Informe integrado proyecto de ley ley para la investigaci



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8.5. Título V: Impuesto




8.5.1. Capítulo I. Creación del impuesto al cannabis

La redacción del artículo 50 “Creación del impuesto al cannabis”, parte de una redacción semejante al artículo 1º de la Ley Nº 7092 “Ley de Impuesto sobre la Renta”, del 21 de abril de 1988 y sus reformas. La diferencia radica en que el artículo sub exmine solo habla de actividades lucrativas, mientras que la ley de impuesto sobre la renta grava los ingresos, continuos o eventuales o cualquier otro ingreso o beneficio, entendiéndose, las ventas o bien servicios prestados, bienes o capitales utilizados, que se obtengan durante el período fiscal respectivo. Estos elementos están ausentes en la redacción del artículo 50, lo otro es que se hagan concordancias puntuales sobre la aplicación de contenidos de la Ley de Impuesto sobre la Renta.


El artículo 51 desarrolla el tema de los “Contribuyentes”, si bien, recoge la esencia del artículo 2º de la Ley Nº 7092; para el caso del tipo de mercado –una droga-, a partir del cual se pueden generar sub productos medicinales o alimentarios, el hecho de que se autorice contribuyentes, independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas (vg. un país extranjero), es un tema altamente sensible que podría poner en riesgo los controles y la fiscalización estatal en las ventas internas, las exportaciones, las importaciones y en los movimientos de capital, tema que debería quedar bien aprovisionado en el Proyecto de Ley. Es posible que personas de nacionalidades del entorno a Costa Rica (México, Colombia, Jamaica, países de C.A., entre otros) estén interesados/as en las adjudicaciones de concesiones y licencias, por ende, convertidos en contribuyentes al fisco, siempre que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país.
En efecto, el texto del Proyecto de ley es indiferente al origen nacional del adjudicatario, puesto que se menciona personas físicas o jurídicas, sin que necesariamente sean costarricenses (véase el art. 1º párrafo 2º, 26.VI, 34 párrafo 2º, y 51 de la propuesta de ley).
El artículo 52 “Tarifa del impuesto”, tiene una referencia al artículo 1594 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley N.º 7092. Como puede verse en la cita de pie, hay diferentes tipos de imposición de renta en relación con las características del sujeto, dividiéndose según sea persona jurídica, pequeñas empresas, o personas físicas. A las personas jurídicas aplica un porcentaje del 30% de impuesto, ya que para las pequeñas empresas se indexa el impuesto a la renta en rangos de valor absoluto en colones en dos categorías (véase el detalle a pie de página), y, para personas físicas, igual se expresan rangos de renta en valores absolutos a los cuales se le aplican porcentajes dependiendo de la escala de ingresos (cinco escalas).
Entonces, lo que pretende el Proyecto es que a los porcentajes aplicables según la persona, la escala y la imposición porcentual, se agregue un 7% adicional de impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el caso de personas jurídicas, en lugar de 30%, quedaría en 37%, y así sucesivamente.
El proyecto de ley de análisis grava de forma especial, distinta a la uniforme, con eventual problema de constitucionalidad (alegación futura en estrados judiciales) de posible discriminación tributaria, puesto que habría un impuesto de renta diferenciado para un tipo de sujetos o contribuyentes, mientras para la generalidad los rangos del artículo 15 de la Ley Nº 7092. Esto lo apuntamos de modo que, en caso de ser consultada la iniciativa de ley de forma preventiva a la Sala Constitucional, se introduzca esta duda de constitucionalidad.
La técnica de redacción del artículo 53 es inadecuada, debido a que si solo hay un tipo de exoneración y no habiendo más, no debería usarse la técnica de incisos, sino una prosa seguida a modo de párrafo. Ahora bien, en cuanto a contenido, lo que estaría exonerando por impuesto de renta el IIRCA sería únicamente los ingresos que reciba por la venta de productos del cannabis o del cáñamo (en mercado nacional, incluidas las exportaciones). Ergo, no exonera otros ingresos como los producidos por el costo de las concesiones, las licencias y los permisos. Tampoco exoneraría del pago del impuesto de renta la percepción de tarifas por expedición de carnets o tarjetas de identificación, u otros bienes muebles e inmuebles del Instituto, o bien servicios que venda en virtud que el proyecto le autoriza la realización de todo tipo de contratos civiles y comerciales. Quizá la norma concordante sea el artículo 62 de la iniciativa que exonera todo tipo de impuestos, en ese sentido, debería hacerse la referencia.

El artículo 54 hace distribución porcentual del tributo en un número importante de instituciones y organizaciones nacionales. No obstante, los fondos, por principio constitucional deben entrar a Caja Única del Estado (por tratarse del impuesto sobre la renta), aunque se manejarían en una cuenta específica en uno de los bancos estatales. El artículo, sin duda, es casi una copia, en cuanto a formato, del artículo 29 de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, Ley Nº 9028, del 22 de marzo de 2012.


Asimismo, en el primer párrafo está mal empleado el nombre “Ley de la Administración Financiera”, esa ley se denomina Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, Ley Nº 8131, del 18 de septiembre de 2001 y sus reformas.

Sobre los incisos propuestos en el texto, vamos a realizar observaciones solamente en aquellos que tengan algún reparo técnico o de fondo, ya que los porcentajes y su distribución es un asunto de oportunidad política de las señoras y señores diputados.


El inciso c) dota al Colegio de Farmacéuticos de fondos (5%) para que realice la fiscalización de todos los dispensarios en conjunto con los inspectores del Ministerio de Salud, haciendo mención al artículo 10095 de la Ley General de Salud. Esta asesoría recomienda, además, concordar o referenciar el artículo 21 incisos c) y ch) de la Ley Nº 10 Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos, reformada por la Ley Nº 5142 de 30 de noviembre de 1972, que expresan como atribución del fiscal del Colegio, “…c) Visitar, por lo menos una vez al año, botiquines, laboratorios farmacéuticos y demás establecimientos donde se preparen o se expendan drogas y dar cuenta a la Junta Directiva de cualquier irregularidad que notare; ch) Vigilar el exacto cumplimiento del reglamento de droguerías y boticas,…
Se advierte que hay dos incisos c), por lo que a partir del inciso c) que corresponde a fondos para el Ministerio de Salud debería ser el d) y correr a partir de ahí, toda la numeración de los ordinales.
Sobre el inciso d) que otorga (5%) de fondos al MAG, le añade responsabilidades que, más bien, corresponderían al IIRCA (fiscalización del cultivo, la producción, el procesamiento, la siembra y producción del cannabis medicinal y del cáñamo para uso industrial). De hecho, confiere fiscalización al MAG sobre etapas que no son de naturaleza agropecuaria sino de tipo médico-científico y farmacológico, cual es, la producción de medicamentos.
Llama la atención en el inciso f) el porcentaje extremadamente bajo de 2% que se le otorga al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), cuando es éste órgano el encargado de la prevención y el tratamiento de enfermedades, en ese caso, producidas por drogas, alcohol y otras sustancias, cuestión, que si bien es cierto es de oportunidad política, al abrirse el cultivo de cannabis en el país a una escala importante, podrían haber efectos colaterales de contrabando que repercutan en la salud física y mental de las personas, por lo que el IAFA podría verse desbordado en sus servicios.
El inciso i) refuerza el criterio de consulta obligatoria a todas las municipalidades del país, por virtud de que se destina (10%) del impuesto en forma equitativa para el mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura municipal.
El inciso m) tiene el mismo efecto de consulta obligatoria a la Universidad de Costa Rica, pues se le asigna un (5%) del impuesto que se para realizar investigaciones conjuntas con el Iirca sobre los aspectos técnicos, científicos y médicos regulados. Es decir, le está imponiendo a la UCR el destino para el cual son utilizados los fondos, tema que toca la autonomía de la Casa de Estudios Superiores.
El inciso n) tiene serios problemas de concreción, puesto que otorga un (10%) del impuesto a organizaciones no gubernamentales, sin mencionar cuáles son esas organizaciones que tratan a personas con problemas de adicción. Como el impuesto se constituye en fondos públicos, por principio de reserva de ley y de legalidad tributaria, tiene necesariamente que especificarse cuáles serian las organizaciones beneficiarias, de lo contrario, podría tener roces de constitucionalidad.



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