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Otras fuentes relevantes





  1. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA FAO SOBRE USO Y DISTRIBUCION DE PLAGUICIDAS. Establece regulaciones voluntarias sobre el uso y distribución de plaguicidas, incluido el Procedimiento del Consentimiento Informado Previo para aquellos prohibidos o severamente limitados




  1. DIRECTRICES DE LONDRES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ACERCA DE PRODUCTOS QUÍMICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU FORMA ENMENDADA.

Las mismas tiene como finalidad que los Estados incrementen la seguridad con relación a los productos químicos objeto de comercio internacional y se establece que cada Estado debe notificar al Registro Internacional de Productos Químicos o Potencialmente Tóxicos, acerca de los productos prohibidos o rigurosamente restringidos. Asimismo, existe un Código Deontológico para el Comercio Internacional de Productos Químicos del PNUMA




  1. CONVENCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PREVIO APLICABLE A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL ( PIC) O CONVENIO DE ROTTERDAM.

Recientemente abierto para la firma, establece, esta vez en forma vinculante, un procedimiento de consentimiento informado previo para productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos y para formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas. Una lista de ellos se encuentra en el Anexo III.


4. Negociaciones para un CONVENIO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES ( POPs por sus siglas en inglés). Se encuentra apenas en fase de negociación de un texto jurídico.

Algunas consideraciones sobre las regulaciones relativas al uso inadecuado y el control de la contaminación.
Costa Rica posee un complejo sistema de instituciones encargadas de vigilar la aplicación de la ley ambiental; sistema cuyo funcionamiento ha venido aumentando a raíz de una mayor capacitación (a través de programas de cooperación) y de una mayor coordinación entre las diferentes instancias encargadas.
A la fecha este sistema se ha caracterizado por:


  1. La dispersión y traslape de competencias entre varias entidades encargadas de la aplicación y el cumplimiento de la Ley ambiental, sin que se haya podido establecer a la fecha, un verdadero sistema o agencia para el control de la misma. El Plan Nacional de Ambiental de la Administración pasada, contemplaba como una de sus acciones en el campo legal-institucional la unificación de las competencias ambientales y la eventual creación de una Agencia de Protección Ambiental. Fundamentalmente se previó la consolidación de las competencias ambientales del Ministerio de Salud (Dirección de Protección del Ambiente Humano), el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura (tratándose de agroquímicos, equipos de aplicación y otras sustancias biológicas para uso agrícola) y otros órganos como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en lo referente a las emisiones de fuentes móviles, es decir de la flota vehicular). Tal iniciativa no ha sido llevada a la práctica, razón por la cual el sistema continúa caracterizándose por los inconvenientes apuntados.




  1. Las dificultades para un ágil funcionamiento del sistema. Lo anterior tiene explicaciones profundas que trascienden a este estudio, pero que pueden ser mencionadas, tales como: la falta de una programa o plan de aplicación y cumplimiento de la Ley en las diferentes entidades, la ausencia de equipo e infraestructura (equipo de medición, vehículos, etc.), poco recurso humano capacitado, utilización de mecanismos denominados de comando y control que permiten poca flexibilidad, competencias poco claras sobre un mismo recurso natural o actividad, etc. Ello ha conducido a que el aparato administrativo de aplicación y cumplimiento haya resultado poco eficiente y eficaz y en muchos casos haya sido incapaz de solucionar los problemas de incumplimiento de la ley o haya actuado de forma tardía en una materia en la cual la rapidez es esencial y la reparación del daño es difícil, sino imposible y costosa.




  1. La legitimación amplia que la Constitución Política ha otorgado para la denuncia ambiental (cualquiera), interpretándose que en esta materia, la misma está constituida por la condición de ser humano, sin requerir títulos ni derechos de propiedad e inclusive ni siquiera la capacidad procesal de actuar han traído consigo un aumento de las denuncias y litigios.

Ello, aunado al surgimiento y proliferación de organizaciones no gubernamentales, de grupos organizados de denuncia y en general de una mayor conciencia en la población sobre las causas y consecuencias del deterioro de nuestros recursos, ha implicado mayores presiones y exigencias sobre el aparato administrativo y judicial ante los problemas ambientales. Incluso recientemente se ha constatado la práctica de denunciar un problema ambiental ante todas las entidades que poseen alguna competencia sobre el tema (Tribunal Ambiental Administrativo, Áreas de Conservación, Ministerio de Salud, Secretaría Técnica Nacional o SETENA, Municipalidades, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Procuraduría del Ambiente y de la Zona Marítimo Terrestre, etc.).


De esta forma se somete la misma queja ante todas las instancias en forma simultánea, lo cual ha comenzado a presentar inconvenientes por la posibilidad de resoluciones contradictorias, falta de seguridad jurídica, costos de atender cada uno de los procedimientos, etc. En pocos casos se ha logrado plasmar en las normas, la relación entre las diversas instancias (por ejemplo, la Defensoría y los casos que se encuentran bajo el conocimiento de una autoridad jurisdiccional).
Tampoco debe considerarse que la existencia de diversas instituciones con competencia sobre recursos naturales constituye necesariamente un inconveniente, pues cada una de ellas puede manejar y resolver distintas modalidades de aprovechamiento o ejercer diferentes formas de control y sancionar con medidas, distintas pero compatibles (una multa o indemnización por una parte, la cancelación de permisos por otra, etc.). Por el contrario, los inconvenientes estriban en la ausencia de un verdadero sistema coordinado de vigilancia.
Adicionalmente, podemos realizar las siguientes observaciones puntuales:


  1. El marco sancionatorio en general resulta inapropiado. Las medidas especiales tales como el cierre contenidas en la Ley de Salud y la Ley de Protección Fitosanitaria, son poco utilizadas y solo puede recurrirse a ellas después de un proceso que ha demostrado lentitud y un sinnúmero de dificultades prácticas. Las normas penales, apenas si existen o son tan marcadamente abiertas en la tipificación de las conductas que probablemente resulten inconstitucionales, como en el caso de las normas penales de los artículos 70 y 71 de la Ley de Protección Fitosanitaria. La aplicación de las disposiciones sobre responsabilidad civil por daños ( ej, Art. 3 del reglamento de registro, etc.) rara vez han sido invocadas. Los pocos casos de sanciones se refieren más bien a la afectación grave de otros bienes jurídicos, como la salud de las personas por vertimentos voluntarios de sustancias.

  2. La ausencia de normas técnicas que permitan considerar a una acción humana como contraria a las leyes. Por ejemplo, tratándose contaminación del suelo por agrotóxicos, la Ley de Conservación de Suelos establece la obligación de emitir las correspondientes regulaciones fijando límites y máximos, lo cual aún no sucede. Igualmente la Ley de Salud o la del Ambiente, tan solo contienen referencias generales a la obligación de no contaminar el suelo sin parámetros específicos.




  1. Imprecisiones en las leyes y regulaciones. Por ejemplo, es incierto que el reglamento de vertido se aplique a las aguas de escorrentías agrícolas que puedan contener químicos, debido a la definición misma de aguas residuales, entre otros motivos.

  2. Dificultades para ejercer controles por la vía de los mecanismos preventivos, mediante los permisos de Salud y el MAG debido a los recursos técnicos y humanos disponibles; la desregulación de actividades que convierten en innecesaria la intervención de los mismos, etc.

  3. Abundante legislación ambiental, pero a la vez se presentan vacíos., lagunas, contradicciones, duplicidades institucionales, escasa difusión de la misma, etc.

  4. Énfasis legislativo en mecanismos de comando y control con sus deficiencias, en detrimento de otras formas de tales como mecanismos iniciativas de autorregulación, certificaciones ambientales, educación y concientización del consumidor y usuario, etc.

Sensibilización pública sobre el impacto de los plaguicidas en el ambiente leyes y reglamentaciones.
Estudios sobre la presencia de plaguicidas en aguas dulces y zona costera

Aguas dulces
A la fecha se han llevado pocos estudios de plaguicidas en aguas dulces superficiales que drenan al Caribe. El primero de ellos lo realizó von Düszeln (1988), en riachuelos de zonas bananeras y en el Lago Arenal y tributarios; muestreando en forma puntual para análisis en agua, sedimentos y biota. En este trabajo se detectaron organoclorados, organofosfatos y Paraquat, el Paraquat en concentraciones de 5.6 µg /L en aguas superficiales y 4.1 mg/kg de peso seco en sedimentos. También se detectó clorotalonil en concentraciones hasta de 11 µg /L en agua superficial.
En un estudio binacional de contaminación por plaguicidas en la cuenca del Río San Juan (Astorga 1997), se detectó en muestras de agua de quebradas afluentes del Río Sarapiquí (en la parte media de la cuenca donde se concentra la actividad agrícola) 0.02 y 0.1 µg /L de clorotalonil y 0.08 µg /L de cadusafós; así como en sedimentos 13 µg /kg de peso seco de clorpirifós en un punto de muestreo del Río San Carlos (antes de la desembocadura del Sarapiquí) y 11 µg /kg p.s. en el Río Sarapiquí.
Los tres plaguicidas detectados son utilizados en la agricultura de la zona. El clorotalonil es un fungicida aplicado en forma aérea alcanzando aguas superficiales, de persistencia media en el suelo, ligeramente móvil y muestra toxicidad extrema en peces. El clorpirifós es el insecticida que impregna las bolsas plásticas que cubren la fruta, alcanzando los cuerpos de agua por arrastre de sedimentos; es de persistencia alta e inmóvil en el suelo y también muestra toxicidad extrema en peces (Astorga 1997).
En un estudio recién publicado analizando plaguicidas en la cuenca del Río Suerte entre 1993 y 1997 (Castillo et al. 2000), aguas arriba del Área de Conservación Tortuguero, se encontró en muestras de aguas superficiales los fungicidas tiabendazol, propiconazol y imazalil; los nematicidas terbufos y cadusafos y el insecticida clorpirifós. Además, en el 43% de las muestras analizadas dentro del área de conservación, se encontró propiconazol en concentraciones de 0.05 a 1.0 µg /L; y en el 25% de las muestras los nematicidas cadusafos, carbofuran o etoprofos de 0.06 a 6.2 µg /L. Las concentraciones a las que están presentes estas sustancias significan un riesgo de toxicidad aguda y crónica para los organismos acuáticos de los humedales protegidos.

Aguas costeras
A pesar de que el uso de plaguicidas en la región Atlántica es intenso y extenso, existen muy pocos estudios de la distribución e impacto de estos compuestos en las zonas costeras. De 1970 a 1998 sólo 3 trabajos publicados incluyeron muestras de origen marino en el Caribe costarricense. Readman et al. (1992) reportaron dos organofosforados en sedimentos recolectados a menos de 2 m de profundidad en las bocas de los ríos Suerte, Parismina, Pacuare y Banano, en concentraciones de 1.2 a 34.2 µg/kg de peso seco de clorpirifos y de 0.2 a 1.2 µg/kg de peso seco de paratión.
También se encontró clorpirifos en una muestra de pepino de mar del arrecife coralino del Parque Nacional Cahuita en concentraciones de 8 µg/kg de peso seco (Abarca y Ruepert 1992). De la Cruz et al. (1998), reportó la presencia de plaguicidas en el 49 % de las muestras de agua recolectadas de 1995 a 1997 en el sistema de canales Suerte-Tortuguero y en el 14% de las muestras colectadas en la boca del Tortuguero. Las concentraciones máximas de las sustancias encontradas en los canales fueron propiconazol 1.5 µg/L, diazinón 0.31 µg/L, carbofurán 6.2 µg/L, etoprofos 0.28 µg/L, fenamifos 0.13 µg/L y cadusafos 0.07 µg/L. El nematicida cadusafos fue el único plaguicida encontrado en muestras de agua de mar. Otros plaguicidas encontrados en aguas superficiales de la zona son: ametrina, clorotalonil, clorpirifos, benomil, terbufos, imazalil, tiabendazole y oxamil (Castillo et al. 1994).
Los resultados anteriores provienen de estudios con muestreos poco frecuentes, no incluyen todas las sustancias (ni sus metabolitos) utilizadas en los cultivos de la zona. Los plaguicidas aplicados a los cultivos de la región pueden llegar al mar a través de los sistemas fluviales y de la deriva atmosférica. Por las características de las corrientes marinas de dirección sur-sureste y, por la cantidad de hectáreas de banano y otros cultivos en la región Caribe, es probable que concentraciones importantes de plaguicidas sean acarreadas a lo largo de la costa y/o depositadas en las zonas de alta sedimentación. Otros organoclorados como bifeniles policlorinados, DDTs y drines se han encontrado en bivalvos provenientes de las costas y aguas superficiales del Caribe (Iwata et al. 1993, Farrington y Tripp 1994).

Uso ilegal de plaguicidas.
Costa Rica se caracteriza por ser un país de vocación agrícola, donde la disponibilidad de productos y su precio hace que la actividad de mercado negro no sea lucrativa. En el Cuadro 3 y en el Anexo 2, se evidencia la existencia de 199 establecimientos distribuidos por toda la zona del Caribe.

Plaguicidas obsoletos o vencidos.
No se tiene información oficial sobre almacenamiento de plaguicidas obsoletos o vencidos. Se tiene información no oficial de cierta cantidad almacenada en bodegas de bancos, producto de cobros judiciales en los cuales los agroquímicos sirvieron de garantía y que con el paso del tiempo alcanzaron su fecha de vencimiento.

H. Elementos recomendables de un programa de acción nacional para mejorar el manejo de plaguicidas y reducir su drenaje y su mal uso


De la información revisada para la elaboración de este trabajo se puntualiza a continuación, los aspectos más relevantes que pueden ayudar a contextualizar un plan de acción nacional para la reducción el de plaguicidas al mar.




  1. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación cuenta en las tierras bajas y costeras del Caribe con zonas de protección de humedales, playas de anidación de tortugas, arrecifes coralinos y lechos de pastos marinos cubriendo un área mayor a 100.000 ha.

  2. Dada la existencia de corrientes marinas rápidas y cercanas a la costa en dirección sureste, las sustancias contaminantes podrían moverse hacia las áreas protegidas nacionales y de los países vecinos. En tal caso, los humedales de Barra del Colorado, están bajo la influencia directa del manejo que se haga de la cuenca binacional del Río San Juan. Esta es el área de drenaje más grande de Centroamérica, del cual 70% (29.012 km2) viene de los lagos de Managua y Nicaragua y el 30% (11.125 km2) restante del Río San Juan. Asimismo, un manejo inapropiado en la cuenca del Río Sixaola, potencialmente podría afectar el Parque Nacional Marino de Bocas del Toro en Panamá.

  3. La importación de componente activo de plaguicida alcanza las 8.000 T.M. al año, el 28% de estos productos son considerados de toxicidad moderada a extremadamente peligrosa para el ser humano; casi la mitad de la importación son fungicidas y una cuarta parte herbicidas. La actividad agrícola es altamente dependiente de los plaguicidas, son la principal herramienta para el control de plagas y enfermedades.

  4. Entre 1989 y 1996, la población agrícola se mantuvo estable pero la cantidad de plaguicida formulado se duplicó por trabajador. La existencia de establecimientos comerciales para la venta de plaguicidas es amplia en la región Caribe.

  5. El registro de derrames accidentales de plaguicida está subestimado, por cuanto no se informa de derrames pequeños y medianos ocurridos, sólo de aquellos que activan el sistema de emergencia nacional.

  6. La implementación de medidas de seguridad personal, mantenimiento y lavado de equipo y manejo de desechos, se puede considerar aun de alcance medio. Lo idóneo, dada la peligrosidad de los productos usados, sería contar con una cobertura casi total.

  7. En la región Caribe se están desarrollando cultivos con mejores prácticas de manejo, como alternativas de agroquímicos, control biólogico de plagas y cultivos bajo el bosque. Se han desarrollado por iniciativa privada y aún representan un porcentaje bajo del total de área sembrada.

  8. Según estimaciones, en el Caribe podría estar aplicando alrededor de un 40% del total de ingrediente activo de plaguicida importado por Costa Rica. Sólo existen datos sobre la presencia de plaguicidas en aguas dulces superficiales en la cuenca de los ríos San Juan y Tortuguero. A pesar del uso intenso y extenso en la región, existen muy pocos estudios sobre la distribución e impacto de estos compuestos en las zonas costeras.


Plan de Acción Nacional para la Reducción del Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe
A continuación se presentan los elementos recomendados para el Plan Nacional para la Reducción del Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe. Estos elementos son el resultado del proceso de consulta e inviestigación desarrollado por el proyecto en conjunto con la Comisión Nacional de Plaguicidas. Se ha hecho un esfuerzo por incorporar las visiones y recomendaciones de los sectores que participaron en el Taller Nacional.
Se presentan los elementos recomendados en educación y entrenamiento, fortalecimiento institucional, incentivos, monitoreo, alternativas y transferencia de alternativas y proyectos piloto. Para cada uno de estos elementos del plan se incluye el objetivo, la meta, las acciones más relevantes, los indicadores de éxito y los actores involucrados.

Educación y Entrenamiento
Objetivo
Fortalecer los programas de capacitación y concientización de los productores nacionales en el manejo integrado de cultivos, manejo racional y seguro de plaguicidas, así como en las prácticas alternativas al uso de los plaguicidas sintéticos.
Meta
Educar al sector productivo nacional y al público sobre el uso y manejo responsable de plaguicidas y coordinar los esfuerzos de las instituciones involucradas en el campo de plaguicidas, en la capacitación y la educación.
Acciones

    1. Ampliar y fortalecer el programa de capacitación MAG-Cámara de Insumos Agropecuarios, en particular en lo concerniente a mejores prácticas de manejo de plagas.

    2. Identificación de las audiencias de los programas y su contexto sociocultural y económico.

    3. Promover la asistencia técnica a pequeños y medianos productores sobre aspectos económicos, agronómicos y ecológicos del uso de plaguicidas, incluyendo un programa de capacitación para el otorgamiento de licencias de aplicación de plaguicidas.

    4. Promover los programas de capacitación en agricultura orgánica.

    5. Integrar los programas de formación académica de las universidades, colegios y escuelas orientados a generar conciencia y un uso responsable de los plaguicidas y una producción agrícola limpia.

    6. Promover programas de divulgación pública y enforzamiento de la legislación nacional sobre plaguicidas.

    7. Coordinar los esfuerzos de capacitación y educación que realizan entidades públicas, privadas y las organizaciones no gubernamentales, en el tema de plaguicidas.


Indicadores


  1. Identificación de los programas institucionales, privados y de organizaciones no gubernamentales en el tema de plaguicidas, incluyendo cobertura de los programas, audiencia, materiales educativos y costos.

  2. Establecimiento de un programa integrado nacional de capacitación y educación en el tema de plaguicidas.

  3. Identificación de audiencias y definición de métodos de evaluación sobre el cambio de conductas y actitudes en el uso de plaguicidas.

  4. Evaluación periódica del número de personas capacitadas, temas, y sectores involucrados, incluyendo los grupos o personas capacitadas en licencias de aplicación de plaguicidas.


Actores


        1. Ministerio de Ambiente y Energía.

        2. Ministerio de Salud Pública.

        3. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

        4. Universidades.

        5. Colegios Técnicos Agropecuarios y escuelas.

        6. Industria.

        7. Instituciones autónomas.

        8. Organizaciones no gubernamentales.



Fortalecimiento Institucional
Objetivo
Integrar, articular y fortalecer los sectores institucionales públicos y privados para favorecer el trabajo coordinado orientado hacia la reducción de la escorrentía de plaguicidas al Mar Caribe.
Meta
Implementar un sistema nacional de coordinación para el manejo y control de plaguicidas que integre los sectores institucional público, privado y la sociedad civil, que trabaje eficazmente en la reducción de la escorrentía de plaguicidas al mar.
Acciones



    1. Revisar los programas existentes relativos a los registros de datos de plaguicidas.

    2. Definir las estrategias de coordinación para la integración de una red que vincule procesos para de información, registro y control de plaguicidas tendientes a centralizar estas actividades, incluyendo el licenciamiento.

    3. Revisar y fortalecer el marco sancionatorio vigente en la normativa del país.

    4. Revisar y fortalecer los programas de asitencia técnica al agricultor, en particular sobre el uso adecuado de los plaguicidas con énfasis sobre las consecuencias económicas, ambientales y en la salud humana.

    5. Ampliar y fortalecer el proyecto de registro de intoxicaciones del Ministerio de Salud.

    6. Formar un Centro Nacional de Intoxicación de Fauna Silvestre y Doméstica.

    7. Iniciar un proceso de planificación y organización tendiente a la creación e implementación de una Agencia de Protección Ambiental con unificación de competencias y un programa de monitoreo regional.



Indicadores


        1. Cumplimiento de las acciones propuestas para el trabajo de las instituciones.

        2. Creación del sistema nacional para el manejo y control de plaguicidas con la correspondiente definición de responsabilidades y plan de trabajo.

        3. Proyectos de cooperación interinstitucional e intersectorial para la reducción del escurrimiento de plaguicidas al mar.


Actores


  1. Ministerio de Ambiente y Energía.

  2. Ministerio de Salud.

  3. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

  4. Ministerio de Economía Industria y Comercio

  5. Autoridades Portuarias, Aduanales e instituciones autónomas.

  6. Municipalidades.

  7. Industria;

  8. Cooperativas.

  9. Organizaciones comunales y no gubernamentales.

  10. Organismos internacionales cooperantes.


Establecimiento de incentivos
Objetivo
Estimular al sector privado para que desarrolle la actividad productiva basado en un compromiso con la protección de la salud pública y del ambiente.
Meta
Alcanzar la producción agrícola de manera sostenible.
Acciones


    1. Diseñar e implementar un sistema de incentivos que promueva prácticas de manejo de plagas con baja intensidad de plaguicidas.

    2. Apoyar el establecimiento de programas de certificación ambiental.

    3. Crear un programa de reconocimientos o premios a las iniciativas de mejoramiento ambiental de las empresas que contribuyan significativamente a la reducción del escurrimiento de plaguicidas al mar caribe.

    4. Promover la participación de la sociedad civil en la estructuración y ejecución del plan de acción nacional.



Indicadores


        1. Establecimiento del sistema de incentivos.

        2. Establecimiento de reconocimientos públicos por reducción efectiva de escurrimiento de plaguicidas y mejoramientos ambientales de los procesos productivos.


Actores


  1. Ministerio de Ambiente y Energía.

  2. Ministerio de Salud.

  3. Ministerio de Economía Industria y Comercio.

  4. Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.

  5. Entidades nacionales e internacionales de acreditación.


Monitoreo y Banco de Información

Objetivo
Crear un programa de investigación y monitoreo sobre los problemas e impactos ambientales de la escorrentía de plaguicidas, que permita verificar la eficacia de las acciones orientadas a reducir estos problemas y sugiera las modificaciones o ajustes necesarios.
Meta
Establecer programas de análisis del riesgo y de mitigación y compensación de impactos generados por el uso de plaguicidas.


Acciones



    1. Identificar los laboratorios nacionales que trabajen bajo el concepto de Buenas Prácticas de Laboratorio (Good Laboratory Practices), que se encuentren debidamente acreditados para realizar análisis de residuos de plaguicidas.

    2. Establecer un grupo colegiado con participación del sector estatal, privado (industria), y la academia para elaborar los programas respectivos.

    3. Establecer un programa de monitoreo regional incluyendo el desarrollo de las metodologías de monitoreo, sobre aguas superficiales, su distribución y transporte en el ambiente.

    4. Tipificar las áreas de mayor riesgo de escorrentía de sustancias tóxicas al Caribe, mediante un análisis integrado de tipos de suelo, precipitación, características del plaguicida, métodos de aplicación, intoxicación y bioacumulación en fauna silvestre y de aprovechamiento humano.

    5. Realizar un diagnóstico detallado sobre el uso de los plaguicidas en los principales cultivos de la zona (hornamentales, papa, banano, arroz, naranja, piña).

    6. Elaborar modelos de distribución en el ambiente de los plaguicidas de mayor peligrosidad y uso en la vertiente Caribe.

    7. Sistematizar un registro a nivel cantonal de área sembrada y uso de plaguicidas por cultivo en un sistema de información geográfica.

    8. Promover programas de investigación y monitoreo sobre el impacto de los plaguicidas en los ecosistemas y organismos marinos, en particular sobre la biodiversidad y recursos pesqueros de consumo humano.


Indicadores


        1. Lista de laboratorios debidamente acreditados, incluyendo profesionales, equipos y capacidad y costos de análisis.

        2. Establecimiento del grupo colegiado.

        3. Cumplimiento de las acciones propuestas sobre monitoreo y generación de información.

        4. Definición de indicadores de reducción de escurrimiento de plaguicidas e indicadores de impacto ambiental por plaguicidas, considerando la calidad del agua en ríos, aguas marinas, acumulación en sedimentos y biota marina.

        5. Definición de un plan de monitoreo de los indicadores ambientales para el control y reducción de la escorrentía de plaguicidas, incluyendo sitios de muestreo y periodicidad.

Se recomienda incluir las cuencas de los ríos San Juán y Sixaola como programas de cooperación binacional, con Nicaragua y Panamá, respectivamente. También se recomienda realizar un esfuerzo en las cuencas, Parismina, Reventazón-Pacuare, Matina, Banano-Bananito y La Estrella.


También, se recomienda incluir puntos de muestreo y monitoreos periódicos en bancos de pesca y en ecosistemas marinos frente a Barra del Colorado-Tortuguero, Parismina, Pacuare, Matina, Limón, Cahuita y Gandoca – Manzanillo.
Actores


  1. Ministerio de Ambiente y Energía.

  2. Ministerio de Salud.

  3. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

  4. Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.

  5. Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (UCR).

  6. Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (UCR).

  7. Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (UNA).

  8. Industria.

  9. Organismos internacionales cooperantes.

  10. Organizaciones no gubernamentales.



Búsqueda de Alternativas y Transferencia Tecnológica
Objetivo
Identificar, desarrollar y transferir tecnologías alternativas que permitan al sector productivo mejorar las prácticas agrícolas de manera sostenible.
Meta
Fortalecer el desarrollo de tecnologías locales para el manejo integrado de plagas haciendo un uso responsable de la biodiversidad nacional.


Acciones


    1. Promover la investigación en el desarrollo de agroquímicos a partir de productos naturales a partir de la biodiversidad regional para ser aplicado con énfasis en hormanentales, papa, banano, arroz, naranja y piña.

    2. Propiciar planes de investigación agrícola para desarrollar tecnología local sobre mejores prácticas de manejo y con un programa de extensión para demostrar al agricultor los beneficios del uso responsble de plaguicidas.

    3. Promover la creación de un programa nacional para el manejo integrado de plagas.


Indicadores


        1. Desarrollo de proyectos de investigación en aplicaciones de control biológico utilizando la biodiversidad nacional.

        2. Proyectos de transferencia tecnológica.

        3. Desarrollo de indicadores de cambio tecnológico y empoderamiento de la tecnología.


Actores


  1. Ministerio de Ambiente y Energía.

  2. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

  3. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

  4. Universidades.

  5. Industria.

  6. Organizaciones no gubernamentales.

  7. Organismos internacionales cooperantes.


Proyectos Piloto Demostrativos y Estudios de Caso
Objetivo
Realizar experiencias piloto sobre manejo integrado de plagas y reducción de escorrentía al Mar Caribe, de los que se obtengan lecciones aprendidas y modelos de gestión ambiental que puedan aplicarse en otras regiones del país y la región centroamericana.
Meta
Mejorar el conocimiento práctico sobre los problemas y soluciones en la implementación de estrategias que se orienten a la reducción del escurrimiento de plaguicidas, en las condiciones de nuestros países, de tal forma que nuevos programas puedan beneficiarse de estas experiencias, en los aspectos técnicos como de su gestión social.
Acciones


    1. Promover el desarrollo de proyectos piloto de reducción de la escorrentía de plaguicidas al mar, incentivando la participación de los sectores productivos, la academia y el sector institucional.

    2. Promover la cooperación internacional para el financiamiento y apoyo científico que permita llevar adelante las experiencias piloto.

    3. Desarrollar materiales y eventos de capacitación para la transferencia de lecciones aprendidas sobre las experiencias piloto en otras regiones del país y en el área centroamericana.



Indicadores


  1. Implementación de proyectos piloto.

  2. Materiales divulgativos y de capacitación sobre lecciones aprendidas en las experiencias piloto.

  3. Eventos de capacitación y transferencia de lecciones aprendidas.



Actores


  1. Ministerio de Ambiente y Energía.

  2. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

  3. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

  4. Universidades.

  5. Industria.

  6. Comunidades agrícolas.

  7. Organizaciones no gubernamentales.

  8. Organismos internacionales cooperantes.



Bibliografía


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Astorga, Y. 1997. Estudio binacional de contaminación por plaguicidas en el Río San Juan. Informe Final: Costa Rica. Programa de Plaguicidas, Universidad Nacional.

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Castillo, L.E.; C.Ruepert y E. Solís. 2000. Pesticide residues in the aquatic environment of banana plantation areas in the North Atlantic Zone of Costa Rica. Envir. Tox. Chem. 19(8):1942-1950.

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Chaverri, F. y J. Blanco. 1995. Importación, formulación y uso de plaguicidas en Costa Rica. Período 1992-1993. Informe Final. Programa de Plaguicidas-Organización Panamericana de la Salud. Heredia, Costa Rica. 40 p.

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