Informe del presidente del consejo permanente sobre la reunion de expertos sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrat



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En primer lugar, deseo agradecer al Gobierno de Chile la invitación que nos hiciera para celebrar la trigésima tercera Asamblea General de la OEA en esta bella y hospitalaria ciudad. También quiero agradecerle a usted, señora Ministra, su propuesta de discutir el tema “Gobernabilidad democrática en las Américas”, así como la presentación que hizo ante el Consejo Permanente el pasado 30 de abril, cuyo contenido representa un aporte significativo para nuestros debates sobre un tema que es del mayor interés para el fortalecimiento de la democracia en el Hemisferio.
Permítame expresar que comparto sus planteamientos sobre la necesidad de elaborar una agenda de gobernabilidad democrática de las Américas. Como usted bien lo señaló, los avances recientes en la recuperación de la democracia representativa en las Américas aún no han logrado ser traducidos en progreso económico y social para nuestros pueblos. Se requiere ahora añadirle la dimensión de la “gobernabilidad” como un factor esencial de estabilidad, a fin de lograr el progreso y la paz.
Las democracias del Continente se enfrentan cada día a múltiples y nuevos desafíos. La legitimidad de los gobiernos, su capacidad para abordar las problemáticas sociales de toda índole, el imperativo de reconstrucción de los tejidos sociales, la recuperación de los contenidos políticos en el diseño de las políticas públicas, la necesidad de fortalecer las instituciones y ampliar la presencia del Estado y la seguridad para todos los ciudadanos son, entre otros, las grandes cuestiones con las que tienen que lidiar cada día nuestros gobiernos para preservar y defender la democracia.
De igual manera, la búsqueda de una sociedad cada vez más participativa, con partidos políticos más fuertes y transparentes que puedan transmitir y encauzar las justas necesidades de los pueblos, es también un importante reto para nuestras democracias.
En este sentido, se entiende que la agenda de gobernabilidad democrática incluye no solo los temas de transparencia y buen gobierno sino toda una serie de asuntos que guardan relación con la lucha contra la pobreza, la construcción de sociedades más equitativas y justas, la prioridad para atender las demandas sociales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los partidos políticos.
Uno de los grandes desafíos de las sociedades democráticas en América Latina tiene que ver con el desencanto de las poblaciones por la política y su búsqueda de respuestas a sus demandas y de líderes capaces de asegurarles un futuro mejor.
Las colectividades políticas, en vez de adoptar estrategias apropiadas que les permitan defender los intereses que representan en el marco de las nuevas realidades globales, se han resistido al cambio y se desactualizaron. La clientelización de sus gestiones y los actos de corrupción en que han incurrido algunos de sus representantes, lo mismo que la falta de eficacia en el propósito de ofrecer realidades de bienestar a las comunidades, les hicieron perder credibilidad y apoyo.
Sin embargo, no hay sustitutos para los partidos, ni se pueden atribuir a las instituciones las fallas en que han incurrido sus miembros, especialmente sus dirigentes. Por eso hay que propiciar situaciones que permitan su mejor organización, estimular la renovación de sus cuadros directivos, profundizar el debate ideológico y crear condiciones para que se conviertan en los más sólidos soportes de la democracia y la estabilidad social.
Los Estados del Hemisferio tenemos la responsabilidad de asumir estos retos en beneficio de nuestros pueblos. También contamos con un acervo hemisférico de instrumentos jurídicos y políticos para la promoción, defensa y consolidación de la democracia, como son, entre otros, la Carta de la OEA, la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), la Carta Democrática Interamericana, la amplia gama de instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Debemos dar plena aplicación a estos instrumentos y construir una agenda integral de gobernabilidad democrática en el seno de la OEA, que comprenda toda la gama de acciones políticas, económicas y sociales que requieren hoy nuestras democracias.
Permítame ahora hacer una referencia al caso colombiano. El caso de Colombia es paradójico. Es el país de América Latina con la democracia más duradera y estable. La sociedad colombiana ha preferido siempre los gobiernos civiles, ha defendido su derecho al voto y ha creído en sus instituciones. Las fuerzas militares siempre han actuado dentro del marco consagrado por la Constitución política.
Si estuviéramos mirando el tema de gobernabilidad desde un punto de vista clásico, podríamos decir que Colombia es un país con unos niveles de gobernabilidad dentro del promedio. Su Gobierno goza de legitimidad; es una democracia con instituciones legítimas, sólidas y respetadas. A pesar de las dificultades, en Colombia hay un Estado de Derecho, un Gobierno transparente dispuesto a compartir con los ciudadanos los aciertos y errores y existe la más amplia libertad de expresión.
Sin embargo, es necesario reconocer que hay ciertos problemas de gobernabilidad. Los partidos políticos tradicionales han perdido terreno y ha habido fragmentación y proliferación de partidos políticos. La abstención y la apatía son altas, y recientes esfuerzos de centralización, si bien han tenido resultados positivos, han aumentado los casos de corrupción. Así mismo, no hay presencia gubernamental efectiva en todo el territorio y se presentan frecuentes incidentes de violencia política que generan temor al disenso y desestimulan la participación democrática.
En Colombia la violencia y la inseguridad generadas por el terrorismo y financiadas por el negocio transnacional de las drogas ilícitas y sus delitos conexos, así como por las actividades criminales como el secuestro y la extorsión, comprometen el desarrollo económico y social de la nación, vulneran el Estado de Derecho, debilitan la institucionalizad democrática y victimizan a la población civil. Este es un ciclo que solo podrá romperse si a los esfuerzos y sacrificios del Gobierno y del pueblo colombiano se une el compromiso firme y decidido de la comunidad internacional.
La gobernabilidad democrática implica, necesariamente, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el restablecimiento del imperio de la ley. Esto es lo que el Presidente Uribe ha denominado su “programa de seguridad democrática”.
Ello conlleva, entre otras acciones, confrontar el terrorismo, hacer eficiente la administración de justicia e integrar a toda la comunidad en el respeto y acatamiento a unas reglas del juego dentro de las cuales se pueden dilucidar, con el mayor pluralismo, las contradicciones partidistas y sociales.
El reto de hoy para Colombia es defender su democracia y sus instituciones, es recuperar la seguridad del pueblo colombiano, es fortalecer la presencia del Estado en todos los lugares de Colombia, es darle opciones a los colombianos para su desarrollo, es disminuir las inequidades, devolverle el hogar a los desplazados, sacar a los niños de la guerra, permitir a los campesinos regresar a sus lugares de trabajo.
Es necesario también realizar cambios profundos en el campo político. Se requiere, entonces, el fortalecimiento y la renovación de los partidos políticos, una forma más sana de ejercer la política, una mayor transparencia en la gestión pública, profundizar la lucha contra la corrupción, dar mayores opciones de participación a la sociedad civil. El Gobierno colombiano es consciente de sus responsabilidades en este campo y las ha venido cumpliendo.
Así mismo, el Gobierno del Presidente Uribe ha propuesto el Plan Nacional de Desarrollo, con el cual busca hacer frente a la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la corrupción. El Plan Nacional de Desarrollo busca mejorar la gobernabilidad mediante programas para incrementar la transparencia y eficiencia del Estado, renovar la administración pública, fortalecer la democracia local y la participación de la sociedad civil en la gestión pública.
El pasado 24 de mayo, con ocasión de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, realizada en la ciudad de Cusco, en Perú, los países miembros del Grupo de Río emitieron una declaración en la cual instan al Secretario General de las Naciones Unidas a que utilice sus buenos oficios para impulsar decididamente un proceso de paz en Colombia, exhortando a los movimientos guerrilleros que operan en el territorio a lograr un acuerdo de cese de hostilidades y entrar a un diálogo abierto y transparente que permita llegar a una solución pacífica y definitiva al conflicto colombiano, que cada vez afecta más a los países vecinos de la región. El Grupo de Río también aclaró que si este proceso no tiene el éxito deseado buscarán, en coordinación con el Gobierno colombiano, otras alternativas de solución. El Gobierno colombiano agradece la solidaridad demostrada por el Grupo de Río y espera que la misma sea compartida por los demás miembros de la OEA.
No quisiera terminar sin expresar mis agradecimientos más sinceros y los de mi Gobierno al señor Presidente Ricardo Lagos, por su sentido llamado a la solidaridad con Colombia y por su generoso apoyo a la solución del conflicto que afecta a mi país.
Mi gratitud quisiera hacerla extensiva a todos mis colegas que han hecho público su acompañamiento a los esfuerzos del Gobierno colombiano en su búsqueda de la paz.
La paz de Colombia contribuirá a los deseos de fortalecer la gobernabilidad en las Américas.
Muchas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Agradezco la intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
A continuación tengo el gusto de ofrecer la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, señor Didier Opertti Badán.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL URUGUAY: Gracias, señora Presidenta.
Naturalmente, cuando uno concurre a una Asamblea General de la OEA, debe optar entre la tentación de leer un discurso preparado desde las capitales o acceder a este ámbito de intercambio y tratar de ir reflexionando sobre la marcha y reaccionar de esa manera a los mensajes de cada uno de los participantes, buscando con ello recrear el debate que nos convoca.
Yo he optado por esta última alternativa, pensando que la propia señora Presidenta Soledad Alvear, con mucha claridad nos ha dicho que quizá uno de los objetivos centrales de esta Asamblea sea la elaboración de un informe sobre gobernabilidad democrática, que pueda servir como base para un programa de gobernabilidad democrática.
He asumido ese desafío y en tal sentido es que procuraré, en una forma sintética, identificar aquellos contenidos que a nuestro juicio podrían formar parte de ese programa.
En primer lugar, no debemos apartarnos de un hecho que me parece absolutamente ineludible, que es la evolución operada en la OEA como organización internacional que ha ido ocupando espacios que en el pasado solo les estaban reservados a los Estados Miembros, en aquella vieja y muy sensible dialéctica entre organización y principio de no intervención, entre los Estados y las organizaciones internacionales, que hoy día parece, indudablemente “aggiornado”, actualizado por una evolución y maduración de la sociedad internacional que legitima a la comunidad en su conjunto para actuar orgánica y disciplinadamente.
Desde ese punto de vista, me parece que esta reunión no podría dejar de lado el aporte, el activo ya logrado, en materia de defensa del sistema democrático, porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de la gobernabilidad democrática, es decir, de esa fórmula, un tanto mágica, por la cual gobernantes y gobernados logran articular un diálogo cotidiano rico en contenido, de ida y vuelta, en el cual se generan políticas públicas y políticas privadas que acompañan el proceso del progreso de la evolución del desarrollo.
Es fundamental aquí tener en cuenta que la OEA no ha asumido el sistema democrático como una mera fórmula política, como una manera de organizar el poder, de organizar la toma de decisiones, sino que la OEA lo ha asumido como un derecho de los pueblos.
El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana es algo que indudablemente nos debe inspirar en todos los desarrollos: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Quiere decir, por lo tanto, que no estamos hablando de un derecho de los Estados, no estamos hablando de un derecho de los gobiernos, sino que estamos hablando de un derecho de los pueblos.
La gobernabilidad, ¿es también un derecho de los pueblos o es solo un juego ajedrecístico del ejercicio del poder? Desde nuestra perspectiva, la gobernabilidad es también un derecho de los pueblos, pero, además de serlo, es un deber de los pueblos, porque, en definitiva, la gobernabilidad no se alcanza con una actitud exclusivamente referida a quienes ejercen legítimamente el poder. También debe alcanzarse con quien recibe los efectos y consecuencias de ese poder.
Por eso, la promoción de una cultura democrática y de la práctica de valores democráticos, para nosotros, es la base misma de la gobernabilidad. No lo decimos solo nosotros. Lo dice el artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana, con claridad inocultable: “Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil”.
Quiere decir, por lo tanto, que, para recrear el concepto de gobernabilidad, como sabemos todos y nos hemos comprometido a ello, necesitamos fundarnos, aplicarnos, sustentarnos, en la cultura democrática.
La cultura democrática, ¿qué supone? Supone educar para una cultura democrática, es decir, supone fortalecer la conciencia, la reflexión, sobre el valor de las distintas instituciones democráticas, despojándonos en muchos casos de sentimientos subjetivos o de experiencias cotidianas que pudieran inducirnos a una actitud crítica, yo diría, cuestionadora en exceso, de ruptura por momentos, para encontrar el cordón umbilical que nos permita consolidar bajo el conjunto social nuestro sistema de creencias en los sistemas políticos, ya que, en definitiva, la cultura democrática es la adopción de un sistema de creencias en el sistema político.

Por lo tanto, la educación juega aquí un papel fundamental. Ningún programa de gobernabilidad podría dejar de lado la educación, como tampoco podría dejar de lado la interdependencia entre democracia y desarrollo. Es imposible imaginar la ausencia de crispaciones, de irritaciones, de movimientos de protesta airada, muchas veces incluso proclives a la violencia, en sociedades democráticamente organizadas, si no sabemos o si no somos capaces de producir bienes y servicios al alcance de la gente, para que esta pueda tener todos los días un mejor motivo para vivir, una mejor razón para su existencia.


Aquí, entonces, hay un factor fundamental que nos lleva de la mano, inexorablemente, a relacionar gobernabilidad con una especie, diría yo, de simbiosis inteligente entre democracia y desarrollo. Por eso, en la tarde de ayer, en ese diálogo informal tan generosamente abierto por Chile aquí, en Santiago, nos aventurábamos a decir, de una manera quizá un tanto espontánea, no privada de reflexión, pero más que nada nutrida por el aporte que en esa circunstancia y en ese momento deseábamos hacer, que no era imaginable que pudiéramos desarrollar estos conceptos de gobernabilidad sin el sustento de un programa de desarrollo económico.
Es inimaginable que nuestras sociedades puedan salir de esa situación de divorcio entre el sentimiento colectivo y los propios gobiernos, no porque los gobiernos carezcan de base sustentable o de legitimación democrática debido al acto electoral, sino por esa relación de tensión, como hubiera dicho Hans Kelsen en sus viejas lecciones de filosofía del derecho, cuando nos señalaba que entre la norma y la realidad debe haber una tensión razonable que haga que la norma no se distancie de la realidad y la realidad no rompa con la norma.
Eso nos está faltando. Nos está haciendo falta recrear ese sentimiento de que el colectivo de gobernantes y gobernados es un colectivo único, no un colectivo divorciado, separado, desquitado, como se diría en portugués. Es decir, nos hace falta un colectivo unido, y ese colectivo unido, señora Presidenta, requiere de un trabajo muy firme en materia de desarrollo.
Nosotros sabemos –somos ya algo viejos en este recorrido de la OEA, aunque no envejecidos– que nos nutrimos siempre de las ideas que puedan aparecer en cada Asamblea. En esta nos ha parecido que una contribución podría ser que la OEA, que fue capaz de procesalizar la defensa del sistema democrático en la Carta, de introducir normas para hacer operativa la defensa del sistema, normas que incluso pueden llegar al extremo de que un Estado se vea privado de su derecho de participación en la Organización de la que forma parte –y esto constituye un avance de la internacionalización de la protección democrática–, que la OEA, decía, pensase en ponerle a la gobernabilidad un sistema de garantías, un garante, no un testigo, un elemento adicional estructural que nos permita avanzar en el terreno de la gobernabilidad, con prestaciones exhibidas públicamente que nos permitan persuadir al colectivo de que la OEA efectivamente está trabajando por la gobernabilidad, no solo en el plano de la retórica sino en el plano de la aportación social.
Por eso, nos hemos atrevido a proponer a la Asamblea que en su momento considere la posibilidad de adoptar, como parte de nuestra Declaración de Santiago, una idea según la cual esta Asamblea le encargaría a la OEA que realice, elabore, genere, con la asistencia de los organismos especializados regionales o todas aquellas instituciones que puedan prestarle cooperación y con una participación seriamente responsable de todos los miembros, un programa que inventaríe los recursos destinados al desarrollo, establezca fórmulas de aplicación y de observancia de aplicación, en definitiva un programa que ayude a hacer el puente entre la gobernabilidad dispuesta por cada Estado conforme a sus patrones, a sus pautas y paradigmas, y la sociedad internacional, tendiendo a corregirlos, a adecuarlos, a revisarlos, cuando se produce un apartamiento.
En realidad, esto es lo que trae consigo el control de la corrupción; esto es lo que trae consigo el control de los partidos políticos o de su normal funcionamiento, particularmente a la hora del financiamiento, esto es lo que trae consigo los demás aspectos que hacen a la composición de ese concepto de solidaridad que está en la base misma de la gobernabilidad.
Por eso, señora Presidenta, obedeciendo, como corresponde, a la norma de derecho establecida consuetudinariamente en la OEA de no pasarse de diez minutos, aunque también esta tiene excepciones, debo decir, y no puedo ceder a la tentación de hacerlo, que también la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 4, nos ha hablado de los medios de comunicación en la democracia y nos ha dicho que: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
Aquí hay testimonios, cada país trae los suyos, cada nación tiene los propios, cada Estado organiza el juego de las libertades conforme a las acciones y reacciones que el cuerpo social indica, pero la Carta nos ha dado el mandato de que observemos la libertad de expresión y de prensa.
Con un espíritu eminentemente constructivo y sin el ánimo de contrariar o contradecir, porque me parece que todos tenemos derecho a expresar aquello que sentimos, quisiera señalar que con la libertad de prensa sucede lo que sucede con muchos otros derechos: el último garante de este derecho es la justicia. El último garante no es el Poder Ejecutivo, no es ni siquiera el Poder Legislativo, es la justicia la que debe de alguna manera introducirse en el corazón mismo del problema para establecer si se ha violentado o se ha producido un apartamiento de las reglas del juego naturales del sistema democrático en materia de libertad de expresión.
Por eso, hago una convocatoria muy inspirada en el deseo de que esa crispación desaparezca, de que esa irritación se diluya, de que ese cuerpo social genere, por sí mismo, cuerpos y anticuerpos capaces de trabajar en conjunto. Por eso es que hago esta referencia a una norma que ya existe y que todos nos hemos comprometido a observar.
Además, señora Presidenta, permítame recurrir a un principio que, como abogado viejo, un tanto oxidado quizá aunque no del todo, siempre es bueno tomar en consideración: in dubio pro minoris, in dubio pro operario, in dubio pro mujer, in dubio pro libertad, y, en la duda, me inclinaría siempre por la libertad, aun asumiendo el riesgo del exceso de la libertad.
Muchas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Agradezco al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay su contribución a esta Asamblea.
Ofrezco a continuación la palabra a la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, señora María Eugenia Brizuela de Ávila.
La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR: Señora Presidenta, señor Secretario General y señor Secretario General Adjunto, señoras y señores Cancilleres, Embajadores y Representantes Permanentes, distinguidos invitados, amigos todos:
Sean mis palabras iniciales para manifestar nuevamente la complacencia de mi Delegación por encontrarnos en su patria, estimada colega, con motivo de una edición más de la Asamblea General, convocada en esta ocasión bajo el imperativo de discusiones sobre la gobernabilidad democrática en las Américas, al que contribuiremos desde la perspectiva salvadoreña.
Nuestra América es uno de los continentes donde la democracia, independientemente de algunas excepciones y situaciones de coyuntura, ha sabido irse edificando y consolidando durante las últimas décadas. Hoy nos toca dar un segundo paso hacia la gobernabilidad democrática.
En los últimos años se ha hablado de la crisis de los partidos políticos como consecuencia de la carencia de representatividad de los intereses de la población, de una falta de credibilidad en las instituciones públicas, de un desinterés generalizado de la población hacia lo político, lo que se refleja en los altos índices de ausentismo electoral y en un descontento de la población.
Estos factores, entre otros, constituyen un punto de reflexión para que examinemos y reencaucemos nuestros esfuerzos y compromisos hacia la generación de las condiciones y medidas necesarias que permitan no solo legitimar y prestigiar a la democracia, sino también modernizar el sistema que la sustenta desarrollando la gobernabilidad institucional y la participación política.
Esta modernización implica, en la práctica, la adopción de una serie de medidas y reformas en el aparato del Estado que conlleven a asegurar la confianza de la población en sus instituciones y en sus gobernantes.
Existe una serie de áreas donde hay que llevar a cabo, y en algunos casos fortalecer y profundizar, las reformas institucionales, como en los casos de los sistemas electorales, los sistemas judiciales, los sistemas de contraloría de las finanzas públicas, además de promover la descentralización y desconcentración de la gestión pública, entre otros.
Sin embargo, aparte de la propia modernización institucional del sistema democrático, se hace necesario reforzar los mecanismos que dan vida y que son la expresión auténtica de la vivencia y la práctica democrática. A continuación, señora Presidenta, voy a referirme a algunos de ellos.
En primer lugar está la participación de todos los sectores en el desarrollo. Se vuelve imperativo fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y la clase política, como elemento para lograr la necesaria cohesión social que requiere la gobernabilidad democrática, de acuerdo al espíritu y letra de la Carta Democrática Interamericana.
La imposibilidad del Estado y de las instituciones políticas de dar siempre respuesta a todas las necesidades del Estado hace que la demanda de una mayor participación civil en los procesos de desarrollo se dé a nivel local como nacional. Esta participación, en términos amplios, significa el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones políticas, formulación y ejecución de acciones económicas, sociales y culturales.


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