Informe del presidente del consejo permanente sobre la reunion de expertos sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrat



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En la concepción moderna del desarrollo, la gobernabilidad se ha convertido en un factor central para lograr avances en los ámbitos económicos y sociales. Por ello, el buen funcionamiento de las instituciones democráticas se ha erigido como elemento consustancial para la eficacia de los esfuerzos destinados a promover el crecimiento y la equidad. Al mismo tiempo, un buen desempeño económico de nuestros países es un elemento que refuerza la gobernabilidad.
De ahí que el reto que enfrentamos es avanzar de manera decidida por el camino del bienestar y progreso social para nuestros ciudadanos. Un camino que abra oportunidades para todas y todos y que genere condiciones para el pleno despliegue de las potencialidades de nuestros pueblos.
La suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, el viernes último, está inspirada en estos nobles objetivos. Buscamos mejorar la calidad de vida de chilenos y chilenas y aspiramos a que el Área de Libre Comercio de las Américas sea una concreción hemisférica de estos valores.
El crecimiento económico, el acceso equitativo a los mercados, la inversión en educación, la superación de la brecha tecnológica y el analfabetismo informático son tópicos que deben estar presentes en una reflexión sobre la dimensión social y económica del reto de la gobernabilidad en este hemisferio.
A modo de conclusión, permítanme señalar que la OEA constituye un espacio privilegiado de cooperación para que los Estados del sistema interamericano construyan estrategias que les permitan avanzar hacia una mejor gobernabilidad democrática.
De esta manera estamos reafirmando, con medidas operativas, nuestro compromiso con el propósito fundamental de la puesta en práctica de los valores y objetivos que promueve la Carta Democrática Interamericana. Ella nos obliga a impulsar la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y a fortalecer la institucionalidad política y de la sociedad civil organizada.
En ese contexto, hemos propuesto aprobar la Declaración de Santiago sobre democracia y confianza ciudadana: Un nuevo compromiso con la gobernabilidad para las Américas. Su objetivo político es instalar en la OEA un punto focal de cooperación para facilitar la gestión de programas que permitan ayudar a los Estados y a las sociedades a fortalecer la gobernabilidad.
Queremos proponer la elaboración de un informe de gobernabilidad democrática, que contenga sugerencias concretas que ayuden a promover y a avanzar en los procesos de modernización del Estado y de la reforma judicial como un eje central, a impulsar la plena participación de la ciudadanía en el sistema político, a fortalecer el papel central de los partidos políticos como intermediarios de las demandas de la ciudadanía en una democracia representativa, así como a apoyar los esfuerzos que requiere la superación de la exclusión social y el crecimiento con equidad.
Dicho documento serviría de base para el establecimiento de un programa de gobernabilidad democrática que estructure las prioridades e interrelaciones de los desafíos políticos, sociales y económicos. Asimismo, un documento de esta naturaleza constituiría un aporte para la próxima Cumbre hemisférica y apoyaría a los Gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de la democracia.
En suma, estamos frente a una nueva etapa en la que debe renovarse el compromiso con el significado que impone este régimen político. Con ese propósito, una agenda de gobernabilidad democrática deberá proponer caminos de cooperación que impulsen la inclusión y la eficiencia en la gestión.
Chile los invita a que en esta Asamblea sigamos construyendo un hemisferio donde la libertad, los derechos de las personas y el desarrollo estén asociados a la justicia, a la seguridad y a la paz; un lugar donde las esperanzas de los pueblos de las Américas inspiren un trabajo conjunto que reciba un pleno reconocimiento de las personas y de las comunidades que allí habitan y que contribuya a hacer realidad la igualdad de oportunidades y la plena garantía de sus derechos.
Muchas gracias. [Aplausos.]

7. Diálogo de Jefes de Delegación: “Gobernabilidad democrática en las Américas: Libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en los procesos democráticos”


La PRESIDENTA: Continuando con los asuntos del orden del día y antes de dar inicio al Diálogo de los Jefes de Delegación, la Presidencia ofrecerá el uso de la palabra en el orden en que haya sido solicitado por las delegaciones. A tal efecto, durante el transcurso de las sesiones la Presidencia mantendrá informadas a las delegaciones sobre la secuencia de los oradores.
Para solicitar la palabra, las delegaciones deben presionar una sola vez el botón instalado en la base de cada uno de los micrófonos. Cualquier pulsación adicional del botón anulará la solicitud correspondiente, por lo cual les pedimos que tengan especial cuidado al pulsarlo.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea General, y con el propósito de asegurar el ejercicio de derecho de palabra que tienen todas las delegaciones, la Presidencia informa que las exposiciones generales relativas al tema del Diálogo no deberán exceder de diez minutos por delegación. La Presidencia agradece anticipadamente la comprensión y colaboración de las señoras y los señores Jefes de Delegación.
La Presidencia se propone en estos momentos dar inicio al Diálogo de los Jefes de Delegación sobre el tema “Gobernabilidad Democrática en las Américas”, propuesto en su oportunidad por el Gobierno de Chile. El pasado 30 de abril tuve el honor de efectuar ante el Consejo Permanente una presentación sobre este tema, entendido conceptualmente como el necesario desarrollo de los principios y valores que los Estados Miembros consagraron en la Carta Democrática Interamericana. En aquella ocasión subrayé que la democracia y la gobernabilidad constituyen dos conceptos complementarios y que su vinculación virtuosa se expresa a través del concepto de gobernabilidad democrática.
El Diálogo privado de Ministros y Jefes de Delegación fue una instancia rica para el intercambio de opiniones sobre los diferentes aspectos o elementos que conforman la dimensión esencial de la gobernabilidad democrática.
El Gobierno de Chile ha sostenido que el camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse desde tres dimensiones: la del desarrollo y modernización institucional, la de la equidad y el modelo económico y la de una integración social participativa. En nuestro Diálogo privado hemos procurado referir a la gobernabilidad no como una idea preconcebida sino en el sentido de objetivos dinámicos, que requieren de acciones individuales provenientes de los distintos ámbitos de una determinada sociedad. Por ello, dentro de este marco conceptual, entendemos la gobernabilidad como la necesaria adhesión de la ciudadanía al contrato social de cada sociedad.
Los puntos de vista y criterios de las delegaciones están siendo reflejados en el proyecto de Declaración de Santiago sobre democracia y confianza ciudadana: Un compromiso de gobernabilidad para las Américas. Este documento será considerado en el seno de un grupo de trabajo convocado para hoy a las cinco de la tarde y sometido a la aprobación del plenario en una próxima sesión.
El primer orador inscrito es el señor William Graham, Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá. Señor Canciller, tiene usted la palabra.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL CANADÁ: Thank you, Madam President. I presume the red button means that I am on.
“The peoples of the Americas have a right to democracy, and their governments have an obligation to promote and defend it.” That, Madam President and colleagues, is a sentence from the Inter-American Democratic Charter, and we believe it represents our shared commitment to the principles of democracy and our will to cooperate in ensuring that these principles are upheld.
In Canada, we believe that the Democratic Charter has the potential to become the magna carta of our hemisphere, a foundation of democratic governance in the Americas. For this to happen, we must be prepared to respond quickly to crises of democracy and to use the Charter as it was intended. Indeed, we must do more to promote and implement the Charter across our societies in order to reinforce democratic governance, which is the main theme of this regular session of the General Assembly.

Déjà, Madame la Présidente, les obligations de la Charte ont amené des États membres à agir. Ainsi, le Nicaragua se référait à la Charte en septembre dernier pour soutenir sa campagne nationale contre la corruption. Cela marque un progrès important dans la volonté des États membres d’utiliser les nouveaux outils qu’ils ont créés pour promouvoir la démocratie sur leur propre territoire, ainsi que dans l’hémisphère.


Il nous reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour réaliser la promesse de la Charte. Comme vous le savez, le Premier Ministre du Canada a proposé la tenue cette année d’un Sommet extraordinaire des Amériques pour examiner les défis que l’hémisphère doit maintenant relever. Le Président Fox a gracieusement offert d’accueillir ce sommet en novembre prochain. Nous savons qu’il est urgent de produire des résultats dans le domaine de la gouvernance démocratique. Il faut donner à nos citoyens des raisons de croire en la capacité de la démocratie et à résoudre les problèmes sociaux et économiques d’aujourd’hui. Comme le Sommet sera la première rencontre des chefs d’État et de gouvernement depuis l’adoption de la Charte, le 11 septembre 2001, ceux-ci auront l’occasion de réaffirmer leurs engagements à l’égard de la Charte elle-même et de dire encore une fois aux populations de l’Amérique latine que la démocratie est le meilleur espoir pour l’avènement de sociétés stables et prospères.
That is why, Madam President, we support your call for the development of an agenda for democratic governance in the Americas that leaders could endorse at the Special Summit. In our view, such an agenda should focus on ways to strengthen institutions essential to democratic governance, such as:


  • independent and effective judicial and economic institutions;




  • a professional public service;




  • credible electoral systems;




  • legislators who have the capacity to debate and improve legislation;




  • a free and responsible media;




  • constructive consultations with civil society;




  • professional police and military services that respect the primacy of civilian authority; and




  • a strong commitment to human rights that lays the foundation for these initiatives to succeed.

We also need to tackle such highly complex and controversial issues as political party campaign financing.


I also urge that we work together in implementing the Monterrey Consensus in our hemisphere in order to encourage the wider trade and investment flows that service the main engine for development. This will be essential in addressing poverty and social exclusion in our hemisphere. We must use the Special Summit, along with the Organization of American States and development banks, to gather new ideas on these topics.
To date, Canada has committed a great deal of our taxpayers’ money to activities supporting the Quebec City Plan of Action. In light of our belief that efforts cannot succeed without the participation of civil society and indigenous peoples, our commitments include funds for the Indigenous Peoples Partnership Program (IPPP), which matches development expertise of aboriginal Canadians with the development requirements of indigenous peoples throughout the Americas.
One central and difficult point must be emphasized at this juncture. As we know, globalization is benefiting our peoples in dramatically different and unequal ways. All of this is producing considerable strain in all of our countries, including my own. The Summit process and, we believe, the Plan of Action set out in Quebec City, have given us some valuable tools to address these realities, but we must continue pressing for concrete policy options to address adverse effects of recent economic and political changes.
I should also emphasize that our collective efforts at reform must include not just a top-down institutional and political approach, but equally important, a bottom-up approach, working with those whom we seek to assist and with civil society organizations. Consultation and dialogue, as we learned yesterday in the effective organization that you set out, Madam President, as well as a strong commitment to human rights, are indispensable for the success of our effort. Democratic reform, like democracy itself, must be founded on the informed participation of all elements in our societies if it is to be legitimate and, in the end, effective.
Madam President, I cannot close my remarks on democratic governance without a reference to an issue that I raised yesterday in our private dialogue: Cuba, a country of our hemisphere where recent events have raised serious concerns that people are suffering unacceptable penalties merely for speaking out about the basic freedoms that we are discussing here as essential elements of our experience in the Americas.
I do know that many of my colleagues—and I have had a chance to discuss it with them since I’ve come here—do not believe that this OAS of ours is the appropriate forum to discuss the issue of Cuba, but if I may pick up on the words of the Representative of the United States at the civil society dialogue yesterday, we do need to find constructive, positive ways to move forward on this issue. That point was echoed by other participants in the civil society dialogue and many other colleagues around the table. In fact, colleagues, we did open the door to discussion last month.
Surely now, whatever our different perspectives on the appropriate solution to this longstanding issue are, we owe it to ourselves in this, the only multilateral forum representing the diversity of views of all of the Americas, to open the door to seek a constructive way and a process to deal with this issue that will bring the benefits of our work on democracy to the Cuban people and will make the Americas a stronger place.
Thank you very much, Madam President.
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Canciller del Canadá.
Me ha solicitado la palabra el señor Rafael Bielsa, Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Tiene usted la palabra.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA ARGENTINA: Gracias, señora Presidenta.

Celebramos la iniciativa del Gobierno de Chile, nuestro anfitrión, de proponer como tema de diálogo la gobernabilidad democrática en las Américas.


La trascendencia de esta cuestión, en el momento tan particular por el que atraviesan nuestros países, exige una reflexión profunda y un análisis conjunto acerca del compromiso de nuestros Estados con el sistema democrático y representativo.
El Gobierno del Presidente Kirchner expresa, en esta oportunidad de encuentro interamericano, la adhesión de la nación argentina a los principios de libertad, justicia, paz y bienestar que compartimos con los demás Estados Miembros de nuestra Comunidad de Democracias.
Constituye un desafío de nuestra acción de Gobierno reconstruir la confianza y la esperanza de la ciudadanía en las autoridades, en la política y en las instituciones.
Para ello, nuestro Gobierno se propone fortalecer la credibilidad en la gestión pública, asegurar el desarrollo mediante recursos genuinos y promover la justicia y la inclusión social como objetivos primordiales de su agenda.
El Gobierno del Presidente Kirchner pretende que la Argentina esté donde sus compromisos y sus palabras prometieron que iba a estar.
Si bien la década de 1980 fue calificada por casi todos los analistas económicos como “la década perdida”, al mismo tiempo fue el decenio de la restauración democrática y del final de repetidas rupturas institucionales provocadas por golpes militares.
La década de 1990 se caracterizó en la región por la apertura económica, la privatización de empresas públicas, la desregulación y el redimensionamiento del aparato estatal. También se caracterizó por la profundización de los procesos de integración regional, los que generaron un incremento del comercio, y por la proliferación de acuerdos de libre comercio bilaterales.
Las reformas en la región, junto con algunos de los aspectos negativos que conlleva la globalización, produjeron tanto modernización como un alto nivel de concentración de la riqueza y el aumento de prácticas monopólicas y oligopólicas.
Sectores de las economías nacionales colapsaron, elevándose a niveles preocupantes los índices de desocupación, de subempleo y de exclusión social. Amplias capas de la población quedaron excluidas de los beneficios de la educación, de la salud pública, de la actividad económica y del derecho a trabajar. Esto, junto a una grave subversión del derecho que se tradujo en abusos de carácter administrativo, político y jurídico, distorsionándose las normas y sus fines, se veía además acompañado de una corrupción extendida. Todo ello produjo el doble efecto de la pérdida de legitimidad de la representación de los partidos políticos y la crisis de gobernabilidad. Bastaría con recordar las diversas crisis institucionales que esta misma Organización debió considerar a lo largo de la última década.
Sin embargo, al propio tiempo que las crisis mostraron las debilidades de nuestras democracias, también pusieron en evidencia la fortaleza de las convicciones que existen en nuestras sociedades. Es mucho, mucho, lo que las democracias en nuestra región han logrado desde su restauración: la preservación de la paz, la solución pacífica de numerosos diferendos fronterizos, la construcción de medidas de confianza dirigidas a superar la carrera armamentista, la generalización del principio de no proliferación nuclear en América Latina, la puesta en marcha de procesos de integración regional.
El comienzo del nuevo siglo nos presenta un escenario internacional complejo. Está caracterizado, en algunos de sus aspectos, por las crecientes dificultades de acceso a los mercados de los países desarrollados, la poca vitalidad de las rondas de negociaciones globales, el peso agobiante de la deuda en los países latinoamericanos y los legítimos reclamos sociales en un contexto de bajos niveles de financiamiento internacional, poniendo en cuestión la gobernabilidad de las democracias latinoamericanas.
A ello, señora Presidenta, deben añadirse las numerosas violaciones a las leyes de ética pública; la obsolescencia, la vejez, de los sistemas políticos y electorales; la impunidad, a la que no logran poner fin los sistemas judiciales; el terrorismo; el narcotráfico, y el crimen organizado.
La Carta Democrática Interamericana afirma la clara interdependencia entre democracia y desarrollo económico y social. Esta estrecha interrelación es vital para nuestra región. Una democracia consolidada y estable es la verdadera vía para acceder al desarrollo económico y social. No hay democracia sostenible con exclusión social.
Para el Gobierno del Presidente Kirchner la gobernabilidad democrática está íntimamente asociada con el crecimiento económico con equidad y justicia social. Nuestro Gobierno considera que es necesario aprender de las crisis. Sabemos de esto. La Argentina padeció recientemente una de las más importantes, una de las más graves de su historia, a punto tal que puso a prueba a las instituciones de la República, la credibilidad en el sistema y la gobernabilidad en su sentido más amplio.
Sin embargo, la enseñanza de esos episodios es clara: los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con menos; con más libertades, no con menos; con más justicia y no con impunidad.
La serenidad y madurez de nuestros pueblos son un ejemplo. La amplitud de las crisis muchas veces ha podido ser superada gracias a su profunda vocación democrática.
Otra vez, hay que aprender de las crisis, y la década de 1990 debe ser reexaminada. Por ejemplo:


  • Se requiere un Estado eficiente y activo en su capacidad regulatoria.




  • La disciplina fiscal y monetaria son pilares de una administración responsable y previsible.




  • La política tributaria debe contribuir a una equitativa distribución de la renta.




  • Corresponde articular distintos instrumentos, que en un marco de apertura económica permitan atenuar la competencia desleal, estimular la producción y las exportaciones, regular el flujo de capital financiero especulativo y evitar los fraudes en los mercados de capitales.




  • Deberán incrementarse la transparencia y la participación ciudadana, a fin de dar solidez y un continuo consenso a la gobernabilidad.



Así como el principio de solidaridad y cooperación entre las democracias de nuestro hemisferio debe ser el lema más importante de nuestra política exterior, propongo, señora Presidenta, que se considere la posibilidad de que durante el año entrante, en Argentina, el país más afectado por la fuga de capitales, se realice una conferencia ministerial de Cancilleres y Ministros de Economía para examinar alternativas viables que permitan controlar mejor, a nivel hemisférico, los flujos de capital con fines especulativos y sus prácticas fraudulentas.
El Gobierno del Presidente Kirchner mantendrá el tradicional apoyo argentino a la vigencia de la democracia, el respeto por los derechos humanos y la vigencia irrestricta de la libertad de expresión. Asimismo, con seriedad, con moderación y con constancia, afirmará en los hechos su profunda convicción integradora de americanista.
Finalmente, el Gobierno del Presidente Kirchner, muchos de cuyos miembros pertenecemos a una generación perseguida y diezmada por Gobiernos autoritarios, es la expresión de toda una sociedad argentina que, aunque cansada de desengaños, se manifiesta hoy con esperanza; una sociedad que mira más a las promesas del futuro que a los tantos dolores del pasado; una sociedad que solo entiende a la política como un instrumento de transformación de la realidad en favor del bien común.
El Gobierno argentino compromete todos sus esfuerzos en la vigencia de la democracia y en la búsqueda de la justicia social. Este es un compromiso que nos honra reiterar aquí, junto a la familia americana.
Muchas gracias, señora Presidenta. [Aplausos.]
La PRESIDENTA: Muchas gracias al señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina.
Siguiendo con la lista de oradores inscritos, me es grato ofrecer la palabra al señor Secretario de Estado Colin Powell, Jefe de la Delegación de los Estados Unidos de América.
El JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much.
Madam President, distinguished colleagues:
Twelve years ago, at the last regular session of the General Assembly to be held in Santiago, our heads of delegation approved the Santiago Commitment to Democracy and the Renewal of the Inter-American System. The meeting set an ambitious agenda to promote and defend representative democracy and human rights.
We, as a hemisphere, have made much progress since 1991. The Americas have truly emerged from the shadow of authoritarian rule. As President Bush has stated, “this hemisphere is on the path of reform, and our nations travel it together. We share a vision—a partnership of strong, equal, and prosperous countries, living and trading in freedom.”
The Inter-American Democratic Charter we adopted nearly two years ago in Lima is the purest expression of our common conviction that democracy is the only legitimate form of government and that our people deserve nothing less. Experience has shown time and again that freedom works and that political and economic freedoms work together. They work in concert.


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