Informe integrado proyecto de ley ley para la investigaci



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X.- ANÁLISIS Y SUPUESTOS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL SECTOR PÚBLICO”.

A continuación, pretendemos mostrar el “impacto económico” que tendrá la iniciativa de Ley en estudio en caso de aprobarse y para ello hemos elaborado un flujo de caja proyectado108 a cinco años, calculado para el sector público. 109,


Los supuestos y premisas para dicho flujo, provienen en su mayoría de la información que nos arroja el proyecto de ley, así como regulaciones establecidas por nuestra legislación y condiciones del mercado doméstico.
En este flujo de caja proyectado para el sector público se reflejan los ingresos aproximados que el Estado percibirá alrededor de la actividad comercial relacionada con la producción, distribución, industrialización, comercialización, expendio y uso tanto medicinal, industrial y alimentario de las plantas de cannabis y la planta de cáñamo.

10.1 Ingresos.

10.1.1 Ingresos por Licencias

Los ingresos por licencias categoría A el Estado percibirá el primer año US$ 1.2 millones por concepto de cobro de licencias en esta categoría. Al final del período, acumularía US$ 2.4 millones.110

Los ingresos por licencias categoría B el Estado percibiría el primer año US$ 975,000.00 y US$ 1,950,000.00 al final del período ( 5to. Año ).111

Los ingresos por licencias categoría C el Estado percibiría para el primer año ascienden a US$ 735,000.00, para un total al final del período de US$ 1,470,000.00 112

Los ingresos por dispensarios, generaría ingresos anuales para Estado de US$ 550,000 y US$ 1,100,000.00 al final del período de análisis. (Este tipo de licencia que se renueva cada cuatro años)113

Los ingresos por licencias categoría D el Estado percibiría US$ 1,020,000.00 y un acumulado al final de periodo ( 5 to. Año ) de US$ 3,060, 000.00. (Este tipo de licencias se renuevan cada dos años ) 114

Los ingresos por licencias categoría E el Estado percibiría US$ 825,000.00, para un total al final del período ( 5 años ) de US$ 2,475,000.00.115

Los ingresos por licencias categoría F generaría ingresos anuales de US$ 445,000.00 y un total al finalizar el periodo de US$ 1,335,000.00.( Este tipo de licencia que se renueva cada dos años)116

El gran total de ingresos para el Estado por el periodo en análisis (5 años ) por concepto de cobro de licencias, es de US$ 13, 790,000.00, para un promedio anual de US$ 2,750,000.00.

10.1.2 Ingresos por Ventas (Iirca)

Los ingresos por ventas son los que se refieren a los generados por la intermediación entre los productores y los dispensarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, inciso 2 del presente proyecto de ley.


10.1.3 Dispensarios:
El total de ingresos por ventas al Iirca por medio de los dispensarios, asciende a US$ 122,7 millones para el primer año. 117

10.1.4 Ingresos por Impuestos:

Los ingresos por impuestos han sido determinados de la siguiente forma:





  • Impuesto al Cannabis: 7% .Artículo 52 del proyecto de ley.




  • Impuesto de Renta: 30% .Artículo 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Los ingresos para el primer año por concepto de impuestos a la producción , es de US$ 48,1 millones , siendo que el promedio anual por este concepto es de US$ 49.3 millones para todo el período.


10.2 Egresos

10.2.1 Asignación Presupuestaria

Se refiere al destino de los tributos recaudados descritos en el artículo 54 del presente proyecto de ley. Este artículo sugiere distribuir a distintas instituciones y organizaciones, los recursos provenientes de la recaudación de impuestos.


El total de la asignación presupuestaria118 para estas instituciones ( 15 en total) es de recursos $ 9.1 millones para un promedio anual del período de US$ 9.3 .

10.2.2. Costos Variables

Son los costos necesarios para producir los ingresos por venta a dispensarios. El monto anual de costos variables (ingresos por ventas ) asciende a US$ 98,220,000.00


10.2.3. Asignación de Impuesto Sobre la Renta

Impuesto de Renta: 30% .Corresponderá al Ministerio de Hacienda la distribución de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa.

La asignación anual del impuesto de la Renta es de $39 millones, siendo que el promedio anual del periodo es de US$ 39.9 millones.

10.2.4 Utilidad Neta

Es el remanente de los Ingresos una vez deducidos todos los Egresos. La utilidad neta anual para el Sector Público en el primer año asciende a US$ 30.3 millones y un promedio anual del período de US$ 27,3 millones.




XI.- PORTILLO PARA EL FUMADO DEL CANNABIS

Esta asesoría advierte a las señoras y señores diputados que la integración de varias normas dispersas a lo largo de la iniciativa de ley permite explícita o implícitamente el consumo “fumado” del cannabis, sea para personas no pacientes o bien para personas con enfermedades. Ciertamente, se autoriza el uso de la droga no necesariamente convertida o procesada a medicamento farmacéutico. Se trata de la relación de los artículos 1º, 8 inciso a), 35.2.v. en asocio con el 47, 41, 42, 44 y 57 inciso a) e inciso b), de la iniciativa de ley.


Se procede en lo conducente a fundamentar lo dicho. Cuando hicimos el análisis del artículo 1º que trata sobre el objeto y ámbito de aplicación de la ley advertimos en su momento que se permite el “…uso y consumo de las plantas de cannabis (cannabis índica, cannabis sativa y cannabis rudelaris) y la planta de cáñamo…”. Reiteramos aquí, que con esa redacción se legaliza el consumo directo de las plantas de cannabis, sin ningún tipo de proceso industrial o farmacológico, quedando absolutamente abierta la ley.
El artículo 8 inciso a), lo que hace es prohibir fumar cannabis en los espacios o lugares públicos y privados indicados en el artículo 5119 de la Ley General para el Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Ley N.° 9028; ergo, en cualesquiera otro sitio distinto a los que se observan en la cita de pie, ora público u ora privado, estaría permitido.
Ciertamente, el cannabis fumado actúa como droga, con serias consecuencias cuando las personas son menores de veinte años, por la inmadurez cerebral, en virtud de los efectos psicoactivos y de dependencia que podría generar. Esta afirmación encuentra sustento en la conferencia dictada por el Dr. Jorge Manzanares Robles, Decano de Farmacia, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, mediante su ponencia Cannabis: ¿Droga o medicamentos?, dictada en el Auditorio Gonzalo González González, Facultad de Farmacia, de la Universidad de Costa Rica, el día 23 de septiembre de 2014.
Por supuesto que dicho profesional también afirmó que el cannabis podría ser perfectamente medicamento, empero procesado y registrado por la industria farmacéutica, con estudios clínicos y de laboratorio validados. Este no sería el caso de las normas relacionadas en este apartado del Informe.
La autorización del fumado del cannabis (no como producto farmacéutico medicinal), está autorizada también en el artículo 41, para “pacientes de cannabis y cáñamo medicinal”, pues, según la norma, éstos no podrían fumar o participar del uso “medicinal” de cannabis (entiéndase en crudo convertido en porro o cigarro) a plena vista, o en un sitio prohibido para fumar de conformidad con lo establecido en el citado artículo 5 de la Ley N.° 9028. En otras palabras, siempre que otras personas no lo vean o lo haga en los sitios no prohibidos por la ley del tabaco, esos pacientes sí podrían fumar cannabis.
En consuno con lo anterior, el artículo 57 que trata sobre sanciones –multas-, aplica la irrisoria suma de ¢37.940 (10% de un salario base), a las personas físicas que fumen productos de cannabis (mención directa en el texto) en los sitios prohibidos de conformidad con lo dispuesto en el mismo artículo 5 de la Ley N.° 9028. Y si se trata de un paciente, la pérdida por un año de la tarjeta de identificación. La multa se eleva a ¢379.400 (un salario base) a quien ocupe el cargo de administrador, director, curador, fiduciario, apoderado y demás personas físicas con facultades de decisión, en cualquier empresa o institución pública o privada, cuando se compruebe que han permitido el fumado de productos de cannabis en sitios prohibidos siempre de conformidad con el artículo 5 de la Ley N.° 9028. Evidentemente las multas son relativamente bajas, y lo que hace el articulado es despenalizar explícitamente el consumo de la droga del cannabis –fumar-, y solo aplicaría multas pecuniarias cuando no se haga en los lugares que el legislador prohibió en la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud.
Incluso, el artículo 35 es explícito al utilizar el parámetro establecido en la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, Ley N° 9047, del 25 de junio de 2012, respecto de un rango en metros a la redonda (en este caso 500) para obtener una licencia de dispensario de cannabis medicinal, que, relacionado con el artículo 47 del Proyecto sobre productos “medicinales”, solamente aparecen el cannabis crudo o flor y el aceite, a vender en gramos.
Otro aspecto de justificación o atenuación está en el artículo 42 de la propuesta. En efecto, se justifica que un paciente o un cuidador primario acusado por violar alguna disposición de la legislación penal relacionada con el uso medicinal de cannabis establezca una defensa afirmativa o justificación cuando demuestre que fue diagnosticado, previamente, por un médico debidamente autorizado para recomendar un tratamiento alternativo con uso de cannabis y/o cáñamo medicinal. Aquí la responsabilidad se traslada al médico tratante. Vale decir, cuando se use cannabis o cáñamo por recomendación médica, en una relación médico-paciente previo diagnóstico clínico, no habría ningún tipo de procesamiento en sede penal.
Lo que parece de todos modos explícito y no oblicuo (incisos (I) y (II)) es, justamente el (III) del artículo 42, al indicar justificante cuando:
(III) El paciente y su cuidador primario estaban colectivamente en posesión de cantidades de cannabis únicamente como es permitido en esta sección.”
El inciso justifica la posesión de cannabis, por ende, evidencia el consumo del cannabis, sin que sea un producto de tipo farmacéutico, procesado por la industria farmacéutica. Esto, sin más, posibilita el uso inhalado –fumado- del cannabis y del cáñamo, que es un tipo igualmente de cannabis. Encima, el párrafo final del artículo de comentario expresa “Será una excepción a la legislación penal para cualquier paciente o cuidador primario que se encuentre en posesión legal de una tarjeta de identificación del registro para emplear o asistir en el uso médico de cannabis o cáñamo.”
El artículo 42 no discrimina, en el sentido que esas personas a las que se les prescribe (acto médico) cannabis, han agotado el uso de todo tipo de medicamento registrado y existente en el mercado para el tipo de enfermedad padecida, y que se encuentren en una situación o estado denominado “terminal”.
El mismo comentario vale para el artículo 44 del Proyecto que trata sobre el deber profesional de los médicos, excepcionando la regla, el peso de la ley penal a los facultativos, cuando aconsejen a un paciente diagnosticado con una enfermedad (no hace diferencia sobre el estado de avance de la enfermedad), prescribir cannabis o cáñamo, sin que el numeral diga que se habían agotado todas las otras alternativas posibles. Asimismo, con simpleza, la redacción dice, que se exime al médico, si éste advirtió los riesgos y beneficios del uso, siempre que dicho consejo sea basado en la evaluación de la historia clínica del paciente y la condición médica actual, en una relación médico-paciente de buena fe, que sería una relación, digamos, de “confianza”.
Ahora bien, el tema más intrincado viene del lado de la certificación médica, habida cuenta que los médicos en Costa Rica, hasta la fecha, no han sido formados (currículo universitario pregrado o posgrado) para prescribir en los tratamientos la droga del cannabis. Una certificación de esa categoría no la podría expedir cualquier médico, sino uno que haya estudiado a fondo lo contraproducente o los beneficios del producto de esa planta, ello de acuerdo a estudios científicos comprobados en relación con las enfermedades concretas. Este es un tema que compete al Colegio de Médicos y Cirujanos, al Colegio de Farmacéuticos, a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Salud, en cuanto a fiscalizar quiénes estarían habilitados para expedir ese tipo de certificaciones, puesto que el Proyecto en modo general le otorga ese derecho a cualquier médico colegiado.


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