La restauracióN 1



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5ª. La dictadura de Primo de Rivera (septiembre de 1.923-enero de 1.930)

Existe cierto paralelismo entre el nacimiento de la dictadura fascista de Mussolini en Italia (1.922) y la de Primo de Rivera en España: en ambos países existía una crítica situación económica y social previa, y también en ambos casos el rey consiente y aprueba la liquidación del régimen constitucional anterior.

En septiembre de 1.923 Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional existente exigiendo que el poder pasara a manos de los militares, y Alfonso XIII reaccionó encargándole que formara un gobierno, que estaría integrado exclusivamente por altos mandos del ejército. Primo de Rivera justificó su actuación con los argumentos que suele manifestar todo militar golpista: como algo necesario e imprescindible para resolver los numerosos problemas que agobian a la Patria (indisciplina social, necesidad de imponer el orden, amenazas a la unidad nacional..) ante la incapacidad de los políticos y la inoperancia de la legalidad constitucional.

Así pues el nuevo gobierno, (definido por Primo de Rivera como un Directorio Militar (1.923-5) comenzó decretando la suspensión de la aplicación de la Constitución de 1.876, la disolución de las Cortes, la prohibición de las actividades de todos los partidos políticos y sindicatos, y la militarización del orden público.

El dictador pretendía mostrar que era capaz de hacer política de otra forma más eficaz: potenció la aparición de un nuevo partido desde el poder, la Unión Patriótica, como alternativa a los inoperantes partidos dinásticos, y cuya tarea principal sería proporcionar apoyo social a la dictadura; con la excusa de eliminar el poder de los caciques disolvió todos los Ayuntamientos y puso al frente de ellos unas juntas gestoras compuestas por los principales contribuyentes de cada municipio y designados a dedo desde el poder. Con todo esto lo más que logró conseguir fue sustituir unos caciques por otros.

Con respecto al problema de Marruecos alcanzó el importante éxito de lograr acabar con la guerra. Esto se consiguió porque el caudillo rifeño, Abd el Krim, cometió un importante error: envalentonado tras las victorias que obtuvo frente al ejército español, se atrevió a amenazar la zona francesa de Marruecos. Ante esta situación el gobierno francés decidió colaborar con Primo de Rivera y, mediante una operación militar conjunta franco-española, las fuerzas rifeñas serían definitivamente derrotadas en 1.925.

A partir de 1.925 Primo de Rivera sustituye el Directorio Militar por un Directorio Civil (1.925-1.930), integrado por ministros que, como Calvo Sotelo, procedían del catolicismo conservador. En estos años intenta consolidar su régimen mediante la creación de una Asamblea Nacional. Ésta era una cámara que no tendría capacidad legislativa ni de control del gobierno; su inspiración (con evidentes semejanzas con las instituciones fascistas italianas) era corporativa y autoritaria, y estaba integrada por funcionarios y personalidades adictas a la dictadura, nombradas también desde el poder.

En el aspecto económico los años de la dictadura coincidieron con una etapa de expansión económica internacional que duraría hasta la gran crisis de 1.929 (en USA a este periodo se le conoció como “los felices años 20”). Esta bonanza económica (circula el capital, aumentan las inversiones, disminuye el paro) comienza a notarse en España en 1.925 y contribuyó a consolidar, por algunos años, el régimen dictatorial. El Estado ejerce un protagonismo mayor que en ningún otro momento anterior desarrollando una política económica de signo intervencionista mediante el fomento de las obras públicas (construcción de carreteras, ferrocarriles..), y mediante la creación de grandes monopolios estatales en sectores clave, tales como las comunicaciones (Telefónica) y la refinería y distribución del petróleo (CAMPSA). Este intervencionismo estatal se complementa con una política proteccionista: concesión de ayudas estatales a las industrias que no podían competir con las extranjeras (Decreto de Protección de la Industria Nacional). Todo esto supuso, ya que se renunció a realizar una auténtica reforma en el sistema de impuestos, un inevitable aumento del gasto público y, por lo tanto, del déficit presupuestario (entre 1.924 y 1.929 se multiplicó por siete) lo cual sería un pesado lastre para los gobiernos posteriores.

En el ámbito social (la bonanza económica contribuyó a disminuir las tensiones sociales de los años anteriores), la dictadura también desarrolló una actitud intervencionista: pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado, y para ello creó la Organización Corporativa Nacional que fomentaba la actuación de los comités paritarios (compuestos por patronos y obreros), los cuales deberían reglamentar las condiciones laborales y salariales, y mediar en caso de conflictos. Con respecto a los sindicatos, Primo de Rivera desarrolló una actitud muy desigual: buscó la colaboración de la UGT (y la consiguió en gran parte) hacia la política social arriba mencionada, mientras que ante la CNT mantuvo una postura de una fuerte represión. Este sindicato nuevamente tuvo que sobrevivir en la clandestinidad, y es en estas difíciles circunstancias (Valencia, 1.927) cuando nace el sector más extremista del anarquismo: la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

Otro aspecto muy importante de la Dictadura fue su postura fuertemente centralista que se manifestó mediante una actitud de rechazo total hacia cualquier manifestación política y cultural de signo regionalista, especialmente el catalán: supresión de la Mancomunidad de Diputaciones (1.925), prohibición del uso en público de la lengua catalana y del baile de las sardana, etc. Esto le enajenó las simpatías de los sectores de la gran burguesía catalana (Lliga Regionalista) que en un primer momento le habían apoyado como dictador y provocó el aumento de la tendencia más nacionalista dentro del catalanismo.

A lo largo de estos años gran parte del consenso que Primo de Rivera había tenido en los momentos iniciales se fue deteriorando. Los sectores que se opusieron a la Dictadura fueron diversos: los anarquistas y los comunistas, (la actitud del PSOE fue mucho más ambigua),los republicanos, los regionalistas y nacionalistas, ciertos dirigentes de los partidos conservador y liberal, algunos oficiales del ejército (celosos del protagonismo de Primo de Rivera), y también los sectores de la intelectualidad (Unamuno, Valle Inclán, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez..) y del movimiento estudiantil universitario: la Federación Universitaria Española (FUE), un sindicato democrático y progresista, protagonizó un firme actitud de rechazo hacia Primo de Rivera en las principales universidades. Así pues el rey Alfonso XIII (cuyo protagonismo político había estado empañado por la figura de Primo de Rivera durante todos estos años), temiendo que el creciente desprestigio de éste alcanzase a la propia institución de la monarquía, le forzó a presentar la dimisión. Primo de Rivera dimitió en enero de 1.930 y marchó a Francia (moriría a los pocos meses).

6ª. La “dictablanda” de Berenguer y Aznar (enero de 1.930-abril de 1.931)

Este fue un breve periodo la monarquía de Alfonso XIII intenta, sin conseguirlo, encontrar una fórmula política que le permitiese seguir existiendo. Tras la dimisión de Primo de Rivera, el prestigio de la monarquía estaba tan deteriorado por el apoyo que proporcionó en 1.923 al dictador en la liquidación de la legalidad constitucional, que hasta importantes políticos monárquicos renunciaron a colaborar con el rey. Alfonso XIII tuvo que buscar entre los militares para nombrar el nuevo presidente de gobierno: el general Berenguer. Y, cuando éste dimitió en febrero de 1.931, sería sustituido por otro militar: el almirante Aznar. (tanto Berenguer como Aznar nunca quisieron convertirse en dictadores, sin embargo el periodo de gobierno de ambos sería llamado popularmente como la “dictablanda”).

Durante estos meses los sectores de la oposición, partidarios de la República, aumentaron su fuerza considerablemente y en agosto de 1.930 firmaron el Pacto de S. Sebastián cuya finalidad era la alianza de diversos partidos de tendencia republicana (entre ellos estaba el PSOE) para acabar con la monarquía e instaurar una Segunda República. A tal fin los partidos republicanos promovieron en diciembre una insurrección militar, protagonizada por oficiales republicanos. Ésta fracasó completamente, pero el gobierno monárquico de Berenguer consideró conveniente hacer una demostración de fortaleza ejecutando a los dos oficiales (los capitanes Galán y García Hernández) responsables del levantamiento de la guarnición de Jaca. Sin embargo esta medida fue muy contraproducente para la causa monárquica: ambos oficiales, tras su fusilamiento, serían considerados por gran parte de la población como mártires del republicanismo.

En febrero de 1.931 el nuevo presidente de gobierno, el almirante Aznar, busca como la única solución política posible para la continuidad de la monarquía el realizar unas elecciones constituyentes, con objeto de aprobar una nueva Constitución (monárquica, por supuesto) que sustituyese a la anticuada de 1.876 (la cual desde el golpe de estado de Primo de Rivera había quedado suspendida.

Sin embargo, antes de aventurarse a dar este paso, Aznar que no quería arriesgarse a una derrota de los partidarios de la monarquía deseaba conocer la fuerza electoral del republicanismo, y para ello decidió realizar previamente elecciones municipales (hay que tener en cuenta que las últimas elecciones se habían realizado antes de 1.923). Estas elecciones municipales se realizaron el 12 de abril, según la ley electoral vigente durante los años anteriores (favorable a la influencia de los caciques en las zonas rurales). y su resultado fue el siguiente: los concejales monárquicos elegidos fueron 22.150 frente a los 5.875 concejales republicanos. Sin embargo en la mayor parte de las ciudades el voto republicano fue mayoritario: en las 50 capitales de provincia los concejales monárquicos fueron 602 frente a 953 republicanos).

Cuando el 14 de abril se conocieron los resultados, la interpretación que se les dio fue que las fuerzas monárquicas seguían controlando las zonas rurales, donde no había auténtica libertad de voto debido al sistema caciquil, pero en las zonas urbanas, donde había auténtica libertad, el pueblo español había rechazado la monarquía. Ese mismo día se proclamó la Segunda República.



DOCUMENTOS SOBRE LA RESTAURACIÓN

1. EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN
1.1. Manifiesto de Sandhurst de Alfonso de Borbón (1-XII-1.874)
“Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. Arranca éste de una legislación secular, confirmada por todos los precedentes históricos, y está indudablemente unida a las instituciones representativas, que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los treinta y cinco años transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún, pisé yo con todos los míos el suelo extranjero.

Huérfana la nación ahora de todo derecho público y privada de sus libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1.812 le impidieron defender su independencia ni acabar en 1.840 otra empeñada guerra civil. Debióles además, muchos años de progreso constante, de prosperidad, de crédito y aun de alguna gloria; años que no es fácil borrar del recuerdo cuando tantos son todavía los que los han conocido.

Por todo esto, sin duda; lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas.

En el entretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, sino cuanto se ha pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la Constitución de 1845, hállase también de hecho abolida la que en 1869 se formó sobre la base inexistente ya de la Monarquía.

Si una Junta de Senadores y diputados, sin ninguna forma legal constituida, decretó la República, bien pronto fueron disueltas las únicas cortes convocadas con el deliberado intento de plantear aquel régimen por las bayonetas de la guarnición de Madrid. Todas las cuestiones políticas están así pendientes, y aun reservadas, por parte de los actuales gobernantes, a la libre decisión del porvenir. Afortunadamente la Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la nación.

Por mi parte, debo al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa moderna, y si en ella no alcanza España una posición digna de su historia, y de consuno independiente y simpática, culpa mía.no será ni ahora ni nunca. Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.”



1.2. El castigo político a las zonas carlistas
“Art. 1. Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir en la proporción de sus haberes a los gastos del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava del mismo modo que a los demás de la Nación.

Art. 2. Por virtud de lo expuesto en el artículo anterior, las tres provincias referidas quedan obligadas desde la publicación de esta ley a presentar, en los casos de quintas o reemplazos ordinarios y extraordinarios del ejército, el cupo de hombres que les corresponda con arreglo a las leyes.

Art. 3. Quedan igualmente obligadas desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava a pagar, en la proporción que les corresponda y con destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado. (...)”
Decreto de Abolición de los Fueros Vascos. (21 de julio de 1876)

1.3. Constitución de 1.876
“Art. 11°. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será do en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el eje su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. [...]

Art. 13°. Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana. De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades. El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada [….].

Art. 18°. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 19°. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.

Art. 20°. El Senado se compone: 1 °) De senadores por derecho propio; 2.°) De senadores vitalicios nombrados por la Corona; 3.°) De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en forma que determina la ley. El número de senadores por derecho propio y vitalicio no podrá exceder de 180 [...].

Art. 27°. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales, en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada ciento cincuenta mil almas de población.

Art. 28°. Los Diputados se elegirán y podrán ser elegidos indefinidamente por el método que determine la ley [...].

Art. 50°. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

Art. 51°. El Rey sanciona y promulga las leyes [...].

Art. 75°. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.

En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios civiles y criminales [...]".

Madrid, 30 de junio de 1.876.



1.4. La ideología de Cánovas del Castillo
“Para nosotros jamás, por ningún camino, se puede llegar por medio de la legalidad a la supresión de la monarquía, a causa de que no hay legalidad sin la monarquía, a causa de que sin la monarquía puede haber hechos, puede haber fuerza, puede haber batallas; pero no hay ni puede haber legalidad (...).

Y es que para tocar la Constitución del Estado, expresión de estos conceptos anteriores, siempre se necesita en uno u otro momento, siquiera sea en un solo momento decisivo, siempre se necesita la sanción real. ¿Quién habla, quién puede hablar, quién puede sospechar que sea posible esa pretendida evolución legal? ¿Quién cuenta jamás con el suicidio entre las soluciones naturales y legales referentes a la vida humana? Ni las Cortes es posible que voten su supresión, ni es posible que acuerde su supresión el monarca y de aquí que las Cortes y el Rey, que están antes que la Constitución, pues la Constitución se hace entre el Rey y las Cortes, están también sobre la Constitución; porque la Constitución no puede tocar ni a las Cortes ni al Rey (...).”


Discurso de Antonio Cánovas en el Congreso de los Diputados. (1.886)

“El sufragio universal, que es en sí mismo una malísima institución política, una institución incompatible con todo ordenado régimen político, y más si ese régimen es el monárquico, el sufragio universal, aun cuando sea verdad, es incompatible a la larga con la propiedad individual, con la desigualdad de las fortunas y con todo lo que no sea un socialismo desatentado y anárquico. El sufragio universal no puede ser más que un instrumento de socialismo o una farsa vil, y, en estos últimos tiempos, es bajo ese título postrero, como he juzgado conveniente calificarlo. Cualesquiera que sean los peligros y los inconvenientes del sufragio universal, es inútil discutirlo ahora. ¿Quién piensa, quién ha dicho siquiera que, después de que en España se haya votado una ley de sufragio universal, las opiniones de las muchedumbres, de los pobres, de los que nada tienen, estarán representadas en las urnas electorales? (...)

El sufragio universal es un instrumento de intimidación en las grandes poblaciones, agitado por la demagogia contra los intereses del orden; y es, en las pequeñas poblaciones agrícolas, un instrumento vil de actas de blanco en manos de los gobernadores de las provincias (....) hay muchos que al pretender establecer el sufragio universal quieren hacer que se derive de él la soberanía; hay muchos que le buscan como pretexto para disputar a la Corona los fundamentos sustanciales de sus derechos; hay muchos que aspiran a que por él se pueda contrarrestar la eficacia del principio monárquico, dentro de las ideas conservadoras.”
Discurso pronunciado por Cánovas del Castillo en Sevilla. (8 de noviembre de 1.888)

2. EL CACIQUISMO
2.1. “Los elementos componentes de nuestro régimen oligárquico [...] son tres: 1.° Los oligarcas (los llamados primates), prohombres o notables, de cada bando, que forman su `plana mayor', residentes ordinariamente en el centro. 2.° Los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio. 3.° El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la nación.

Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida o encasillada en `partidos'.

En las elecciones no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder, que, para dirigir desde él a las masas, les había sido entregado.”
Joaquín Costa. “Oligarquía y caciquismo”. (1.901)


2.2. “¿Cómo funciona esta singular máquina de la política nacional? El primer paso son las elecciones, que aparecen aquí como una institución de los Estados de Derecho modernos, aunque en el fondo sean un artificio más del caciquismo. Los caciques designan previamente a los candidatos, que proceden en los diferentes niveles de las elecciones (generales, provinciales, locales), de sus propias filas caciquiles. Los del bando contrario hacen lo mismo, y la lucha electoral simula entonces una contienda política de verdad. Pero el planteamiento es, en realidad, diferente: apenas los candidatos saltan a la palestra, la máquina caciquil empieza a moverse con frenesí, presionando (….) para que todos voten por el candidato propuesto. En un país donde las leyes son una burla, todos, quien más quien menos, tienen algo que perder y sólo el padrinazgo acude vertiginoso a favor del candidato propuesto. No hay escape posible.

Fruto de este compadreo son los ayuntamientos, diputaciones y cortes, formados por individuos seleccionados, no por sus preocupaciones y saberes en este o aquel problema, sino por su apego a los Sumos Caciques. Lo que sigue a las elecciones no es una política enraizada en los intereses nacionales, sino actitud de intrigas y zancadillas, que poco a poco va arruinando la moral pública del país.”


Ricardo Macias Picavea, El problema nacional, hechos, causas y remedios (1899)

2.3. “El marqués de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido más reaccionario entre los dinásticos, pero no tenía afición a la política y servia más de adorno que de otra cosa. Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era (¡oh escándalo del juego natural de las instituciones y del turno pacifico!), ni más ni menos, don Álvaro Mesía, el jefe de! Partido liberal dinástico. El reaccionario creía resolver sus propios asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero éste no abusaba de su poder secreto- Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los del Marqués, don Álvaro repartía estanquillos, comisiones y licencias de caza, y a menudo algo más suculento, como si fueran gobierno los suyos; pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo arbitro en las elecciones, gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta, a pesar de las apariencias de encarnizada discordia. Los soldados de fila, como se llamaban ellos, se apaleaban allá en las aldeas, y los jefes se entendían, eran uña y carne. Los más listos algo sospechaban, pero no se protestaba, se procuraba sacar tajada doble, aprovechando el secreto [...]”
Fragmento de la novela de Leopoldo Alas "Clarín" (1884-1885): La Regenta. Ediciones Cátedra, Madrid, edición de ll993,vol. I, pp. 379-381.

2.4. “El encasillado es una patente de esclavitud que dan los gobiernos a un pueblo sin ciudadanía. Es monstruoso que exista el encasillado. El poder legislativo, para que sea un poder y no una ficción, debiera vivir una vida plena, independiente y distinta del poder gubernativo. Hechas las elecciones sin presión oficial, sin amaños, sin violencias, sin las brutalidades que aquí presenciamos, el Parlamento sería un Parlamento, y no una baja laya de eunucos al servicio del visir. Este Parlamento formaría gobiernos auténticos y populares, como ocurre en toda Europa y en toda América (del Norte). Y entonces sería España un país constituido, y no una tribu compleja, a la que administran la crápula, la ignorancia, el dolo y la imbecilidad.

El ministro de la Gobernación es en Europa el mantenedor del orden público, y no el creador de congresos. Es delictivo, sobre ser monstruoso, que el ministro de la Gobernación ose siquiera hablar de encasillados. Sólo un país que ha perdido la sensibilidad puede tolerar que se le injurie de modo semejante. Un gobernante, miembro del poder Ejecutivo, cometiendo la audacia de preparar una elección de legisladores es tan aberrado, en buena y sana moral, como es aquí lógico y consuetudinario. [....) Ellos (los gobernadores civiles) destituyen o nombran, rajan o tunden, según las necesidades del candidato ministerial. Ellos cometen mil desafueros sólo para complacer al jefe de negrada que los manda desde la Puerta del Sol. Ellos son los tentáculos de la oligarquía y del dolo, verdugos de la ciudadanía, sayones del bestialismo parlamentario.

Y así, entre estas y otras cosas, ¿cómo ha de pretenderse que España no odie la política? ¿Cómo ha de pretenderse que viva la política, que no le vuelva, horrorizada la espalda, y que ahora no piense seriamente en acabar con tanta iniquidad a buenas o a las malas?. En España no se gobierna: se impera.”
Olmet, I.A “La horrenda política. Los Idóneos”. Madrid, Imprenta de J. Puedo,



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