podrá abandonar La defensa mientras no intervenga su reemplazante. No se podrá renunciar durante las audiencias. Si el defensor, sin causa justificada, abandona La defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, se nombrará uno de oficio y aquel no podrá ser nombrado nuevamente. La resolución se notificará al imputado, instruyéndole sobre su derecho a elegir otro defensor. Cuando el abandono ocurra poco antes o durante el juicio, se podrá aplazar su comienzo o suspender la audiencia ya iniciada, por un plazo no mayor de tres días si lo solicita el nuevo defensor.

Artículo 107. SANCIONES. EL abandono de La defensa obligará al abogado al pago de las costas producidas por su reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

Artículo 108. NUMERO DE DEFENSORES. EL imputado podrá designar los defensores que considere convenientes, pero no será defendido simultáneamente por más de dos abogados en las audiencias orales o en un mismo acto.

Cuando intervenga más de un defensor, la notificación realizada a uno de ellos tendrá validez respecto a todos. La sustitución de uno de ellos no alterará trámites ni plazos.

Artículo 109. DEFENSOR COMÚN. Será inadmisible la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común. Sin embargo, el juez permitirá la defensa común cuando no exista incompatibilidad. Si se advierte incompatibilidad, será corregida de oficio, proveyendo lo necesario para el reemplazo del defensor.

Artículo 110. ASISTENTES NO LETRADOS. Cuando las partes pretendan valerse de asistentes no letrados que colaboren en su tarea, darán a conocer sus datos personales, expresando que asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia. Ellos sólo cumplirán tareas accesorias y no podrán sustituir a las personas a quienes asiste en los actos propios de su función. Se permitirá que los asistan en las audiencias, sin tener intervención en ellas.

Esta norma regirá también para la participación de los estudiantes que realizan su práctica jurídica.

Artículo 111. CONSULTORES TÉCNICOS. Cuando alguna de las partes considere necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al juez, quien lo designará según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, sin que por ello asuman tal carácter. EL consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, hacer observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen y se dejará constancia de sus observaciones. En las audiencias podrá acompañar a la parte con quien colabora, auxiliaría en los actos propios de su función, interrogar directamente a Los peritos, traductores o intérpretes, y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo La dirección de la parte a la que asiste.

EL Ministerio Público nombrará a sus consultores técnicos directamente, sin necesidad de designación judicial.

Artículo 202. DEBER DE INTERROGAR. Toda persona que conozca los hechos investigados será interrogada, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

Artículo 214. PERICIA. Se podrá ordenar una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. La prueba pericial deberá ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes.

Artículo 226. TRADUCTORES E INTERPRETES. En lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán analógicamente las disposiciones de este Título.




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