Informe sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1576 y al Sustitutivo del Senado del P. del S



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Sistema de redes cerradas: Los PBMs y PBAs seleccionan de forma unilateral en muchos escenarios un número específico y limitado de farmacias autorizadas para procesamiento de recetas. Esta practica limita la libre selección del paciente en el acceso de medicamentos. El efecto es negativo para el paciente, especialmente para aquellos que necesitan de medicamentos especializados, puesto que cualquier farmacia de la predilección del paciente se ve imposibilitada de despachar la receta, por no estar contratada en el sistema de redes limitada del PBM. Otros de los impactados son aquellos pacientes de la Isla y pueblos fuera del área metropolitana, ya que puede forzar a un paciente que viva en Aguadilla, por ejemplo, a acudir a San Juan para conseguir un medicamento, pues la red supedita el despacho a una farmacia específica y autorizada por el PBM. Hacemos énfasis que en Puerto Rico el Departamento de Salud solo expide una licencia de farmacia. No clasifica una licencia de farmacia especializada. Es por ello, que cualquier farmacia pudiera en derecho despachar cualquier medicamento de acuerdo a la terapia recomendada por el profesional de la salud.




  • Dilaciones en las pre–autorizaciones. Este es un fenómeno que ocurre especialmente en los pacientes cuya condición requiere tratamiento y medicación continua e ininterrumpida. Un ejemplo de esto son los pacientes de cáncer y la autorización de quimioterapias. El problema experimentado por los pacientes con las pre-autorizaciones, es que las mismas se retrasan de forma irrazonable. De hecho, tenemos un número significativo de pacientes que han reportado dilaciones en autorizaciones, mayor de tres (3) meses. Estos retrasos, en las pre autorizaciones resultan adversas para la salud del paciente, en especial para aquellos donde se requiere un tratamiento continuo e ininterrumpido. En los pacientes de epilepsia, por ejemplo, la continuidad del tratamiento es imperante de manera que puedan ser efectivos. En estos casos, una interrupción podría causar al paciente un episodio de ataque que podría causarle la muerte.




  • Denegaciones: En los últimos dos (2) años las organizaciones de salud han observado un aumento drástico y vertiginoso de denegaciones de medicamentos a pacientes, de parte de los PBMs. Lo que en el pasado era la excepción se ha convertido en la regla general. Como cuestión de hecho, datos estadísticos de la Oficina del Procurador del Paciente recientemente presentados en un reportaje investigativo, demuestran esta tendencia. Los datos reflejan que en la antes mencionada Oficina se reportan cerca de 5,000 querellas de pacientes al mes, estando el 80% de éstas relacionadas a limitación en el acceso a medicamentos. Este hecho es de gran preocupación puesto que la vida de miles de pacientes dependen del acceso oportuno a su tratamiento. Al presente el paciente carece de un foro donde recurrir ya que la Oficina del Procurador está limitada por su ley habilitadora a atender querellas de pacientes de reforma, no así de pacientes privados. Tampoco esta Oficina posee facultad en ley sobre los PBMs.




  • Requerimientos unilaterales del PBM en las pre-autorizaciones. Existen en la actualidad innumerables casos de pacientes cuyas condiciones han sido certificadas como crónicas o catastróficas, en más de una ocasión, por los especialistas que les atienden. Una condición crónica o catastrófica requiere de un tipo de tratamiento constante y repetitivo, pues este es el tipo de condición que no tiene cura, por lo tanto, el paciente requiere el tratamiento de por vida. En este tipo de situación el PBM conoce de la condición del paciente, pues el especialista certifica la condición, y dicha certificación la tiene el PBM en su expediente. No obstante, la situación reportada por los pacientes es que el PBM deniega el medicamento y requiere al paciente que dicha receta sea emitida por el especialista. En otras ocasiones se le requiere al paciente por las certificaciones del especialista sobre la condición, documento que en muchas ocasiones ya ha sido enviado al PBM en repetidas instancias. Cabe destacar, que muchas de estas recetas de medicamentos continuos se emiten de cada tres meses aproximadamente, dependiendo de la condición.

Durante este periodo de tiempo el paciente sufre una interrupción en su tratamiento que lo lleva a descompensar su salud. Al paciente descompensar se ve en riesgo de ser hospitalizado, de recurrir a salas de emergencia, de visitar especialistas e incluso de generar otras condiciones médicas, lo que sin duda alguna resulta en un aumento en los costos de salud. No cabe dudas, de que estos requerimientos impuestos por los PBMs no solo retrasan el acceso a medicamentos importantes en el tratamiento médico del paciente, sino también pone en inminente riesgo la vida del ciudadano.


Esto se agrava en casos de pacientes con Alzheimer, pues la mayoría de ellos son ancianos con una condición avanzada y encamados, haciendo muy difícil y arriesgado el transporte de estos pacientes a los especialistas. En estos casos el patrón identificado es que el PBM no está aceptando las recetas de los médicos de cabecera o gerontólogos, requiriendo visitas a psiquiatras y neurólogos para la autorización de las recetas de medicamentos necesarios para el tratamiento que requiere la condición.


  • Denegación al acceso de medicamentos para el dolor. Miles de pacientes han reportado verse afectados con esta práctica. La denegación de medicamentos importantes en el tratamiento médico del paciente agrava su condición, en especial pacientes de condiciones crónicas tales como el cáncer. Esta práctica violenta los derechos de los pacientes, así como aquellos contenidos en la Carta de Derechos del Paciente.




  • Graves problemas entre los PBMs, PBAs y las farmacias en Puerto Rico. Otras circunstancias que confrontan los pacientes es la situación entre las farmacias y los PBMs, que entendemos emana de la carencia de regulación en la Isla. Existen problemas en la relación entre estos dos eslabones en la cadena de salud, específicamente en lo que respecta a pagos por concepto de medicamentos. En este caso específicamente los PBMs imponen y determinan, a su criterio, el precio a pagar por los medicamentos adquiridos por las farmacias para ser provistos al paciente. En muchas ocasiones los pagos que se hacen a las farmacias están por debajo del costo de adquisición del medicamento. En la medida en que la farmacia no puede recobrar el costo del medicamento, asume pérdidas sustanciales que, siendo una pequeña empresa proveedora de salud, no puede asumir ni absorber. Esto hace que dichas farmacias se vean en la obligación de no adquirir ciertos medicamentos. Esta situación impacta directamente al paciente porque el mismo se ve en la obligación de ir de farmacia en farmacia buscando quien se lo puede proveer. Este es uno de los mayores problemas en el acceso a medicamentos que impacta de forma adversa al paciente. Ciertamente, el paciente depende de que la farmacia tenga disponible los medicamentos que necesita para atender su condición, y de esta manera tener acceso a los mismos.

Otro problema en la relación Farmacias y PBMs que tiene un impacto negativo en el paciente, es la falta de transparencia en los procesos y en la divulgación del MAC o “máximum allowance cost” que apoye a verificar el costo final del medicamento. Otra situación dentro de la cadena que tiene un impacto adverso en el paciente y que atiende la presente medida, es la revisión y actualización de precios de medicamentos. En la medida en que esta práctica de imposición de precios por parte de las PBMs continúe e incremente, el país se arriesga a ir en vías de una crisis de salud, aunque entendemos que en la actualidad ya hemos alcanzado un nivel de crisis. Dentro de la cadena de manejo de medicamentos, es imperante atender esta situación.


Los aspectos antes expuestos, son algunos de los problemas que confronta el paciente en el acceso a sus medicamentos. La realidad es que los sectores de mayor vulnerabilidad son los que más han sufrido el efecto de la carencia de una regulación sensata y certera. Pacientes de cáncer y enfermedades terminales, aquellos que padecen de condiciones crónicas diversas, las personas de edad avanzada son los que día a día experimentan dificultades múltiples en el acceso a medicamentos.
La situación experimentada por miles de pacientes en Puerto Rico en torno a limitaciones en el acceso a medicamentos contrasta tristemente con las ganancias reportadas por los PBMs a nivel de la nación norteamericana, que sobrepasa los $6,000 millones de dólares, cónsono con los datos contenidos en el Informe de la Comisión de Salud del Senado. En Puerto Rico se estima que las ganancias de estas empresas están cerca de los $500 millones.
Alegaciones en Contra de la Medida versus Realidad:
Estamos conscientes de que las empresas a ser reguladas han levantado preocupación sobre los costos asociados al establecimiento de un ente regulador. Sobre este particular, se ha mencionado que implementar una oficina reguladora tendría un costo ascendiente a los $25 millones. Nada más lejos de la realidad. En lo que respecta a esta aseveración, debemos exponer que estas cantidades no están sustentadas en data empírica alguna. Por tanto y muy respetuosamente, exponemos que no resultaría responsable que esta Asamblea Legislativa tomara en consideración alegaciones no justificadas en estudios, más aún cuando se trata de la vida y salud de miles de pacientes, donde las consideraciones económicas no pueden ni deben ir por encima de aquellas relacionadas a la preservación de la vida de un ciudadano.
Debemos igualmente exponer, que esta oficina estará dentro de un andamiaje ya establecido y operante dentro del Departamento de Salud.
Otra alegación presentada en contra de la medida es que podría aumentar los costos de servicios de salud y de medicamentos para el paciente. Esta alegación igualmente no resulta cónsona con la realidad. Estudios asociados al tema no han identificado o demostrado la existencia de una correlación entre el establecer una ley reguladora y el aumento en costos de medicamentos. De hecho, de ser así más de una treintena (30) de estados de la nación norteamericana no tendrían en efecto y vigor un estatuto regulador para estas empresas. Sobre este particular, es importante destacar que algunos de estos PBMs llevan operando por años en jurisdicciones donde al presente los PBMs se encuentra altamente regulados. A pesar de la regulación estricta en estos estados, los PBMs han continuado haciendo negocios en estas regiones de forma exitosa.
Algunos de los estados que posee regulación sobre estas empresas (PBMs) por mencionar algunos y a pesar de las manifestaciones en oposición de la Federal Trade Commission, en adelante FTC, son: Alabama, Arkansas, Missouri, New Mexico, California, New York, Colorado, North Carolina, Conneticut, North Dakota, Florida, Oklahoma, Georgia, Oregon, Hawaii, Rhode Island, Indiana, South carolina, Iowa, Kansas, Tennessee, Kentucky, Texas, Louisiana, Utah, Vermont, Massachusetts, Virginia, Minnesota, Washington, Mississippi, Vermont y Maine entre otros. Este último fue en efecto el primer estado en establecer regulación sobre estas empresas, la cual fue rebatida por el sector de PBMs en los tribunales de justicia federal, prevaleciendo el estado y la regulación aprobada. Cabe destacar, que la regulación de Maine y la implementada por otros estados es más restrictiva que la propuesta en la presente medida.
Es de todos conocido, que en todos estos estados la FTC ha manifestado que no es necesario regular el mercado de los PBMs y se ha opuesto a la implementación de algún tipo de regulación. Sin embargo y debido a la limitada por no decir ninguna regulación federal aplicable a este sector y la diversidad de conductas de índole anticompetitiva y perjudicial que se ha levantado sobre la operación de estos PBMs, la gran mayoría de los estados han determinado aprobar regulación extensible a la divulgación de información de estas empresas al gobierno, implementación de exámenes y auditorias estrictas, y requerimientos de documentos de negocios y contractuales.
De otro lado, los estudios han demostrado que la intervención de un tercero no disminuye costos, sino que los aumenta. Es igualmente conocido, que los costos de salud en Puerto Rico vienen en aumento vertiginoso por los pasados 10 años, lo que no es atribuible a tener un ente regulador. Contrario, el no poseer un ente regulador en Puerto Rico es un factor que entendemos ha incidido en los costos altos de salud y la limitación en el acceso a medicamentos.
No cabe dudas, de que el ente regulador propuesto en la presente medida ofrecerá confianza y transparencia en los procesos, determinaciones y pagos con relación a los medicamentos.
Igualmente y según surge de nuestro estudio, que las jurisdicciones que han implementado un ente regulador de los PBMs y PBAs no han experimentado aumento en los costos de salud, asociado a la implementación de dicho regulador. Contrario, el no tener operante una regulación efectiva no apoya en asegurar un acceso a medicamentos o acceso oportuno, lo que tiene un impacto directo y adverso en el paciente ya que su estado de salud empeora, requiriendo hospitalizaciones, visitas a salas de emergencias, intervención de especialistas y generación de otras condiciones y complicaciones de salud. Esto encarece significativamente los costos de salud al gobierno y a pacientes privados. Lo que terminamos pagando todos.

Por otro lado el continuar dejando a estas empresas sin la debida regulación sería un factor que podría acarrear un problema de salud pública severo en el país. Recordemos que todo el andamiaje de la cadena de salud corre por diferentes canales. En la medida que las farmacias no puedan adquirir los medicamentos por verse imposibilitados en recobrar el costo pagado, carecerán de la capacidad de ordenarlos y tenerlos accesibles al paciente. Al suplidor no recibir orden alguna dejará de traer el medicamento a Puerto Rico provocando de esta forma una escasez de medicamentos y conllevando un problema de seguridad y salud pública para todos los puertorriqueños.


Otro argumento levantado de forma incorrecta por los detractores de la medida, es que la misma no ayuda al paciente. Aunque reconocemos que en la presente medida se establece un foro aplicable a la relación farmacia y PMB, no es menos cierto que en este proceso de despacho de la receta, la farmacia funge como eslabón entre el paciente y el PBM. Por tanto, de la gestión de la farmacia el paciente se verá beneficiado. Al brindar herramientas legales a las farmacias para presentar y discutir ante un foro regulatorio con competencia acciones adversas de estos PBMs, que tienen el efecto de retrasar el despacho de medicamentos a los pacientes y que a su vez impacta de forma adversa la continuidad o comienzo de una terapia médica, se beneficia al paciente.
El P. del S. 1372 al final de la cadena beneficia al paciente ya que facilita el acceso de estos a sus medicamentos, por las siguientes consideraciones:

  1. La medida obliga a estos PBMs a desglosar el MAC o “maximum allowance cost” lo que permite una transparencia en los costos y pagos pertinentes, que también beneficia al paciente porque no carecerá de faltas al momento de la dispensación.

  2. La medida también requiere a los PBMs transparencia en lo que respecta a los rebates otorgados por el manufacturero, lo que permite ver si estos ahorros están siendo pasados en la cadena, siendo el último eslabón el paciente.

  3. El proyecto regula también las redes cerradas, lo que evita que el paciente se vea limitado en su derecho de selección del proveedor o tenga que viajar largas distancias para obtener su medicamento.

  4. Adicional a esto, la medida impone un término a los PBMs relacionado a los pagos puntuales. Esto beneficia al paciente por que permite a la farmacia adquirir los medicamentos para poder ser despachados al paciente en el momento correcto.

  5. Además, la medida impone a los PBMs atemperar los cotos de los medicamentos en tiempo razonable y específico. Esto beneficia al paciente ya que ayuda a las farmacias a tener la disponibilidad del producto, bajo un costo real, para su dispensación inmediata. De otra forma, la farmacia se vería imposibilitada de adquirir el producto y por tanto el paciente no tendría acceso al mismo.

No cabe dudas, que esta medida no solo es necesaria, sino también obligatoria. Como organizaciones representativas del paciente, estamos convencidos de que es el comienzo en dirigir a Puerto Rico hacia la dirección correcta. Como cuestión de hecho, el Departamento de Salud Federal, Centro de Medicare y Medicaid, para el año 2012 emitió un reporte dirigido a Puerto Rico donde se recomienda de forma enfática la aplicación de unas recomendaciones relacionados a los PBMs, entre ellos el establecimiento de una regulación y monitoreo hacia los PBMs. Para mayo de 2012 en contestación al diputado y director de CMS, Joel Truman, ASES se comprometió, a través de un “corrective action plan”, a tomar acción sobre los señalamientos contenidos en el Informe del Departamento y relacionada a la operación de los PBMs en P.R. Esto incluye el trabajar unas acciones aplicables a este sector (PBMs). Al día de hoy no hemos visto un plan diseñado por la antes mencionada dependencia en atención a estos señalamientos. El PS 1372 atiende muchos de los señalamientos emitidos por esta agencia federal para lograr una transparencia mayor en los procesos manejados por estas empresas (PBMs).


Conclusión:
Nuestros pacientes necesitan que todos y cada uno de los sectores del eslabón de salud estén debidamente regulados en la Isla para que no existan trabas innecesarias en sus tratamientos.
Puerto Rico ha regulado de forma estricta a sectores empresariales diversos incluso al punto de requerir la presentación de estados financieros, contratos, documentos de negocio, entre otros. Las aseguradoras poseen regulación estricta al punto que se les requieren informes financieros, igualmente poseen limitaciones en las tarifas máximas a cobrar. A otro sector de la Isla se le impone limitaciones máximas de ganancias, incluso cuando sus operaciones no tienen una alta relevancia en la vida de los ciudadanos, como es el caso del sector que nos compete.
La Isla posee regulación amplia y restrictiva aplicable a la industria de la leche, de la gasolina, entre otros sectores, sin embargo y en contraste lamentable, carece de una regulación sobre un sector que incide en la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Actualmente Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones en los Estados Unidos que carece de un estatuto regulatorio dirigido al renglón de PBMs y PBAs. Como expuesto anteriormente, más de 30 estados poseen vigentes y operantes leyes reguladoras que facultan al Estado a asegurar la transparencia en acceso a medicamentos y facilitar a su vez la prestación de los servicios. Como cuestión de hecho, hay estados que tienen aprobadas regulaciones más rigurosas que la propuesta en el presente proyecto de ley.
Es importante considerar que la oficina reguladora propuesta por la presente medida se ubicará dentro del andamiaje del Departamento de Salud y se solventará por si solo con los recaudos en licencias que deberán pagar estas empresas.
No cabe dudas, que esta medida resulta imperativa en la protección de los derechos del paciente, así como en su calidad de vida. Estamos en total acuerdo de que la dependencia reguladora en este caso debe ser el Departamento de Salud puesto que es el ente de relación directa con el tema que nos compete, la salud de los puertorriqueños.
Por último pero no menos importante, esta legislación es necesaria para las farmacias, que al igual que el paciente, al presente están desprovistas de un ente que pueda dilucidar divergencias entre éstas y las PBMs o PBAs.
El acceso a la salud y por consiguiente a los medicamentos que componen el tratamiento médico de un paciente no puede continuar desregulado. Esta Honorable Asamblea Legislativa no puede dejar a la discreción de un grupo de empresas un aspecto tan importante en la vida de nuestros ciudadanos. El no hacer nada, por meras consideraciones económicas, no resulta a ser una determinación prudente ni responsable.

No existe duda, de que un sector regulado de forma certera y razonable ofrece las protecciones necesarias a aquellos que reciben y dependen de dicho servicio.


Avalamos totalmente la iniciativa legislativa contenida en este proyecto por entender que resulta necesaria para facilitar la prestación de servicios de salud y por ser esencial en la protección de los derechos del paciente.
Sociedad Americana Contra el Cáncer
El presente documento contiene la postura institucional de la Sociedad Americana Contra el Cáncer en cuanto al proyecto de referencia. Nuestra participación es en representación de los cerca de 20,000 pacientes de cáncer en Puerto Rico que nuestra organización atiende.
Somos una organización que se dedica, mediante investigación, educación y otros métodos, a prevenir el cáncer, salvar vidas y reducir el sufrimiento causado por esta enfermedad, a fin de eliminarla como uno de los principales problemas de salud en nuestra sociedad.
La pieza legislativa ante su consideración propone la creación de la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia”, a fines de establecer la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud. Esta legislación propone establecer facultades de supervisión y fiscalización dirigida a los Manejadores de Beneficios de Farmacia, conocidos por sus siglas en inglés como PBMs, y a los Administradores de Servicios de Farmacias, conocidos por sus siglas en inglés como PBAs, así como cualquier entidad similar que contrate los servicios con las Farmacias en Puerto Rico.
Los PBMs y PBAs son intermediarios que fungen, mediante contratación con los aseguradores, como administradores de beneficios de farmacia. Estos intermediarios resultan ser un eslabón importante en la cadena de salud del paciente, pues los aseguradores les delegan el manejo y administración de la cubierta de farmacia de miles de pacientes puertorriqueños, tanto privados como de reforma. Al presente estas empresas se encuentran desreguladas en Puerto Rico.
Nuestra organización ha sido testigo, a través de la experiencia de nuestros pacientes, de un incremento drástico en denegaciones de medicamentos, dilación en pre-autorizaciones, así como requerimientos que limitan de forma irrazonable el acceso a medicamentos. Estas prácticas son determinadas y aplicadas de forma unilateral, estando el paciente desprovisto de mecanismos no judiciales en la protección de sus derechos. Cabe destacar, que, aunque reconocemos que la Oficina del Procurador del Paciente ha llevado a cabo una función encomiable, este no posee facultad para emitir órdenes a los PBMs, tampoco posee facultad para atender querellas de pacientes privados. Basado en las estadísticas de esta oficina, según expuestas en un reportaje investigativo, esta dependencia recibe cerca de 5,000 querellas al mes de pacientes de reforma de las cuales el ochenta porciento (80%) está relacionada a denegación de medicamentos.
Nuestro “call center” recibe un promedio de veinte mil (20,000) llamadas al año, un gran número de estas de pacientes a los cuales los PBMs les deniegan el medicamento que compone su tratamiento médico. En el caso de nuestros pacientes de cáncer, la cifra de denegaciones, alza en costos y dilación en pre-autorizaciones es alarmante. En el pasado año las limitaciones en el acceso a medicamentos se han disparado de forma preocupante. Actualmente muchos de los medicamentos contra el dolor para pacientes con cáncer están siendo denegados. Nos preocupa por que la situación podría incidir en violaciones a la carta de derechos del paciente.
Por otro lado, los PBMs determinan a su criterio el reembolso de costos de medicamentos a las farmacias, lo que en un gran número de ocasiones está muy por debajo del costo real de adquisición de medicamentos despachados pos éstas. Esto hace que la farmacia se vea imposibilitada de adquirir el medicamento, lo que dificulta el acceso del paciente al mismo. Uno de múltiples ejemplos, es el medicamento “Oncaspar” que es utilizado para el tratamiento de Leucemia en niños. Actualmente un número significativo de niños diagnosticados se han visto impedidos de recibir su tratamiento a tiempo. A raíz de eso, se han reportado hospitalizaciones múltiples. Igualmente tenemos casos diversos de pacientes que se les deniegan medicamentos relacionados a la quimioterapia y en otros casos la dilación en su autorización llega a tal punto que sobrepasa los tres (3) meses. Igualmente, muchos de los medicamentos contra el dolor para pacientes con cáncer están siendo denegados.
En conclusión, la denegación de medicamentos, de ser en el pasado la excepción se ha convertido en la norma general. La Sociedad recibe llamadas de cientos de pacientes que enfrentan un vía crucis constante, lo que razonablemente nos lleva a concluir que estamos frente a una crisis de salud que, de no ser atendida de forma responsable y oportuna, podría impactar miles de vidas. El acceso a la salud no puede y no debe convertirse en un aspecto de méritos económicos, puesto que la calidad de vida de nuestros ciudadanos depende de su funcionalidad.
Es importante considerar que en la medida en que el paciente no tenga acceso oportuno a sus medicamentos se obstaculiza el tratamiento para su condición de salud lo que aumenta el riesgo de hospitalizaciones, visitas a sala de emergencia e intervenciones médicas. Esto tiene un impacto adverso en los costos de salud, a corto y largo plazo, tanto para el gobierno como para pacientes privados. Este costo lo pagamos todos los ciudadanos.
En atención a este grave problema, es imperante que se apruebe una regulación dirigida a los PBMs. Es de todos conocido, que estas empresas al presente se encuentran carentes de regulación en Puerto Rico, a pesar de ser un eslabón medular en el acceso a la salud del paciente. Entendemos que esta falta de regulación ha sido un factor en los costos altos de medicamentos y en las denegaciones múltiples experimentas. Estamos convencidos, que el Proyecto Sustitutivo del Senado 1372 es un paso hacia la dirección correcta. Un aspecto tan importante para el acceso a la salud del paciente debe resguardar la más alta transparencia en los procesos. Igualmente, la aprobación del Proyecto del Senado 953, que propone ampliar las facultades de la Oficina del Procurador del Paciente para que pueda atender querellas de pacientes privados, resulta una medida que complementa la 1372 en protección a los derechos del paciente en el acceso a la salud y a medicamentos. Esta medida ya fue aprobada en Senado y se encuentra ante la consideración de esta Honorable Comisión. Confiamos en el compromiso de esta Honorable Comisión. También en que atenderá de forma oportuna el PS 953 para que igualmente sea atendida y aprobada en esta Sección.
La legislación propuesta en el PS 1372 eleva a Puerto Rico a nivel de cerca de una treintena de estados de la nación norteamericana. La implementación de regulación en otros estados, aún más agresiva que la que se propone en esta medida, ha sido beneficiosa. La misma ha ayudado a implementar transparencia, pureza y uniformidad en los procesos, lo que ha sido positivo en la relación entre estas empresas (PBMs) y las farmacias, así también para los pacientes quienes dependen de la estabilidad y funcionalidad de esta relación para el acceso a sus medicamentos, ya que resultan ser el eslabón último de la cadena. No tenemos duda, que esta medida es un paso que debimos de haber dado con anterioridad, en beneficio del paciente. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar.
Solicitamos muy respetuosamente se continúe con el curso de la pieza legislativa de forma ágil para que pueda ser aprobada en esta Sección. Por todo lo expuesto, apoyamos totalmente el PS 1372 y solicitamos su aprobación.

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