Informe del presidente del consejo permanente sobre la reunion de expertos sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrat



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Es decir que el compromiso con una gobernabilidad democrática conlleva a que todos, incluyendo toda la ciudadanía, asumamos mayores responsabilidades colectivas mediante una mejor y mayor articulación de las relaciones con el Estado y la clase política, derivándose de ello beneficios de interés común en los diferentes campos de acción.
Por ello, consideramos que la función democratizadora del Estado debe ser principalmente la de estimular con mayor determinación la solidaridad y la unidad nacional. Para ello, el Estado debe asumir el rol integrador de las diversas fuerzas sociales y encauzarlas hacia la consecución de objetivos y metas comunes, con una clara visión del sentido de nación.
Es así como en El Salvador valorizamos la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, enarbolando la libertad individual de pensamiento y, como seres colectivos, la libertad de comunicarnos.
Nuestras democracias exigen que nosotros mismos las fortalezcamos, pero nuestros pueblos requieren que una cultura de probidad y de ética pública se vea reflejada en las conductas de sus representantes para hacer sentir esa pertenencia y orgullo nacional que se deriva de vivir en un Estado libre, transparente y democrático.
El otro mecanismo al que deseo referirme es el desarrollo económico y social para fortalecer la gobernabilidad. Este es un tema fundamental. Tenemos que contrarrestar las amenazas de la seguridad democrática, lo que constituye, por lo tanto, un imperativo en el desarrollo económico y social, dado que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Treinta de cada 100 salvadoreños no sabían leer ni escribir al terminar la guerra en mi país. En El Salvador de hoy, solo 14 de cada 100 se encuentran en esa situación. En cincuenta años el país construyó 2.647 escuelas, en solo cuatro años de Gobierno del Presidente Francisco Flores hemos construido 1.300 escuelas, ampliando 1.588 y reparando 900 adicionales.
A pesar de la destrucción que los terremotos hicieron en los pozos, líneas de implementación y sistemas completos, el avance de cobertura de agua potable para la población no se ha detenido. Cuando firmamos la paz en mi país, 70 de cada 100 salvadoreños en áreas urbanas tenía acceso a servicios de agua potable, actualmente 90 de cada 100 lo tienen.
A causa de los terremotos, más de 166 mil viviendas fueron destruidas. En la década de 1990 construimos 20 mil viviendas al año, hoy, en cuatro años, hemos construido 222 mil viviendas temporales y 145 mil viviendas permanentes, logrando así la reducción más significativa de familias que vivían en zonas de alto riesgo.
El desplome de los precios de productos primarios de exportación y el alza de precios del petróleo significó que cuando iniciamos el Gobierno comprábamos con un quintal de café 10 barriles de petróleo, hoy día con un quintal de café compramos tan solo dos barriles y medio de petróleo. A pesar de este entorno internacional sumamente complejo, con recesiones económicas, hemos venido experimentando en El Salvador de hoy un pequeño crecimiento económico positivo, pero que tiene que seguir fomentando lo que debe significar un beneficio para nuestra gente, a través de las tasas de interés e inflación más bajas en la región, ya que es uno de los pocos países que posee grado de inversión.

Hemos logrado reconstruir el país, honrar nuestras deudas, duplicar la inversión pública, construir la obra social más grande en la historia del país, reduciendo el déficit sin subir impuestos. Seguiremos trabajando, porque creemos que lo que hemos logrado lo hemos hecho dentro de un modelo de libertades. Continuaremos consolidando la libertad económica y fortaleciendo la inversión social. Esta es la única ruta que conocemos para cumplir nuestras aspiraciones de superación, pero necesitamos la gobernabilidad democrática para continuar con esos resultados tangibles en beneficio de nuestra sociedad y asegurar su sostenibilidad, intentando llegar hasta el último ciudadano.


Todos debemos sentirnos bien para decir que la democracia funciona y no margina. Ese concepto de gobernabilidad democrática y su aplicación en la práctica adquiere una dimensión que va más allá de la mera estabilidad institucional democrática, para convertirse en algo más amplio que abarca todas las condiciones necesarias para que la función de gobernar pueda desempeñarse con eficiencia, legitimidad y respaldo social.
Podemos decir que nuestra América ha avanzado en el plano político, pero no podemos decir que los avances han ido de manera paralela en el plano económico y social. Hay un déficit al cual debemos buscarle un equilibrio.
Así, existe el criterio generalizado de los ciudadanos de que la democracia no ha podido resolver sus problemas, lo cual afecta la credibilidad en ella y lleva, en el peor de los casos, a promover el populismo y a estimular el extremismo político.
Para cimentar y hacer irreversibles los procesos democráticos en nuestro continente es indispensable fortalecer, entonces, los procesos de desarrollo económico y social a través de la libertad de los mercados y los flujos de capital, lo que implica para nuestros países aumentar las posibilidades de intercambio comercial y de inversiones, generando mayores oportunidades para nuestra gente.
En suma, las libertades políticas a través de la buena práctica democrática y la gobernabilidad, aunadas al progreso económico a través de una libertad de comercio justo y equitativo, son la clave para que América en su conjunto pueda progresar y proyectarse con fortaleza a nivel internacional.
Como americanos, debemos sumar nuestras voces contra las violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro hemisferio y propiciar, como lo establece la Carta Democrática Interamericana, que los pueblos de las Américas tengan derecho a la democracia y sus gobiernos tengan la obligación de promoverla y defenderla.
Estamos, señora Presidenta, plenamente convencidos de que, si llevamos a la práctica con realismo estos elementos que he mencionado y los enfrentamos con capacidad de cooperación colectiva estaremos contribuyendo significativamente a fortalecer la gobernabilidad y a consolidar la democracia en nuestra América.
Concluimos pidiendo que la declaración política que adoptaremos en esta reunión cobre vida y se traduzca en una agenda de implementación, dando al Consejo Permanente el mandato de que, con la asistencia de la Unidad para la Promoción de la Democracia, desarrolle una agenda práctica de gobernabilidad –a la cual elocuentemente el Canciller del Uruguay también ha hecho referencia–, para que nuestro hemisferio, tomando en cuenta nuestras particularidades y nuestras visiones comunes, vea un resultado de este diálogo.
Muchísimas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Agradezco a la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador su contribución a esta reunión.

TRIGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P

8 al 10 de junio de 2003 AG/ACTA 384/03

Santiago, Chile 9 junio 2003

Original: Textual

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA



Fecha: 9 de junio de 2003

Hora: 4:30 p.m.

Lugar: Hotel Sheraton
Presidenta: Señora María Soledad Alvear Valenzuela

Ministra de Relaciones Exteriores de Chile


Presentes: Guillermo Pérez-Cadalso Arias (Honduras)

Delano Franklyn (Jamaica)

Miguel Hakim Simón (México)

Norman Caldera Cardenal (Nicaragua)

Harmodio Arias Cerjack (Panamá)

José Antonio Moreno Ruffinelli (Paraguay)

Allan Wagner Tizón (Perú)

Francisco Guerrero Prats (República Dominicana)

Izben C. Williams (Saint Kitts y Nevis)

Sonia M. Johnny (Santa Lucía)

Louis Straker (San Vicente y las Granadinas)

Maria E. Levens (Suriname)

Cherry-Ann Millard (Trinidad y Tobago)

Didier Opertti Badán (Uruguay)

Roy Chaderton Matos (Venezuela)

Gaston Browne (Antigua y Barbuda)

Jorge Taiana (Argentina)

Fred Mitchell (Bahamas)

Billie A. Miller (Barbados)

Godfrey Smith (Belice)

Carlos Saavedra Bruno (Bolivia)

Lúcia Maria Maierá (Brasil)

Douglas Challborn (Canadá)

Cristiá Barros Melet (Chile)

Carolina Barco (Colombia)

Ximena Soler Legarreta (Costa Rica)

Nina Pacari Vega (Ecuador)

María Eugenia Brizuela de Ávila (El Salvador)

Rita DiMartino (Estados Unidos)

Denis G. Antoine (Grenada)

Edgar Gutiérrez (Guatemala)

Bayney Karran (Guyana)

Joseph Philippe Antonio (Haití)

César Gaviria (Secretario General de la OEA)

Luigi R. Einaudi (Secretario General Adjunto)

Diálogo de Jefes de Delegación: “Gobernabilidad democrática en las Américas: Libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en los procesos democráticos” (continuación)


La PRESIDENTA: Declaro abierta la segunda sesión plenaria del trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, convocada para continuar con el diálogo de los Jefes de Delegación iniciado en la mañana del día de hoy. La Presidencia se permite recordar que durante la primera sesión plenaria hicieron uso de la palabra las siguientes delegaciones: Canadá, Argentina, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Uruguay, El Salvador. Los Cancilleres destacaron la importancia que tiene el tema del diálogo y subrayaron la oportunidad de esta Asamblea para avanzar en la implementación de un programa de gobernabilidad democrática.
Varias delegaciones señalaron esta mañana que el ejercicio efectivo de la democracia y de la gobernabilidad requiere, entre otros aspectos, alcanzar niveles suficientes de educación, desarrollo económico y justicia social; canalizar adecuadamente las demandas sociales a través de los partidos políticos; promover el arraigo de una cultura democrática; asegurar la probidad en la gestión pública y fomentar la participación responsable de la sociedad civil. Las señoras y los señores Cancilleres destacaron asimismo la importancia que tiene la cooperación internacional en la implementación de los compromisos de gobernabilidad que acuerden los Estados. Por ello, se propuso la creación y ejecución de un programa de gobernabilidad democrática para las Américas. Otra propuesta puntual fue la de realizar durante el año 2004 una Conferencia de Cancilleres y Ministros de Economía.
La Presidencia desea informar que ha recibido un mensaje que el Santo Padre ha dirigido a las distinguidas delegaciones participantes del trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General. La Secretaría distribuirá este documento de manera oficial.
Vamos a proseguir en estos momentos con la lista de oradores inscritos, que es la siguiente: Brasil, las Bahamas, Haití, Panamá, Paraguay, Bolivia, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Belice, Grenada, Barbados, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Jamaica, México y Guatemala. La Presidencia quisiera insistir en su solicitud de la mañana de hoy de limitar las presentaciones a un máximo de diez minutos, a fin de asegurar el ejercicio del derecho de palabra a todas las delegaciones.
Me es grato entonces ofrecer la palabra a continuación al señor Canciller Celso Amorim, Jefe de la Delegación del Brasil.
EL JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu quero inicialmente agradecer à Vossa Excelência, Chanceler Soledad Alvear, a hospitalidade.
É um prazer voltar ao Chile, pela primeira vez desde o início do Governo Lula. Gostaria também de exprimir reconhecimento pelo trabalho realizado pelo Secretário-Geral da OEA, César Gaviria, que tem sido inestimável ao longo dos anos à frente da Organização. Quero referir-me também às palavras inspiradoras do Presidente Lagos, ontem à noite, durante a cerimônia de abertura da presente sessão.
A governabilidade democrática é a capacidade do exercício eficaz do poder em um quadro político de liberdade e pluralismo num marco do Estado de Direito.
Mas além de apoiar-se na vontade popular, é necessário que os governos adotem políticas públicas que promovam valores de solidariedade e de justiça social, que sustentem um projeto nacional sólido conducente à diminuição das desigualdades e da exclusão.
O Presidente Luís Inácio Lula da Silva ressaltou em recente discurso que, e eu cito: “a questão social é a grande fronteira a ser defendida e ampliada no mundo globalizado. Quem sabe esteja aí a missão superior do Estado nacional do século XXI.”

A democracia não se limita apenas à representação dos interesses da maioria, mas se expressa também no respeito aos direitos das minorias. Neste sentido, é fundamental buscar assegurar igualdade de oportunidade a todos os grupos sociais, que têm sofrido discriminação. Não basta que a lei proteja os direitos das mulheres, dos negros e dos indígenas. Devemos procurar ativamente sua maior inclusão social. No Brasil temos orgulho de nossa composição multi-étnica, mas sabemos que ainda falta muito para assegurar igualdade de oportunidade para as minorias, que são, na verdade, em alguns casos maiorias numéricas, como as mulheres e os negros, mas são minorias no sentido do poder que detêm.


O preconceito e a discriminação devem ser enfrentados com determinação: Por esta razão, o Brasil apresentou, durante essa sessão da Assembléia Geral, projeto de resolução sobre o racismo e toda forma de discriminação e intolerância, cujo objetivo principal é a criação de uma convenção interamericana sobre o tema.
Fizemos avanços importantes no campo da democracia. A era dos regimes de exceção chegou ao fim. No esteio dessas transformações, as leis de muitos países incorporaram importantes normas de direitos humanos e mecanismos de proteção ao indivíduo e a grupos minoritários. Foram criadas ou consolidadas instituições como ouvidorias, comissões e procuradorias de direitos humanos.
No caso do Brasil, e o próprio ministro está aqui hoje comigo, Ministro Mario Miranda, criamos uma Secretaria de Direitos Humanos com nível de ministério. Entidades da sociedade civil passaram a oferecer ao cidadão, mais recursos diante de eventuais excessos do Estado.
Isso não significa que podemos estar desatentos aos esforços para manter e preservar a democracia. Tampouco podemos descuidar da administração do Estado. Nossas nações ainda enfrentam desafios que, por vezes, suscitam questionamentos ao Estado por sua aparente falta de capacidade para resolver os problemas que mais afligem a população. A inaptidão do Estado em enfrentar tais questões desgasta os governos e corrói a confiança dos cidadãos, sem a qual não há governabilidade possível.
O Presidente Lula tem rebatido duas idéias que são freqüentemente defendidas como se fossem verdades incontestáveis mas que já revelaram sua inconsistência. A primeira é que o Estado nacional deve ser mínimo e em conseqüência, fraco. A segunda é de que o mercado resolveria automaticamente todos os problemas da economia e da sociedade.
O mercado é, sem dúvida, uma alavanca necessária na vida econômica e devemos assegurar que funcione de forma livre e de práticas distorcivas que inibam a competição em detrimento da sociedade. Mas sabemos que há valores que não podem e não devem estar subordinados a lógica mercantil, como o direito de todos a um modo de vida digno, o direito de ter o que comer, o direito a saúde, o direito a ter um emprego decente e uma educação de qualidade e o direito à participação na vida cultural e política, entre outros.
É importante modernizar o Estado, para que esteja apto a lidar com as transformações atuais e muito se tem falado na importância, e nós concordamos, da boa utilização dos meios informáticos e eletrônicos, aliás bastante desenvolvidos em meu país. Mas é ainda mais fundamental que a ação do Estado se paute por critérios democráticos em que estejam tratados com prioridades as principais necessidades sociais. Tampouco pode o Estado descuidar de atividades que nem sempre o mercado atende satisfatoriamente, como o desenvolvimento tecnológico e o meio ambiente. A construção de parcerias com setores da sociedade civil, é positiva, e reforça as decisões governamentais facilitando sua implementação.
A democracia pressupõe também o combate à corrupção em todas as suas formas e em todos os países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. Onde há corrupção, não há governabilidade. Nossa luta contra a corrupção deve ser implacável. Entretanto, não podemos desconhecer que, no mundo de hoje, a governabilidade do setor privado é tão importante quanto a do setor público. Escândalos financeiros e de má administração de empresas, sobretudo as de grande porte, provocam impactos que vão muito além de seus dirigentes e acionistas, atingem consumidores, pequenos investidores e a sociedade como um todo. Os efeitos danosos dessas práticas questionáveis se espraiam pelas bolsas de valores das economias centrais e repercutem nas economias dos países em desenvolvimento, pelo aumento da chamada “aversão ao risco”. Assim, ao mesmo tempo em que melhoramos a qualidade moral de nossos governos, devemos também, e gostaria de insistir nesse ponto que tem sido pouco lembrado, propiciar condições que permitam desenvolver a ética corporativa e o sentido da responsabilidade social no setor privado.
A estabilidade democrática e o desenvolvimento econômico-social são fenômenos que se reforçam mutuamente. As democracias requerem políticas sólidas, que asseguram o desenvolvimento econômico integral. A experiência política dos países americanos demonstra que a governabilidade democrática se fortalece em um ambiente de paz e de segurança. Por outro lado, não podemos ter a ilusão de que seremos capazes de preservar a governabilidade em nosso hemisfério sem um contexto de governabilidade em nível global, o qual só pode ser assegurado por meio do respeito pleno às instâncias multilaterais, a começar pelas Nações Unidas.
Como afirmou o Presidente Lula em Evian, e eu sito: “o multilateralismo representa, no plano das relações internacionais, um avanço comparável ao da democracia em termos nacionais. Valorizá-lo é obrigação de toda nação comprometida com o progresso da civilização, independentemente de sua dimensão econômica e de seu peso político e militar.”
As ações governamentais decorrentes do processo democrático são duradouras porque se assentam em base legítima. Da mesma forma, decisões emanadas de foros multilaterais gozam de maior apoio e, por isso, são mais efetivas no longo prazo.
A governabilidade democrática em cada país não prescinde da solidariedade e de um ambiente internacional minimamente favorável. Os países em desenvolvimento, inclusive os da nossa região, necessitam de regras de comércio internacional justas, que garantam acesso de seus produtos aos mercados dos países desenvolvidos e não criem constrangimentos insuperáveis à necessidade de promoverem políticas industriais, tecnológicas e de desenvolvimento social, entre outras.

Negociações comerciais complexas, como aquelas em que nossos países estão envolvidos (e que vão muito além do que se costumava entender antigamente por acordos de livre comércio) terão efeitos profundos e duradouros no nosso ordenamento sócio-econômico. Daí o compromisso do Governo do Presidente Lula, de promover a consulta aos diversos setores da sociedade, o que inclui naturalmente os empresários, mas também os sindicatos de trabalhadores, associações profissionais, entidades da sociedade civil e, sobretudo, o Congresso Nacional. Isso também é governabilidade democrática.


Igualmente, temos que nos valer de imaginação e ousadia, a fim de encontrarmos soluções para a escassez de recursos necessários ao combate à fome e à pobreza extrema, e aos investimentos em infra-estrutura, essenciais ao desenvolvimento e à integração. No recente encontro de Evian, o Presidente Lula sugeriu a criação de um fundo mundial contra a fome. Mencionou duas hipóteses de financiamento. Uma seria a taxação do comércio internacional de armas. Outra seria criar mecanismos para estimular que os países ricos reinvistam nesses fundos percentual dos juros pagos pelos países devedores. Os Chanceleres do Grupo do Rio, igualmente, discutiram em Cusco iniciativa no sentido de estabelecer mecanismos financeiros inovadores com o fim de financiar projetos de desenvolvimento da infra-estrutura.
Tornamo-nos mais conscientes de que a consolidação da democracia é uma tarefa permanente de todos os povos. Sabemos que as alternativas ao Estado de Direito serão sempre o medo e a violência. Devemos reconhecer a necessidade de promover e defender ações que se apóiam na liberdade, na paz e na justiça social.
A construção da democracia baseia-se na segurança de que a todos será oferecida a oportunidade de um mundo melhor, independentemente de raça, gênero, origem social ou étnica. A trajetória pessoal e política do Presidente Lula é a prova de que o sonho e a legítima aspiração por melhores condições de vidas podem se concretizar, por meio do diálogo, da convicção e da persistência, sem o recurso à violência e não obstante as adversidades. Enquanto houver pessoas privadas de seus direitos fundamentais, a democracia não estará sendo exercida em sua forma plena. Não é possível continuar convivendo com a exclusão social de centenas de milhões de homens, mulheres e crianças no nosso continente. Nas palavras do Presidente Lula, “a fome não pode esperar. É preciso enfrentá-la com medidas emergenciais e estruturais. Se todos assumirmos nossas responsabilidades, criaremos ambientes de maior igualdade e de oportunidades para todos.” Somente assim, asseguraremos a verdadeira governabilidade democrática.
Senhora Presidente, o meu tempo está esgotado e praticamente minhas palavras também, e não era minha intenção me referir a situações específicas, mas outras delegações o fizeram e por isso vou brevemente mencionar três delas.
Com relação à Venezuela queremos felicitar também o Secretário-Geral da OEA, queremos felicitar o Governo do Presidente Chavez e também, a Coordenadora Democrática que participou da mesa, por terem demonstrado flexibilidade e chegado a um acordo que todos esperamos constitua base para a solução democrática e, sobretudo, dentro do marco da Constituição e da legitimidade da difícil situação política que viveu aquele país irmão. O Brasil não faltou, em momento algum, com seu apoio ao Governo legítimo da Venezuela, mas procurou também auxiliar no diálogo entre as partes por meio da criação do Grupo de Amigos, cuja sugestão foi dada pelo Presidente Lula, por ocasião da posse do Presidente do Equador.
A segunda questão refere-se à Colômbia. Creio que aí o mais importante é declarar, claramente, a nossa solidariedade ao Governo Uribe. Nós não podemos, em momento algum queremos fazer o julgamento que um governo também legitimamente eleito pelo povo faz sobre a melhor maneira de tratar os problemas que tem.
Então, a primeira tarefa nossa é o apoio e a solidariedade, e o Governo da Colômbia sabe que pode contar com ela de modo integral, não só no plano multilateral, mas também no plano bilateral. Creio que todos os esforços para o diálogo e os apelos aos movimentos armados para que voltem à negociação são vários. Mas quero também dizer que é nossa convicção de que, em última instância, a via da negociação e do diálogo terá que ser buscada e, evidentemente, esse é um caminho longo. E repito, o Governo colombiano é que deve julgar a melhor maneira de chegar até lá. Mas reiteramos a nossa disposição de ajudar naquilo que o Governo colombiano crer que seja necessário, dentro dos princípios que norteiam as nossas relações de não- intervenção, de respeito à democracia, ao diálogo, ao entendimento e à solução pacífica das controvérsias.
Finalmente, sobre a questão de Cuba, Senhora Presidente, tampouco era minha intenção tratar desse tema aqui, porque achava inclusive que de alguma maneira a discussão havia sido - de certa maneira essa fase da discussão pelo menos - havia sido encerrada em Washington no próprio Conselho Permanente. Mas diante de algumas manifestações, eu devo dizer que é convicção do meu país que não cremos positivo discutir o tema de Cuba onde Cuba não esteja presente. Não vou entrar em argumentações jurídicas de grande extensão porque isso nos levaria muito longe. O argumento principal é de natureza política. Isso não trará resultados práticos. O Brasil também lamentou e criticou eventos recentes em Cuba, embora seja nossa convicção de que esses eventos também, embora não justificados, repito, não justificados, se inserem num contexto mais amplo e que seria talvez errado tratá-los de maneira isolada. Por outro lado, não creio que seja útil tentar fazer entre nós um diálogo quando há exclusão da parte que teria que também dar a sua opinião. Em outras palavras, o que temos que fazer é através do engajamento construtivo ajudar o povo e o Governo cubano, na medida em que eles queiram, caminhar no sentido do progressivo respeito aos direitos humanos. Mas achamos que isso não se obtém pelo isolamento; isso só se obtém, repito, através de um contato positivo e franco e, por isso, não cremos que este ambiente, onde Cuba não está representada, seja por que motivo for, não é um ambiente que possa promover resultados positivos. Obrigado.


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