Informe integrado proyecto de ley ley para la investigaci



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8.6. Título VI: Infracciones y sanciones




8.6.1. Capítulo I. Decomiso

El decomiso ha sido considerado como una pena accesoria, y por ende asociada a una condena de un Tribunal, que se orienta sustancialmente a la privación de los objetos materiales empleados para la realización del tipo objetivo. Según el Proyecto de Ley, atribuible por la producción de cannabis y cáñamo sin autorización del Iirca.


En algunos ordenamientos no solo se decomisan los productos cultivados o puestos en el mercado ilegalmente, sino también, los bienes muebles e inmuebles y las ganancias, cuestión que no está contemplada en la iniciativa de ley, pues todos los bienes en conjunto son lo que hacen al criminal o grupo criminal enriquecer el patrimonio, conseguido por actividad ilícita.
Como medida de seguridad, el decomiso puede estar basado en la peligrosidad objetiva del no control de las áreas de siembra o cultivo o de producción ilícita de aceites y medicamentos a partir de la planta cannabis, que puede dar lugar, incluso, a la comisión de otros delitos.
Las cuestiones relativas al decomiso de bienes de origen ilícito adquiere especial relevancia, cuando el accionar de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, operan. cada vez más, en función de esquemas corporativos aprovechando las ventajas que ofrece la economía, sobre todo, cuando hay mínimos controles.
Ahora bien, en el artículo 55 propuesto, el espectro de Instituciones y órganos de la Administración que se entremezclan como responsables o autorizados para decomisar el cannabis y cáñamo son muchos, a saber:


  • Ministerio de Salud

  • Iirca

  • Las autoridades de policía (sin mención al tipo)

  • Ministerio de Seguridad Pública

  • Ministerio de Economía, Industria y Comercio

  • Municipalidades

En la lista, curiosamente, no está el Instituto sobre el Control de Drogas (ICD) que por la vía de los artículos 83 y siguientes de la Ley Nº 8204 es el órgano llamado a realizar los decomisos ilegales de droga, así como la policía administrativa y judicial, y poner el producto en manos del Poder Judicial.


No cabe duda que entre más autorizados para decomisar, menos decomisos probablemente se harían, por la responsabilidad diluida implícita. Otro aspecto es el tema de la seguridad en los operativos de decomiso. Ciertamente el cannabis sigue listado como droga, y como tal tiene valor en el mercado negro o ilegal; en ese sentido, funcionarios de una Municipalidad, de un Ministerios como Salud o MEIC o el mismo “Iirca” se verían expuestos a delincuencia, con posibilidad de exposición al fuego de armas, entre otras situaciones fácticas, por lo que autorizar a esos órganos a decomisar ese tipo de productos es muy peligroso o riesgoso para ese tipo de autoridad administrativa. En todo caso, son las policías como la de Control de Drogas, y el Organismo de Investigación Judicial quienes son los competentes para realizar esas delicadas labores, sobre todo la destrucción de cultivos.
El Proyecto expone que el depositario de los decomisos es el Ministerio de Salud, siendo que el “Iirca”, que es el Instituto que la ley crea como órgano desconcentrado, se exime de ese tipo de responsabilidad. Esto no tiene sentido, pues el órgano de fiscalización directa de los procesos de producción es el Instituto que aquí se crea. Empero, debería ser la autoridad judicial competente el depositario, tal y como lo establece el artículo 96 de la Ley 8204, pues se constituye en prueba para poder procesar penalmente.
Las apreciaciones anteriores aplican en el análisis del artículo 56 del expediente “Acta de decomiso”. Reiteramos, no se puede emplear en una labor policial a funcionarios del gobierno central o de gobierno local desprovistos de medios de seguridad. Incluso, este artículo contradice el anterior, cuando expresa que los productos decomisados serán puestos de inmediato a la orden de autoridad judicial competente. El otro artículo (55) expresa un compás de espera de tres días, cuyo depositario es el Ministerio de Salud.
Finalmente, la sugerencia en tema de decomiso –drogas y sus productos- es que se hagan las debidas concordancias con la Ley Nº 8204, ordenamiento de basto desarrollo en la materia.


8.6.2. Capítulo II. Infracciones y sanciones

El proyecto toma como salario de referencia para la determinación de la multa el salario base, es el artículo 6 de la iniciativa de análisis el que define el parámetro así: “Salario base: Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por "salario base" el concepto usado en el artículo 296 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.”



Tómese en consideración que actualmente en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, no se encuentra una categoría específica de Oficinista 1, siendo que esta clase se subsumió en una categoría más general denominada “Auxiliar Administrativo”.
Para efectos de concordancia con la legislación actual se propone adoptar la definición anterior, haciendo, como ya se hizo, la respectiva referencia a la Ley Nº 7337. Si se tomara esta referencia se tiene que el salario base aplicable durante el año 2013 sería de ¢379.400 colones97, por lo que se realiza a partir de dicho monto una estimación de las sanciones administrativas propuestas, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro # : Estimación año base 2013. Sanciones administrativas para el destinatario. -cifras en colones-

Sanción a:

Referencia

Monto

Personas físicas que fumen productos de cannabis en los sitios prohibidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley N.° 9028

10% del monto de un salario base

¢37.940

A quien ocupe el cargo de administrador, director, curador, fiduciario, apoderado y demás personas físicas con facultades de decisión, en cualquier empresa o institución pública o privada, cuando se compruebe que han permitido el fumado de productos de cannabis en sitios prohibidos de conformidad con el artículo 5 de la Ley N.° 9028

Un salario base

¢379.400

A quien venda o suministre productos de cannabis en cantidades superiores a las indicadas en la prescripción médica

Un salario base

¢379.400

A quien venda o suministre productos de cannabis utilizando algún medio que no permita la comprobación de la identidad de las personas compradoras

Un salario base

¢379.400

A quien incumpla cualquiera de las disposiciones establecidas sobre la venta de semillas de plantas de cannabis

20 salarios base

¢7.588.000

A quien reproduzca semillas de cannabis en el país sin la debida autorización del Iirca

20 salarios base

¢7.588.000

A quien con autorización del Iirca siembre o reproduzca semillas o plantas de cannabis macho para fines distintos a la reproducción de semillas o la investigación

20 salarios base

¢7.588.000

A quien incumpla alguna de las especificaciones normativas y técnicas del empaquetado y etiquetado de los productos del cannabis.


20 salarios base

¢7.588.000

A quien incumpla alguna de las disposiciones relacionadas con la publicidad y la promoción de los medicamentos del cannabis y cáñamo medicinal establecidas en esta ley

20 salarios base

¢7.588.000

A quien siembre, cultive, produzca, industrialice, comercialice, distribuya, gratuita u onerosamente, productos de cannabis o cáñamo para cualquier uso autorizado en lugares no permitidos, en condiciones no autorizadas o sin contar con la debida concesión, licencia o permiso del Iirca

20 salarios base

¢7.588.000

A quien venda o suministre productos de cannabis a personas sin la debida prescripción médica y carne de identificación estipulados en la presente ley

20 salarios base

¢7.588.000

Fuente: Elaboración propia.
Sobre las observaciones de fondo y técnica al artículo 57 de la iniciativa de ley, hemos de decir, en primer lugar lo siguiente: El inciso a) y el inciso b.i, se refieren a una misma unidad de análisis; en el primer caso a una sanción irrisoria de 10% del salario base (¢37.940) a quien fume cannabis en sitios prohibidos según la Ley No. 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud; mientras que, para el inciso b.i., la multa de un salario base estaría siendo aplicada a quien ocupe el cargo de administrador, director, curador, fiduciario, apoderado y demás personas físicas con facultades de decisión, en cualquier empresa o institución pública o privada, cuando se compruebe que han permitido el fumado de productos de cannabis en sitios prohibidos de conformidad con el artículo 5 de la Ley N.° 9028. Estos dos casos, entendidos en sentido contrario, como lo veremos en el apartado siguiente de esta Informe, están permitiendo el fumado del cannabis en cualquier otro sitio distinto a los prohibidos en la ley del tabaco98. Ergo, se legaliza el fumado de cannabis.
En el inciso c) hay tres subincisos que se pueden fundir en uno solo, nos referimos al i, ii, iii, que igualmente, tienen una multa de veinte (20) salarios base y se refieren al tratamiento de las semillas. Esta asesoría recomienda el siguiente texto:
A quien reproduzca semillas de cannabis en el país sin la debida autorización del Iirca, o que, con la autorización del Iirca, siembre o reproduzca semillas o plantas de cannabis macho para fines distintos a la reproducción de semillas o la investigación, así como incumpla cualquiera de las disposiciones establecidas sobre la venta de semillas de plantas de cannabis.”
Pareciera que inciso c) subinciso vi, de multa de veinte (20) salarios base “A quien siembre, cultive, produzca, industrialice, comercialice, distribuya, gratuita u onerosamente, productos de cannabis o cáñamo para cualquier uso autorizado en lugares no permitidos, en condiciones no autorizadas o sin contar con la debida concesión, licencia o permiso del Iirca.”, actúa como especie de sanción accesoria, puesto que la conducta descrita caería en el tipo penal establecido en el artículo 58 de la Ley No. 8204, que por cierto, está siendo modificado en la presente iniciativa de ley, en el sentido de que una persona sin título habilitante (concesión, licencia, autorización o permiso), le cae el peso del tipo penal de prisión de ocho a quince años.
En lo concerniente al artículo 58, no queda claro en el segundo párrafo si la autorización para contratar personal que haría labores de cobro de multas es para engrosar la planilla del Instituto o sin son profesionales y personal externo a la Institución.
El artículo 60 es una norma general aplicable a todo el Proyecto, pero también, por supuesto, al proceso para el cobro de sanciones por multa. Para ello, el legislador proponente opta adecuadamente por el procedimiento administrativo sumario de la LGAP, que dicho sea de paso, requiere mencionarse el número de ley y año de vigencia (Nº 6227, de 2 de mayo de 1978 y sus reformas), que en sus artículos 320 y siguientes lo detalla.



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