Informe sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1576 y al Sustitutivo del Senado del P. del S



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Oficina de la Procuradora del Paciente (OPP):
Comparece ante esta honorable Comisión el Dr. Francisco Javier Parga, Subprocurador de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP), en representación de la Lcda. Edna I. Díaz de Jesús, Procuradora del Paciente. En el día de hoy me presento ante esta Honorable Comisión para compartir los comentarios de la OPP acerca del Sustitutivo del Senado al P. del S. 1372.
Dicho Proyecto propone añadir el Artículo 38 a la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, a los fines de crear la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficio de Farmacia (PBM), por sus siglas en inglés) adscrita al Departamento de Salud y tenga la autoridad de supervisar y fiscalizar a los Administradores de Beneficios de Farmacias que contraten servicios con las Farmacias de Comunidad en Puerto Rico.
De entrada señalamos, que no tenemos objeción que oponer para la aprobación de la medida ante nuestra consideración. No obstante, reconocemos que en nuestra Oficina no tiene injerencia en cuanto a la concesión de licencias, regulación o expedición de certificaciones a los PBM ni a las farmacias de la comunidad. Entendemos que el Departamento de Salud es la agencia que puede pronunciarse sobre el asunto que trata esta medida.
La Oficina de la Procuradora del Paciente, por disposición de ley, es la agencia gubernamental con poderes en ley para defender, proteger y velar, así como garantizar que el servicio que se brinde al paciente sea de una forma digna, justa y con respeto a la vida. Su finalidad es fiscalizar y hacer cumplir los preceptos contenidos en la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente” Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada.
Nuestra jurisdicción se limita a todos los Beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

• Aseguradoras de Salud Física y Mental

• Medicare Platino

• Proveedores de Servicios de Salud

• Facilidades de Salud Médico - Hospitalarios
Aunque nuestra jurisdicción es limitada a esta población específica de pacientes, nuestra visión salubrista nos obliga a ser responsables y proceder a analizar de manera general, la medida ante nuestra consideración. Esto en aras de cumplir con nuestra visión de ser forjadores de la excelencia del Sistema de Salud de Puerto Rico, para que todo paciente tenga sus necesidades satisfechas y se sienta defendido al ver protegido sus derechos: fomentando la confianza en su sistema de salud.
En este particular, coincidimos con la exposición de motivos de la medida aquí discutida en cuanto a que las Farmacias de la Comunidad que existen en Puerto Rico son un componente crítico en la dispensación de medicamentos a los ciudadanos y que además contribuyen activamente en la orientación y educación de las comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía puertorriqueña. Hacemos referencia a esta parte del texto de la Exposición de Motivos ya que como deber ministerial de la OPP debemos garantizar a que se cumpla con la Ley 194-2000, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”. Es decir, para garantizar que se cumplan con los derechos de los pacientes, es nuestra responsabilidad velar porque exista el acceso a una red de farmacias suficientes. De manera que el paciente pueda escoger la farmacia que mejor se ajuste a sus necesidades y deseos, irrespectivamente de su condición socioeconómica o capacidad de pago.

Por otro lado, el campo de los servicios de salud se ha convertido en uno dinámico y en constante cambio ante las necesidades de beneficiarios, de proveedores y de las compañías aseguradoras. Siendo así, para poder ofrecer un servicio que vaya de acuerdo con la agilidad de las demandas del sistema, las personas que administran el mismo, deben buscar y desarrollar estrategias que sirvan para mejorar la calidad del servicio. Una forma de mejorar la calidad es proveer los servicios de forma ágil estableciendo un proceso de respuesta rápida al beneficiario, lo que a su vez traerá como resultado, eficiencia en los servicios que se le brindan. Uno de estos métodos para facilitar la provisión de servicios de despacho de medicamentos es el Administrador de Beneficios de Farmacia o “Pharmacy Benefits Managers” (PBM por sus siglas en inglés).


Los PBM son responsables, dentro de la actual estructura de aseguranza de servicios de salud, de programar la provisión de servicios de farmacia de una forma ágil y costo efectiva, de manera que los limitados recursos económicos designados para este servicio rindan para servir a la totalidad de los beneficiarios de los planes médicos.
Es decir, los PBM son las entidades contratadas por las aseguradoras, las cuales juegan un rol dentro de la cadena operacional y fungen como intermediarios entre las farmacias y las aseguradoras. Un principio de los procesos de seguros de salud es que dados unos recursos económicos o presupuesto, mayor número de beneficiarios, menor amplitud de servicios. El PBM tiene la tarea de velar que con los recursos fiscales existentes se provean los medicamentos necesarios para todos los beneficiarios del plan de salud al que se está afiliado. Ante esta situación, los PBM regulan, limitan y fiscalizan la prescripción, el uso y la compraventa de los medicamentos de acuerdo con el sistema de formulario determinado por ellos. Mediante estrategias adicionales de contención de costo, como lo es, la compra de medicamentos en volumen, el costo se reduce y se crean mayores oportunidades de acceso para los pacientes que reciben sus medicamentos dentro de las farmacias contratadas por los PBM. En gran medida estas son acciones beneficiosas para el sistema de pacientes, proveedores y aseguradoras.
A su vez, una de las acciones principales de los PBM es gerenciar el sistema de dispensación de medicamentos que incluye variedades de farmacias, los cuales son los proveedores directos del servicio. Además, son responsables de la contratación de las farmacias y determinar los procedimientos para la dispensa de medicamentos; actividad de gran complejidad administrativa que facilitan los servicios del sistema de salud.
Entendemos que los PBM son de gran ayuda para poder agilizar los procesos en el servicio de farmacias del país. No obstante, el estado debe regular el funcionamiento de los mismos para que de esta manera no se vean afectadas las farmacias de la comunidad y como consecuencia de esto se vean afectados los pacientes.
Por lo cual, apoyamos que se apruebe esta medida para que de esta manera se puedan buscar opciones que estén acorde con la política pública actual, sobre la importancia de la salud de los puertorriqueños y puertorriqueñas y así proteger a quienes se ven directamente afectados en esta tendencia alcista que ha tomado esta industria de fármacos.
Departamento de Justicia:
La Exposición de Motivos de la medida describe la función de los Manejadores de Beneficios de Farmacias o PBM, por sus siglas en inglés (Pharmacy Benefit Manager) y las Administradoras de Beneficios de Farmacias o PBA, por sus siglas en inglés (Pharmacy Benefit Administrators). Estas son descritas como intermediarias que negocian los servicios de administración y costos de los medicamentos entre las farmacias, las aseguradoras y las farmacéuticas. Por tal razón, se insiste en que este tipo de negocio tiene un impacto directo en la política pública relacionada con la salud de los habitantes de Puerto Rico ya que administran la cubierta médica de estos a través de los contratos que otorgan con las farmacias. A su vez, destacan que estas últimas son vitales en la sociedad pues a la vez que son las responsables por despachar los medicamentos, educan a la ciudadanía.
Basado en lo anterior, se procura reglamentar a los PBM y PBA, así como cualquier entidad similar en nuestra jurisdicción a través de la creación de la Oficina Reguladora de Manejadores de Beneficios de Farmacia y Administradores de Beneficios de Farmacias, adscrita al Departamento de Salud. Esta Oficina estará a cargo de un comisionado nombrado por la Secretaria de Salud, quien fijará su sueldo. Este puesto es uno de confianza ya que se ocupará a discreción del titular de Salud o hasta que su sucesor sea nombrado y lo ocupe.
Este funcionario, que no puede haber sido parte de la industria que regulará, emitirá las licencias de operación de los PBM y PBA en Puerto Rico. Del mismo modo, podrá decretar sus suspensiones. Licencias de operación que, a tenor con el proyecto, tendrán un costo anual de veinte mil dólares ($20,000.00) por PBM o PBA.
El Comisionado tendrá la facultad de investigar o examinar las operaciones, transacciones, cuentas, archivos, documentos y capital de los PBM y PBA, así como los contratos que estas hayan otorgado con las farmacias.3 A su vez, ostentará la facultad para requerir libros, papeles, apuntes o convenios que estime necesarios.
En cuanto a la formalización de contratos entre las farmacias y los PBM, PBA o entidades afines se establece que estas últimas no podrán requerir a una farmacia participar de la dispensación de medicinas por correo como requisito para pertenecer a su red de proveedores. Tampoco impondrán un cargo de copagos o cualquier otra condición al asegurado para comprar las medicinas en la red de proveedores de farmacias. Se sostiene que el paciente tendrá libre selección de proveedor y no será obligado a recibir sus medicamentos por correo a través de una farmacia en específico.5
La medida continua estableciendo limitaciones en beneficio de las farmacias al establecer restricciones a los PBM, PBA o entidades relacionadas al momento de auditar las que forman parte de su red. Y es que limita su potestad de auditar a las farmacias al ordenar que, previo a ello, le tendrán que notificar que acudirán con treinta (30) días de anticipación. La auditoría a su vez solo podría cubrir un (1) por ciento del universo de recetas por farmacia y solo sobre aquellas incluidas dentro del dio previo a la auditoria. No podrían examinarse recetas de mayor antigüedad y estas tendrán que ser identificadas previamente.
Si como parte de la auditoria se concluye que una receta se sobre pagó, los PBM, PBA o entidad concerniente no puede incluir dentro del ajuste del costo aquella porción que responda al pago de dispensación de receta. En caso de que se evidencie error de mantenimiento de record o "clerical", esta legislación propone que no se le recobre a la farmacia los fondos pagados por los costos del medicamento a menos que se demuestre la intención de cometer fraude o daños financieros significativos a los PBM, PBA o entidades afines. Del mismo modo, se prohíbe utilizar la extrapolación u otras técnicas de expansión estadísticas para calcular la cantidad de repago o penalidad producto de la auditoria.
En términos del poder de reglamentación, la delegación provista es ilimitada. La disposición al respecto establece que será el Departamento de Salud la entidad a promulgar el reglamento y las ordenes administrativas según las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".
Expuesto el alcance y propósito de la medida ante nuestra consideración, a continuación ofrecemos nuestros comentarios.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de manera expresa le confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de diseñar y aprobar leyes que regulen la conducta de los ciudadanos con el fin de promover la protección a la vida, la salud y el bienestar público. Cada medida decretada por esta Rama de Gobierno conlleva el ejercicio previo de disertar, discernir y configurar la política pública que estime conveniente hacer formar parte de nuestro estado de derecho en determinado momento. Política Pública que promueve conforme a la discreción que le otorga nuestro sistema republicano de gobierno, la cual se estima que formula en respuesta a los cambios sociales y la necesidad de atender la realidad imperante.
La determinación legislativa de promover el fin normativo específico de regular a los PBM, PBA o entidades afines, indudablemente constituye un ejercicio legítimo de esta amplia autoridad otorgada a la Asamblea Legislativa por nuestros constituyentes. Ahora bien, nuestro ministerio como parte de esa labor legislativa se circunscribe a comentar "sobre cuestiones de derecho que se susciten en el ejercicio de [esa] funci[ón]".
En cumplimiento con este mandato, a continuación exponemos las limitaciones y las exigencias legales que esta Asamblea Legislativa debe considerar como parte del trámite legislativo de esta pieza legislativa. Abundaremos además en cuanto a ciertos aspectos de técnica legislativa que afectan la coherencia y correspondiente eficacia de la medida según ha sido radicada.
Comenzaremos por consignar que tuvimos la oportunidad de evaluar y comentar la versión presentada de este proyecto durante su trámite en el Senado. Allí expresamos ciertas inquietudes en cuanto a su aprobación, algunas de las cuales fueron atendidas. No obstante, otros asuntos permanecieron inalterados en esta versión sustitutiva lo que nos obliga a consignarlas nuevamente en este escrito. Veamos.
Un Administrador de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager o "PBM") es una entidad contratada por un plan de cuidado de salud, aseguradora o patrono para operar como su administrador de los beneficios de farmacia disponibles para sus afiliados o empleados. Los PBM son principalmente responsables por el procesamiento de reclamaciones (claims adjudication), la revisión y desarrollo de formularios de utilización de medicamentos, y la negociaci6n de descuentos y reembolsos, entre otras funciones. Así, los PBM fungen como un intermediario entre los planes médicos o aseguradoras y las farmacias, y las empresas farmacéuticas y terceros pagadores.
Los PBM operan en toda la jurisdicción estadounidense. Contra estos se han generado alegaciones similares a las que este proyecto de ley consigna en su preámbulo, como por ejemplo, la reducción en el poder de elección de los consumidores, entre otros. En respuesta a muchas de estas alegaciones varias entidades gubernamentales federales, como el Federal Trade Commission ("FTC"), el General Accounting Office ("GAO"), y el Congressional Budget Office ("CBO"), han analizado la industria de los PBM para determinar si estos asuntos producen consecuencias indeseables para los consumidores y patrocinadores de los planes de salud. Los estudios han concluido que los PBM benefician a los consumidores y patrocinadores al reducir significativamente los precios que los consumidores pagan por los medicamentos con receta.
Asimismo, el FTC ha manifestado en varias ocasiones que no es necesario regular el mercado de los PBM y se ha opuesto a este tipo de regulación. Para el FTC, es más probable que un nivel óptimo de transparencia, en lugar de regulación, produzca competencia vigorosa en el mercado de los PBM y ayude a asegurar que los beneficios de ahorros en costos sean transmitidos a los consumidores, ya sea como primas o copagos más bajos, y servicios mejorados.
No obstante, los PBM pueden incurrir en conducta anticompetitiva o engañosa que perjudique en última instancia a los consumidores, los planes de cuidado de salud y las farmacias por igual. De hecho, varios PBM han enfrentado acciones legales estatales y federales por alegaciones de fraude, presentar declaraciones falsas, realizar representaciones erróneas o tergiversaciones a los planes, pacientes y proveedores, y enriquecimiento sin causa mediante esquemas de descuentos secretos y sobornos (kickbacks). Además, han sido objeto de escrutinio y litigios por violaciones a las leyes federales y estatales sobre libre competencia y protección al consumidor, tales como conspiraciones para restringir la competencia, fijación ilegal de precios, intentos de monopolizar y prácticas injustas y engañosas, entre otras.
A pesar de los perjuicios o beneficios relacionados con los PBM, la realidad es que son uno de los sectores menos regulados del sistema y el mercado del cuidado de la salud. Debido a la limitada regulación federal existente, en la última década casi todos los estados han considerado o promulgado leyes para regular los PBM. Los estados han optado por regular diferentes aspectos de los PBM, incluyendo la divulgación de información, la ejecución de investigaciones, los deberes para con los clientes y el intercambio de descuentos o reembolsos. Aunque existe diversidad en cuanto a los esquemas de regulación promulgados, la mayoría comparten dos características: (1) la autoridad reguladora sobre los PBM recae en una entidad o comisión de seguros neutral, y (2) se requiere a los PBM presentar auditorias anuales. Por otra parte, varias organizaciones, como la National Association of Insurance Commissioners ("NAIC"), la National Legislative Association on Prescription Drugs ("NLARx"), y la National Community Pharmacists Association ("NCPA"), han elaborado modelos de legislación como guías para la regulación de los PBM y varios estados han utilizado estos modelos como base para su legislación.
En Puerto Rico no se ha aprobado legislación o reglamentación que establezca de manera abarcadora y valida un esquema regulador para los PBM. No obstante, si un PBM incurre en cualquier acto o conducta anticompetitiva, injusta o engañosa, estará sujeto a fiscalización y responsabilidad bajo la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley Antimonopolística de Puerto Rico" y sus reglamentos. La Ley Antimonopolística busca mayormente evitar y detener diversas prácticas anticompetitivas, tales como los acuerdos que restringen irrazonablemente el comercio, los métodos injustos de competencia, las practicas injustas y/o engañosas en el comercio y los monopolios ilegales, entre otras. Además, busca fomentar la libre competencia y el libre comercio, proteger al consumidor y a los comerciantes, y promover la eficiencia y la innovación.
La Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) es la dependencia gubernamental responsable de poner en vigor y fiscalizar las disposiciones de la Ley Antimonopolística. Así, recae en la OAM el deber ministerial de investigar dentro de los parámetros de confidencialidad que provee la Ley Antimonopolística, toda alegada práctica anticompetitiva en el comercio en que pueda incurrir un PBM, un PBA o las entidades que se relacionan. Llevada a cabo la investigación a tenor con las disposiciones de la Ley, le compete a la OAM determinar cuáles prácticas de los PBM, PBA o entidades relacionadas constituyen restricciones al libre comercio, métodos injustos en el comercio, actos injustos o engañosos, o propenden a la indebida concentración de poder económico, e incoar las acciones que sean necesarias para mantener la libre competencia.
Ahora bien, resulta que el Artículo 19 de la Ley Antimonopolística establece una salvedad o excepción para la no aplicación de sus disposiciones. A saber:
El régimen legal de las empresas de servicio público, las compañías de seguros y de otras empresas o entidades sujetas a reglamentación especial por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo las cooperativas, no será afectado por la presente ley, excepto en cuanto a aquellos actos o contratos que no estén sujetos a la reglamentación del organismo público que gobierna las actividades de la empresa, entidad o cooperativa. [..]
A la luz de lo anterior, nuestra primera preocupación en torno a esta pieza legislativa, más allá de los asuntos legales que comentaremos más adelante, es que por medio de esta se intente utilizar la salvedad o excepci6n citada de la Ley Antimonopolística para eximir a las entidades objeto de esta regulación que hoy atendemos de la jurisdicción de la OAM. Ello bajo el pretexto de que los PBM, PBA o entidades afines y sus actuaciones están sujetas a la reglamentación especial aquí diseñada, por lo cual la OAM carece de jurisdicción sobre ella. En este sentido, de aprobarse este proyecto de ley, nuestra OAM se podría encontrar maniatada ante cualquier imputación contra algún PBM, PBA o entidad relacionada sobre cualquier asunto contenido o gobernado por esta medida. Así pues, nos vemos impedidos de favorecer esta disposición según propuesta, pues el expertise que ostenta la OAM contribuye con los fines de esta medida, por lo cual no debe eliminarse la jurisdicción que pueda ostentar conforme a su Ley Antimonopolística.
De otra parte, debemos llamar la atención sobre algunas de las potestades dadas al Comisionado puesto que, a nuestro entender, son muy amplias y pudieran incidir en materia privilegiada, tal como secretos comerciales o de negocios. Igualmente pudiera vulnerar el principio de libertad de contratación y el menoscabo de las obligaciones contractuales.
Como parte de sus funciones, el Comisionado podrá examinar las transacciones, cuentas, archivos, documentos y capital de las entidades que regula. También, tiene la potestad de verificar que los contratos no sean "arbitrarios y discriminatorios" sin definir tales conceptos. Asimismo, propone regular y establecer limitaciones a los precios de los medicamentes y a las compensaciones que por estos acuerden las farmacias con los PBM como parte de sus contratos, así como la manera de computarse. Y es que el proyecto pretende regular todo aspecto relacionado con los contratos pues el Comisionado "[t]endrá la facultad de verificar [] los contratos de los PBM, PBA o entidades afines y las farmacias".
En cuanto al privilegio del secreto de negocios podemos mencionar que uno de los privilegios evidenciarios reconocidos en nuestras Reglas de Evidencia.24 Si bien es una materia regulada también por el Derecho Comercial, lo cierto es que el concepto no está definido de manera específica. Aun así se sabe que este privilegio tiene su génesis en la defensa del sistema de libre empresa.
Cuando se plantea que se está tratando de acceder a los secretos de negocios regularmente se refiere a fórmulas de productos, diseños, compilaciones de información, como lista de clientes, y procesos de manufactura. Para precisar si determinada información es un secreto de negocio, puede recurrirse al derecho comercial, como, por ejemplo, la regulación de patentes, derechos de autor, competencia desleal, etc.
Las Reglas de Evidencia le otorgan margen a los tribunales para determinar lo que constituye un secreto de negocio. Por lo tanto, recomendamos que la medida sea enmendada a los efectos de especificar y de limitar aún más la clase de documentos a la cual tendrá acceso el Comisionado y cuál es la consideración de política pública que lo propicia. Ello para evitar así impugnaciones en cuanto a dicha propuesta.
En el caso del principio de libertad de contratación y el menoscabo de obligaciones contractuales, debemos comenzar por mencionar que el proyecto de ley no establece de manera clara el alcance de sus disposiciones, esto es, si serán de aplicación a los contratos que se suscriban con posterioridad a la aprobación de la ley o a los contratos que se encuentren vigentes actualmente. De aplicarse a los vigentes, entonces cabría hablar de la doctrina del menoscabo de las obligaciones contractuales.
Respecto a los contratos que se suscriban con posterioridad a la aprobación de esta pieza legislativa, debe tener en cuenta que en nuestro ordenamiento rige la libertad contractual, que permite a las partes pactar lo "que tengan por conveniente, siempre que no sea contrario a las leyes, a la moral ni al orden público". Sin embargo, esta libertad para contratar no es una ilimitada ya que los tribunales pueden intervenir en la relación contractual de las partes.
Ahora bien, de aplicarse a los contratos que se encuentren vigentes, correspondería evaluar lo establecido en el Artículo II, Sección 7 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que no se aprobaran leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Sin embargo, nuestra Curia estableció que esta máxima no es absoluta, pues tiene que "ser armonizada con el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público". Cuando el contrato se ha otorgado entre partes privadas, se debe evaluar en primer lugar la existencia de una relación contractual y si su modificación seria menoscabo severo o sustancial. "Si se determina que existe un menoscabo severo, es necesario evaluar "si la interferencia gubernamental responde a un interés legítimo y si esta racionalmente relacionada con la consecución de dicho objetivo".
Lo que se requiere es que la reglamentación no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa y, que el medio elegido tenga una relación real y sustancial con el objetivo que se persigue. Este es aplicable primordialmente para legislación como la que hoy nos ocupa: de tipo socioeconómico. Una de las virtudes que tiene este tipo de legislación es que se presume constitucional. Siendo así, el foro judicial no procederá a declarar su invalidez a menos que sea arbitraria y no se pueda establecer un nexo racional con algún interés legítimo del Estado.
Téngase en cuenta que este proyecto de ley autoriza al Comisionado Regulador a intervenir e invalidar la acción de una PBM, PBA u otra entidad relacionada, dentro de su libertad de negociación contractual, al evaluar el contenido de las compensaciones ofrecidas e impidiendo requerir a una farmacia participar del envió de medicinas por correo como condición de ser parte de la red de proveedores. Más aun, puede determinar si un contrato es arbitrario o discriminatorio sin parámetros para determinar lo anterior. Por ende, sostenemos que la medida ante nuestra consideración adolece de ambigüedad, en el sentido de que no establece unos linderos apropiados para limitar la autoridad conferida a la figura del Comisionado.
A base de lo anterior, como esta pieza legislativa interfiere con las negociaciones contractuales entre entes privados, lo correcto sería que esta Asamblea Legislativa plasme en el preámbulo de este proyecto de ley los fundamentos que validan tal intromisión. Solo de esta forma se encontrará debidamente plasmado el interés estatal que persigue la medida, to cual es indispensable para sostener su validez.

Asimismo, corresponde así analizar si el menoscabo de las relaciones contractuales por parte del Estado es jurídicamente valido. Tanto nuestra Constitución, como la Constitución de los Estados Unidos disponen que no se aprobaran leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Ambas clausulas tienen como propósito garantizar la estabilidad de las relaciones contractuales.


La certeza en las consecuencias legales de lo pactado constituye el fundamento racional en que se basa la garantía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. En principio, la ley no debe modificar esas consecuencias en perjuicio de uno de los contratantes. Las partes en ello confían. La estabilidad en las relaciones contractuales es un valor social que requiere protección en el ordenamiento jurídico. No obstante, como ya expresamos, por razones superiores de orden público, esta protección puede quedar subordinada al poder de reglamentación del Estado tal cual aquí se propone. Sin embargo, reiteramos que resulta indispensable que dichas razones de orden público sean consignadas adecuadamente como parte de este proyecto de ley.
Para analizar la validez constitucional de un estatuto mediante la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales, aplica el criterio de razonabilidad. Así, al evaluar la interferencia del Estado con la contratación privada, primero se debe auscultar si existe una relación contractual y si la modificación constituye un menoscabo sustancial o severo. De existir un menoscabo sustancial o severo, se evalúa si la interferencia gubernamental responde a un interés legítimo y si esta racionalmente relacionada con la consecución del objetivo.
Y es que la Asamblea Legislativa tiene amplios poderes para aprobar medidas razonables con el propósito de salvaguardar los intereses fundamentales del pueblo y promover el bien común. "No obstante, el poder de reglamentación, por amplio que sea, no es ilimitado. Su ejercicio nunca puede ser arbitrario o irrazonable."
Desde nuestra perspectiva, tal cual ya hemos dicho, resulta necesario que la pieza legislativa ante nuestra consideración contenga fundamentos suficientes que sustenten el interés legítimo que ostenta el Estado para aprobar la legislación que nos ocupa. La Exposición de Motivos no manifiesta razones relacionadas con prácticas que motiven el regular de manera tan amplia los términos contractuales entre las farmacias y los PBM. En este sentido, lo correcto sería que la Exposición de Motivos consigne de manera específica los fines que persigue el Estado con esta medida, de tal manera que justifique la necesidad de aprobar sus disposiciones regulatorias.
Por el contrario, si la preocupación del legislador es evitar prácticas anticompetitivas entre los PBM, PBA y entidades relacionadas ya existe el andamiaje jurídico que las regula: la Ley Antimonopolística. Sin embargo, este proyecto indirectamente le arrebata su jurisdicción. Así, no logramos identificar claramente algún interés fundamental del pueblo o de promoción del bien común que se adelante por medio de esta ley de tal forma que justifique el potencial menoscabo de los contratos actuales que poseen los PBM en Puerto Rico, según provee para ello este proyecto de ley. Claro está, si es que la intención del proyecto es que su aplicación se extienda a los contratos vigentes al presente.
Aunque podemos coincidir con el propósito loable de proteger a un sector amenazado precisamente por la libre competencia de los mercados, lo cierto es que su concreción no se puede ejecutar por medio de legislación que no consigna de manera adecuada el interés que ostenta el Estado para otorgarle a esta nueva entidad poderes sumamente amplios de regulación. El menoscabo seria valido si se identificara un interés legítimo del Gobierno (no de personas privadas como lo son las farmacias) y siempre que éste esté racionalmente relacionado con la consecución del objetivo. A nuestro juicio, por las razones antes detalladas, no nos parece que este proyecto de ley cumpla con esos criterios.
Por último, este proyecto dispone para la creación de una nueva oficina dentro del Departamento de Salud, un nuevo cargo y un nuevo salario. No obstante, en medio de la crisis fiscal que azota nuestro país nos preocupa grandemente que se sigan esbozando legislaciones que propongan estructuras y puestos de trabajo sin identificar los dineros necesarios para hacer que la legislación funcione. Debido a ello, es meritorio que el Departamento de Salud, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico ("ASES") se expresen sobre la disponibilidad de los fondos necesarios para implementar la medida.
Destacamos que la ASES en su ponencia sobre el Proyecto del Senado 1372 ante la Comisión de Salud y Nutrición del Senado estimó que la implementación de esta propuesta conllevaría la inversión de veinticinco (25) millones de Mares al año. A saber: veinte (20) millones para las labores de fiscalización y adjudicación de controversias y cinco (5) millones para que las PBM le paguen a las farmacias aunque las primeras no hayan recibido el dinero de las pagadoras.
Es imprescindible que la Honorable Comisión tenga la certeza de que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con fondos suficientes para hacer viable esta legislación.
A base de la exposición de derecho antes realizada, el Departamento de Justicia no tendría objeción jurídica con que el texto de aprobación en votación final por el Senado, del Sustitutivo del Senado al P. del S. 1372 continúe con su trámite legislativo, siempre que se acojan las recomendaciones que hemos realizado en este escrito.

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