Informe del presidente del consejo permanente sobre la reunion de expertos sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrat



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¡Qué vergüenza para los venezolanos saber que en tiempos de nuestra última dictadura la televisión privada de Venezuela tenía mejores programas culturales e infantiles, en contraste con la programación mediocre y violenta de hoy!
Como ya lo dije en una pasada sesión del Consejo Permanente de la OEA, cuando las multitudes se lanzaron el 13 de abril de 2002 a las calles de Venezuela para pedir el regreso del Presidente derrocado y todas las guarniciones militares de nuestro país se activaron para rescatar la constitucionalidad, los medios venezolanos, especialmente los canales de televisión privados, transmitieron solo programación infantil para adultos, cuando lo acostumbrado es transmitir programación adulta para los niños. Gracias, en principio, a un periodista colombiano, Antonio José Caballero, la comunidad internacional se enteró de que había una revuelta popular y militar contra la dictadura empresarial, que en solo tres días disolvió todas las instituciones democráticas.
Ofrecemos a los interesados en esta Organización evidencias de la presencia de seudodemócratas venezolanos, festejando la instalación del Gobierno golpista de abril de 2002, así como copias del libro de oro con las firmas de los adherentes al crimen anticonstitucional. Encontrarán ustedes muchas sorpresas.
Los medios, cuando no sirven a la democracia, lo hacen a favor de razones y causas innobles. Ya hablé de su incesante prédica golpista en el caso venezolano, pero hoy debo denunciar aberraciones que han sido presentadas como pintorescas y risueñas y que un público no desquiciado habría rechazado con horror. Se trata del racismo.
Nuestros medios presentan formas cubiertas o descubiertas de racismo. No encontrarán ustedes en Venezuela presentadores de noticias ni anfitriones de programas de opinión de color negro o mestizo. En un país donde somos de todos los colores y mezclas, no hay niños negros en los comerciales publicitarios, solo niños rubios, con corte de totuma o flequillos y se llaman siempre, por alguna razón, Danielito, quizá evocando a Daniel el Travieso (Dennis the Menace). De esa manera se crea un patrón cultural de referencia física profundamente violento y agresivo.
No velado, no sutil, no inconsciente y mucho menos insinuado es el racismo abierto y descarado que me obliga a denunciar a varios medios venezolanos y a presentadores de televisión y periodistas, por propiciar el odio y el desprecio racial entre los venezolanos. Me pregunto si no merece un mínimo de atención por parte de los interesados en este sistema interamericano el hecho de que medios privados, al referirse a altas autoridades oficiales venezolanas de piel morena o negra, los llamen directamente, sin anestesia, “monos”, “macacos”, “chimpancés” o “monacales”.
¡Qué gran tarea para los burócratas de este continente que visiten Venezuela y comprueben estas denuncias!, a menos que crean que solo los Estados cometen racismo.
¿Habrá excusas burocráticas o leguleyas para no tomar el toro por los cuernos e identificar, con nombres y apellidos, a los medios que permitieron esto y a los periodistas que transmiten mensajes racistas? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si en la Europa de las décadas de 1920 y 1930 se hubiera tenido el coraje de enfrentar, desde el primer día, a quienes humillaban y ofendían a nuestros hermanos judíos? Quizá habríamos evitado los horrores del holocausto. ¿Es que acaso se puede permitir la supresión de la libertad de expresión en nombre de la libertad de expresión? ¿Es que podemos banalizar nuestra obligación de no favorecer las aberraciones de la mente y la conducta humana que conducen al crimen político, a la injusticia social y a la guerra?
Identificar a los racistas es muy fácil, pero, si para los burócratas interamericanos esto resulta muy difícil o cuesta arriba, ponemos a su disposición, para ser entregados en Caracas, todas las evidencias que vamos a consignar parcialmente ante los Cancilleres de América aquí reunidos y que también hemos entregado a personalidades políticas y representantes de los medios chilenos. Por cierto, alguno de estos personajes que ha lanzado mensajes racistas directos, después de la entrevista que tuvo el Secretario General con representantes de los medios de comunicación en Venezuela, en su programa nocturno le dedicó ocho minutos y medio de insultos al Secretario Gaviria. También acusó, como acusaron algunos líderes de la oposición golpista, al Presidente Carter de haber recibido un obsequio de $10 millones del Gobierno de Venezuela.
Algo pasa con este sistema interamericano. Por la sede de la OEA en Washington ha pasado, para denunciar al Gobierno de Hugo Chávez, un desfile de personajes venezolanos responsables y culpables de la violencia mediática. Sin embargo, a pesar de nuestras repetidas denuncias, públicas y privadas, al parecer a ninguno de los expertos en derechos humanos se le ha ocurrido interrogarles sobre este crimen aún impune. ¡Solo los Estados violan los derechos humanos!
¡Qué fácil parece ser atender denuncias contra individuos y autoridades presuntamente incursas en violación de los derechos humanos, y cuán difícil es atender la avalancha de denuncias sobre amenazas contra las autoridades democráticas de Venezuela! Quizá ello explique la lenta reacción inicial de nuestro sistema para atender la primera violación de la Carta Democrática Interamericana. Todavía nos asombra que pasen inadvertidos los llamados a asesinar a nuestro Presidente en las pantallas de televisión, las primeras páginas o artículos de los diarios venezolanos o, como en un caso en diciembre pasado, desde la ciudad de Miami.
Otra falta grave de los medios, ya no solamente en Venezuela sino en nuestro mundo occidental, es la prédica que, en nombre de una justa y justificada lucha contra el terrorismo internacional, pretende crear un estereotipo de nuestros hermanos musulmanes como potenciales terroristas, abriendo paso a un fundamentalismo religioso de inspiración cristiana que puede convertirse en un factor detonante de intolerancia y violencia internacional, como si los cristianos, señora Presidenta, estuviésemos exentos de culpa y pudiésemos señalar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tenemos en el ojo propio.
Quienes estamos acá somos, casi todos, representantes de la civilización occidental y cristiana, y créanme, por Dios, que los cristianos somos gente muy peligrosa.
Cristianos somos los que industrializamos la esclavitud y vendimos y compramos seres humanos en este continente. Sin ir tan lejos ni tan atrás, cristianos, los dictadores, la mayoría católicos y dos o tres protestantes, que azotaron con horror a los pueblos de este continente, a veces con el apoyo de jerarquías religiosas golpistas. Cristianos, los miembros del Ku Klux Klan y el senador Joseph McCarthy. Cristianos, los terroristas que operan en Irlanda del Norte en nombre de católicos y protestantes. Cristianos, los separatistas de la ETA. Cristianos, los croatas que exterminaron serbios y cristianos, los serbios que exterminaron musulmanes. Cristianos, los culpables del genocidio en Ruanda y Burundi. Si les parece poco, cristiano, un joven seminarista de Georgia, de nombre Joseph Diugasvili, más conocido en los círculos del crimen como Joseph Stalin. Cristiano también, Benito Mussolini, quien está cobrando nuevos adeptos en la Venezuela de hoy, y si les parece, para colocar la guinda en el tope del pastel, cristiano, Adolfo Hitler.
También, si me permiten una reflexión muy, muy personal y probablemente muy, muy polémica, cristianos, los que consagraron el genocidio sofisticado y socialmente aceptable en los países más “civilizados”: la matanza silenciosas de los indefensos, el aborto a capricho y a la medida.
Reflexionemos pues sobre el peligro de usar los medios para exacerbar los fanatismos étnicos y religiosos. A Dios gracias, cristianos también, Martin Luther King y la Madre Teresa de Calcuta. Cristianos, Gabriela Mistral y Dom Helder Cámara. Cristianos, Nelson Mandela y Raúl Silva Henríquez. Cristianos también, Billy Graham y Juan Pablo II.
¿En nombre de qué principio, norma o inspiración no podemos invitar a la polémica y a dar la cara a los responsables de los medios y a algunos periodistas intocables? Ya es hora de romper el último tabú de la democracia. Si es natural polemizar con líderes políticos, con presidentes, cardenales, gerentes, generales, líderes sociales, obreros, personalidades famosas, así como instituciones, ¿cuál razón coloca por encima de la ley y la exposición pública a los medios privados?
Díganme, por favor, ¿cuál es el poder divino que impide que no podamos mencionar siquiera a los dueños de medios y a periodistas, sin ser acusados de enemigos de la libertad de expresión, sin correr el riesgo de ser víctimas de golpes mediáticos?
¿Por qué en el norte de nuestro hemisferio el descubrimiento de mentiras transmitidas al público causa escándalos, renuncias y castigos, pero cuando esto ocurre en Venezuela algunas simpatías se vuelcan hacia los dueños de los medios cuya protección se invoca? ¿Por qué es posible en otros países abrir debates y polémicas públicas sobre las regulaciones mediáticas, mientras en Venezuela se nos reprocha el derecho a legislar, como en las democracias más avanzadas, para proteger al público, especialmente a los niños, de la prédica del odio social, la violencia, la propaganda de guerra y la pornografía?

¿Por qué en nombre de la libertad de expresión se permite la manipulación de la salud mental de televidentes y lectores? ¿Por qué se permite incitar a la guerra civil y al odio entre compatriotas? ¿En nombre de la libertad de empresa?, ¿en nombre de las leyes del mercado?, ¿en nombre de cuál razón que no atente contra nuestros valores democráticos y constitucionales? Este es un buen tema para abrir una amplia investigación que podría comenzar por Venezuela, donde nos interesa que nos vean, nos curioseen a los seguidores del Gobierno y de las modestas fuerzas de la oposición democrática, pero también a la poderosa oposición golpista, dueña de medios y recursos.


Por eso, se nos hace oportuno concluir con el mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXXVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el 24 de enero de 2003, día de San Francisco de Sales:
Los medios sirven a la libertad sirviendo a la verdad, y por el contrario, obstruyen la libertad en la medida en que se alejan de la verdad y difunden falsedades o crean un clima de reacciones emotivas incontroladas ante los hechos. Solo cuando la sociedad tiene libre acceso a una información veraz y suficiente puede dedicarse a buscar el bien común y respaldar una responsable autoridad pública.
Continúo citando a Juan Pablo II:
De hecho, con frecuencia los medios prestan un valiente servicio a la verdad; pero a veces funcionan como agentes de propaganda y desinformación al servicio de intereses estrechos o de prejuicios de naturaleza nacional, étnica, racial o religiosa, de avidez material o de falsas ideologías de tendencias diversas. Ante las presiones que empujan a la prensa a tales errores, es imprescindible una resistencia ante todo por parte de los propios hombres y mujeres de los medios, pero también de la Iglesia y otros grupos responsables.
Muchas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Agradezco al Canciller de Venezuela y ofrezco la palabra a continuación al Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, señor Norman Caldera Cardenal.
Pido, por favor, que nos atengamos a los diez minutos que cada uno de los Cancilleres o Jefes de Delegación tenemos. Gracias.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Ayer sostuvimos un fructífero diálogo sobre gobernabilidad democrática en las Américas. Hoy quisiera hablar sobre los enemigos externos de la gobernabilidad democrática.
Las amenazas a la paz y a la seguridad que se derivan del terrorismo y otros delitos transnacionales, el tráfico de armas y de personas, el lavado de dinero, el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado evidencian la necesidad de establecer un sistema de vida que proteja al individuo frente a las amenazas a su existencia.
La delincuencia transnacional con sus millonarias utilidades obtiene igual o mayor acceso que los Gobiernos a la tecnología de punta, y esto representa un peligro aún mayor para los Estados.
El esfuerzo local en el campo jurídico es insuficiente. La acción transfronteriza del delito ha hecho obsoletas nuestras leyes, las que requieren ahora de un marco operativo que permita la cooperación más allá de las fronteras entre todos los Estados Miembros de la OEA.
La integración del crimen organizado parece avanzar más rápido y más efectivamente que el ALCA o nuestros propios procesos de integración subregional, suprimiendo fronteras migratorias, controles policiales y aduanas. No podemos enfrentar ese poder –el crimen organizado–, que cada día se unifica más, con legislaciones separadas y leyes nacionales aisladas.
¡Necesitamos una avenida legal americana continua frente a un solo cuerpo criminal organizado!
Señora Presidenta, el tráfico de drogas se ha convertido en una amenaza global; combatirlo es imprescindible para la consolidación democrática de nuestras instituciones y para el desarrollo humano integral.
El 29 de mayo recién pasado, el Presidente Bolaños, al inaugurar un edificio en el Bluff, Región Autónoma del Atlántico Sur, se refirió a las noticias que pusieron en los primeros planos nacionales las actividades de la narcoactividad en el Caribe de Nicaragua y anunció acciones “para evitar que los tentáculos de los barones de la droga destruyan el futuro de nuestra juventud y corrompan nuestro sistema y nuestras instituciones”.
Esta denuncia evidencia que el crimen internacional organizado amenaza con extenderse a nuestras comunidades nacionales, llevando consigo el cáncer del narcotráfico. ¡No podemos permitir que esto se haga realidad!
Este desafío exige una acción interamericana rápida, antes de que la miseria facilite el camino a los narcotraficantes. En Nicaragua tenemos altos niveles de seguridad ciudadana, lo que nos ha costado construir y desarrollar. El narcotráfico puede poner en peligro estos logros y necesitamos la cooperación preventiva interamericana para frenar sus avances.
La privilegiada posición geográfica de Centroamérica ha despertado la codicia de los carteles de la droga como centro de paso entre las regiones productoras y consumidoras. Debemos salir al paso de las pretensiones del narcotráfico organizado.
Así, acabamos de suscribir un convenio de cooperación para combatir el tráfico ilícito por mar y aire en el Mar Caribe, el que consideramos de trascendental importancia pues nos permitirá conformar un escudo de contención en nuestro Mare Nostrum.
Hemos ratificado la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. La semana pasada, Nicaragua fue seleccionada como sede del Proyecto Centroamericano para el Control del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, y necesitamos establecer una cooperación más estrecha en ambos ámbitos.
Hemos promovido a través de la CICAD el avance en controles sobre los intermediarios comerciales de armas de fuego. Del 7 al 9 de abril próximo pasado, se llevó a cabo una reunión de expertos que ha preparado una propuesta de reglamento modelo para este tema.

Realizaremos todos los esfuerzos necesarios para combatir el terrorismo. El Presidente Enrique Bolaños comprende la dimensión de los actos del 11 de septiembre de 2001 como atentados no solo contra los Estados Unidos de América sino contra la paz y la seguridad de la humanidad y, consecuentemente, ha participado activamente en la alianza de las naciones democráticas contra este flagelo.


A nivel regional impulsamos el cumplimiento del Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas. En este contexto, hemos creado un Comité Nacional que vela por el seguimiento de las actividades derivadas del Plan, de las resoluciones de las Naciones Unidas y del Comité Interamericano contra el Terrorismo.
Ante los desafíos que impone la seguridad democrática, debemos avanzar en la profesionalización y modernización de nuestros cuerpos armados.
Señora Presidenta, en el pasado hemos favorecido el armamentismo en detrimento de los recursos para nutrir la agenda del desarrollo. Hoy vivimos una nueva realidad democrática que nos impone abordar con responsabilidad y madurez el tema de los excedentes de armamentos.
En ese sentido, Nicaragua ha lanzado una iniciativa de carácter regional para establecer un programa de limitación y control de armamentos con base en un balance razonable de fuerzas en Centroamérica, establecido como meta en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de la región.
Ahora que nuestro hemisferio se apresta a renovar su visión sobre la seguridad continental, los centroamericanos aportamos a estos esfuerzos un modelo propio e innovador que hace reposar la seguridad en el desarrollo humano y la cooperación entre los Estados, conceptos que esperamos ver reflejados en la Conferencia Especial sobre Seguridad que tendrá lugar en México durante el mes de octubre de este año.
Señora Presidenta, como ha dicho el Presidente Enrique Bolaños, la lucha a favor de la transparencia e integridad es impostergable y además inclaudicable, pues el mal de la corrupción trae muchos costos económicos y daño moral para todos, especialmente para los más pobres.
Hoy día estamos dedicados a crear en nuestro país una nueva era de renovación moral, de honestidad, transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas, para poder comenzar un nuevo camino hacia el desarrollo, para que renazca la confianza, para que venga más inversión que creará empleos y posibilitará que lleguemos todos a vivir con dignidad.
El Presidente ha formulado y presentado a la sociedad una estrategia integral de desarrollo humano con visión de nación, dentro de la cual la transparencia, base de la gobernabilidad democrática, es un elemento principal. Queremos una cultura de “cero tolerancia” frente a todos aquellos que cometan infracciones, por pequeñas que parezcan, desde el presidente o ministro que lava dinero del erario público de tal forma que aparece en sus cuentas personales, hasta los tramitadotes o intermediarios ante aduanas o el fisco, que impiden a los pobres obtener los servicios del Gobierno en forma directa. ¡Todo eso es corrupción!
Como parte de esta estrategia inauguramos la Oficina de Ética Pública, para prevenir y erradicar la corrupción poniendo fin a la discrecionalidad y desterrando el monopolio en la toma de decisiones, promoviendo la eficiencia y la transparencia en la administración pública, apoyándonos en el cultivo e implantación de valores como la probidad, la honestidad, la responsabilidad, el civismo y la ética.
El Plan Nacional de Integridad es el marco dentro del cual, a través de las entidades estatales, la ciudadanía y la sociedad en general afrontan de una manera integral el tema de la ética pública.
Hacer que la democracia funcione no es fácil. Los gobernantes debemos encabezar el respeto a la institucionalidad democrática. Las cortes y los juzgados deben ser independientes y estar comprometidos únicamente con el Estado de Derecho. Los partidos políticos deben ser capaces de modernizarse y representar efectivamente a sus seguidores formulando alternativas de programas y políticas viables con beneficios tangibles y verificables.
Un gobierno democrático demanda instituciones fuertes, separación de poderes, transparencia pública y privada, despartidización de las instituciones, protección efectiva de los derechos humanos de todos, a la vez que se retoma el camino de la estabilidad económica y el crecimiento con equidad y sin exclusiones.
Ante la pérdida de credibilidad de la política y de los partidos, emprendemos una cruzada de restitución moral, de reconstrucción ética y de recomposición axiológica, que permita posicionar a los actores políticos en el centro de una arquitectura democrática renovada que sea la expresión de una alianza estrecha entre la sociedad, el poder público y los partidos políticos, trabajando alrededor de un núcleo de intereses nacionales que trasciendan ideologías y coyunturas.
Señora Presidenta, en este contexto resulta significativo para el funcionamiento de las instituciones democráticas el desarrollo de medios de información libres e independientes. Los medios desempeñan un importante papel como foro cívico que propicia el debate de todos los puntos de vista, fomenta la participación y ejerce una labor de denuncia de los abusos del poder.
El libre flujo de ideas y de información vigoriza y enriquece la democracia. Vulnerar este derecho constituye una lesión grave a los derechos ciudadanos e impide el pleno ejercicio de la democracia.
Nicaragua considera que los derechos a la libertad de expresión, de información, de opinión y de asociación son prerrequisitos indispensables de la democracia. Creemos que una prensa libre es indispensable cuando actúa en calidad de contralor público. El papel de los medios de comunicación en la difusión de nuestras realidades y nuestros valores democráticos es esencial. Un periodismo ético, que fomente la información dirigida al combate contra la corrupción, ayuda a los gobiernos a prevenir, detectar e interrumpir las conductas delictivas, fortaleciendo la participación ciudadana en la prevención y el castigo de los delitos.
Desde esta tribuna del Hemisferio que es la OEA, rindo un sincero homenaje al periodismo americano, que en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra historia ha sabido actuar con entereza y determinación en defensa de la democracia y sus instituciones.
La nueva etapa que vive América Latina de libertad y de renovación democrática no sería posible sin esa contribución decisiva de nuestros hombres y mujeres de prensa. Estas acciones les han costado sufrimientos, exilios, censuras y, a veces, hasta la misma muerte.
El periodismo de Nicaragua es un claro ejemplo de cómo este puede ser un baluarte de la democracia. Como hemos visto recientemente, en horas difíciles para nuestro pueblo, de dictaduras de uno u otro signo, de amenazas a la sociedad como la corrupción y el narcotráfico, los medios de comunicación han sabido buscar y encontrar la verdad con tenacidad y exponerla valientemente ante el pueblo, sin importarles las consecuencias, coadyuvando así de manera decisiva en la preservación de los valores democráticos, la integridad del erario público y la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.
A ellos y a todos los periodistas que en América Latina defienden la integridad de la democracia ante los múltiples peligros que la asechan, y que a causa de ello y de su digna conducta reciben amenazas, les expresamos desde esta máxima tribuna hemisférica nuestras voces de solidaridad, admiración y profundo respeto.
Señora Presidenta, los nicaragüenses amamos profundamente la democracia porque hemos sufrido el flagelo de un pasado de dictaduras, de todos los colores y sabores. Esto ha despertado una mayor conciencia en la sociedad nicaragüense y, sobre todo, ha arraigado en la psiquis ciudadana un profundo compromiso con la democracia.
La experiencia histórica del pueblo nicaragüense nos ha demostrado que la democracia es una condición indispensable para participar plenamente en la vida política y económica del Hemisferio. Por eso soñamos con el día en que todas las naciones de América, sin exclusión ni autoexclusión alguna, nos beneficiemos de la democracia que hoy nos convoca.
Confiamos y hacemos votos para que ese día no esté tan lejano.
Muchas gracias. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Agradezco al Canciller de Nicaragua su intervención.
A continuación ofrezco la palabra a la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, señora Carolina Barco.
La JEFA DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA: Señora María Soledad Alvear, Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Presidenta de esta Asamblea General; señor César Gaviria, Secretario General de la OEA; señores Ministros de Relaciones Exteriores; señores Jefes de Delegación; señoras y señores:


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