Institucionalidad comparada en materia de Derechos Humanos



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Organismos Electorales: Análisis comparado de atribuciones jurídicas

La función electoral en el desarrollo de las democracias modernas es un requisito principal e ineludible para el efectivo funcionamiento del sistema político, garantizando la certeza de los mecanismos de representación y legitimando los procesos y los resultados referidos a la elección. Por este motivo resulta fundamental disponer de una institucionalidad electoral que funcione con cierta autonomía de los intereses políticos, y que administre de manera responsable la gestión del proceso electoral, garantizando así la realización de elecciones libres, justas y competitivas. De este modo, la gobernanza electoral, entendida como la gestión administrativa y jurisdiccional de la elección, debe estar orientada por los principios de independencia e imparcialidad, y ser ejercida por un organismo de carácter nacional y permanente.


Así, se analiza en forma comparada las principales atribuciones jurídicas conferidas al establecimiento y funcionamiento de los organismos responsables de la administración de los procesos electorales, denominados Organismos de Autoridad Electoral (OAE).
En particular, para este análisis, se evaluaron veinticinco organismos electorales bajo los siguientes criterios: jerarquía del organismo respecto del sistema legal, carácter de su establecimiento respecto de la institucionalidad del sistema político, características generales de la normativa aplicable a su funcionamiento, principales atribuciones de rasgo común, singularidad de algunas facultades, y atribuciones especiales establecidas para organismos fiscalizadores autónomos.
Entre las principales conclusiones se determinó que en la mayoría de los Estados se constituye más de un OAE para desempeñar la función electoral, separando la función administrativa de la jurisdiccional en dos institucionalidades diferentes. En los casos de Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela, en América Latina, y de Alemania y Suecia en Europa, existe solamente un único órgano electoral que concentra la mayoría de las atribuciones sobre la materia; a diferencia, en el caso de Perú, existen tres organismos con facultades distribuidas.


Tabla de Contenido


I. Derecho Electoral e instituciones 2

II. Gobernanza electoral 3

III. Análisis institucional comparado 4

1.2. Rango y competencia constitucional 5

1.3. Principales atribuciones legales 6

Anexo 12




Introducción
Este informe aborda en forma comparada un análisis de las principales atribuciones jurídicas conferidas al establecimiento y funcionamiento de organismos responsables de la administración de procesos electorales, denominados Organismos de Autoridad Electoral (OAE).
Para ello analiza brevemente en perspectiva teórica los elementos del derecho electoral y la forma cómo se constituye la autoridad encargada de gestionar el proceso; y en un análisis comparado examina la institucionalidad correspondiente a quince países, entre los cuales se encuentran democracias occidentales avanzadas, como las de Alemania, Estados Unidos, Francia y Suecia; y democracias latinoamericanas, entre las que se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
En particular, para este análisis, se evaluaron veinticinco organismos electorales bajo los siguientes criterios: jerarquía del organismo respecto del sistema legal, carácter de su establecimiento respecto de la institucionalidad del sistema político, características generales de la normativa aplicable a su funcionamiento, principales atribuciones de rasgo común, singularidad de algunas facultades, y atribuciones especiales establecidas para organismos fiscalizadores autónomos.
En Anexo se incluyen los cuadros de comparación con el detalle de la investigación.
  1. Derecho Electoral e instituciones


El desempeño de la función electoral es una de las condiciones principales para el efectivo funcionamiento de las democracias modernas, cuyo objetivo es expresar la voluntad política en representación de la soberanía popular. Para ello, el derecho electoral entendido como “el conjunto de normas y principios que regulan el proceso de elección de los órganos representativos de una democracia”1 sirve no sólo de instrumento para garantizar la certeza de la representación en la práctica electoral, sino primordialmente de condición legitimadora del sistema político, al asegurar el correcto funcionamiento del proceso electoral vinculado al desarrollo y profundización de la democracia2.
Así, el derecho electoral comprende, entre otros diversos temas, las características de las elecciones y de los procesos electorales, sus principios, garantías e infracciones, los sistemas electorales, los partidos políticos, las campañas electorales, las normas de procedimiento electoral, y la autoridad electoral, en términos generales3.
El hecho que los procesos electorales funcionen de la mejor manera posible, y que permitan la realización de elecciones libres, justas y competitivas resulta fundamental para sostener la calidad de la democracia4. Asimismo, reconocer y apreciar la existencia de una institucionalidad autónoma superior a los grupos políticos brinda confianza a la ciudadanía en su sistema de representación democrática, legitimidad a las autoridades políticas y satisfacción con el ordenamiento político general5.
En este sentido, el ejercicio de la función electoral se desarrolla a través de un complejo institucional que actúa como un servicio público permanente y de carácter nacional, por lo general con autonomía respecto del Poder Judicial e independencia respecto de las otras ramas del poder del Estado6.
En América Latina, la creación y establecimiento de los organismos electorales se ha vinculado al desarrollo de elecciones limpias y justas, reivindicación que en la década de 1920 se plasmó en la institucionalización de organismos electorales independientes, centralizados y especializados para prevenir el fraude electoral7.
Por su parte, en democracias occidentales más avanzadas y consolidadas los organismos de gestión electoral no son permanentes, y en varios casos son parte de la administración ordinaria, o incluso los partidos políticos interactúan con la sociedad civil en la organización de la jornada electoral8.




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