La Paz, 3 de octubre del 2005



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Cuestión 2. Sírvanse indicar si el Estado Parte se ha fijado metas y ha adoptado indicadores que muestren los logros alcanzados en el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto.


  1. El Decreto Supremo N° 29272 de 12 de Septiembre de 2007, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 2006-2011” es el instrumento que tiene la finalidad de orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional. Documento que orienta los lineamientos estratégicos a seguir, dentro de los cuales se encuentra el objetivo de lograr una Bolivia Digna, mediante la erradicación de la pobreza y la inequidad, logrando un patrón equitativo de distribución y/ o oportunidades.

  2. En ese sentido, el Estado boliviano ha fijado ciertos objetivos para ser cumplidos entre los años 2006-2011, los mismos que se relacionan con el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

  3. Para mayor detalle, sobre el derecho de la libre determinación el Plan Nacional de Desarrollo señala que la “[…] nueva propuesta de desarrollo se basa en la concepción del Vivir Bien, propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia. A partir de los elementos comunitarios enraizados en pueblos indígenas, comunidades agrarias, nómadas y urbanas de las tierras bajas y altas, el Vivir Bien postula una visión cosmocéntrica que supera los contenidos etnocéntricos tradicionales del desarrollo”.

  4. Asimismo, entre las políticas y estrategias a seguir entre los años 2006-2011, se ha establecido la de fortalecer y sustentar la “[…] identidad y las formas de organización y autogestión de las comunidades locales, campesinas, indígenas-originarios, productivos y vecinales […]”.2

  5. Sobre el derecho al trabajo, este mismo documento plantea que en el periodo 2006-2011 se reducirá la tasa de desempleo abierto de 8, 4 % a 4 %, señalando un promedio de 90 mil empleos por año durante ese periodo.

  6. En el sector salud, el objetivo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo es la eliminación de la exclusión social, a través de un Sistema de salud familiar comunitaria intercultural, que retoma la medicina tradicional.

  7. En el ámbito de la educación, se busca promover la educación equitativa y de calidad, la misma que además promoverá la participación de todos los actores sociales. Asimismo, en el tema del derecho a la vivienda, se prevé la reactivación de la construcción de viviendas, mediante el programa nacional de vivienda social y solidaria.

  8. Por otra parte, es preciso señalar que de acuerdo a Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, todas las entidades del sector público en Bolivia, están sujetas al Sistema de Programación de Operaciones donde la administración pública responde por los objetivos y resultados obtenidos durante su gestión. La Ley N° 1178 permite que la administración pública pueda planificar, organizar, ejecutar y controlar internamente todos sus actos, midiendo los mismos a través de los resultados.

  9. Se establece que todos los ministerios elaboren su Plan Estratégico Institucional (PEI) anualmente, es así que el Ministerio de Justicia elaboró su PEI constituyendo como objetivos fundamentales a los siguientes:

  1. Descolonizar el sistema de justicia, construyendo de manera participativa y comunitaria un sistema de justicia plural mediante la interlegalidad, resguardando ante todo la armonía y equilibrio del conjunto societal basado en la cultura cosmocéntrica, desarrollando un nuevo saber jurídico, eliminando el monopolio en la producción del derecho, desmontando la práctica burocrática judicial, la legislación y su reproducción como ideología legitimante del Estado liberal, patriarcal, promoviendo la participación y control social y la inclusión de los sectores poblacionales históricamente marginados en el acceso a la justicia y ejercicio de los derechos fundamentales, logrando de ese modo un ordenamiento jurídico comunitario con equidad.

  2. Redimensionar el sistema de administración de justicia comunitaria como base para el cambio del método de administración de justicia formal y su esencia colonial así como patriarcal.

  3. Establecer y ampliar el marco normativo de transparencia para un Estado social plurinacional, vinculado a su pueblo, que permita la prevención, control social y sanción de la corrupción en el ámbito público y privado, a través de la generación de normas específicas que mejoren el marco legal vigente en el país, regulando las conductas y los actos del servidor público.

  4. Instaurar una cultura de inclusión, igualdad, equidad y respeto a la diferencia que considera las necesidades y demandas específicas de los sectores poblacionales vulnerables, que revaloricen las identidades culturales en el marco de la cosmovisión de igualdad, complementariedad sin asimetrías de poder entre hombres y mujeres




  1. Estableciéndose estos como pilares fundamentales en el trabajo que realiza el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos.


Cuestión 3. Sírvanse indicar si, siguiendo las recomendaciones del Comité de 2001, el Estado Parte ha tomado medidas para incorporar el Pacto en su ordenamiento legal interno, y proporcione información precisa y detallada al respecto (véase E/2002/22-E/C.12/2001/17, párrs. 266 y 283).


  1. El Estado de Bolivia ha considerado la incorporación del Pacto en su ordenamiento legal interno de la siguiente forma:

  1. La ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, mediante la Ley de la República N° 3293 de 12 de Diciembre de 2005.

  2. La incorporación en el ordenamiento jurídico del Decreto Supremo N° 29272 de 12 de Septiembre de 2007, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, instrumento que orienta el desarrollo integral del país y que pretende lograr la erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión. A través de este instrumento se pretende transverzalizar los Derechos de tipo Económicos, Sociales y Culturales, reconociendose que “los Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales, adquieren una importancia de primer grado en las políticas públicas; reconceptualizando lo jurídico a partir de los derechos colectivos, acorde a la realidad actual del país”.3

  3. El Proyecto de Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea Constituyente en detalle y revisión el 9 de Diciembre de 2007, que se espera pueda ratificarse mediante referéndum durante los próximos meses, es considerada como un gran avance sobre la materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entendiendo que este texto constitucional: garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, prohíbe y sanciona la discriminación, garantiza la seguridad alimentaria, el derecho al habitat y vivienda y otros derechos no consignados en la Constitución vigente, generando de esa manera una responsabilidad estatal mayor con respecto al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.


Cuestión 4. Como complemento a la información proporcionada en los párrafos 16 al 18 del informe, sírvanse indicar qué medidas han sido tomadas en la práctica para implementar las observaciones finales del Comité de 2001, relativas a la eliminación de la discriminación de los pueblos indígenas en todos los sectores de la sociedad, y para mejorar el disfrute de las poblaciones rurales, en particular de los pueblos indígenas, de sus derechos económicos, sociales y culturales.


  1. Sobre las medidas destinadas a eliminar la discriminación de los pueblos indígenas es propicio señalar algunos avances legislativos relacionados con el tema, mismos que se detallan a continuación:

  1. La Reforma a la Constitución Política del Estado, mediante Ley N° 2650 de 13 de Abril de 2004, estableció el carácter participativo del gobierno, fundado en la iniciativa legislativa ciudadana y la representación popular que desde ese entonces se ejerce no sólo a través de los partidos políticos, sino a través de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

La señalada reforma, estableció el carácter multiétnico, y pluricultural del Estado boliviano, en el marco del reconocimiento, respeto y protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas; garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lengua, costumbres e instituciones.

Además la Carta Magna reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas, y por último, establece que las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas pueden ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad con sus costumbres y procedimientos.




  1. La ley Nº 2771 de 6 de Julio de 2004, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas es un avance importante que regula la organización, reconocimiento, registro, funcionamiento y extinción de la personalidad jurídica de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en el país, reconocimiento que promueve los derechos de participación política de los pueblos indígenas.

  2. La Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, Ley de Reconducción de la Reforma Agraria cuyo objeto principal es el de implementar efectivamente la función económico social y reestablecer el ordenamiento territorial de forma más equitativa preservando los derechos que tienen los pueblos indígenas y comunidades agrarias – campesinas.

  3. El D. S. 29272 de 12 de Septiembre de 2007, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia, Digna, Soberana, productiva y democrática para vivir bien” es el instrumento que estableció dentro de sus políticas: Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, desde una visión multicultural, a partir de esta política se ha creado la estrategia de construir una visión multicultural de los Derechos Humanos y fundamentales de la persona que priorice los derechos sociales, políticos, económicos y culturales.

  4. La Ley Nº 3760 de 5 de noviembre del 2007, Ley de ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, señala entre lo más importante el derecho que tienen los pueblos a la libre determinación.

  5. La Constitución Política del Estado, aprobada en detalle el 9 de Diciembre de 2007, considera la inclusión de la diversidad cultural en su plenitud, señalando a Bolivia como un Estado unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.

La señalada Constitución, garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en el marco de la Unidad del Estado; gozando además de un capítulo específico por el cual se enuncian los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Específicamente el proyecto de Constitución señala que el Estado “prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.”4; artículo que garantiza el ejercicio de los derechos de las personas sin discriminación alguna.


  1. Asimismo, se considera pertinente señalar que a la fecha se cuenta con otras iniciativas de carácter legislativo que pretenden ser instrumentos que coadyuven a la eliminación de la discriminación racial, como ser las siguientes:

  1. El anteproyecto de Ley de Prevención y Eliminación de Todas las Formas de Discriminación racial, iniciativa del Viceministerio de Justicia Comunitaria como instancia dependiente del Ministerio de Justicia, cuyo objeto es el de prevenir y sancionar todas las formas de discriminación que se ejerzan en contra de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos y de otra índole.

  2. El anteproyecto de Ley contra la discriminación, realizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), proyecto que se encuentra en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.

  1. Por otra parte, es importante indicar que a partir de la promulgación a la Ley N° 3351 de 21 de febrero de 2006, Ley de organización del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de organización del Poder Ejecutivo, se ha creado el Viceministerio de Justicia Comunitaria, el mismo que tiene entre otras atribuciones las de “plantear políticas, normas y programas para apoyar y fortalecer la institucionalización del Sistema de Justicia Comunitaria en todo el territorio nacional”, así como “crear mecanismos para la implementación de la legislación nacional en la defensa y protección de los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas”; instancia que coadyuva indirectamente al reconocimiento pleno de los pueblos indígenas originarios y consecuentemente para su no discriminación.


Cuestión 5. Sírvanse proporcionar información precisa y detallada sobre las medidas que han sido tomadas por el Estado Parte para poner en práctica las recomendaciones del Comité de 2001, relativas a la erradicación de la explotación de los niños, y en particular el fenómeno de los "criaditos" (trabajo domestico de niños indígenas).


  1. Sobre este punto, es pertinente señalar la Resolución Suprema N° 220849 de 7 de junio de 2001, creada con el objetivo de lograr la protección efectiva de los niños y niñas trabajadoras y trabajadores, mediante este mecanismo se creó el Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, instrumento que sirvió para lograr algunos avances en el área.

  2. El Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (PNEPTI) 2000-2010, realizó en esta primera fase trabajos en las áreas de minería y la zafra, habiéndose identificado este problema en: Llallagua, Campamento minero Siglo XX el Cerro Rico en la ciudad de Potosí; Chima y Chuquini, zonas mineras ubicadas en el norte de ciudad de La Paz.


Cuestión 6. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de 2001, sírvanse proporcionar información precisa y actualizada sobre las medidas tomadas para resolver los problemas de la elevada tasa de escasez de viviendas, la elevada incidencia de desalojos forzosos y la falta de viviendas de interés social para grupos de bajos ingresos, vulnerables y marginados. Sírvanse también proporcionar información detallada sobre el número y el carácter de los desalojos forzosos en Bolivia.


  1. En cuanto al problema de la escasez de vivienda y conforme los datos estadísticos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 del Instituto de Nacional de Estadísticas INE, el problema de la vivienda en Bolivia es producto de la pobreza de la mayoría de la población, sobretodo aquella que se encuentra en las áreas rural y periferia urbana.

  2. En ese sentido el Decreto Supremo N° 28794 de 12 de julio de 2006 creó el Programa de Vivienda Social y Solidaria, propuesta que esta a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, constituyéndose en el nuevo instrumento de la política de vivienda; programa que busca atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia.

  3. Asimismo, el Programa de Vivienda Social y Solidaria tiene la finalidad de:

  1. Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda digna;

  2. Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los preceptos de equidad social;

  3. Capacitación de los recursos humanos;

  4. Inclusión de la mujer como participante y beneficiaria;

  5. Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva;

  6. Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a través de los subsidios y créditos que facilitaran el acceso a una solución habitacional digna. Indirecta, mediante el mayor empelo de mano de obra, generado a partir del proceso de construcción y la actividad económica.

  1. Mediante este programa, se pretende construir aproximadamente 300.155 viviendas hasta el año 2011, medida que además se espera que genere aproximadamente 70 mil empleos. Asimismo, este programa ha sido impulsado a través de la política de Vivienda establecida en el Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia, Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, política que señala “Las metas del programa son reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, con la creación de nuevos empleos directos e indirectos en el quinquenio.”.

  2. Es importante señalar que este programa empezó a ejecutarse el mes de abril de 2007, contando con 3.796 proyectos aprobados en todo el país hasta finales del año 2007. Se destaca que en la actualidad el programa se encuentra en un proceso de reajuste para reducir los requisitos y mejorar la accesibilidad de las viviendas.  Pese a ello, la meta del Gobierno es entregar 10 mil viviendas este año, si bien no construidas, por lo menos en fase de proyectos, tomando en cuenta que el deficit habitacional en el país llega a 800 mil edificaciones, en construcción y mejora de viviendas.

  3. Por otra parte, la Ley N° 3351, de Organización del Poder Ejecutivo, de fecha 21 de Febrero de 2006, ha establecido la existencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, instancia que tiene la finalidad de formular, ejecutar y controlar políticas y normas destinadas al desarrollo, construcción y mejoramiento de viviendas de interés social. A su vez, el Decreto Supremo No. 28631 de fecha 8 de Marzo del 2006 que Reglamenta la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, dispone que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministro de Vivienda y Urbanismo, es la instancia que propone las políticas y normas destinadas al desarrollo del sector vivienda, como uno de los componentes básicos de la política social del Estado.

  4. Con respecto a los índices requeridos sobre vivienda en Bolivia, el año 2006, el INE señalo los siguientes datos estadísticos:


Cuadro 1. Hogares, por tipo y tenencia de la vivienda según Área Geográfica (2005)

Casa, Choza o Pauhichi

75.04%

Departamento

3.38%

Habitación (es) Suelta (s)

21.55%

Vivienda improvisada o vivienda móvil

0.03%



Cuadro 2. Calidad de Vivienda y de Construcción de los Hogares en Bolivia, según censo 2001

Calidad de Vivienda

Calidad de Construcción

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

16.40%

49.75%

33.85 %

16.40%

48.81%

34.79 %



Cuadro 3. Calidad de Habitabilidad y de Servicios en la vivienda de los Hogares en Bolivia,

según censo 2001

Calidad de Habitabilidad

Calidad de Servicios

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

12.40%

44.47%

43.13 %

29.42%

41.30%

29.29 %



Cuestión 7. En sus observaciones finales previas, el Comité manifestó preocupación ante el nivel de mortalidad materna, que es uno de los más altos de América Latina. Sírvanse proporcionar información actualizada y detallada sobre las medidas que han sido tomadas y sobre sus resultados.


  1. La mortalidad Materna en Bolivia fue reducida de manera considerable tomando en cuenta que el Estado Boliviano estableció Políticas Públicas de protección y prevención, en fecha 21 de noviembre de 2002 se promulga la Ley Nº 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que tiene como fin disminuir la mortalidad materna e infantil, ley que entro en vigencia el 1 de enero de 2003.

  2. El Seguro otorga prestaciones a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto y a los niños hasta los 5 años de edad, el seguro es de carácter Gratuito, Universal e Integral. Los establecimientos públicos lo otorgan de forma obligatoria, existiendo además otros centros privados o sin fines de lucro que firmaron convenio con el Estado.

  3. Hasta el año 2004 el SUMI atendió a 314 Municipios y 2.259 establecimientos de salud del sector público, actualmente las atenciones se dan en los 327 municipios del País. En las poblaciones en las que no existen centros de Salud se implementó el programa “Extensa” con brigadas móviles que llegan a 2500 comunidades de todo el país otorgando prestaciones del SUMI de los Programas Nacionales y Atención Primaria de Salud.5

  4. Para el año 2004 el público beneficiario del SUMI estuvo constituido por: 1.279.269 niños menores de 5 años y 328.682 mujeres embarazadas hasta los 6 meses después del parto (partos esperados). Se estableció sobre la población objetivo, una cobertura de afiliación al SUMI que alcanza aproximadamente al 74%.

  5. La mortalidad materna se redujo en un 41% al año 2003, respecto del año 1994, es decir de 390 a 229 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

  6. El Estado Boliviano cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Salud con práctica gerencial en el manejo del seguro público (Seguro Universal Materno Infantil y Seguro Médico Gratuito de Vejez), al respecto el Plan Nacional de Desarrollo señala la implementación hasta la gestión 2015 del Sistema Único Intercultural y Comunitario de Salud mediante el cual se han fijado las siguientes metas:

    1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre,

    2. Alcanzar la educación primaria universal,

    3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer,

    4. Reducir la mortalidad infantil,

    5. Mejorar la salud materna,

    6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo, chagas y tuberculosis,

    7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.



Cuestión 8. Sírvanse indicar qué medidas han sido tomadas por el Estado Parte, dando seguimiento a sus recomendaciones de 2001, para reducir la incidencia de las muertes causadas por los abortos ilegales y los partos no asistidos. Sírvanse también proporcionar información sobre la legislación vigente en el Estado Parte en materia de aborto.


  1. Se ha implementado el Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, el mismo que fue elaborado con el propósito de reducir el elevado número de muertes causado por abortos ilegales, en el caso de los partos no asistidos mediante Ley Nº 2426 de 21 de noviembre de 2002 se crea el Seguro Universal Materno Infantil, este seguro otorga prestaciones a mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto, y para los niños hasta los cinco años después del nacimiento, el mismo se presta en centros de salud estatales y en aquellos privados que tengan convenio con el Estado.

  2. Asimismo, desde el mes de enero del año en curso el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, viene elaborando el Nuevo Código Penal boliviano que reformará integralmente la actual legislación penal con una visión de protección del ser humano, por tal razón la tipificación del hecho se encuentra previsto. El avance en la elaboración de este Código es del 50% en la parte general.


Cuestión 9. Sírvanse indicar si, siguiendo las recomendaciones del Comité de 2001, el Estado Parte ha establecido programas de alfabetización de adultos, en especial en las zonas rurales, y los esfuerzos que ha emprendido para incrementar los niveles de asistencia escolar de los niños a la escuela primaria. Sírvanse también indicar si el Estado Parte se ha dotado de un plan nacional de educación para todos.


  1. Bolivia ha implementado en la última gestión de Gobierno una serie de políticas mediante las cuales se está avanzando en materia de erradicación del analfabetismo en adultos e incrementar el número de niños a la asistencia escolar.

  2. Para la erradicación del analfabetismo se tiene la implementación del programa “Yo, si puedo” desde la gestión 2006, el proceso de erradicación del analfabetismo, está destinada a una población de 1.200.000 personas, que pertenecen a sectores marginados y excluidos del sistema educativo, aplicando el método "Yo, si puedo", hasta la gestión 2008.

  3. Los objetivos específicos del programa son los siguientes:

    1. Desarrollar en los participantes habilidades para leer y escribir en lengua materna y en castellano como segunda lengua, afirmando su identidad cultural y lingüística.

    2. Mejorar la calidad, acceso y permanencia de sectores excluidos, principalmente en los pueblos indígenas.

    3. Incidir en la formación y fortalecimiento de los valores y normas de convivencia comunitaria, locales y universales

    4. Promover la integración y formación de personas con necesidades educativas especiales, en el programa de alfabetización y en la sociedad en general

    5. Formación de recursos humanos especializados en procesos organizativos y de alfabetización, con la aplicación del método "Yo, sí puedo".

    6. Establecer mecanismos de seguimiento para el control y evaluación de la calidad educativa del Programa.

    7. Generar un marco institucional de apoyo al proceso de alfabetización a nivel Departamental, municipal y comunitario.

    8. Desarrollar mecanismos de control de la alfabetización, con las organizaciones originarias que comprenden fundamentalmente mujeres y campesinos.6


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