Informe sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1576 y al Sustitutivo del Senado del P. del S



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Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
De acuerdo a la Exposición de Motivos, tanto los PBM, como los PBA, son intermediarios que negocian los servicios y los costos de medicamentos entre las empresas farmacéuticas y los terceros pagadores, tales como el Gobierno, compañías de seguros, las empresas y los clientes que pagan directamente. Asimismo, pueden intervenir con la mayoría de los aspectos relacionados a medicamentos recetados, como por ejemplo, el procesamiento de reclamaciones a las farmacias, Ia revisión de la utilización de medicamentos, el desarrollo y la gestión de formularios, entre otros.
Por su parte, se indica que las Farmacias que existen en Puerto Rico son un componente critico en la dispensación de medicamentos a los ciudadanos ya que permiten que la población a la cual atienden, reciban sus medicamentos a tiempo, continúen su tratamiento sin interrupción alguna, y reciban satisfactoriamente las repeticiones de sus medicamentos. Por ello, se propone reglamentar los Manejadores de Beneficios de Farmacia, los Administradores de Servicios de Farmacias y cualquier entidad similar que tenga operación y ofrezca servicios en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que contraten los servicios con las Farmacias en Puerto Rico y aseguradores. La reglamentación es necesaria para facilitar la prestación de servicios de salud y proteger al paciente.
Expuesto el propósito y contenido del Sustitutivo al Proyecto del Senado Núm. 1372, ofrecemos nuestros comentarios sobre el mismo.
Como cuestión de umbral, observamos que la medida que nos ocupa persigue establecer una estructura para regular a los administradores de beneficios y servicios de farmacias. En cuanto a este particular, debe señalarse que se trata de negocios cuyas prácticas y actividades influyen en el mercado de la salud. La necesidad de reglamentación en esta materia es una de política pública que corresponde a la Asamblea Legislativa. Por tratarse de una materia que esencialmente se encuentra bajo la competencia del Departamento de Salud, recomendamos que se consulte a dicha agencia sobre los pormenores técnicos de esta medida, y sobre su deseabilidad coma cuestión de política pública.

Ahora bien, desde la perspectiva gerencial, observamos que la medida propone crear la Oficina Reguladora de Manejadores de Beneficios de Farmacias y Administradores de Beneficio de Farmacia, la cual estará adscrita al Departamento de Salud. La Oficina será dirigida par un Comisionado que ostentará el cargo a discreción del Secretario o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Comisionado devengará el sueldo anual que le sea fijado por el Secretario. En cuanto a ello, y coma hemos señalado en el pasado, es importante considerar los retos fiscales que enfrenta el País, y que han obligado a tomar medidas contundentes de ahorro y a implementar una política de austeridad a través del Gobierno.


En esta misma línea, vemos que esta Administración ha favorecido la maximización del recurso humano apoyando la transferencia de empleados y desincentivado las nuevas contrataciones o nombramientos. Asimismo, se persigue que exista cohesión en la implantación de la política pública sobre un tema específico, como lo es el área de la salud. A esos efectos, sugerimos que la medida utilice de modelo el lenguaje similar al utilizado en medidas de consolidación promovidas por la Administración, que persiguen maximizar el uso de los recursos disponibles, brindar flexibilidad para consecución de unas encomiendas claramente definidas en Ley y mantener una estructura de liderato clara.
En este contexto, recomendamos que evalúe la deseabilidad de que se establezca una oficina, o si por el contrario resulta más efectivo que se establezca un programa. Observamos que, desde la perspectiva gerencia, el establecimiento de una oficina conlleva la creación de una unidad separada con un andamiaje específico, lo cual puede representar gastos adicionales que no están intrínsecamente relacionados al servicio que se persigue ofrecer. Por el contrario, el establecimiento de un programa brinda mayor flexibilidad en términos de la administración de los recursos disponibles. Por lo que, entendemos que resultaría más adecuado establecer un programa.
Asimismo, entendemos que por tratarse de una materia bajo la responsabilidad última del Departamento de Salud, debe corresponder a su Secretario las facultades determinantes con respecto a la ejecución de las responsabilidades propuestas. Cónsono con ello, sugerimos el siguiente lenguaje: “El (La) Secretario(a) supervisará la operación del Programa, y estará facultado(a) para aprobar los reglamentos que contendrán los criterios y normas que regirán las funciones del mismo. A tales fines, designará un(a) funcionario(a) de su confianza, quien fungirá como Comisionado, que la asistirá en la ejecución e implementación de la Oficina. El referido funcionario podrá ser un Secretario Auxiliar o cualquier otro funcionario dentro de la estructura gerencial del Departamento. No obstante, ello no podrá implicar que se delegue en tal funcionario la facultad de despedir o nombrar personal, ni el poder de aprobar reglamentación.”
Nótese además que esta nueva Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficio de Farmacia, que tendrá autoridad entre otras cosas, para:
- emitir licencias a los Administradores de Beneficio de Farmacias,

- imponer multas,

- atender solicitudes de renovación de licencia,

- adjudicar controversias,

- fiscalizar que se cumplan con los pagos en un término que no exceda de 30 días,

- hacer cumplir las disposiciones de la Ley, entre otras cosas.


En fin, la medida propone la creación de una nueva estructura para atender lo propuesto. De hecho la medida establece que el Comisionado podrá crear “las estructuras necesarias para descargar con eficiencia las funciones y responsabilidades”. Sobre el particular, nos remitimos a los comentarios anteriores en cuanto a la difícil situación fiscal del País, y la política pública de austeridad establecida por esta Administración, modo de lidiar con la situación fiscal del País. La misma favorece la consolidación de entidades y tareas y la maximización de recursos, por lo que se debe considerar con detenimiento la creación de cualquier estructura que pueda generar burocracia y reducir la eficiencia.
Así pues, en términos gerenciales, nos corresponde explicar que el Departamento de Salud cuenta con una Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, que se encarga entre otras cosas, de vigilar los servicios de salud provistos a la ciudadanía, mediante la fiscalización de los mismos. Para lograr una fiscalización eficaz, esta división realiza inspecciones periódicas a las diferentes instalaciones de salud existentes en Puerto Rico, Vieques y Culebra, como parte del proceso de licenciamiento requerido.
Particularmente, debemos resaltar que esta Secretaría Auxiliar cuenta con la División de Medicamentos y Farmacias, la cual es responsable de fiscalizar específicamente, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico y sus respectivos Reglamentos”. Por lo tanto, es la unidad responsable del licenciamiento de establecimientos dedicados a la manufactura, distribución, almacenamiento, dispensación y venta de medicamentos de receta, sin receta y artefactos para uso humano y veterinario en Puerto Rico. Además, es responsable del registro de medicamentos, de la Certificación de Origen, Venta Libre a la Industria Farmacéutica y Buenas Prácticas de Manufactura. Consecuentemente, entendemos que dicha división del Departamento de Salud, cuenta con la pericia necesaria para atender la posible regulación de los PBMs, según se propone en esta medida. Por tanto, sugerimos que se consulte con el Departamento de Salud acerca de la posibilidad de canalizar lo propuesto mediante dicha Oficina y sobre su capacidad lograrlo sin la necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales.
Por otro lado, vemos que la medida dispone para el cobro de licencias por $20,000 los cuales serán pagaderos al Departamento de Salud. Sobre el particular sugerimos que estas cantidades ingresen al Fondo General para ser distribuidas de acuerdo con las necesidades y prioridades del Gobierno. En la alternativa, recomendamos que se disponga que los fondos así recaudados deberán ser destinados para la implantación de la medida, sin necesidad de asignaciones adicionales.
Adicionalmente, recomendamos que se establezca un lenguaje que establezca que el Secretario de Salud podrá hacer los referidos que estime correspondientes en su facultad fiscalizadora. Sobre este particular, debemos explicar que el Departamento de Justicia cuenta con la Oficina de Asuntos Monopolísticos, que es la dependencia gubernamental a cargo de poner en vigor y fiscalizar las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 25 de Junio de 1964, según enmendada, conocida coma "Ley de Monopolios y Restricción de Comercio de Puerto Rico". En la ponencia presentada por el Departamento de Justicia, durante el proceso legislativo de la medida, establecieron que [e]n Puerto Rico no se ha aprobado legislación o reglamentación que establezca de manera abarcadora y válida un esquema regulador para los PMB. No obstante, si un PMB incurre en cualquier acto o conducta anticompetitiva, injusta o engañosa, estará sujeto a fiscalización y responsabilidad bajo la Ley Antimonopolística de Puerto Rico". Consecuentemente, recomendamos que se aclare en cuanto a las facultades de la Oficina de Asuntos Monopolísticos.
Asimismo, la medida establece que el Comisionado podrá ser asesorado per el personal del Departamento de Salud al igual que otras agencias estatales y federales con quienes podrá compartir toda la información, documentos y testimonio en su poder. En cuanto a ello, si bien no establece de forma específica los documentos a compartir, nos preguntamos si se pudiera levantar un asunto de confidencialidad. Sugerimos que se ausculte la opinión del Secretario de Justicia sobre el particular. De la misma forma sugerimos que se le consulte sobre el lenguaje que define a las entidades a las que le aplicara la legislación que establece que será a los PBM, los PBA, "y cualquier otra entidad similar que contraten los servicios con las Farmacias en Puerto Rico". Esta definición parece ser un poco amplia, por lo que recomendamos la consulta.
Asimismo, y en cuanto a la necesidad de "proteger al paciente", vemos en que la relación expuesta con la farmacia, el paciente es un consumidor. Ante ello, traemos a la atención de esta Honorable Comisión, que la Ley 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, crea la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" (DACO). La misma le concede al Secretario la facultad de "reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, sobre los artículos, productos y aquellos servicios que corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la economía de presiones inflacionarias." Conforme a ello, vemos que en el pasado, el DACO ha intervenido para congelar precios de medicamentos ante ciertas situaciones El DACO además atiende consultas, ofrece asesoramiento técnico y, presta ayuda legal a los consumidores en casos meritorios. Además, atiende e investiga quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. Por lo tanto, recomendamos que se evalúen los mecanismos con los cuales actualmente cuenta el ordenamiento para evitar una duplicidad de esfuerzos.
Conforme a lo anterior, sugerimos que lo propuesto en esta medida sea consultado con el Departamento de Salud, al cual le brindamos deferencia en cuanto a la deseabilidad como cuestión de política pública de la presente medida. Adicionalmente, recomendamos que se consulte con el Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina del Procurador del Paciente.
Colegio de Médicos Cirujanos
Muchas gracias por permitir al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico expresarse en cuanto a esta medida. El Colegio, única institución representativa del universo de médicos de Puerto Rico, tiene el ineludible deber de comparecer y expresar su opinión sobre ésta y cualquiera otra medida que tenga que ver con la salud del Pueblo que en última instancia representa nuestra razón propia razón de ser. El Pueblo es nuestro paciente y parte fundamental del esencial binomio que conforma la relación más significativa de nuestra sociedad; la relación médico-paciente.
El comparecer ante este foro también configura el cumplimiento del Colegio con su obligación legal de cooperar con el Estado en todo lo relacionado a los asuntos de salud del Pueblo. Nuestra propia ley habilitadora, Ley 77 de 13 de agosto de 1994, según enmendada, así lo mandata.
La medida ante la consideración de esta Honorable Comisión nos da la oportunidad de cumplir con las responsabilidades que nos mandata nuestra ley habilitadora y nos permite ayudar al gobierno en el desarrollo de políticas públicas de salud que propicien el mejor bienestar de todos nuestros conciudadanos.
Veamos ahora concretamente el Sustitutivo del Proyecto del Senado 1372. El proyecto evaluado propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Salud, a los fines de crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios de Farmacias (PMB), adscrita al Departamento de Salud y con la autoridad de supervisar y fiscalizar a los Administradores de Beneficios de Farmacias que contraten servicios con las Farmacias de Comunidad en Puerto Rico.
Durante años, los PBM han operado como un oligopolio en un entorno empresarial donde prácticamente no hay rendición de cuentas. La experiencia en el resto de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, es que los PMB incurren en prácticas desleales y engañosas, con el único fin de maximizar sus beneficios, en perjuicio de farmacias y pacientes. Estos entes fueron creados para defender a la industria de la salud mediante la negociación de costos más bajos de los medicamentos. Sin embargo, la experiencia es que son utilizados para obtener ganancias, tratando de determinar los medicamentos que deben ser prescritos por los médicos y comprados por los pacientes; inflando los precios de los medicamentos de mayor uso; y negándose a pasar los ahorros que generan con su poder de compra de medicamentos a granel a sus clientes. Estos PBM han contribuido voluntariamente a la escalada de los costos de medicamentos y han fallado a su deber fiduciario para sus clientes.
En reacción al pleito de US v. Merck & Co., Inc., donde se reclaman 184.1 millones en daños y perjuicios por fraude, descuentos secretos, cambios de medicamentos y el incumplimiento con las normas de calidad de la atención de los pacientes, los estados de Texas, Maine y Maryland aprobaron legislación para exigir transparencia de estos entes y proteger la integridad de proveedores y pacientes. Actualmente los estados de Arkansas, Conneticut, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Mississipi, Missouri, New Mexico, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Tennesse, Vermont, y Washington Distrito de Columbia, se ha sumado a las iniciativas legislativas para regular y reglamentar los PMB, esto en protección del principal interés público del estado, la salud. Todas estas legislaciones le exigen a los PMB que provean y faciliten toda la información que utilizan para determinar los precios de medicamentos, los ahorros que generan en la adquisición de medicamentos a granel y la data que utilizan para sacar a las farmacias de su red de proveedores. Así también, se protegen a las farmacias de las comunidades frente a las iniciativas de estos entes de canalizar todo el mercado de medicamentos, a través de sus propias redes de farmacias.
En Puerto Rico estos PMB le pagan a las farmacias de la comunidad medicamentos por debajo del costo de su compra a las droguerías, lo que implica la pérdida y procesos de apelación onerosos que afectan su operación diaria y pone en riesgo empresas de capital puertorriqueño que mantienen su dinero en Puerto Rico y lo reinvierten en nuestra propia economía.

En cuanto al proyecto en particular, entendemos que es correcto haber creado la Oficina y el puesto del Comisionado Regulador de los PMB. La Oficina del Comisionado de Seguros ya previamente le había expresado a la Asociación de Farmacias que no tenían el dinero, ni el peritaje para reglamentar las PMB. Este asunto además, requiere una atención particular que no puede diluida en una agencia que siempre ha declarado que existe principalmente para velar por la solvencia económica de las aseguradoras.


Por otro lado, es la posición del Colegio de Médicos que el proyecto ante su consideración está centrado en atender los intereses de las farmacias, pero omite atender otros asuntos concernientes a los intereses de los pacientes. En el Proyecto de la Cámara 1573 se contemplan otras disposiciones en protección de pacientes y asegurados que deben integrarse a este proyecto de ley.
El Proyecto de la Cámara 1573 establece en su propuesto Artículo 32.100 que si se contratan los servicios de un tercero administrador o PMB, el asegurador notificará por escrito a los asegurados, la identidad del tercero administrador y la relación que existe entre éste, el titular de la póliza y el asegurador. El tercero administrador no podrá cobrar cantidad alguna al asegurado, que no sea aquellas que tenga derecho a cobrar el asegurador y se identificará y desglosará el concepto de cada partida aparte de las primas. No se podrá cobrar al asegurado ningún cargo adicional por servicios. El tercero administrador divulgará al asegurador todos los cargos, honorarios y comisiones por concepto de todos los servicios administrativos prestados, incluidos los honorarios o comisiones pagadas por aseguradores que provean reaseguro.

El propuesto Artículo 32.110 establece que el tercero administrador o PMB entregará de manera expedita al asegurado o persona cubierta las pólizas, certificados, folletos, avisos de terminación u otro material escrito que entregue el asegurador al tercero administrador.


Finalmente, el propuesto Artículo 32.130 del Proyecto de la Cámara 1573, establece específicamente en su inciso (b) que en el caso de que el tercero administrador sea un administrador de beneficio de farmacia, no podrá interferir o alterar unilateralmente a los pacientes las prescripciones de medicamentos, equipos, pruebas clínicas, terapias, procedimientos u otros servicios realizadas por profesionales de la salud, según lo establecido en el Capítulo 4 del Código de Seguros de Salud.
Está prohibición propuesta es esencial para el Colegio de Médicos. A diario los médicos en Puerto Rico tenemos que salir en defensa la relación médico-paciente y de nuestro criterio profesional, cuando estos entes intervienen y pretenden imponer un criterio económico en sustitución de los mejores intereses de nuestros pacientes. Tiene que existir esta prohibición expresa en la ley y la violación debe ser sancionada de forma severa para que haya un disuasivo para estos manejadores de intereses económicos.

Integrar estos artículos a esta medida, particularmente la prohibición propuesta en el inciso (b) del Artículo 32.130 del Proyecto de la Cámara 1573, es necesario para proteger los intereses de pacientes y asegurados. Así logramos un balance de intereses entre administradores, farmacias, médicos y pacientes.


El Colegio de Médicos endosa esta medida y propone que sea enmendada para integrar las disposiciones citadas del Proyecto de la Cámara 1573. Así también invitamos a esta legislatura a que se presenten y se aprueben otros proyectos similares de protección, pero en la relación de médicos, pacientes y aseguradoras.
Agradecemos la oportunidad de presentar esta ponencia y nos reiteramos a sus órdenes siempre.
Alianza Pro Acceso a Medicamentos
Agradecemos a esta Honorable Comisión la oportunidad de participar de la evaluación del proyecto de referencia. Comparece la Alianza Pro Acceso a Medicamentos representada por una de sus portavoces, María Cristy, para exponer la postura de la organización en torno a la medida en consideración. Este escrito conforma la postura y ponencia final de la Alianza en torno a la medida ante consideración, por tanto solicitamos que la misma se haga formar parte del expediente legislativo del proyecto, conforme a las disposiciones del reglamento de la Cámara de Representantes.
La Alianza Pro Acceso a Medicamentos es una organización sin fines de lucro compuesta por cerca de 15 organizaciones de salud y empresariales que tienen el objetivo de apoyar e impulsar legislación que propenda en un mejor acceso a medicamentos para el paciente, y por consiguiente en un acceso adecuado a la salud.
Comenzamos por elogiar los méritos de la presente medida toda vez que resulta importante para garantizar un acceso adecuado a la salud. Como organizaciones representativas del paciente, entendemos que el presente proyecto constituye un paso hacia la dirección correcta, aunque reconocemos que aún resta camino por recorrer en aras de elevar a Puerto Rico hacia una regulación más abarcadora.

El Proyecto del Senado 1372 propone enmendar la Ley Núm. 81 de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud” con el propósito de crear un ente regulador local, a llamarse “Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficio y Servicios de Farmacia”, adscrito al Departamento de Salud. Esto, con el propósito de facultar a un ente gubernamental para que fiscalice a los Manejadores de Beneficios de Farmacia, conocido como PBMs por sus siglas en inglés, y los Administradores de Servicios de Farmacia, conocido como PBAs por sus siglas en inglés, así como cualquier entidad similar que contrate servicios con las Farmacias en Puerto Rico.


La exposición de motivos de la medida ante consideración expone que la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su facultad constitucional, entiende necesario reglamentar a los PBMs y los PBAs así como cualquier entidad similar que tenga operación y ofrezca servicios en la jurisdicción del ELA y que a su vez contrate los servicios con las farmacias de Puerto Rico y aseguradores. Expone de forma precisa, y citamos: “La reglamentación es necesaria para facilitar la prestación de servicios de salud y proteger al paciente”.
Conforme a los datos estadísticos de las organizaciones de salud, en Puerto Rico existen más de 500,000 personas diagnosticadas con diabetes, 60,000 pacientes sobrevivientes de cáncer y 16,000 diagnosticados anualmente. Como es sabido y reflejan las estadísticas, Puerto Rico es la segunda jurisdicción en el mundo con él por ciento mayor de personas que padecen Alzheimer. Con una cantidad aproximada de 46,000 pacientes diagnosticados. Un dato estadístico relevante al tema, es que en la Isla para el año 2015 se estimó que había cerca de 60,220 casos de demencia entre adultos mayores de 65 años, de los cuales 46,000 fueron diagnosticados con Alzheimer. El 90% de los pacientes que padecen de Alzheimer resultan ser personas de edad avanzada, según las estadísticas del Registro de Alzheimer del Departamento de Salud.
Igualmente, en Puerto Rico se estima que el tres por ciento (3%) de la población padece de Psoriasis, más de 80,000 pacientes padecen esta condición, según estadísticas de la Escuela de Dermatología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Igualmente, se han reportado 160,000 niños con impedimentos, físico o mental.
Como se puede colegir, una gran mayoría de ciudadanos en la Isla padece de alguna condición de salud que requiere de atención médica y tratamiento en aras de mantener una calidad de vida. Para ello resulta imperante la accesibilidad a los medicamentos que componen el tratamiento médico, cónsono con las recomendaciones del profesional de la salud.
Nuestras organizaciones, dada la cercanía con esta población, pueden identificar patrones y necesidades en el acceso a la salud, concernida a cada condición. En el tema que nos compete, exponemos que Puerto Rico atraviesa por una crisis de salud nunca antes experimentada, donde se pone en peligro la vida de miles de pacientes. Esto se debe a una limitación seria experimentada por miles de pacientes en el acceso a medicamentos que conforman el tratamiento, así como un patrón preocupante de denegaciones, dilaciones en pre-autorizaciones, incrementos en costos entre otras prácticas asociadas. Esta situación está impactando a los pacientes de reforma y también a los privados.
Los problemas en el acceso a medicamentos se experimentan de forma constante, duplicando el número de denegaciones este año. Esto sin duda alguna, resulta en una preocupación seria que requiere inmediata atención de esta Honorable Asamblea Legislativa.
Esta realidad que viven nuestros pacientes no ha sido solamente experimentada por nuestras organizaciones, sino también ha sido expuesta por organizaciones reconocidas en la Isla, tales como el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Paciente y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, por mencionar algunas.
Recientemente, el doctor Noel J. Aymat Santana, rector del mencionado recinto, emplazó a los candidatos a la gobernación a una reunión de compromiso por el sistema de salud en la Isla. Sobre el tema de acceso a la salud y a medicamentos, el doctor sentenció que es hora de que el gobierno asuma una postura fiscalizadora contra compañías de seguros que “han creado lo que se podría denominar como un sistema injusto”. El catedrático expuso además y citamos, “El sistema de salud necesita que se reconozca el derecho de los pacientes al acceso a sus medicamentos y servicios de especialidad.”
Es de todo conocido, que el tema de la salud encierra un interés y responsabilidad primaria del Estado. Hacemos énfasis en primaria, porque la salud resulta ser una obligación apremiante del Estado, sobre cualquier otra consideración, incluyendo aquella de índole económica.
Sobre este particular, nuestra Constitución confiere a la Asamblea Legislativa, de forma expresa, la facultad de promulgar y aprobar legislación dirigida a regular la conducta de personas naturales y jurídicas en aras de promover la protección de la vida, salud y bienestar público. No cabe dudas, de que el promulgar y aprobar normativa en vías de regular estas empresas (PBMs) constituye un ejercicio legítimo de esta Asamblea Legislativa, para lo cual posee amplia autoridad. En dicho ejercicio, la Asamblea Legislativa debe sopesar que el objetivo que persiga la regulación está amparado en un interés legítimo del estado. No cabe dudas de que la legislación ante nos, es una de tipo socioeconómico y de salud a la cual le reviste una presunción constitucional.
De otro lado, estos PBMs allegan, de forma directa o indirecta, fondos públicos asignados al Plan de Reforma para lo cual el estado posee igualmente una responsabilidad indelegable de fiscalizar.
Introducción:
Los Manejadores de Beneficios de Farmacia, en adelante PBMs, y los Administradores de Beneficios de Farmacia, en adelante PBAs, son compañías intermediarias contratadas por las aseguradoras. Actualmente y a nivel local este renglón empresarial carece de regulación, a pesar de que estos intermediarios constituyen uno de los eslabones más importantes en la cadena de servicios de salud, pues a través de ellos el paciente obtiene el acceso a los medicamentos y tratamiento para su condición.
La falta de regulación ha sido un factor en los resultados y limitaciones que nuestros pacientes experimentan al presente en el acceso a los medicamentos que componen su tratamiento médico.
Actualmente miles de pacientes puertorriqueños confrontan problemas en el acceso a sus medicamentos, altos costos, dilación en pre-autorizaciones, denegaciones, requerimientos asociados, entre otros, directamente ligados al manejo de su condición médica. Entre los problemas más comunes que las organizaciones de salud han identificado se encuentran los siguientes:



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