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Reglamentación y apoyo

Adicionalmente, a análisis efectuado anteriormente, se remite a la identificación de las leyes aplicables presentada como primer informe y la cual se anexa al presente.



.

Problemas y soluciones. Obstáculos institucionales, sociales, culturales, económicos y biofísicos.


  1. Poco control a uso y manejo de químicos. Existe en la práctica costarricense una legislación permisiva en lo tocante al uso y manejo de químicos al punto que pocas disposiciones se refieren al mal uso de los mismos, y en múltiples ocasiones, no existe una adecuada sanción para quienes incurran en el mismo. Debe reconocerse que la legislación posiblemente no constituya el mecanismo más apropiado para hacer frente a esta problemática, recayendo más bien en la educación y concientización.

  2. Pocos controles al transporte de plaguicidas. A pesar de las regulaciones existentes, la complejidad de algunas de ellas, aunado a la presencia de prácticas de distribución que han desbordado a las regulaciones legales ( encomiendas en autobuses conjuntamente con comida, medicinas, transporte en vehículos de vendedores sin rotulación ni hojas de seguridad, etc.). Si bien a la fecha ello no ha constituido un serio problema, es posible que en el futuro se puedan presentar emergencias relacionadas con derrames.

  3. En gran medida, los controles relativos al almacenamiento, bodegas, formuladoras, venta, dependen de los mecanismos preventivos que por medio de los permisos y autorizaciones del Ministerio de Salud y de Agricultura se requieren. Qué tan eficientes resulten los mismos y hasta que punto estos permisos y autorizaciones cumplen con su finalidad, merece una análisis pormenorizado, debido a que en ocasiones a pesar de las restricciones legales, existen empresas que operan incumpliendo algunos requisitos establecidos en los decretos que antes comentábamos.

  4. Existe un exceso de reglamentación dispersa, especialmente decretos y regulaciones cuya existencia muchas veces es poco conocida, competencias institucionales duplicadas entre el Ministerio de Salud y el MAG, etc. La Legislación ha sido emitida en momentos diferentes sin responder a una política nacional sobre el uso de agroquímicos, lo cual ha generado normas sin hilación entre sí, soluciones parciales a problemas, ausencia de aplicación de la normativa ante su complejidad.

  5. En medio de un proceso de desregulación que hemos experimentado en los últimos años, ante la disminución de las acciones estatales en campos como la extensión y la investigación, los mecanismos de control existentes se encuentran con problemas adicionales. La tendencia a desregular implica menos posibilidades de ejercer los controles que la letra de la Ley le asigna a las autoridades públicas

  6. La reglamentación nacional se ha enfocado en aspectos relacionados con controles, permisos, etc. pero no existe el mismo énfasis en temas relativos a la concientización, educación del consumidor, etc. La disminución en los sistemas estatales de extensión, vuelven aún más crítico este aspecto, el cual de por si resulta de gran relevancia para hacer frentes a los problemas asociados con el uso y manejo de los químicos.

  7. La legislación costarricense no ha considerado sistemas impositivos diferenciados según la peligrosidad del químico de síntesis, lo cual si ha ocurrido en otros países que poseen impuestos verdes para ciertos plaguicidas. Hasta donde la carga tributaria y arancelaria actual conlleve un “ incentivo perverso” para el sobre uso de los mismos, escapa a este estudio pero debe al menos hacerse mención de esta circunstancia.

  8. La participación en la gestión y el control queda en una importante medida en las manos de la figura del regente, mediante un esquema vigilancia privada, similar al existente en materia forestal. Fortalecer la credibilidad y funciones reales del mismo resulta entonces de gran trascendencia.


C. Fuerzas de mercado





  1. Derechos de propiedad y patentes

La Ley de Patentes de Invención regula la posibilidad de patentar agroquímicos sin mayores restricciones por el término de 20 años, eliminado las anteriores disposiciones sobre uso en el país o producción local. Únicamente se menciona que en el caso de agroquímicos si después de la inscripción el Ministerio de Agricultura comprueba que el proceso o producto no reúne las condiciones originales se prohibirá la fabricación, importación y comercialización de ese producto, sin responsabilidad para el Estado ( Art. 6 inciso 8 de la Ley 7979 que reforma La Ley de Patentes No 6867).


La Ley permite las importaciones paralelas, es decir acoge la tesis del agotamiento internacional de las patentes ( Art. 16.2.d). Con ello es perfectamente legal la importación del producto, una vez que haya sido puesto en el mercado de cualquier país con autorización del titular de la patente.
Por último deben tenerse presente lo dispuesto en la Ley de Información No Divulgada, respecto a la protección de los datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, los cuales se considerarán información confidencial. No obstante, es posible utilizar los datos de prueba por parte de las autoridades competentes sin divulgar la información confidencial, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones vigentes sobre registro de agroquímicos o para prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor o proteger la vida, la salud y la seguridad humanas, etc.



  1. Embalaje, re-embalaje, etiquetado y venta.

El etiquetado de los plaguicidas es obligatorio según La Ley de Protección y su reglamento (Art. 33 y 104 respectivamente, los cuales remiten al respectivo reglamento, a saber el Decreto NCR 208) sobre etiquetado de plaguicidas.


El reglamento de registro contiene algunas disposiciones (Art. 37 y siguientes) que exigen la aprobación de la etiqueta, redactada en español y con una serie de indicaciones, la cual tendrá igual vigencia que el Registro del Producto (Art. 41). Es igualmente prohibido realizar propaganda de plaguicidas con información diferente a la contenida en la etiqueta o el registro ( Art. 54).

3. Políticas de precio, intervención del gobierno, subsidios y programas gubernamentales o no gubernamentales, para distribución gratuita o bajo precio a pequeños productores/usuarios o de subsistencia.


En la legislación y prácticas costarricense no se encuentran programas o políticas de precios o distribución gratuita o a bajo costo, más allá de situaciones puntuales relacionadas con la aparición de enfermedades. como la roya del café, etc.
Después de la revisión de algunos planes, programas y políticas se deduce que el tema de los plaguicidas no ha sido considerado desde una perspectiva de largo plazo.

Algunos de los documentos revisados fueron, el Plan Nacional de Desarrollo Humano, el programa de Desarrollo Agropecuario, los lineamientos para una Estrategia Nacional de Agricultura Orgánica, el Plan Nacional de Política Ambiental 2005 y el Borrador de Políticas Ambientales Sectoriales.


Cabe mencionar que los dos últimos si contemplan el tema del uso de los agroquímicos y sugieren acciones y políticas al respecto. No obstante, el primero de ellos fue elaborado por la administración anterior y no se encuentra en aplicación y el segundo es tan solo un borrador inicial.

Programas, políticas y regulaciones vigentes sobre el registro
La necesidad de registras los plaguicidas se encuentra recogida en la Ley de Protección Fitosanitaria Art. 5 inciso 0 y 24 de este cuerpo legal, 92 y siguientes del reglamento a la misma, función que es ejercida a través del Departamento de Control de Insumos Agrícolas de la Dirección de Protección Fitosanitaria. Los requisitos exigidos para el registro se detallan en el reglamento de registro.
Ninguna persona jurídica podrá importar, exportar, fabricar, formular, almacenar, transportar, reempacar, reenvansar, vender, manipular, mezclar y usar plaguicidas y sus mezclas y producto técnico y coadyuvantes si no están debidamente registrados ( Art. 3).
Para el registro de un plaguicida debe presentarse la correspondiente solicitud de registro ante el Ministerio de Agricultura, con dos copias firmadas por el regente de la empresa y por el registrante. Cada solicitud es válida solo para un producto (Art. 4).
Cuando se trate de plaguicidas fabricados, formulados o envasado en el país deberá presentarse constancia de inscripción de la compañía expedida por el Ministerio de Economía y Comercio y constancia de la inscripción en el registro de patentes cuando corresponda (Art. 5).

Los requisitos para la inscripción de un plaguicida importado son básicamente: el documento oficial de inscripción que indique el número y fecha del registro, certificado de marca y de patente (si procede) (Art. 7); descripción del producto y demás características debiendo adjuntarse la siguientes información:




  • Propiedades físicas y químicas del ingrediente activo,

  • Características del producto formulado

  • Métodos analíticos

  • Requisitos competencia del Ministerio de Salud concernientes a la peligrosidad del producto en la salud humana y el ambiente

  • Uso solicitado

  • Efectos químicos, físicos y biológicos derivados de la aplicación del plaguicida.

Toda la información debe mantenerse actualizada, so pena de cancelación del registro ( Art. 8)

El Ministerio de Agricultura, a través del Departamento citado procede a extender un recibo de la solicitud presentada, previene al registrante de las omisiones en caso de existir y procede a revisar la documentación ( Art. 12 al 16). Para cumplir con lo anterior goza de un plazo de 2 meses (Art. 17), eventualmente prorrogables en casos especiales (Art. 14). La solicitud debe publicarse en el Diario Oficial durante tres días consecutivos con el fin de permitir oposiciones al mismo (Art. 20 y 21)
El MAG puede denegar o cancelar un registro en los siguientes casos: (Art. 23)


  • si el resultado de los análisis de identidad y calidad no concuerdan con lo declarado en la solicitud de registro.

  • Cuando el Ministerio de Salud se oponga por razones de alta peligrosidad del producto para los seres humanos, animales domésticos o el ambiente

  • Cuando los ensayos y pruebas realizadas demuestren que el producto es ineficaz para los fines que se indican en la solicitud.

  • Cuando se cumpla con cualquiera de los requisitos que señala este reglamento.

El Ministerio de Salud puede oponerse por razones de protección de la salud o el ambiente, para lo cual cuenta con un mes, en caso de no pronunciarse el MAG procederá a aprobar o rechazar la solicitud según corresponda (Art. 18).


Igualmente se prevé revocar el registro en cualquier momento si se determina que el producto es perjudicial para la salud de personas, animales o el ambiente, con fundamento en estudios técnicos (Art. 27).
La Comisión Nacional Asesora en el uso de plaguicidas podrá estudiar a petición del MAG las solicitudes de productos no registrados en el país de origen y recomendará lo que corresponda. La Comisión Nacional Asesora para el uso de plaguicidas ha sido creada por decreto No 9934-A-SPSS-TSS del 12 de enero de 1979 y sus reformas. El mismo define su integración y las funciones que debe de cumplir. El reglamento interno de la Comisión se estableció por medio del decreto el 29 de octubre de 1979.
Debe indicarse que el decreto 27532-MAG del 11 de enero de 1999 exoneró de algunos de los requisitos del reglamento a ciertos productos; que mediante decreto 27530-MAG de esa misma fecha se establece la obligación del Servicio de Protección Fitosanitaria de simplificar procedimientos de registro, especialmente para genéricos y que por medio del decreto 27529 se prevé la posibilidad de reconocer registros de otros países. Básicamente el primero y el tercero conllevan la necesidad de cumplir menos requisitos para el registro o eventualmente de reconocer el de otros países como sustituto.
El reglamento para la importación de insumos agropecuarios y alimentos para animales previamente registrados, decreto No 28852-MAG del 12 de agosto del 2000, basado en la consulta de la Procuraduría antes citada, establece que toda persona física o jurídica puede importar plaguicidas y fertilizantes o sustancias afines para uso en agricultura, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos (Art. 1):


  1. Que la persona que va a importar este debidamente inscrita en el Registro de Importadores no Registrantes del Ministerio de Agricultura.

  2. Que el producto a importar se encuentre previamente inscrito por el mismo u otra persona, en el registro correspondiente en el MAG.

Para tal efecto se crea el Registro de Importadores no Registrantes del Departamento de Insumos Agrícolas (Art. 2). Para inscribirse como importador no registrante debe completarse el formulario respectivo, anexado al decreto. La vigencia será por tiempo indefinido (Art. 3). La importación de un producto registrado por un tercero, requiere que el producto a importar sea idéntico al registrado en los referente a las siguientes características: marca, casa fabricante, país de origen, ingrediente activo, concentración, formulación, ingredientes inertes, nivel de impurezas (Art. 6). El importador debe cumplir con las regulaciones vigentes en materia de transporte, almacenamiento, etiquetado, distribución y uso (Art. 7)


En definitiva se han producido dos tipos de simplificaciones: una relacionada con los requisitos a ser exigidos para el registro y la posibilidad de aceptar equivalencias y otra relativa más bien a las posibilidades de importar sin necesidad de ser el registrante de un producto, debiendo eso sí registrarse como Importador No registrante. Con ello se acaba el monopolio de importación otorgado al registrante por el hoy derogado Art. 29 del reglamento de Registro.
Quizá la reflexión más importante desde el punto de vista del Registro transciende los aspectos legales, pues el marco jurídico permite rechazar los registros de productos para proteger el ambiente o la salud y se relaciona con la ausencia de una política clara para establecer que tipo de productos y de que peligrosidad queremos utilizar. De esta forma, lo más relevante del proceso de registro radica en que pueda convertirse en un verdadero “ filtro” de los químicos que queremos consumir y no tan sólo en un requisito más para la importación de los mismos.



D. Uso y aplicación de plaguicidas



El uso y aplicación de plaguicidas en los cultivos identificados en la Vertiente Caribe se estima con base en avíos bancarios suministrados por el Departamento de Insumos Agrícolas y recopilados por el IRET, así como en datos facilitados por el Instituto del Café, la Liga de la Caña y la Corporación Bananera Nacional y, en información recolectada por encuestadores para comprobación de los datos de archivo. El trabajo de campo se realizó durante 4 semanas, con entrevistas directas a las fuentes primarias de información: propietarios, administradores o encargados de operaciones.


Se entrevistaron entre 3 y 4 productores por cada tipo de cultivo para un total de 50 entrevistas. En general, las áreas de cultivo visitadas son menores de 15 ha para el caso de hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales; son fincas medianas de hasta 150 ha para granos básicos, pastos, piña, cítricos, café y macadamia y, grandes hasta 525 ha para macadamia, café, banano, caña y cítricos. En los cantones visitados se recolectó información sobre los siguientes cultivos:



Upala:

arroz, frijol, cítricos, pastos, piña, tiquizque, plátano y maíz.

San Carlos:

frijol, pastos, jengibre y ornamentales.

Los Chiles:

arroz, frijol y cítricos.

Cartago:

papa y ornamentales.

Turrialba:

café, caña y macadamia.

Alvarado:

papa.

Talamanca:

banano.

1. Cultivos objetivo y labranza (trabajo manual versus mecanizado), incluye erradicación de cultivos ilegales, cultivos futuros y sus tendencias.


De acuerdo al presente estudio y los de Chaverri et al. (2000), se encontró que los plaguicidas son la principal herramienta para el control de plagas y enfermedades, aunque también se recurre a prácticas complementarias como deshierba manual, monitoreo de plagas, especies resistentes, incorporación de desechos orgánicos, chapeadores mecánicos, control biológico y rotación de cultivos.

2. Métodos y tasa de aplicación, controles de aeropuerto.


El equipo de aplicación terrestre más común es la bomba manual de espalda, usada independientemente de la extensión de la plantación, por ejemplo en café y hortalizas; también se utilizan bombas de motor y tractores con tanquetas y aguilones (piña). Los equipos de fumigación aéreos son accionados desde avionetas, para aplicar fungicidas e insecticidas en cultivos de arroz y banano; también se reportó en cultivos de maíz y frijol.
En el 39% de las fincas visitadas no existe una cuadrilla fija para la aplicación de plaguicidas y en el 61% restante casi no se da rotación dentro de la cuadrilla. La aplicación de plaguicidas es realizada por hombres mayores de edad, la mezcla es preparada en el campo, bajo la responsabilidad de un encargado, del capataz o del dueño de la finca.
En el Cuadro 6 se estima el consumo de plaguicidas en cultivos de la Vertiente Caribe; los datos de la Comisión Interbancaria de Avío del Banco Nacional de Costa Rica por lo general difieren de los datos tomados en el campo. Hay que notar que se trata de un diagnóstico muy preliminar, por lo que esta información debe entenderse como una tendencia general.
Las diferencias entre los datos de los avíos y de las encuestas son pequeñas para café, banano y piña, pero son mucho mayores para casos como el de arroz, naranja y ornamentales. En el caso del arroz se debe a que el avío bancario estima dos ciclos de arroz por año y en la encuesta sólo se evaluó un ciclo. En el caso de naranja, se utilizó el avío bancario para una plantación de cuatro años y la encuesta promedió plantaciones de diferentes edades. En el caso de ornamentales se utilizó como dato recomendado el resultado de una encuesta realizada en flores de corta, mientras que en las encuestas se anotaron datos de ornamentales de follaje, que utilizan mucho menos plaguicida por ciclo.
El dato de las encuestas se utilizó como un indicador para estimar la variabilidad de la información suministrada por los avíos bancarios y recomendaciones en general de productores e instituciones.
Para estimar la cantidad total de plaguicidas aplicados en la vertiente del Caribe se utilizaron los datos de avíos bancarios. Cuando no se tuvo acceso a esta información se utilizaron las recomendaciones de técnicos y especialistas. En los casos en donde no se contó con ninguna de las fuentes anteriores, el cálculo se realizó con los resultados de las encuestas. Como conclusión general, los datos del Cuadro 6 justifican cerca del 40% del uso total de plaguicidas en Costa Rica.

Cuadro 6

Estimación del consumo de plaguicidas en cultivos y en salud pública de la zona del Caribe de Costa Rica, para el período 1998-1999


Cultivo

kg i.a./ha/año

recomendado*

kg i.a./ha/año

Encuestas**

Área en ha en el país

1998

Área en ha en el Caribe, 1998

(% del total)

Total T.M.i.a./año en el Caribe*

Arroz secano

26.77

13.05

64 710

13 382

(20.70%)


358.2

Banano

36.40

38.86

46 968

46233

(98.40%)


1 682.9

Café

6.46

6.68

106 000

17 315

(16.30%)


111.9

Caña azúcar

3.83

2.21

44 200

12 010

(27.20%)


46.0

Frijol

3.02

2.98

38 006

16 200

(42.60%)


48.9

jengibre

3.10

3.86

944

(año 1999)



890

(año 99) (94.3)



2.8

Macadamia





13.63

2746

500

6.8

Maíz

3.06

3.75

14 104

(año 1999)



2 250

(año 99) (16)



6.9

Naranja

23.14

11.21

25000

18 750

(75.00%)


433.9

Ornamentales

50.13

1.07

4 500 (año 1996)

2250

(50% aprox)



112.8

Palmito

11.76




12 500

(10% activas)



11 250

(90%)


13.2

Papa

37.32

27.76

3 781

3063

(81.00%)


114.3

Pastos

1.72

1.1

1 565 100

(año 1997)



200 000

344.0

Plátano

13.0

8.16

9 000

(año 1999)



7 900

(año 1999)



102.7

Piña

24.55

26.91

9 300

3 572

(38.40%)


87.7

tiquizque

6.39

3.4

1 321

680

(51.4%)


4.3

Salud pública (1999)













3.8


TOTAL CARIBE













3 481.1

TOTAL COSTA RICA (1998)













8 022.7

Fuente: *avíos bancarios recopilados por el IRET; ** Entrevistas IRET 2000; datos del IRET, ICAFE, CORBANA y LAICA; Soto y Blanco 1997, CNP y SEPSA 2000.



3. Accesibilidad a la información, capacitación o a otros programas (ofrecidos por el gobierno, el sector privado o ONG) para el adecuado uso, manejo, almacenaje, aplicación y administración (incluyendo la práctica de medidas de seguridad personal, tasas de aplicación, muestreo de suelos, etc.).

En cuanto a las prácticas de manejo del equipo, en alrededor de un 75% de los cultivos encuestados el mantenimiento se hace después de cada aplicación, en el resto una vez a la semana. En la mitad de los casos el equipo se lava en el campo donde se aplicó, sólo una cuarta parte se hace en pilas de limpieza y el resto, en la bodega o cerca de la casa de habitación. Se acostumbra usar algún equipo de protección para aplicar plaguicidas, pero siempre en forma incompleta; muchos dicen que no lo usan porque es incómodo.
En la mayoría de las fincas no hay baños, sólo un 63% de los trabajadores se duchan después de aplicarlos. La mayor parte de los envases vacíos se queman o se entierran, algunos se almacenan y, en un 12% de los casos se dejan tirados. Además, en menos de la mitad de las fincas se ha impartido algún curso de capacitación en los últimos meses. Esta capacitación, se encontró más intensa para los cultivadores de papa y fue impartida por ingenieros agrónomos; en el resto fue dada por personal de la finca como capataces, aplicadores, bodegueros, trabajadores de campo o empacadores.
El desarrollo de un programa de educación en Costa Rica fue motivado por el compromiso adquirido, por el representante mundial de la industria de agroquímicos bajo el Código Internacional de Conducta de la FAO. La Cámara de Insumos Agropecuarios, aliada al gremio mundial de la industria, se comprometió junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el desarrollo de dicho programa desde 1986, ante los problemas de mal uso y abuso de plaguicidas.
Dentro del programa de capacitación a nivel nacional sobre la utilización de insumos agropecuarios, se han desarrollado temas como manejo integrado de plagas, salud ocupacional, clases de plaguicidas y modos de acción, manejo de envases, equipo y técnicas de aplicación, almacenamiento y transporte, legislación y protección ambiental. El programa ha generado una serie de guías, folletos, afiches, manuales y videos sobre el tema. De acuerdo a información suministrada por la Cámara, a la fecha se han capacitado 128 388 personas, de las cuales un 40% son agricultores y aplicadores, un 50% son niños y estudiantes y un 10 % son amas de casa, expendedores, comunidades, agrónomos y técnicos.



E. Mejores prácticas de manejo para la prevención, reducción

y control del drenaje de plaguicidas

5. Identificación de otras prácticas y alternativas no corrientemente usadas.


Agricultura orgánica
La agricultura orgánica en Costa Rica se inició en los años 80 por razones de conciencia ambiental y preocupación por la salud. Luego, en los años 90 se incorporaron otros grupos buscando costos de producción más bajos y mejores precios en el mercado (CEDECO 1999). Actualmente existe en el país, alrededor de 7 000 ha sembradas en forma orgánica (Solano 2000, com. pers.)
En la vertiente Caribe de Costa Rica, existen varios grupos de agricultores organizados que están sembrando en forma orgánica banano, cacao y hortalizas, en los cantones de Alfaro Ruiz, Sarapiquí, Pococí y Talamanca. Al sur de Limón hay 5 asociaciones:


  • Asociación de Campesinos de Productores Orgánicos (ACAPRO), con 55 productores entre Cahuita y Bribrí;

  • Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) (constituida en 1987);

  • Asociación Campesina Pro Soberanía Alimentaria del Altántico (ACPSAA);

  • Empresa Comercializadora de Productos Orgánicos de Talamanca (UCANEHU S.A.); y

  • Asociación de Bordón para la Agricultura Conservacionista y Orgánica (ABACO).

Estas asociaciones cuentan con un total 3 000 ha sembradas de banano, cacao y jenjibre, bajo sombra de bosque en un concepto llamado “huerta tropical”, con sustancias autorizadas y manejo de microorganismos. Algunas áreas de cultivo se encuentran en la Reserva Forestal de Bribrí; los cultivos están certificados por entidades europeas (ECOCERT), estadoudinenses (Oregon Tilth) y nacionales (ECO Lógica). Actualmente producen 125 000 kg por semana de banano en 1 000 ha. 52 000 kg de esos son vendidos para alimento de bebé; el productor recibe $11 por caja de banano. También producen, 250 000 kg por año de cacao seco certificado, el cual se comercializa en Europa desde 1991 y en Estados Unidos desde 1994 a valores de $1 500/T.M.


Este programa orgánico en el Caribe sur del país reúne a más de 1 000 productores, de los cuales 80% son parte de los grupos indígenas Bribrís y Cabécares. Del área total del Cantón de Talamanca, el 55% corresponde a Parques Nacionales (Chirripó, Amistad, Cahuita), un 31% son Reservas Indígenas (Kekoldi, Talamanca Bribrí, Talamanca Cabécar y Telire), un 2% al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y un 12% corresponde a áreas no protegidas.
Lo realizado no es nada nuevo, sencillamente han colocado en el mercado productos de un sistema de producción, con el cual los habitantes de Talamanca han cultivado históricamente. Esto mantiene la riqueza biológica, la protección de cuencas controlando la erosión y manteniendo las fuentes de agua. Con base en estudios realizados por ONG´s como la Fundación Ambio y The Nature Conservancy en la zona de Talamanca, comparando la diversidad de aves entre las áreas de cultivo y el bosque primario, así como calidades de agua superficial entre los cultivos orgánicos y los convencionales, se está elaborando el concepto de mercadeo: “biodiversidad detrás de cada barra de chocolate”.
Asimismo, en el Caribe hay otros productores de arroz orgánico en San Carlos con rendimientos de 650 a 910 kg/ha; y de piña, camote, vainica, palmito, plátano, yuca y tiquizque en Sarapiquí. Además, hay inscritas 3 asociaciones de productores de hortalizas en Alfaro Ruiz: Jugar del Valle S.A., Asociación de Productores Orgánicos de Laguna y APOETAR Asociación de Productores Ecológicos de Tapesco de Alfaro Ruiz (las dos primeras certificadas); y, en el Cantón de Oreamuno: APROZONOC Asociación de Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago.

Otras prácticas de manejo
En el entrenamiento para buenas prácticas de manejo agrícola existe la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO), una ONG fundada en 1984 por agrónomos, sociólogos, forestales y educadores, para ofrecer servicios de asesoría, capacitación, procesamiento y comercialización de productos orgánicos. La organización cuenta con proyectos en los cantones de Acosta y Aserrí en el Pacífico y, Alfraro Ruiz, Pococí y Sarapiquí en el Caribe; están trabajando con pequeños productores de hortalizas, tubérculos, piña y palmito.
Otros esfuerzos de mejores prácticas de manejo se realizan buscando alternativas al uso de bromuro de metilo, un fumigante del suelo de amplio espectro, catalogado como sustancia destructora de la capa de ozono. En Costa Rica es usado en los cultivos de melón, flores de corta, banano y semilleros en general. En 1999 se inició el “Plan Nacional para la eliminación del bromuro de metilo”, el cual está trabajando primero en la sensibilización de los floricultores (IRET 2000). Como firmante del Protocolo de Montreal, el país deberá fijar en el 2002 el uso según el promedio entre 1995 y 1998 (765 T.M.), reducir en un 20% el uso de esa sustancia en el 2005 y en un 100% en el 2015.
Actualmente se investiga el uso de: alternativas químicas (algunas con riesgos importantes para el ambiente y la salud); alternativas no químicas como aplicación de vapor, solarización, cultivo en sustratos artificiales, variedades resistentes, biofumigación y abonos verdes y anegamiento. También, control biológico con hongos antagonistas, rizobacterias, micorrizas, endófitos; y, manejo integrado de plagas como uso de trampas y ferormonas, cultivo de tejidos, condiciones fitosanitarias estrictas, diseño de invernaderos, monitoreo de la físicoquímica del suelo, control de variables climáticas y uso de variedades resistentes (IRET 2000).
Es importante mencionar que, según información suministrada por la Comisión Ambiental Bananera, en nuestros días más de un 50% del área sembrada de banano posee una certificación ambiental ISO-14001. En la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental se incorporan aspectos de uso seguro de plaguicidas, se ha capacitado al 98% del sector bananero nacional, se ha reforestado el 99,6 % de las orillas de los ríos y existe cobertura en un 97% de los canales. Con respecto al reciclaje, hay una recuperación superior al 95% de la piola y de la funda dursban (bolsa plástica impregnada con clorpirifós) que entran a la plantación; en 1998 se recicló un total de 633 ton de piola y 400 ton de funda dursban.



F. Análisis y evaluación del impacto de plaguicidas

en la salud pública y el ambiente costero


1. Estimación de la cantidad, tipo y del drenaje/infiltración de plaguicidas y su destino, en vertientes costeras y al mar Caribe.

Drenaje de plaguicidas al Caribe
Se ha mencionado que no todo el plaguicida aplicado entra en contacto directo con la plaga o el follaje, y más bien, existe un porcentaje que se incorpora directamente al ambiente. A la atmósfera llegan por deriva durante la aplicación, por acción eólica o por evaporación; al suelo llegan por aplicación directa, por erosión hídrica de suelo de lugares aledaños contaminados con residuos o lavado por precipitación de residuos presentes en la atmósfera. En el ambiente, estas sustancias tóxicas tienen procesos de: adsorción a la superficie de las hojas de las plantas y al suelo; lixiviación por el paso del agua a través del suelo alcanzando aguas subterráneas y superficiales; vaporización relacionada directamente con la velocidad del viento y la temperatura y; degradación química, fotoquímica y biológica (García 1997, IRET 1999).

El grado de adsorción de plaguicidas en el suelo depende de su textura y contenido de materia orgánica. La movilidad de las sustancias tóxicas en el suelo hacia las aguas subterráneas y superficiales se relaciona con la disponibilidad de agua, el tipo de suelo y las características del plaguicida (García 1997, IRET 1999).


Dada la heterogeneidad de suelos en la Vertiente Caribe, es difícil en esta fase del estudio hacer una asociación entre el tipo de suelo y el drenaje de plaguicida. Además como se mencionó al inicio, aunque el patrón anual de lluvias es bastante similar en toda la región con picos de lluvia durante dos períodos. Uno de febrero a abril y luego en los meses de julio y agosto por la influencia de los vientos alisios, la precipitación varía de 1 500 hasta 7 000 mm/año. Estas variaciones afectan en forma diferente el escurrimiento de plaguicidas al Caribe según las zonas.
Con base en las estimaciones de presentadas en el Cuadro 6, se podría decir que cerca del 40% del total de ingrediente activo de plaguicida importado por Costa Rica, es utilizado en la Vertiente Caribe. Sin embargo, este análisis debe asumirse como un diagnóstico preliminar, donde hace falta aún mayor información para aumentar la exactitud de este dato. En el Cuadro 7 se mencionan los plaguicidas con alto potencial para contaminar cuerpos de agua superficial.


Cuadro 7

Principales plaguicidas con capacidad de contaminar cuerpos de agua superficiales


HERBICIDAS:

INSECTICIDAS:

FUNGICIDAS:

glifosato

permetrina

maneb

trifluralín

paratión

benomil

triclopir

formetanato

clorotalonil

ametrina

fonofós

mancozeb

fluazifop

endosulfán

dicofol

oxifluorfén

azinfós-metil

metiram

Paraquat

cloropirifós

vinclozolín

fenoxaprop

fluvalinato

fenarimol

pendimetalina

forato

PCNB


Fuente: García, J. 1997.


  1. (Impactos adversos en la salud pública y en el medio ambiente de aguas dulces y costeras causados por el uso y aplicación incorrecta o debido al drenaje/infiltración. (nota recolección y registro de datos del monitoreo del medio ambiente deben, en la medida de lo posible, adecuarse a las prácticas internacionales para meta datos establecidos por el Programa Ambiental del Caribe).


Control de vectores
En el Ministerio de Salud, se está llevando a cabo el Proyecto “Control Integral de la Malaria” (Paniagua 2000, com.pers.), para dirigir la atención al parásito y no al mosquito, como usualmente se ha hecho. Mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno de la población enferma, se impide que los gametocitos dentro del hombre reinfecten al mosquito y de esa manera se rompe el ciclo biológico de la malaria; evitando el uso de insecticidas. En estudios biológicos recientes (OPS 1996), se ha determinado que los mosquitos Anopheles albimanus reposan bajo los muebles y no en las paredes como se creía, por eso el rocío de insecticida no llega al mosquito.
En cuanto al manejo de plaguicidas utilizados para el control de vectores, el Ministerio de Salud realiza directamente la importación de piretroides y compuestos organofosforados (Cuadro 4). Estos son almacenados en una bodega del Ministerio localizada en Pavas, San José, en donde aun quedan 8 000 kg de DDT por desechar (Garcés 2000, com. pers.), producto utilizado antes del año 1985 para el control de la malaria. Estos plaguicidas son registrados como de uso doméstico en el Departamento de Registros y Controles del Ministerio de Salud (Anexo 3), además de insecticidas caseros, rodenticidas, repelentes de mosquitos, preservantes de madera, anticorrosivos, alguicidas para piscinas y productos para controlar la fauna acuática en maricultura.
El número de casos de malaria se ha mantenido cercano a 4 000 casos/año para el período 1990-1997, luego de 20 años (70-89) en donde no se registraron más de 400 casos/ año. Entre los 4 000 casos registrados en 1998, 2 336 son de los cantones de Limón, Matina, Talamanca y Pococí y el resto, de San Carlos y Los Chiles. La creación de nuevos hábitats para el mosquito en la Vertiente Caribe, es asociado al período de expansión del cultivo del banano y a la tala de bosque.

Cuadro 4

Plaguicidas utilizados para el control de malaria y dengue en el Caribe

de Costa Rica, durante 1998 y 1999


Región


Temefos 90% (kg)

Deltametrina 2.7%(L)

Ciflutrina

10% (kg)

Ciflutrina

1.5% (L)

Año

98 - 99

98 - 99

98 - 99

98 - 99

Huetar Norte

150 - 20

38 - 20

205.2 – 83.6

141 - 0

Huetar Atlántica

1 275 – 4 060

400 – 3 900

135.2 – 58.2

205 - 0


Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Control de Malaria

Efectos en la salud pública
A pesar de que la población bajo mayor riesgo es la laboral, actualmente no existe sector en la población que esté totalmente libre de la exposición directa o indirecta a los plaguicidas. Entre 1989 y 1996 se estimó en 250 000 personas el tamaño de la población del sector agrícola económicamente activa, mientras que en el mismo periodo, la cantidad de plaguicida formulado se duplicó por trabajador pasando de 34 a 63 kg aproximadamente (Ministerio de Salud 1997b). También, para 1993 se estimó el consumo de plaguicida en 2 kg de ingrediente activo por costarricense, 22 kg por trabajador agrícola y 64 kg por trabajador de bananeras (Wesseling 1997). Esto indica un aumento en el riesgo de sufrir efectos adversos a la salud de los trabajadores, no sólo en cuanto a intoxicaciones agudas sino también efectos crónicos, tales como alteraciones en los sistemas inmunológico y endocrino, cáncer, efectos neurológicos, reproductivos y dermatitis.
A finales de los años ochenta se encontró que anualmente un 1.5 % de los trabajadores agrícolas requerían de atención médica por problemas en la salud relacionados con plaguicidas. También se estimó que el 4.5% de la población agrícola económicamente activa podía sufrir algún efecto agudo en la salud (Wesseling et al. 1993).
Según los registros del Instituto Nacional de Seguros de 1982 a 1992, la tendencia de lesiones laborales causadas por plaguicidas muestra una reducción en los casos de envenenamiento sistémico. Esto probablemente debido al uso de mejores prácticas de manejo como control biológico de plagas, uso de insecticidas menos tóxicos que los inhibidores de colinesterasa y a la implementación de medidas de seguridad durante la aplicación. Sin embargo, para el mismo período se encontró un aumento de las lesiones tópicas de 1.2 a 2.1 por 1 000 trabajadores (4 veces más frecuentes en la Región Atlántica que en el resto del país), relacionadas al incremento en el uso de fungicidas y a la falta de medidas de seguridad en plaguicidas de baja toxicidad aguda (Wesseling 2000a).
En un estudio posterior entre 1993 y 1996 con trabajadores bananeros, se encontró una reducción total del 35% de las lesiones causadas por plaguicidas, principalmente de tipo tópico (de 3.3 a 1.9 por 100 trabajadores); mientras que las sistémicas se mantienen iguales a 0.7 por 100 en ambos años. Durante ese periodo el Paraquat fue el producto más frecuentemente asociado a las lesiones; los trabajadores con mayor riesgo son los aplicadores de nematicidas y herbicidas, así como los limpiadores en las empacadoras de fruta. A pesar de las medidas de control implementadas las lesiones sistémicas son aun un problema persistente (Wesseling 2000b).
Varios estudios han demostrado exposición dermal ocupacional a plaguicidas en fincas bananeras. Vaquerano (1995) encontró la presencia de imazalil y tiabendazol en la piel de trabajadores de la planta empacadora; los cuales asociaron su exposición a estos fungicidas con molestias como ardor de ojos, picazón, alergia, ronchas, hongos y dolor de cabeza. Van Wendel de Joode et al. (1996) cuantificaron la exposición externa e interna a Paraquat en herbiceros bananeros y concluyeron que, los niveles de exposición medidos en conjunto con las situaciones peligrosas observadas continuamente en el campo, mostraban la posibilidad de ocurrencia de efectos agudos y crónicos en cualquier momento. Siete de los 11 aplicadores de Paraquat de este estudio refirieron uno a más problemas en la salud en los últimos 12 meses, que ellos atribuían a la exposición a Paraquat, incluyendo ampollas y quemaduras en manos, muslos, espalda, testículos y piernas; irritación y sensación quemante en ojos, lesiones en uñas y sangrado nasal, así como síntomas no específicos (p.e. dolor de cabeza, náusea y dolor abdominal).
En el análisis de los datos de 1997 del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, se muestra un patrón de intoxicación en donde los plaguicidas después de los medicamentos, representan la causa más importante de intoxicaciones (Leveridge 1999). De un total de 1 274 casos de intoxicación por plaguicida reportados durante 1996, la causa más frecuente fue de tipo laboral (33.8%), en una relación de sexos de 2.4 hombres por 1 mujer; casi la mitad de los casos se asocia a productos organofosforados, carbamatos y bipiridilos (Leveridge 1998).
Las estadísticas oficiales para los años 1995-1997 (Ministerio de Salud 1997a y 1998b) señalan a la Provincia de Limón, como la de mayor incidencia de intoxicaciones agudas por plaguicidas. Sin embargo en esta zona era donde tenía mayor cobertura el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones con Plaguicidas del Ministerio de Salud, por lo que este valor podría estar sobreestimado con respecto al resto del territorio nacional. Durante 1997, en Limón se registró un 33.1 % de un total de 920 casos, seguido por 19.6% en Puntarenas y 18.7% en Alajuela; el grupo más expuesto son hombres entre 15 y 39 años.
En cuanto al tipo genérico del plaguicida, para los años 1995, 1996 y 1997, sigue siendo el Paraquat el más importante si se considera el total de intoxicaciones (entre 25 y 23% del total y 20.4% laboral) y en segundo lugar las intoxicaciones con carbofurán (13% del total y 22 % laboral). El comportamiento de las intoxicaciones según su acción biocida es similar al presentado en la Fig. 6 para años anteriores.
La gran mayoría de las intoxicaciones son debidas a insecticidas/nematicidas del tipo organofosforados y carbamatos. En Limón se registró el 56% de las intoxicaciones laborales del país y por cultivo reportado, la mayor incidencia se dio en banano (52%) (Ministerio de Salud 1998b).




Fuente: Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (Quirós et al. 1994)
Fig. 6. Intoxicaciones con plaguicidas en Costa Rica de 1986 a 1992, según acción biocida.
Con relación a otros efectos crónicos, el caso más notorio ha sido la esterilización de miles de trabajadores bananeros por el dibromocloropropano (DBCP), sustancia prohibida en Estados Unidos a finales de los setentas pero importada en Costa Rica hasta 1988 (Thrupp 1991, Lowry y Frank 1999, Siegel y Siegel 1999, Slutsky et al. 1999). En una investigación realizada (Wesseling et al. 1996) sobre la incidencia de cáncer en trabajadores de plantaciones de banano (29 565 hombres y 4 892 mujeres) se registró un total de 368 casos de cáncer; encontrando mayor incidencia de melanoma y cáncer de pene en hombres y leucemia y cáncer de cérvix en mujeres. Se estimó que los trabajadores con mayor tiempo de empleo, tienen un riesgo elevado de cáncer de pulmón.
El riesgo de cáncer en cantones rurales de Costa Rica con uso alto de plaguicidas es más alto que en cantones rurales de bajo uso de plaguicidas, tanto para el riesgo total de cáncer como para cánceres específicos, en particular cáncer de pulmón en ambos sexos y cánceres de tipo hormonal en mujeres (Wesseling et al. 1999). Efectos genotóxicos han sido observados en mujeres de plantas empacadoras (Ramírez et al. 1998) y en trabajadores bananeros de campo (Au et al. 1999). Daño persistente en el sistema nervioso central y periférico ha sido demostrado en trabajadores previamente intoxicados con plaguicidas inhibidores de la acetil-colinesterasa (Vergara 1993, Wesseling et al. 1997) y efectos neurotóxicos también se han observado en trabajadores de control de vectores expuestos al DDT (van Wendel de Joode et al. 1998).


G. Evaluación de la eficiencia de los programas, políticas, y regulaciones vigentes sobre el registro de plaguicidas y

para el control de la contaminación ambiental y la protección

de la salud pública de usos inadecuados y drenaje



Legislación y reglamentación (incluyendo acuerdos internacionales)


Desde 1983 existe en Costa Rica un decreto de denuncia obligatoria de intoxicaciones con plaguicidas al Ministerio de Salud. Sin embargo, durante muchos años el reporte de intoxicaciones sólo ocurría en forma esporádica o irregular en la mayor parte de los centros de salud. En 1993, el entonces Departamento de Control de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo del Ministerio de Salud y el Programa de Plaguicidas de la Universidad Nacional iniciaron en conjunto un plan piloto para el diseño y la implementación de un sistema de vigilancia de intoxicaciones con plaguicidas en el Distrito de Cariari de Pococí (Rodríguez et al. 1995).
Casi en forma simultánea se inició el Proyecto PLAGSALUD, componente del programa Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano (MASICA), impulsado por la Organización Panamericana de la Salud. PLAGSALUD tiene como objetivo la vigilancia de intoxicaciones con plaguicidas y el control de las condiciones laborales y ambientales relacionadas con plaguicidas (Ministerio de Salud 1995). Los dos proyectos colaboraron entre 1995 y 1996 para ampliar la vigilancia a todo el Cantón de Pococí (Institute of Environmental Medicine & IRET 1999).
Un estudio de subregistro de las intoxicaciones en el Cantón de Pococí ejecutado en 1996 encontró que el reporte alcanzaba el 43% de las intoxicaciones con atención médica (Rodríguez y Ahlbom 1996). Para el año 1998, el sistema de vigilancia de intoxicaciones se había implementado en 6 cantones de la Vertiente Pacífica Central: Puntarenas, Orotina, Garabito, San Mateo, Aguirre y Parrita y en el Caribe en los cantones de Limón, Guácimo, Siquirres, Matina, Pococí y Talamanca. En 1998, la responsabilidad del sistema de vigilancia de intoxicaciones fue asignada a otro departamento en el Ministerio de Salud (del Departamento de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo al Departamento de Vigilancia Epidemiológica) y la boleta de reporte de intoxicaciones fue cambiada (Institute of Environmental Medicine & IRET 1999). Eso causó problemas en la recolección y análisis de los datos y actualmente sólo existen datos publicados de los años 1993 a 1997.
Por otra parte, en la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud existe un Programa de Vigilancia y Control de la Actividad Bananera, financiado por un impuesto a la caja de banano exportado, instituido en las modificaciones hechas a la Ley de la Corporación Bananera Nacional No. 4895 en 1990. En el programa trabajan 7 inspectores, los cuales tienen a su cargo alrededor de 40 fincas cada uno, visitándolas 2 veces al año. En el control utilizan un “Formulario de diagnóstico de finca bananera”, en donde se recoge información general de la finca, de la salud de los trabajadores (exámenes de colinesterasa), de la planta empacadora, las bodegas, las fondas, las viviendas, la aplicación de plaguicidas y la disposición de desechos. No se hacen análisis de plaguicidas en aguas de vertido, para consumo, ni en suelos. La divulgación de los datos de este programa sólo se ha realizado para los años 94 y 97 (Ministerio de Salud 1998a).
En el Programa de Control Estatal de la Actividad Bananera (Ministerio de Salud 1998a), se registraron en la Vertiente Caribe en 1997 alrededor de 200 fincas con un total de área cultivada de 45 500 ha. y 29 500 trabajadores; el cuerpo receptor de las aguas de drenaje del 86.5 % de estas fincas lo constituyen ríos y quebradas. Existe una organización de la salud ocupacional (presencia de técnico o profesional) en la mitad del total de las fincas bananeras estudiadas; entre 1994 y 1997 se registró una mejora del 15% de esa organización. En referencia a las medidas de seguridad laboral, el Ministerio ha promovido la aplicación de fungicida a la fruta con sistemas automatizados, sustituyendo al método manual tradicionalmente utilizado, para así reducir la exposición de los trabajadores y el exceso de producto en el ambiente. Como resultado se han implementado métodos alternos en la mitad de las fincas.
Otras medidas de seguridad laboral relacionadas con el uso de plaguicidas y evaluadas por el Programa de Control Estatal de la Actividad Bananera durante 1997 son:

  • uso de equipo de protección personal para abrir bolsas con insecticida (41% con equipo completo y 23% incompleto);

  • uso de equipo de protección personal para la aplicación terrestre de plaguicidas (65% con equipo completo y 35 % incompleto);

  • capacitación en normas de seguridad para la aplicación terrestre de plaguicidas (se da en el 95% de las fincas);

  • sistema de bandereo electrónico –en vez del manual- para fumigación aérea (implementado en el 90% de las fincas);

  • facilidades de duchas y sitios para ropa limpia y contaminada (existe en un 70%);

  • dispositivos de emergencia (duchas y lavaojos) en las bodegas de plaguicida (no existe en la mitad de las fincas);

  • disposición de envases vacíos de plaguicidas (en el 97 un 87.5% de los informantes dice que lo retorna al fabricante, el resto lo almacena, lo quema o lo entierra; mientras que en el 94 sólo el 5% lo retornaba al fabricante y un 60% lo enterraba).


Control de la salud pública y la contaminación ambiental por usos inadecuados y drenaje
La Legislación ambiental costarricense presenta suficientes normas para la protección de la salud y el ambiente por el uso inadecuado y el drenaje, aunque con ciertas dificultades en su aplicación y algunas imprecisiones. Además de la regulaciones antes citadas podemos indicar las siguientes:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTS 21, 50 Y 46.
En el artículo 50 se establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, esta legimitada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades y sanciones. El artículo 46 reconoce el derecho del consumidor a la protección del ambiente. Por su parte, el artículo 21 consagra el derecho a la vida, expresión que contempla el derecho a la salud. Estas normas constituyen la base constitucional relativa al derecho al ambiente y a la salud.
LEY DE USO, CONSERVACION Y MANEJO DE SUELO, No 7779 del 30 de abril de 1998, Art. 32 Y 33.
La Ley establece medidas para evitar el deterioro del suelo, promover su recuperación y el manejo y conservación de los mismos. Toda actividad que implique riesgo de contaminación de los suelos deberá basarse en una planificación que evite o minimice el riesgo de contaminación de tal recurso. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente, coordinados por el Ministerio de Salud, deberán dictar las medidas y los criterios técnicos para manejar los residuos de los productos de fertilización y agrotóxicos. Son normas generales y programáticas que carecen de efectos directos y tangibles más allá de sus enunciados generales, debido a la falta de reglamentación adecuada..
ADICIONES Y MODIFICACIONES A LA LEY CORBANA, Ley 7417 del 30 de abril de 1990 y sus reformas.
Se establece la obligación de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad bananera de contar con mecanismos de trabajo que no pongan en peligro la salud de los trabajadores y el ambiente. Asimismo, se crea un destino específico de la carga impuesta a cada caja de banano exportada para diversos entes y órganos, entre ellos el Ministerio de Salud para investigación y programas en las áreas de salud ocupacional y ambiental.
LEY GENERAL DE AVIACION CIVIL, No 5150, Art. 100 a 102 y sus reformas. Especialmente Ley No 7864.

Regula en forma general las actividades de aviación agrícola.



LEY DE BIODIVERSIDAD, No 7788 del 30 de abril de 1998,
La ley tiene como objetivos conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. Si bien no es de aplicación específica al tema de los plaguicidas, algunas de sus disposiciones como el principio preventivo, el principio precautorio o indubio pro natura, la conservación y el uso sostenible de ecosistemas y especies, la carga de la prueba, etc, son relevantes.
CREACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD Y RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, No 11397-A del 9 de abril de 1980.
Se crea el laboratorio oficial para el análisis de la calidad y residuos de agroquímicos y sus funciones. Las normas que se establezcan en esta materia tendrán carácter de obligatoriedad. Se estipulan las potestades del MAG para la toma de muestras y el financiamiento del laboratorio.
Decreto No 26066-S, del 15 de mayo de 1997.
Se designa al Laboratorio Central del AYA como laboratorio nacional de Aguas para la realización de estudios técnicos y análisis requeridos por el Ministerio de Salud.
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SUSTANCIAS BIOLOGICAS DE USO EN LA AGRICULTURA, No 23518-MAG del 16 de mayo de 1994, Art. 3, 10, 11 y siguientes.

Fundamentalmente regula la toma de muestra por parte del Ministerio de Agricultura para su análisis, la obligación de entregar las muestras y el deber de mantener un libro foliado con los resultados.



REGLAMENTO SOBRE IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS, PROCESAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD, ALMACENAMIENTO, USO, MANEJO SEGURO Y DISPOSICION DE DESECHOS DE BOLSAS TRATADAS CON INSECTICIDAS, No 24456-MAG del 4 de julio de 1995, fundamentalmente todo el reglamento.

Se regula la fabricación de bolsas plásticas para uso agrícola, permitiéndose únicamente aquellas debidamente registradas para tal propósito; el proceso de producción ( manejo de materia prima, control de calidad, etc.); requerimientos para la venta del producto; requisitos y condiciones para su uso y disposiciones para el manejo de los desechos.


REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE LA INDUSTRIA APICOLA NACIONAL, No 15563-MAG del 5 de julio de 1984.

Establece la responsabilidad por la mortandad de abejas provocadas por la aplicación de plaguicidas, tanto al dueño del cultivo como al personal contratado. Es obligación de quien aplica, sea por aspersión aérea o terrestre, comunicar a la Agencia de Extensión Agrícola más cercana con 72 horas de anticipación como mínimo. Esta a su vez debe notificar con 48 horas de antelación al apicultor que posea un apiario registrado a efectos de que tome las medidas del caso.


REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES DE AVIACION AGRICOLA, No 15486 del 6 de noviembre de 1984, especialmente Art. 59 y siguientes.

Regula con detalle las actividades de aviación agrícola y los permisos y requisitos necesarios para llevar a cabo tales operaciones, incluyendo los requerimientos para obtener un certificado de explotación para actividades de aviación agrícola ( CEA). Con respecto a la aplicación de plaguicidas un capítulo específico norma la forma de realizarla, prohibiciones, responsabilidades ( del piloto, dueño del cultivo y persona auxiliar), advertencias y demás obligaciones estipuladas para proteger el ambiente, la salud y las propiedades y actividades de terceros.


DECRETO SOBRE ASPERSION AEREA Y TERRESTRE DE CULTIVOS, No 13199-A-G del 2 de diciembre de 1982.
Se faculta al MAG para dictar medidas para regular los ciclos de aspersión aérea y terrestre de cultivos y las potestades de éste para señalar sistemas y procedimientos para el combate de plagas y enfermedades.
DECRETO DE CREACION DE LA ZONA PROTECTORA DE LOS ACUIFEROS DE GUACIMO Y POCOCI, No 17390-MAG-S, Art. 1 y 4.
Se crea la zona protectora correspondiente a los acuíferos de Guácimo y Pococí y se prohíbe, sin la autorización de las instituciones que corresponda, el uso de todo tipo de agroquímicos, plaguicidas, pesticidas o sustancias venenosas de cualquier fin.
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, No 1 del 2 de enero de 1967 y sus reformas, Art. 65 y a 77.

El reglamento en su totalidad dispone sobre seguridad de los trabajadores y condiciones de los locales. Específicamente prevé los casos de sustancias peligrosas, estableciéndose los requerimientos de condiciones máximas de seguridad e higiene, tales como ventilación, iluminación, temperatura y grado de humedad. Los pisos, paredes y techos deberán ser de materiales no atacables por los agentes indicados y los locales aislarse en los centros de trabajo. Otras disposiciones se refieren a la necesidad de contar con equipo de protección; altura mínima ( 90 cm) de depósitos o pilas que contengan líquidos corrosivos, calientes o que en general ofrezcan peligro; manipulación de los productos de forma que se evite el contacto con ellos o sus vapores; rotulación del envase con la materia peligrosa, etc. Las empresas deben de cumplir con las normas anteriores. En términos generales, éstas obligaciones se encuentran en otros de los reglamentos vistos como el de registro de plaguicidas, el de bodegas o el de permiso para reempacadoras y reenvasadoras.


DECRETO DE CREACION DE LA COMISION ASESORA PARA EL CONTROL Y LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE AVIACION AGRICOLA, No 20305-MOPT-MAG-S-TSS del 7 de marzo de 1991.
Se constituye la Comisión Asesora para el control y la regulación de las actividades de aviación agrícola, cuyo objetivo principal consiste en velar por la aplicación del reglamento respectivo. Se estipula su integración, funciones y otros aspectos operativos.



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