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LAS NORMAS TECNICAS, tales como las siguientes:




Plaguicidas, determinación de la suspensabilidad ( ncr 174); sobre plaguicidas y coadyuvantes: tolerancias permitidas del ingrediente activo ( ncr 171); agroquímicos toma de muestra ( ncr 1769, plaguicidas determinación de la humectabilidad (Ngr. 173; plaguicidas determinación de la estabilidad de la emulsión de concentrados emulsionados ( ncr 172), plaguicidas y coadyuvantes, definiciones ( ncr170), plaguicidas y coadyuvantes determinación de la estabilidad de la dilución ( ncr 175), etiquetado de plaguicidas ( ncr 208), plaguicidas compuestos a partir de cobre y pentaclorobenceno ( ncr 238), laboratorios de análisis de residuos de sustancias químicas y biológicas de uso en agricultura ( rtcr 357), limites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales ( rtcr 229).



LEY GENERAL DE SALUD, No 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, Art. 262 Y 263 y especialmente los artículos 264 a 277 denominado “ Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas en la materia” y artículos 285 a 292 “ De las obligaciones y restricciones para la evacuación de aguas sanitarias de excretas y aguas servidas y negras”.
En términos generales estas disposiciones exigen determinadas condiciones para el suministro de agua potable, en particular su calidad, incluyendo la extraída de pozos privados, los cuales requieren de los permisos respectivos del Ministerio de Salud. Asimismo se estipula la obligación de no contaminar aguas superficiales, subterráneas o marítimas, mediante drenajes, o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente de residuos sólidos o desechos líquidos o gaseosos o radioactivos o no, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza que afecten las características del agua.
Únicamente con permiso del Ministerio pueden las personas físicas o jurídicas hacer drenajes o proceder a la descarga de desechos o residuos sólidos o líquidos a los cuerpos receptores antes mencionados. Igualmente se regulan las responsabilidades y condiciones para la descarga de excretas, aguas negras, servidas y pluviales a efectos de eliminar o minimizar la contaminación y previa autorización de las instituciones pertinentes, especialmente el Ministerio de Salud. Queda prohibida la descarga de aguas negras, servidas y pluviales y de residuos industriales al alcantarillado pluvial.
LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE No 7317 del 21 de octubre de 1992 y sus reformas, Art. 69 y 132.
Esta disposición establece la prohibición de arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en cursos de agua y la obligación de los establecimientos agroindustriales e industriales de contar con sistemas de tratamiento para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre, siendo el Ministerio de Salud quien debe dar la certificación de calidad de agua y sujeta su incumplimiento a la sanción de multa. Esta norma ha venido a sentar la base para la determinación de las normas técnicas sobre vertido de aguas residuales y su reuso y para exigir un sistema de tratamiento. Sobre ellas se tratará luego. Asimismo establecen una sanción de carácter penal ante la violación de lo preceptuado en ella. No obstante, por resoluciones de la Sala Constitucional, no es posible aplicar la pena de cárcel en caso de no pago de la multa.
REGLAMENTO SOBRE EL VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, No 26042-S-MINAE del 14 de abril de 1997. Fundamentalmente todo el reglamento.
El objetivo del reglamento consiste en la protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Será aplicable en todo el territorio nacional para el manejo de aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.
Todo ente generador, definido como la persona física o jurídica pública o privada responsable del reuso de aguas residuales o de su vertido en un cuerpo receptor o en el alcantarillado sanitario, será sujeto de aplicación de lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Los edificios, establecimientos e instalaciones deberán estar provistos de los sistemas de tratamiento necesarios para que sus aguas residuales cumplan con las disposiciones del presente reglamento y eviten perjuicios a la vida silvestre, la salud o el bienestar humano.
Todo ente generador debe presentar reportes operacionales periódicamente a las siguientes entidades:


  1. Si el efluente es reusado o vertido en un cuerpo receptor a la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud

  2. Si el efluente es vertido al alcantarillado sanitario al A y A y al ente administrador del acueducto, es decir municipalidades, Comités Rurales, la Empresa de Servicios Públicos y cualquier otro ente que en el futuro tenga tal posibilidad.

Los reportes operacionales son por cuenta del ente generador y deben de ajustarse a las guías que ha emitido el Ministerio de Salud y a los requisitos establecidos en el reglamento. El reglamento dispone sobre los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos que deberán de ser analizados en las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor o en el alcantarillado sanitario, tanto para efectos del trámite de proyectos, como para la confección de reportes operacionales.


En este orden de ideas remite a una tabla con las actividades y las concentraciones máximas permisibles para cada una de ellas. Además, la frecuencia y forma de los muestreos también se contemplan. Los límites permitidos de vertido para aguas residuales en cuerpos receptores y en alcantarillado se mencionan, remitiéndose a las tablas especiales para tal efecto. El reglamento permite el reuso de aguas residuales siempre que se demuestre a satisfacción de la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y del MINAE que este no deteriorará la calidad de las aguas subterráneas y superficiales.
Por último, son de interés algunas de las prohibiciones allí contenidas, especialmente la prohibición de verter en cuerpos de agua o en cualquier sistema de alcantarillado, de aguas residuales o desechos provenientes de industrias formuladoras, reempacadoras y reenvasadoras de plaguicidas, con excepción de aguas residuales de tipo ordinario. Además de la anterior prohibición, los vertidos o reusos de agua deben de ajustarse a los parámetros del reglamento y deben de presentarse los reportes operacionales.

REGLAMENTO SOBRE CALIDAD DEL AGUA POTABLE., No 25991-S, del 14 de abril de 1997.
Esta basado en las consideraciones generales contenidas en la Ley de Agua Potable No 1634 del 2 de octubre de 1953. Se establecen condiciones y requisitos básicos a los cuales debe de responder la calidad del agua suministrada en los servicios para consumo humano y para todo uso doméstico, independientemente de su estado, origen o grado de tratamiento. Aunque el reglamento esta dirigido a quienes suministran agua potable como servicio, es amplio al incluir cualquier origen del agua, como puede ser la extraída de un pozo. En el tanto se utilice el agua extraída para suministrarla como agua potable deben de cumplirse con estas disposiciones.
Asimismo, es un tanto ambiguo si se aplica al uso del agua para otros fines diferentes al consumo, como lavar herramientas, etc. Es evidente que el destinatario primordial del reglamento son los entes que prestan el servicio público de suministro ( Municipalidades, Acueductos Rurales, etc.).
LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, No 7554 del 4 de octubre de 1995, Art. 50 y siguientes “ Agua” y 59 y siguientes “ Contaminación”.
Se trata de provisiones muy generales sobre la protección del recurso hídrico, sobre los criterios para su uso y la aplicación de esos criterios en diferentes acciones. Igualmente, existen normas generales sobre la prevención de la contaminación del agua, el tratamiento de aguas residuales y la responsabilidad por los vertidos. Son normas generales y las verdaderas obligaciones se encuentran en otras disposiciones como la Ley de Salud, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y el reglamento de vertido de aguas residuales.

LEY FORESTAL, No 7575 del 13 de febrero de 1996, Art. 33.
Este artículo establece las áreas de protección de la siguiente manera:


  1. Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.

  2. Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

  3. Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.

  4. Las áreas de recarga de acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán definidos por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta Ley.


LEY GENERAL DEL AMBIENTE, Art. 59 y siguientes.
Normas muy generales tendientes a evitar los residuos contaminantes, la descarga, infiltración o depósitos de sustancias o materiales contaminantes y la contaminación del suelo por acumulación, almacenamiento, recolección, transporte o disposición final inadecuada de desechos y sustancias tóxicas y peligrosas de cualquier naturaleza.
LEY GENERAL DE SALUD, Art. 278 y siguientes “ De las obligaciones y restricciones relativas a la recolección y eliminación de residuos sólidos”.
Obligaciones para las personas físicas y jurídicas de separar, recolectar, acumular, utilizar cuando proceda y disponer de los desechos de tal manera que se evite o disminuya la contaminación del aire suelo y agua. Queda prohibido arrojar o acumular desechos sólidos en lugares no autorizados para tal efecto, utilizar medios de transporte y acumulación inadecuados y proceder a su utilización, tratamiento o disposición final mediante sistemas no aprobados por el Ministerio de Salud. La misma autorización se requiere para la recuperación de desechos. Los particulares deben de cumplir con estas normas tratándose del manejo de sus desechos ordinarios, especialmente el relativo a su acumulación y disposición final. Requerimientos adicionales se hallan en el reglamento de manejo de basuras y en el reglamento de plaguicidas sobre los envases de esta naturaleza.
REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO DE BASURAS, No 19049-S del 20 de junio de 1989 y sus reformas, especialmente Capítulo I “ De las Definiciones”; Capítulo II “ De las Disposiciones Generales”; Capítulo III, Capítulo IV “ Del Almacenamiento de Basuras, Capítulo VI “ De la presentación de las basuras”; Capítulo IX “ De las Disposición Sanitaria de la Basura”; Capítulo XII “ Del Almacenamiento de Residuos Especiales”; Capítulo XIV “ De los incineradores de residuos especiales”; Capítulo XV “ De los propósitos de la recuperación de residuos” Capítulo XVI “ De los lugares en que se pueden separar y almacenar la basura”, Capítulo XIXLa Obligación de no ensuciar vías públicas y otras áreas”; Capítulo XXI “ De las prohibiciones a particulares y a las entidades en general” y Capítulo XXII “ De las sanciones”.
Este reglamento precisa en detalle las normas a ser obedecidas tratándose de los desechos producidos por empresas y por casas de habitación. Entre sus principales disposiciones tenemos: la consideración de servicio especial de recolección a los envases y empaques de productos químicos de cualquier naturaleza en especial plaguicidas; las obligaciones para el almacenamiento de las basuras que deben de cumplir los usuarios del servicio, las características de los recipientes retornables o desechables; la forma de presentación de la basura; las formas autorizadas de disposición sanitaria de los desechos ( relleno y enterramiento) y los permisos respectivos del Ministerio de Salud; requisitos y condiciones para la manipulación de los residuos con características especiales, incluyendo normas sobre su acumulación; permisos previos del Ministerio para separar y acumular basuras; y por último una serie de prohibiciones que comprenden quema de basuras, disposición o abandono de basuras, el almacenamiento de residuos sólidos en un mismo recipiente, cuando puedan interactuar ocasionado situaciones peligrosas, etc.
REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES PELIGROSOS, No 27001 MINAE del 27 de mayo de 1998.
Esta norma legal regula las normas y procedimientos relativos al manejo de los desechos peligrosos, aplicable a todo desecho que se considere peligroso de conformidad con el Decreto 27 000.-MINAE del 29 de abril de 1998, “ Reglamento sobre las características y el listado de los desechos peligrosos industriales”.
El generador del desecho es responsable de garantizar que la disposición final y su tratamiento se lleve a cabo según el mencionado decreto. Ello incluye regulaciones sobre los generadores de desechos; reglas sobre la acumulación de los mismos ( no acumularlos en forma conjunta si son diferentes, tipos de recipientes, puntos de acumulación, rotulación, equipos de seguridad. etc.); normas para determinar la incompatibilidad de desechos peligrosos entre sí; normas sobre el almacenamiento como fase posterior a la acumulación, donde se mantienen los desechos debidamente empacados y embalados para su tratamiento o disposición final; las limitaciones cuantitativas y condiciones de los embalajes y envases; el transporte, los métodos de tratamiento y de disposición final.
El mecanismo para determinar la peligrosidad, se regula mediante el reglamento sobre el procedimiento para llevar la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen de un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, No 27002-MINAE del 27 de mayo de 1998. En caso de que alguno de los materiales al ser desechados reúnan las características del reglamento sobre las características y listado de desechos peligrosos, deben cumplir con las normas del reglamento sobre manejo de desechos peligrosos.
Algunos instrumentos internacionales aplicables2
CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA REGION DEL GRAN CARIBE, Ley No 7227 del 12 de abril de 1991 y su Protocolo.
El convenio se aplica a la región del Gran Caribe y en general establece la obligación de las Partes de adoptar las medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación en la zona y para asegurar una ordenación racional del medio. Especialmente se prevé la necesidad de emprenden acciones para prevenir, reducir y controlar la contaminación en la zona de aplicación, causada por la evacuación de desechos en las zonas costeras o por descargas provenientes de los ríos, estuarios, establecimientos costeros, instalaciones de desague o cualesquiera otras fuentes situadas en sus territorios. El convenio regula aspectos tales como la cooperación en casos de emergencia, la evaluación del impacto ambiental, la cooperación científica y técnica, la responsabilidad e indemnización, etc.
CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, Ley No 7291 del 15 de julio de 1992, especialmente la Parte XII.
Regula la protección y conservación del medio marino, lo cual incluye provisiones de cada Estado para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, evitar daños o peligros o evitar el uso de tecnologías contaminadoras. Estas obligaciones genéricas son de aplicación al caso de contaminación por plaguicidas.
CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA PROTECCION DE LA TORTUGA MARINA, Ley No 7906 del 24 de setiembre de 1999.
Si bien el Convenio tiene como objetivo la protección, recuperación y conservación de las tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, deja abierta a las Partes la posibilidad de tomar cualquier medida que conforme al derecho internacional sea pertinente para lograr el objetivo de la misma, el cual puede comprender acciones para paliar el drenaje de plaguicidas a los hábitats.



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