La Argentina ha presentado recientemente una propuesta (al programa mab- unesco) para la creación de una nueva Reserva de Bió



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LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTION DE RECURSOS NATURALES: alcances y limitaciones en un caso de la cordillera RIONEGRINA
Autores: Cobelo, C., Rezzano, C., Ardiles, B.

Mail: ccobelo@bariloche.inta.gov.ar


Resumen:
El Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido en El Bolsón, abarca 60.000 ha de bosques mixtos ciprés/coihue y puros de ciprés y lenga.

La estructura de tenencia de la tierra comprende situaciones heterogéneas. Algunos pobladores tienen su situación regularizada pero están presentes numerosos conflictos no resueltos con las autoridades provinciales y municipales en cuanto a los límites entre la tierra pública y la privada. Los servicios turísticos, la extracción de madera, leña, hongos, helechos, etc. y la ganadería extensiva son las actividades principales.

La devaluación del 2001/2002 aceleró los cambios territoriales que se venían produciendo, y las actividades turísticas sin regulaciones se han incrementado desde entonces (desde nuevos refugios y campings hasta apertura de caminos, cabalgatas, mayor presencia de perros y otros animales domésticos durante períodos cada vez más extensos, promoción turística del área y escasos controles de los sitios de concentración de acampantes y caminantes). La legislación vigente prevé la formulación de un plan de manejo participativo, con la presencia de pobladores, OGs y ONGs. Se ha iniciado este proceso en el año 2004, con algunas resistencias.
En este trabajo se analizan las principales problemáticas relacionadas con el uso actual de estos recursos naturales para identificar líneas de intervención que faciliten el uso sustentable de los mismos.
Palabras-clave: uso de la tierra; gestión participativa de RRNN; áreas naturales protegidas; El Bolsón



  1. El caso en estudio:

La localidad de El Bolsón, ubicada en el SO de Río Negro (Lat. 42º S, Long. 71ºO - Fig. 1), se caracteriza, desde el punto de vista social, por la presencia de estratos poblacionales con diferente origen y capital social. Algunos pobladores tradicionales han vendido o subdividido sus tierras, y los que persisten como productores realizan actividades de autoconsumo con base ganadera (ganadería extensiva, con escasa o nula aplicación de pautas de manejo del rodeo y del forraje). Gran parte de este sector carece de vinculación con las instituciones, según relevamientos realizados recientemente (Cobelo, 2005), exceptuando contactos circunstanciales con la Policía, el Servicio Forestal Andino y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).




ANPRALE
Fig. 1. Ubicación geográfica del caso en estudio
Los nuevos productores, o relativamente nuevos habitantes de zonas rurales cercanas al casco urbano, tienen en muchos casos origen extra-agropecuario, y se dedican al turismo, a las producciones intensivas en pequeña escala y al comercio. En estas situaciones el uso de los recursos naturales tiende a ser de tipo extractivo o a producirse un reemplazo de la vegetación. Sin embargo, algunos propietarios de emprendimientos agro-turísticos manifiestan interés en conservar sectores de bosque nativo en el interior de sus predios. El contacto de estos actores con las instituciones es más fluido y tienen mayor facilidad para captar diferentes tipos de recursos disponibles. Los habitantes de sectores semi-urbanizados son activos usuarios de los recursos forestales de la localidad. Las fuentes de ingresos de muchas familias provienen de tareas agrícolas estacionales, actividades extractivas, empleos públicos de escasa remuneración o empleos temporarios relacionados con el turismo.

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El Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE) abarca 60.000 ha de bosques mixtos ciprés/coihue y puros de ciprés y lenga. Se extiende desde la margen Este del Río Azul, en el SO de la Provincia de Río Negro en su límite con la del Chubut, hasta las altas cumbres de la cordillera en el límite con Chile, y su límite Norte excluye el paraje El Manso y el valle del Lago Escondido.


El ANPRALE se encuentra dentro del ejido municipal de la localidad de El Bolsón1, provincia de Río Negro. La provincia considera incluida en esta área un sector de la Reserva Forestal Loma del Medio-Río Azul, propiedad del Estado Nacional y administrada por el INTA.
La vegetación natural característica de la región corresponde a los bosques andino-patagónicos, con la presencia de varias asociaciones de O a E: altas cumbres, mallines de altura, lengales, relictos de alerzales, bosques mixtos de ciprés-coihue (en los alrededores de El Bolsón, Lago Puelo, Epuyen), al norte ñirantales y cipresales degradados. Esta vegetación original ha sufrido el efecto del fuego y del pastoreo posterior (prácticas que se aplicaron desde los inicios de la colonización más reciente), así como la tala rasa con la implementación de un sistema de “forestación compensatoria” por especies exóticas

A pesar de que los recursos naturales constituyen de manera directa o indirecta, el principal soporte económico, de la región, la intensa valoración de la tierra y de la madera de ciprés de la cordillera, Austrocedrus chilensis (de la que esta zona es la principal proveedora), sumada a otra serie de factores como la debilidad de las instituciones locales, el aislamiento de muchos pobladores, la gran afluencia de población de variadas procedencias con diferentes hábitos de consumo, son factores de riesgo para su sustentabilidad.


El Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Río Negro fue creado mediante la Ley N° 2669 en el año 1993. Mediante la Ley 2646/93 se declara Monumento Natural Nacional al Huemul, cuya distribución cada vez más reducida lo transforma en una de las especies animales más amenazadas de los bosques andino-patagónicos. La creación del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE) tuvo lugar por ley Pcial N° 2833/94 del 18/08/1994. Estos tres instrumentos legales se suman a las ya existentes regulaciones enmarcadas en la Ley de Bosques y la Ley de Tierras Fiscales.
El artículo 12 de la Ley 2669 establece que “cada Unidad de Conservación deberá contar con un plan de manejo y una zonificación adecuada a sus objetivos particulares de conservación”. Estas herramientas deberían ser desarrolladas y puestas en vigencia dentro de los dos años de la promulgación de la ley, bajo responsabilidad de la autoridad de aplicación (que sería el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, CODEMA, o en su defecto, el Servicio Forestal Andino)-.
A su vez, con respecto a los derechos de los pobladores, la Ley determina en el artículo 6 que “(…) la autoridad de aplicación formalizará y elaborará sus planes de manejo resguardando el derecho de los legítimos ocupantes2, compatibilizando los objetivos y fines de la presente ley, con las previsiones de las leyes N° 279 y 2287, conforme a lo normado en el artículo 43”. Establece además que “mediante la promoción, apoyo técnico, económico y aquellas formas que la reglamentación establezca, se inducirá a los pobladores a ejercitar un manejo de los recursos que garantice un desarrollo compatible con el área protegida y sostenible en el tiempo”.
En el caso de la ANP Río Azul – Lago Escondido, y debido a la ausencia de una delegación local del Consejo de Ecología y Medio Ambiente, el órgano habilitado por la autoridad de aplicación provincial para administrar el área fue el Servicio Forestal Andino. En 1995 se realizaron una serie de talleres convocados por el mismo, tendientes a iniciar el proceso de desarrollo del Plan de Manejo, sin alcanzar ningún resultado.
Tampoco ha podido avanzarse en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 2833 que plantea la regularización de la tenencia de los ocupantes “resguardando sus intereses”, para luego facilitar “el acceso al título traslativo de dominio de los ocupantes reconocidos”. Esto podía lograrse mediante la conformación de una comisión mixta de profesionales y agentes locales del Ministerio de Economía de la provincia. Para llevar adelante la tarea en relación a los pobladores, esta comisión previamente debía definir la zonificación, el Plan de Manejo, y a partir de allí, los límites de las unidades productivas que permitan compatibilizar los intereses de los pobladores con los objetivos de creación del área protegida. Lo cual a la fecha sigue sin haberse definido.
A su vez, la ley 2669 hace referencia al resguardo de los derechos de “los legítimos ocupantes”, concepto de por sí complejo ya que intervienen aspectos relacionados con la historia de ocupación, la formalización de la misma, la proximidad de los distintos pobladores a instancias decisorias extra-institucionales, etc. La tarea de delimitación sufrió muchas modificaciones y se ha ido realizando en el contexto de reuniones entre pobladores y funcionarios provinciales con asiento en Viedma, o relacionados con el ejecutivo municipal. Aunque oficialmente no haya habido ninguna información sobre el resultado de estas gestiones, y quizá precisamente por eso, se han generado confusiones y serios conflictos sociales, políticos y económicos e incluso de conservación de los recursos, aún irresueltos en el marco de la presente ley.



  1. Las convocatorias y las instancias participativas que se realizaron:

En abril de 2004 se llevó a cabo una primera reunión para identificar los problemas del área entre muchos de los actores involucrados. A la misma concurrieron instituciones estatales provinciales, nacionales (INTA, APN, Universidad del Comahue, Universidad San Juan Bosco), prestadores turísticos, productores y/u ocupantes de tierras en el área de Reserva, y Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas). No hubo asistencia de representaciones de los pueblos originarios en dicha ocasión. Hubo consenso en señalar como principales problemas:

1. Superposición de jurisdicciones y escaso o nulo intercambio interinstitucional

2. Falta de control y fiscalización en las actividades extractivas

3. Indefinición sobre la situación legal y de uso de la tierra..

4. Crecimiento de la actividad turística sin habilitaciones ni regulaciones



5. Riesgo y niveles de seguridad para pobladores y turistas. Falta de infraestructura básica (puentes, caminos, servicios)
La provincia decidió convocar a una Comisión organizadora de la Comisión de Gestión Local que tomó a cargo la tarea de discutir algunas problemáticas inherentes a la articulación entre organismos gubernamentales. Durante 2004 y 2005 se llevaron a cabo diversas reuniones interinstitucionales en el marco de lo que se dio en llamar el Equipo Inicial de Gestión Local, el cual se abocó a la profundización del análisis de los problemas identificados. Fue integrado por representantes de diversos organismos gubernamentales: Turismo de municipio y de provincia, un delegado del intendente municipal, del Concejo Deliberante, del Equipo de Gestión de Riesgo, representante del CoDEMA, del INTA, del SPLIF, del SFA. Si bien la provincia parecía impulsar el proceso tantos años dilatado, no asignó presupuesto alguno para el funcionamiento de la Comisión Local, consecuentemente, la misma operó con fondos mínimos aportados por las instituciones participantes, que cubrieron gastos de funcionamiento.
Como principales logros de esta primera etapa se identifican la comunicación interinstitucional con el consecuente intercambio de información, y la implementación del programa “Prevención para Actividades en Montaña”, que fue financiado por el Ministerio de Coordinación de la Provincia de Río Negro durante la temporada turística 2004-2005. El mismo fue desarrollado en conjunto por Defensa Civil, la Comisión de Auxilio del Club Andino Piltriquitron, la Delegación de Turismo provincial y la Municipalidad de El Bolsón. El proyecto tuvo como objetivo disminuir el riesgo para el ambiente (incendios forestales, contaminación de los cursos de agua) y para los visitantes al Área Natural Protegida (extravíos, accidentes), generando información (folletos, carteles, informantes) y comunicación interinstitucional. Como resultado no se registraron ni principios de incendio ni extravíos de personas, y se recabó información sobre el número real de visitantes, destinos predominantes, origen y grupos de edades. En su ejecución participaron el SPLIF, Gendarmería Nacional, Municipalidad de El Bolsón, Defensa Civil, Delegación de Pesca, Club Andino Piltriquitrón, y el CoDEMA.
Tras la primera temporada, durante el año 2005, se avanzó en la elaboración de diferentes propuestas hacia el diseño del Plan Maestro. Se comenzaron a establecer contactos con pobladores, y comenzaron a manifestarse dificultades en torno al abordaje de la cuestión central que era la regularización de la tenencia de la tierra. Asimismo el accionar de las funcionarios provinciales y municipales estableciendo en forma directa e inorgánica acuerdos individuales o grupales con pobladores complicó aún más la situación.
A partir del 2006 se incorporaron las instituciones intermedias, representantes de los pobladores y de otros actores sociales del territorio facilitando procesos de intercambio de opinión y diagnósticos participativos que permitieran la toma de decisiones consensuadas. El diseño de estrategias flexibles de comunicación para la difusión de los acuerdos, de los avances del proceso de toma de decisiones y la generación de información relevante se identificaron como de vital importancia, como también la necesidad de incrementar el flujo de información técnica. Es así que se conformó la Autoridad Local de Conservación, aunque sin el correspondiente reconocimiento oficial por parte de la autoridad provincial. Como resultado del trabajo llevado a cabo se desarrolló el documento titulado “Avances del Plan de Manejo del ANPRALE” (dic 2006), que plantea una serie de dimensiones para tener en cuenta en el Plan de Manejo a la vez que deja explicitados los vacíos severos que aún resta atender.
Durante el 2007, año de elecciones municipales, provinciales y nacionales, se ha producido un cambio de foco en la atención de los gobernantes, por lo que las instituciones se han visto obstaculizadas en el proceso de trabajo. Aún debe obtenerse reconocimiento oficial por parte de la autoridad de aplicación a la vez que debe resolverse en términos fehacientes el financiamiento del trabajo actual y desde ya, de las propuestas que surjan y que sean aprobadas como parte del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Rio Azul - Lago Escondido. Mientras tanto, en julio de este año se aprobó el proyecto binacional UNESCO-MAE de Reserva de Biósfera, para el cual la provincia envió una propuesta de zonificación para ANPRALE que ubicaba como zona intangible a toda el área., incluyendo sectores donde ya existen ocupaciones y actividad ganadera extensiva.
En el año 2008, luego de la aprobación de la Ley Nacional Nº 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, comienza a hacerse necesario también efectuar zonificaciones para determinar zonas rojas (protegidas), amarillas y verdes. Esta cuestión, que involucra a todas las provincias patagónicas, obliga a Río Negro a comenzar un ordenamiento forestal, proceso aún incipiente.



  1. Marco de análisis sobre procesos participativos en los que se involucran recursos públicos apropiables

Para el análisis de los procesos que se promueven y las fuerzas actuantes, consideramos necesario introducir el concepto de espacio geográfico o territorio usado, definido como una totalidad dinámica entendida como una mediación entre el mundo y la sociedad nacional y local. Es un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones (Santos 1997). Espacio territorial y nacional no son conceptos absolutos, neutros ni desprovistos de contenido. Por el contrario, el territorio y la región son expresiones de la espacialización del poder y de las relaciones de cooperación o de conflicto que se derivan de ella.


Montañez y Delgado (1999) sugieren que el análisis del territorio debería partir de las siguientes consideraciones: (1) el territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un estado; (2) el territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del estado, de los individuos, grupos, organizaciones y empresas locales, nacionales y multinacionales; (3) el territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica nuestro conocimiento del proceso de su construcción; (4) la actividad espacial de los actores es diferencial, y por lo tanto su capacidad real o potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual; (5) en el espacio concurren y se superponen distintas territorialidades (locales, regionales, nacionales, mundiales) con intereses, valoraciones, percepciones diferentes, que generan acciones de complementación, cooperación y conflicto; (6) el territorio es móvil, mutable, desequilibrado, y requiere permanentemente de nuevas formas de organización territorial; (7) el sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, el del ejercicio de la ciudadanía y de la acción ciudadana sólo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se superponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades.
A continuación presentamos una síntesis del proceso de conformación del espacio social en el cual se desarrolla el caso (Mendes y Blanco, 2003):
Hacia fines del siglo XIX, época de la guerra contra el indígena, la Patagonia Andina en torno al paralelo 42° parece haber sido un territorio de ocupación por parte de grupos nómades tehuelches y mapuches. Hay quienes afirman que esta era simplemente “una zona de paso”, y sin embargo a su vez existen actualmente movimientos de comunidades indígenas en reclamo de “sus legítimas tierras” que no pueden de ningún modo desconocerse en nombre de una hipótesis tan poco estudiada. Con el avance del estado chileno hacia la región de la Araucanía y la ocupación de los territorios al sur del río Bío-Bío se suceden políticas de colonización que resultan en la instalación de unos 3500 colonos europeos (principalmente alemanes) en las provincias de Valdivia y Llanquihue, “forzando el desplazamiento de colonos transandinos en busca de tierras para pastoreo hacia los valles del este de la cordillera de los Andes”. Esto dio origen a la instalación en la región analizada de pobladores provenientes del actual territorio chileno, dedicados a la ganadería extensiva para la comercialización en los puertos del Pacífico, continuando con los circuitos económicos establecidos señalados más arriba. Una segunda etapa de la colonización de la región comprende el período 1906-1930. Por arbitraje de Inglaterra, se adjudican a la Argentina los valles del Río Manso y del Lago Puelo, entre otros. Comienzan a llegar a la región pobladores de diferentes orígenes, lo cual se traduce en una diversificación de las actividades. Entre las décadas de 1930 y de 1940 se establecieron los hitos demarcatorios de la frontera argentino-chilena, época en que el estado nacional incrementa su presencia. Entonces se produjeron modificaciones de relevancia, que transformaron a la zona en una región periférica más integrada al sistema nacional: En tal repliegue?? de los Estados Nacionales, era imprescindible definir los propios límites para llevar adelante la política proteccionista. En ese contexto, las áreas de frontera adquirieron una importancia inédita hasta entonces. El Estado Argentino comenzó a ubicar a sus propios migrantes, principalmente europeos venidos al país en época de entreguerras (croatas, eslovenos, italianos, alemanes, rusos, polacos) que fueron empleados en las obras de infraestructura que apuntaban a la creación del mercado interno
El Territorio Nacional de Río Negro se provincializa en 1958. Hacia finales de los ‘60, no existían más industrias que la maderera, que si bien se mantenía relativamente estable y el sector maderero seguía teniendo un peso importante en la economía de la zona, ya se encontraba sin embargo en proceso de agotamiento. Al parecer esto tendría su raíz en la tala indiscriminada, junto con la ausencia casi total de reforestación durante esa etapa. La actividad forestal reducía su rentabilidad.
Mendes y Blanco (2003) se refieren a una migración de origen urbana y principalmente nacional a partir de finales de la década de 1960, en muchos casos vinculada a la corriente del hippismo. Los ‘80s constituyen una década de cambios radicales en las estrategias de supervivencia de la población, que comienza a buscar nuevas formas de organización familiar para enfrentar la profunda crisis económica y social que atravesaba el país. Al mismo tiempo, se promueve el poblamiento de las áreas fronterizas. Se generan en esa época nuevas fuentes de empleo estatal, en lo que parece constituir un período de auge del estado rionegrino. En este contexto, comienzan a llegar nuevas corrientes migratorias a la Comarca.
Durante la década del ‘90 las principales corrientes migratorias provinieron de zonas rurales cercanas, como Ñorquinco, El Maitén, Cholila, o de ciudades como Bariloche, Esquel y otros centros urbanos mas lejanos (Buenos Aires y sus alrededores, Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe, etc.), expulsados de sus lugares de origen ya sea por la desvalorización de los productos agropecuarios por el Plan de Convertibilidad, el desempleo en el que se traducía la política de privatizaciones y flexibilidad laboral, o la inseguridad urbana en sus diversas acepciones (inseguridad laboral, inseguridad en relación al delito, inseguridad en las posibilidades reales para proyectarse individual y familiarmente, etc). Las poblaciones de los centros urbanos receptores multiplicaron rápidamente su tamaño, lo cual no guardó relación con las infraestructuras y las redes de servicios existentes.
Con la devaluación del peso en el año 2001/2002 se revitalizaron la producción agropecuaria y el turismo, y la región se transformó en receptora de inversiones de diversa índole. La afluencia de capitales obró como un factor promotor de la subdivisión y fraccionamiento de tierras, del cambio de uso de las mismas tendiendo hacia los usos turísticos y residenciales en detrimento de los agropecuarios.



  1. Problemas detectados en cuanto a la distribución de tierras y utilización de los recursos naturales del área:

Como requisito necesario para alimentar la discusión sobre el uso actual de las tierras del Área Natural protegida Río Azul-Lago Escondido, la Autoridad Local de Aplicación constituida durante el año 2006 encomendó al INTA la realización de un primer relevamiento de las actividades de los pobladores del área. Este relevamiento se cumpliría en dos etapas: una primera, que denominamos relevamiento preliminar, en la que se realizarían encuestas a pobladores y vecinos de ANPRALE. En la segunda, se profundizaría el análisis, seleccionándose situaciones que representen las diversas problemáticas surgidas en la etapa anterior, a lo que llamaremos un relevamiento específico. En la elaboración de los instrumentos de recolección de información primaria participaron el CODEMA y la Secretaría de Turismo, además del INTA. El informe fue realizado y presentado en al año 2007, y consiste en un avance considerable sobre la caracterización del uso actual del área. Sin embargo, los resultados finales del mismo no fueron presentados a los pobladores, ya que no hubo otras instancias de reunión.


Algunos aspectos relevantes que surgieron a partir de la gestión de los talleres en el marco de la autoridad Local de Conservación especialmente durante el año 2006 fueron:
a. La discusión respecto de los límites del dominio privado y el uso público. Al respecto quedó instalada la controversia por el reclamo de la propiedad de la tierra entre las comunidades de pueblos originarios que usan las áreas de pastoreo dentro de ANPRALE y los pobladores actualmente reconocidos por la Dirección de Tierras, quienes consideran que sus ocupaciones son colindantes y por ende abarcan la totalidad de la superficie de la Reserva. También aparece a partir de este enfoque un conflicto importante entre los pobladores y aquellos que quieren acceder al área en carácter de visitantes.
b. La cuestión inherente al nivel de impacto que la ganadería tiene sobre los recursos y la delimitación de las áreas bajo pastoreo con el objeto de dimensionar el uso silvopastoril en el área y caracterizar el estado de los recursos en la misma. Los pobladores consideran que el uso ganadero favorece al bosque, creencia que aparece sin más fundamento que la opinión de los actores involucrados. Por otro lado, alguna interpretación de la Ley de Tierras de la provincia podría considerar a la ganadería como una “mejora”, que justificaría la tenencia de la tierra en ocupación y/o propiedad.
c. La convicción por parte de los pobladores de que el plan de manejo consiste en un mero requerimiento para el acceso a la propiedad de la tierra, pero que nada podría aportarles a su actual sistema de manejo que a su entender ha sido la llave para lo que consideran como un óptimo estado de conservación de los recursos y el ambiente.
d. La premura que existía en todo momento por parte de las autoridades provinciales en obtener un plan de manejo para el mero cumplimiento de objetivos, sin reparar en la calidad de lo que se pudiese elaborar ni el la aplicabilidad de esos lineamientos como instrumentos de protección del ecosistema del área.
Algunas características de los pobladores que contribuyen a enriquecer la comprensión de los problemas relacionados con uso y tenencia de la tierra, emergentes del mencionado relevamiento, se presentan a continuación:


  1. Características de los pobladores

Procedencia del titular: Sobre 48 encuestados, el 44% son oriundos de El Bolsón (principalmente del casco urbano de la localidad). El 13% (6 casos) proviene de localidades cercanas de la Patagonia (Cholila, Bariloche). Un 38% son oriundos de provincias no patagónicas (especialmente de Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires). Un 4% son extranjeros (2 casos). El nivel de instrucción se pudo relevar en sólo 29 casos (60%). Del total de titulares de ocupaciones o propiedades, el 21 % son analfabetos o con primario incompleto (10 casos), 17% tienen primario completo o secundario incompleto, uno solo tiene secundario completo y 21% tienen un nivel terciario o universitario. Como regla general, los niveles más elevados de instrucción corresponden a los pobladores de origen urbano extra-regional.
El 26 % de los pobladores no reside en el área, mientras que el 46 % reside todo el año (especialmente los que tienen unidades de menor superficie) y el 28% (11 casos) sólo residen en ANPRALE durante fin de primavera y verano (período noviembre a marzo).
Las fuentes de ingresos se clasificaron en ingresos obtenidos a partir de recursos del predio donde sólo se consideró la fuente principal. De ahí surge que un 29% de los encuestados no obtienen ningún ingreso, mientras que un 38 % los obtienen como consecuencia de estar en un predio con bosques nativos (25% por alojamiento- refugios de montaña, cabañas o campings- y 13% por extracción directa de productos forestales. En un 33% su principal fuente de ingreso predial proviene de la venta de producción primaria –generalmente ganado, que pastorea libremente por el área). Para el 48% de los encuestados los ingresos extraprediales son muy significativos respecto de los ingresos totales (20 casos). Como condición diametralmente opuesta, sólo un 26 % carece de ingresos extraprediales o éstos representan menos del 30% de los ingresos totales.
La información recolectada no permite distinguir niveles de ingresos totales, pero sí identificar dos situaciones contrastantes: la ausencia de ingresos extraprediales (que compromete al 18% de los encuestados) y la existencia de ingresos todos los meses del año para el 57 % de las situaciones relevadas. Los tipos de ingresos extraprediales que se pueden diferenciar son: renta o alquiler el 4% (sobre n=46), salario o empresa familiar que brinda ingreso mensual el 40%, y con actividades o empleos temporarios un 24%. La actividad temporaria no implica necesariamente un trabajo precario o bajos ingresos; se inscriben en esta categoría los que trabajan con turismo en los meses de verano en el área o de invierno en Bariloche.


  1. Distribución de la tierra y aspectos relacionados con su adquisición


Antigüedad en el área: Se consideraron 4 categorías para poder distinguir etapas históricas de ocupación de los predios y cuantificar situaciones que implican la instalación por compra de mejoras, generalmente, posteriores a 1998 (ya que una ley provincial determinaba que no se permitieran nuevas ocupaciones con posterioridad a ese año). Casi un 50% de los actuales ocupantes se instaló en el área antes de 1980 (de los cuales algunos provienen de familias que se instalaron allí en las décadas del ’30 y ’40. En las décadas del ’80 y del ’90 se instaló el 37 % de los actuales ocupantes, mientras que 6 de ellos (13%) estuvieron allí después de 1998. Todos estos casos más recientes están asociados al fraccionamiento de pequeñas unidades, especialmente de aquellas cuyo titular era propietario. Cuando se analizan las variaciones en la superficie predial aparecen 4 situaciones (8% de los encuestados) donde hubo reducción, un 17 % en que aumentó, en 56% de los casos se mantuvo y un significativo 19 % no responde. Cabe señalar que estos datos corresponden a las declaraciones de los entrevistados, y no han sido triangulados aún, ya que la información sobre la superficie deslindada por poblador no fue suministrada en ningún momento por la Dirección de Tierras de la Provincia, a pesar de los insistentes pedidos para que dicha información tomara estado público.
Cuando se analizan las respuestas a esta pregunta, aparecen situaciones mixtas y en algunos casos ambiguas. Por ejemplo las herencias de ocupaciones fueron algunas veces subdivididas entre los descendientes del titular, quienes a su vez vendieron parte o totalidad del predio heredado. No se visualiza que haya una comprensión clara de la diferencia entre la ocupación y la propiedad, y muchas veces una persona afirma haber comprado un lote que otro poblador menciona como propio. Las situaciones de intercambio de dinero por tierras (aún en situaciones en las que el ocupante no está reconocido por la Dirección de Tierras) en algunos casos aparecen documentadas mediante boletos de compra-venta, incluso firmados ante escribanos, aunque el valor legal de las adquisiciones no siempre existe. Similares recaudos se deben considerar cuando se tiene que el acceso a la tierra ocupada o reclamada se produjo en un 52% de los casos mediante la compra de mejoras a un antiguo poblador (que puede haber sido un pariente), en un 19% mediante la herencia de la ocupación, un 8% mediante herencia de título de propiedad. Es interesante resaltar que un 8% (4 respuestas) simplemente se instaló en el lugar, con el “permiso” de un vecino. Estas situaciones se vinculan con la instalación de refugios de montaña, en la que el refugiero establece una relación precaria de dependencia respecto del ocupante reconocido y luego de un tiempo éste “le paga” los servicios prestados con tierras fiscales (que no necesariamente le fueron otorgadas aún).
De manera similar a lo que ya se planteó para otros aspectos de la dotación de tierras por poblador, los valores de la superficie actual representan en algunos casos una explicitación de la superficie fiscal reclamada a la provincia pero no se pueden tomar más que como datos de referencia, puesto que existen discrepancias en algunos casos, y un desconocimiento de lo que la provincia realmente otorgó o está dispuesta a otorgar. Por ejemplo, pobladores que han vendido cierta superficie de su ocupación y al hacerse la mensura, se verifica que superficie vendida es igual a la superficie total que constaba en el certificado de ocupación (o que el poblador estimaba tener). También aparecen situaciones de venta del mismo terreno a diferentes personas, o incluso la venta de una isla. Para simplificar, la información se agregó para componer cuatro categorías: menos de 20 hectáreas (42% de los pobladores); entre 20 y 500 ha el 31 % (15 casos); más de 500 hectáreas el 17% (8 casos, algunos de ellos inclusive reclamando más de 2000 ha de bosques). Un 10% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

Cabe un comentario sobre la relativamente elevada proporción de establecimientos menores de 20 ha: estas superficies no eran las permitidas para las áreas rurales en la zonificación realizada en 1995 cuando se discutió la Carta Ambiental de El Bolsón, situación que está manifestando el incremento de la densidad poblacional actual y potencial.




  1. Actividades productivas y extractivas

El 69 % de los encuestados tiene ganado o animales de granja, en muchas combinaciones diferentes. Un 58 % tiene bovinos que pastorean en las áreas boscosas y en los mallines del área, 21 % de los pobladores tiene equinos, entre 4 y 6, muy necesarios para las cabalgatas, que muchas veces son llevados al área en la temporada turística; otro 6% tiene equinos y bovinos (en estos casos asociados a los usos más tradicionales del equino como animal de trabajo y medio de locomoción). Un 12 % tiene ganado ovino, que es mantenido cerca de las viviendas cuando éstas existen en el predio. Es decir que en el 85 % de las situaciones el ganado pastorea en el bosque al menos parte del año.


Consultados sobre la realización de agricultura, el 54% manifestó realizarla en algún grado. Pero también es interesante resaltar que el 42% no realiza dicha actividad, ni aún una huerta para consumo propio. Entre los que producen, la categoría más frecuente es la de la producción para consumo propio (29%), actividad que sólo se realiza en los predios con vivienda permanente. Un 19 % sólo cuenta con herramientas manuales, 6% con tractor, y un 33% carece de mejoras y herramientas (salvo motosierras en algunos de estos casos)
El real aprovechamiento del bosque nativo no aparece reflejado en las respuestas (58% no responde). En cuanto a los que sí declaran utilizar productos forestales, un 23% extraen madera para la venta en rollizos o aserrada. Si relacionamos estas respuestas con la disponibilidad de motosierras, vemos que el 79% dispone de al menos una. Cuatro pobladores (8%) disponen de aserradero móvil, que les permite acceder a nuevas zonas de extracción.


  1. Vinculaciones con la actividad turística

Un 31 % de los encuestados no tiene ni proyecta tener vinculaciones con el turismo. Otros 31 % (15 casos) no trabaja actualmente en ese rubro pero sí proyecta hacerlo. En el total de encuestados, el 17 % tienen cabaña o refugio, 8 % camping, y un 10 % participa u organiza cabalgatas o visitas guiadas. Algunos de los que proyectan intensificar la vinculación con el turismo están a la expectativa de mayores definiciones respecto de la tenencia.

Se registran algunas asociaciones entre pobladores para complementarse con las cabalgatas, y en un caso el poblador tiene una empresa de turismo.



  1. Comentarios finales

Ante la falta de definiciones en lo referente a la concreción de un plan de manejo adecuado para el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), el uso intensivo y la realización de actividades que no se hacen compatibles con un uso sustentable, ya sea por parte de los pobladores o de los visitantes, pone en serio riesgo su conservación.


Los ocupantes del área deberán gradualmente incorporar la noción de que los bienes naturales de un valor tan significativo no pueden ser susceptibles de una apropiación que no contemple la pertenencia y el valor social para generaciones presentes y futuras. Los conocimientos científicos y la información sistematizada son elementos necesarios para poner en perspectiva las demandas de todos los sectores en juego. Sin embargo, en el estado actual de indefinición pública sobre la propiedad de la tierra, no hay lugar para la discusión de aspectos técnicos. La cuestión de la definición de la propiedad y de lograr vía libre para la explotación de los bosques y demás bienes y servicios ambientales aparece como un factor casi excluyente en todas las discusiones donde están los pobladores actuales involucrados.
Santos (1997) menciona la existencia de un conflicto que se agrava entre un espacio local, vivido por los vecinos, y un espacio global, habitado por un proceso racionalizador que llega a los objetos y las normas para que lo sirvan. Cuando se habla de espacio global se habla del Mercado, que hoy atraviesa todo (mercado de las cosas, de la naturaleza, de las ideas, de la política). La valoración del espacio regional como un lugar de atractivo turístico consiste precisamente en asignarle valor de mercado a los recursos naturales involucrados. En otras palabras, el ambiente y los bosques no son estrictamente recursos turísticos si no son puestos en valor. Los límites de esta puesta en valor, las formas como la misma se efectúa, son aspectos incluidos en esta discusión, aunque no debidamente explicitados hasta ahora.
Para algunos participantes del proceso, es condición indispensable que el Estado provincial retome su papel de protector del bien público y de los intereses difusos de la comunidad ya que la misma no está representada por los pobladores del área en la mesa de negociación. De lo analizado en el presente trabajo, se desprende la necesidad de reformular y redirigir la discusión respecto de lo público y lo privado y hasta donde los recursos naturales pueden estar conducidos por los criterios del mercado.

Bibliografía consultada
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1 Sobre las 130.000 Has del ejido municipal total, el ANPRALE abarca una superficie estimada de 60.000 ha.

2 El subrayado es propio.

3 Artículo 4.- Los recursos naturales existentes en la superficie, subsuelo y espacio aéreo de las ANP, ya sean en territorio continental o marítimo, son del dominio del Estado Provincial y estarán bajo la custodia y control de la autoridad de aplicación de la presente ley.


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