Estado Civil



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2. La incidencia de las normas y prácticas partidarias en el proceso de selección de candidatos

En Argentina, la nominación de candidatos a cargos legislativos nacionales compete a los partidos políticos de cada distrito electoral (las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los cuales definen en sus cartas orgánicas las modalidades que orientan el proceso de su selección16. Además de las fuerzas políticas con actuación nacional, existen diversos partidos provinciales que compiten por cargos legislativos nacionales. Un factor fundamental a tomar en cuenta en este marco es la situación de crisis partidaria que se evidenció especialmente a partir de la caída del gobierno de la Alianza UCR-FREPASO en 2001. La ruptura de la Alianza y la posterior fragmentación de los grandes partidos nacionales en varias vertientes que compiten entre sí, en combinación con la erosión de los mismos como organizaciones programáticas e internamente estructuradas, ha acentuado prácticas personalistas poco transparentes y democráticas (véase, por ejemplo, Leiras 2006 y 2007; Calvo y Escolar 2005).

En el complejo proceso de selección de candidatos17, la Ley de Cupo Femenino y su decreto reglamentario introducen de manera explícita al género como un criterio obligatorio a ser considerado en la confección de las listas para cargos legislativos nacionales, en la medida que establece la nominación de una cierta proporción de candidatas y delimita, de esta manera, los lugares disponibles para aspirantes masculinos. A pesar de las resistencias iniciales exhibidas por parte de las conducciones partidarias respecto de la aplicación del cupo femenino en el sentido estricto de la ley18, en la actualidad el cumplimiento del conjunto de sus disposiciones ya no constituye una materia de debate sino que forma parte de la rutina de la confección de las listas partidarias. No obstante este considerable avance, persisten prácticas tendientes a limitar la participación femenina en las candidaturas a los niveles mínimos legalmente establecidos, lo cual genera tensiones y efectos no deseados por la norma. En este plano, es de suma importancia analizar quiénes son los actores clave en la negociación política.
2.1. El papel de las elites partidarias
En el marco de la descentralización de la confección de las listas electorales para cargos legislativos nacionales19, las elites partidarias20 subnacionales (Leiras 2006 y 2007) juegan un papel preponderante, aún en aquellos casos en que se celebran –según de las distintas modalidades previstas por cada uno de los estatutos partidarios– internas (abiertas o cerradas) o congresos partidarios. En este contexto, la presentación de listas de unidad o de consenso constituiría un mecanismo frecuente para definir las nóminas de candidatos sin que intermedie la voluntad de los afiliados del partido21.

En las decisiones acerca de quiénes integrarán las listas, los titulares de los Poderes Ejecutivos, en particular gobernadores e intendentes de determinados municipios22, así como los presidentes partidarios y líderes de líneas internas, suelen tener una injerencia importante (De Luca, Jones y Tula 2002; Leiras 2006 y 2007; Jones 2004; Jones et al. 2002). Los testimonios de las y los legisladores nacionales entrevistados en el presente estudio dan cuenta de esta situación. A propósito, nuestros interlocutores de ambos géneros mencionaron de manera análoga la importancia del apoyo de ciertos dirigentes partidarios de peso para el logro de su nominación. Es decir, la evidencia empírica sugiere que mantener buenas relaciones con integrantes de la elite partidaria es vital para varones y mujeres, lo cual contraría un argumento frecuente que supone una mayor dependencia femenina con respecto a figuras influyentes.

En efecto, una proporción mayoritaria de las y los parlamentarios indicó que la negociación de elites o la decisión unilateral de la conducción de su partido constituyeron factores determinantes en los procesos de selección. “La confección de la lista es responsabilidad del gobernador, con un grupo de compañeros” (F20, PJ), señaló una diputada peronista. Además, alrededor de la mitad de los y las legisladoras manifestó que su propia postulación se debió, principalmente, a la intervención directa de integrantes de alta jerarquía del poder ejecutivo subnacional (y, a veces, nacional).

Por su parte, las líneas internas partidarias frecuentemente también disponen de poder de negociación. En particular, los y las entrevistadas de la UCR hicieron referencia a la intervención de estos agrupamientos, tal como lo ilustran los testimonio que se citan a continuación: “[Mi nominación] se logra a nivel partidario por una fuerte presión de la Liga de Intendentes, que es una línea interna de la Unión Cívica Radical de [mi provincia]” (M34, UCR). “Se unieron los distintos sectores, y en esta distribución de cargos de los distintos sectores yo milito en el sector de la [línea interna], que es una de las líneas internas del radicalismo en la provincia, y de ahí surgieron las distintas candidaturas” (F22, UCR).

A pesar de las coincidencias observadas en las apreciaciones de los y las parlamentarias, el análisis de los testimonios recabados también permite constatar marcadas diferencias que aluden a un posicionamiento desigual de mujeres y varones en este proceso. Específicamente, los relatos de los legisladores masculinos sugieren que más de un tercio de los mismos tuvo una participación activa en la selección de candidatos, mientras que sólo una minoría de las entrevistadas femeninas manifestó haber participado de manera activa en la confección de las listas.

Testimonios de los parlamentarios que aludieron a su intervención activa en la confección de las listas.


“Las decisiones en la [línea interna] las tomamos el grupo de conducción, que somos ocho o diez personas, que somos los que conducimos el sector y con un procedimiento de consulta con nuestra gente” (M31, UCR).


“Para esta diputación nacional yo busqué, para que haya más chances, a figuras extra-partidarias, dos candidatos independientes para que encabezaran la lista de diputados nacionales” (M23, FR).


“Yo era el socio político natural del gobernador” (M32, FRC).


“Yo fui cabeza de lista y elegí a mi segunda, que pudo haber sido un hombre y elegí una mujer de vieja trayectoria partidaria” (F23, FR).


Como fue señalado, las legisladoras que manifestaron haber desempeñado un papel decisivo en la negociación de las nóminas de candidatos fueron excepcionales, y sus testimonios remiten a experiencias muy puntuales. En efecto, sólo dos de las treinta y una entrevistadas indicaron haber participado del proceso, en un caso por haber integrado la mesa directiva de su partido y, en el otro, por haber conducido una agrupación interna23.

En consonancia con lo expuesto, varias legisladoras entrevistadas subrayaron que la selección de candidatos continúa siendo un dominio casi monopólico de figuras masculinas, quienes, de esta manera, también deciden de modo significativo quiénes serán las mujeres que integrarán las listas. Tal como lo expresó una parlamentaria, “en general los hombres dicen: ‘Ah... este lugar es de las mujeres. ¿A quién ponemos?’ Es lo que veo en todos los partidos” (F3, PJ). Como indicio de la virtual ausencia de mujeres como agentes con poder decisorio en el marco de estos procesos, resultan altamente ilustrativas las siguientes citas.
Testimonios de legisladoras: Las decisiones sobre la nominación de candidatos son tomadas por un grupo reducido de dirigentes masculinos


Lo que voy a decir no me gusta, pero las listas se arman a puertas cerradas. Hombres de mucho peso dentro del partido deciden finalmente quién es el candidato y a veces así nos va” (F15, PJ).

“Yo creo que el jefe del partido es el que tomaba las decisiones de las listas” (F16, PJ).

“Por supuesto que las decisiones las toma la cúpula, la mesa chica, como nosotros la llamamos. La mesa chica siempre está integrada por dos, tres, cuatro o cinco hombres del partido, en donde las mujeres no tenemos ni voz ni voto, directamente toman la decisión y luego te la comunican” (F14, UCR).

“[Las decisiones] las toman los hombres, porque los caudillos siempre son los hombres, los que hacen las negociaciones son los hombres” (F11, UCR).

“Desgraciadamente, la decisión la siguen tomando los hombres en mi partido” (F4, UCR).

“Los que toman las decisiones [...] son el general de sexo masculino” (F2, FREPOBO).

Las apreciaciones de las entrevistadas se ven reforzadas a la luz de algunos datos que exponen el persistente sesgo masculino en los grupos decisorios partidarios24. Si bien el Art. 37 y la cláusula transitoria segunda de la Constitución nacional establecen que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos”25, no todos los partidos adecuaron sus Cartas Orgánicas a este mandato. Por otro lado, la inclusión de cuotas femeninas o de género en los estatutos partidarios tampoco constituye una garantía para su cumplimiento26.

De modo ilustrativo, a continuación se presenta un cuadro comparativo de las provisiones de las Cartas Orgánicas nacionales –o distritales en el caso de los partidos sin estructura nacional– y sus efectos sobre la participación de mujeres en los órganos ejecutivos partidarios. Si bien éstos no necesariamente poseen un poder decisivo en el proceso de la confección de las listas electorales, el análisis de su composición por género constituye un indicador respecto de la voluntad de las fuerzas políticas de incluir a mujeres en la toma de decisiones internas.

Tabla 3
Cuotas de género y participación de mujeres en los órganos ejecutivos
de partidos políticos





Partido

Cupo

Órgano

Integrantes

Mujeres

% Mujeres

ARI

Mínimo del 30% de cada género

Junta Ejecutiva Nacional

9

5

56

CPC (CABA)

Mínimo de 30% de cada género

Consejo Directivo

44

10

23

MPN (Neuquén)

Cupo femenino del 30%

Junta de Gobierno

20

7

35

PJ

No

Consejo Nacional

Intervenido desde septiembre 2005

PS

Mínimo del 30% de cada género

Comité Ejecutivo Nacional

25

8

32

Recrear

CABA: cada 2 personas de un sexo, debe figurar una del otro.

Provincia de Buenos Aires: No



Junta Nacional

20

3

15

UCR

Cupo femenino del 30%

Comité Nacional

34 (27)*

5

19

* De siete cargos no se informan los nombres de las personas, de manera tal que el porcentaje se calcula sobre la base de 27 integrantes.


Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles en las Páginas en Internet de los partidos correspondientes.

En esta misma dirección, se puede observar que las 24 presidencias distritales de la UCR son exclusivamente ejercidas por figuras masculinas mientras que en, el caso del PJ, una sola mujer ocupa esta posición. Asimismo, la proporción de mujeres a cargo de funciones electivas del Poder Ejecutivo, que aportan importantes recursos materiales y simbólicos para acumular poder político (Leiras 2007), también es todavía considerablemente reducida. De hecho, en ninguna de las provincias y tampoco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el cargo de gobernador o jefe de gobierno es ejercido por mujeres. Cabe señalar, no obstante, que en las elecciones provinciales de Tierra del Fuego en 2007, por primera vez en la historia argentina resultó electa como gobernadora Fabiana Ríos (ARI), cuyo mandato se iniciará en diciembre del corriente año. Asimismo, solamente cinco provincias cuentan con vicegobernadoras, mientras que entre los intendentes municipales, en el año 2004, las mujeres constituían sólo un 8,5% de los mismos (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 2005).

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible advertir dos fenómenos empíricos convergentes y proclives a disminuir las potencialidades que ofrece el sistema electoral argentino respecto de la igualdad de oportunidades de mujeres y varones en el campo de la política institucional. En primer lugar, la composición demográfica de la dirigencia decisoria, que es principalmente masculina y, en segundo término, el predominio de prácticas partidarias por lo general cerradas y poco permeables a la participación de grupos y personas que no pertenecen a la elite de toma de decisiones.

En este marco de juego político cerrado y poco democrático, las modalidades que guían los procesos de selección tienden a circunscribir las chances electorales de las mujeres a lo estrictamente estipulado por la norma. Esta concentración de las negociaciones políticas en manos de elites mayoritariamente masculinas, y la escasa injerencia de mujeres en este proceso, producen tensiones específicas entre las postulantes, tal como se desarrollará a continuación.


2.2. El procesamiento del cupo femenino en la práctica de los partidos políticos
Como ha sido mencionado previamente, las disposiciones de la Ley de Cupo Femenino generalmente son respetadas por los partidos políticos como un factor ineludible en el proceso de selección de candidatos. No obstante, y habida cuenta de la reducida cantidad de candidatos que integran las listas partidarias en la mayoría de los distritos electorales del país, la redistribución de las escasas posiciones con chances efectivas suele ser conflictiva. En este marco, la evidencia cualitativa recabada sugiere que los actores clave no tratarían a las aspirantes femeninas en pie de igualdad con respecto a sus contrincantes masculinos. De acuerdo con lo expresado por numerosas legisladoras, el cupo femenino suele ser comprendido como una complicación para los negociadores partidarios. “Hay veces en que he escuchado decir, ‘ah, si no tuviéramos que poner en segundo o tercer [lugar] una mujer ¡que fácil que sería el cerrado de esta lista!’” (F15, PJ), manifestó una de ellas. Esta complicación adquiriría una particular expresión en el marco de las negociaciones que realizan líderes de diferentes líneas partidarias en pos de confeccionar listas de unidad, o en la celebración de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas.

En particular, pareciera existir una regla informal pero frecuente según la cual la obligación de emplazar a mujeres en los primeros lugares de las listas que les corresponden según la ley recaería en la fuerza minoritaria, tal como lo expresaron de forma coincidente una legisladora radical y un parlamentario del ARI. En palabras de la mencionada diputada, en su partido “el grupo que pierde la elección [interna] pone la mujer en la lista definitiva. En la jerga de los hombres, se paga con la mujer, digamos, el castigo de la lista que perdió es poner la mujer en la lista definitiva” (F11, UCR). Por su parte, el testimonio del entrevistado se refiere de modo más general a la existencia de esta práctica:


“Incluso, existe una frase típica en los partidos políticos, al grupo que le va peor en la distribución interna de los cargos, le dicen: 'bueno, vos pagás la mujer'. Es decir, es el grupo que tiene que poner la mujer como una especie de penalización e incluso está puesto en esos términos: 'Pagás la mujer', como que 'tenemos que poner una mina (sic)'. Pero esa frase es típica de casi todos los partidos políticos” (M26, ARI).
La mentada vigencia de esta regla, aparentemente generalizada27, y su interpretación en términos de castigo o penalización de los grupos con menor poder de negociación, sugieren que las mujeres se encuentran en una situación de subordinación en este proceso y no son consideradas postulantes en condiciones de igualdad con sus competidores masculinos. En palabras de un diputado peronista, “a la mujer le cuesta mucho ser aceptada por la burocracia partidaria como un actor importante en la vida política. Y le cuesta mucho integrar las listas” (M12, Alianza Frente Renovador).

Por otra parte, la distribución de recursos escasos llevaría –de acuerdo con algunos testimonios de legisladoras– a que las precandidatas deban enfrentar presiones destinadas a obligarlas a aceptar su desplazamiento: “Cuando hay que ceder un lugar porque no alcanzan los lugares, la primera que se va es una mujer […] porque para poder cerrar las listas y que fulano no se enoje o quede disconforme, hay que sacar a alguien que ya se había puesto, y casi siempre ese fusible es la mujer” (F28, PJ).

En este marco, la competencia por integrar las listas electorales en lugares favorables adquiere rasgos desiguales para mujeres y varones las cuales se manifiestan en las valoraciones contrastantes que expresan los y las legisladoras con respecto a la competencia por integrar las listas. Entre los legisladores masculinos prima la convicción de que, en el proceso de selección de candidatos, la puja entre individuos o líneas internas es un elemento constitutivo de la actividad política. “Siempre hay alguien que quiere ocupar el lugar en el cual uno puede estar postulado” (M8, Alianza FV). A pesar de que la mayoría de las entrevistadas compartió esta apreciación, varias legisladoras consideraron al género de sus competidores como una dimensión de relevancia, aspecto completamente ausente en los testimonios de los parlamentarios masculinos. En primer lugar, algunas legisladoras manifestaron que sus candidaturas despertaron resistencias por parte de varones que percibían haber perdido una posición. “Recibí resistencias de los hombres [...] porque tenían aspiraciones de que, en vez que fuera yo, fuera algunos de ellos” (F21, UCR). En segundo término, se enfatizó que “hay pujas normalmente dentro del grupo de mujeres para ocupar los espacios destinados hacia la mujer” (F7, PJ).

En este contexto de desigualdad de género, el porcentaje mínimo de candidaturas femeninas estipulado por la Ley de Cupo tiende a ser aceptado por las propias mujeres como un espacio delimitado para su participación, lo cual tiende a apartarlas de las condiciones generales de la competencia política y a remitirlas a una contienda intra género. De este modo, la decisión de incluir más candidatas o de emplazarlas en mejores posiciones queda librada a la voluntad política de las elites partidarias sin la mediación de acciones colectivas de mujeres en pos de superar el porcentaje mínimo legalmente impuesto28. En consecuencia, el espacio de competencia de los postulantes masculinos es mayor, en la medida en que pueden disputarse el 70% de los lugares de la lista.

No obstante, algunas entrevistadas advirtieron el problema de aceptar el cupo femenino en términos de un espacio acortado para las candidaturas femeninas y la subsiguiente competencia entre ellas, como lo grafica el siguiente testimonio: “Entonces las mismas mujeres hemos tomado que nuestro cupo es el 33% (sic), o sea, que nuestro piso es el techo. [...] pero nosotras tenemos que pelear más allá de la ley, más allá de lo que dice la letra de la ley, nuestros propios espacios. Nosotros tenemos que salir a la calle, salir al ruedo y mostrarnos como una alternativa viable” (F22, UCR). Los testimonios no evidenciaron la existencia de acciones colectivas en este sentido. Sin embargo, como ha sido señalado anteriormente, existen propuestas legislativas de cupos para los cargos de conducción partidaria destinadas a incrementar la participación femenina en las decisiones de estas fuerzas políticas.

Por otra parte, según la percepción de algunas entrevistadas, el cupo femenino no es concebido como una conquista que delimita el poder de las dirigencias masculinas de seleccionar a los y las candidatas, sino en términos de una concesión otorgada por varones. El siguiente testimonio ilustra cómo la conjunción de estos factores estimula la competencia entre mujeres, al tiempo en que inhibe el desarrollo de iniciativas destinadas a ampliar su participación en la competencia por el acceso a cargos legislativos.


“Será justamente que son tan pocos los espacios que nos dan los hombres que al final terminamos compitiendo entre nosotras, y esa competencia muchas veces se convierte en competencia desleal, porque creemos que la otra viene a ocupar mi espacio o yo voy a ocupar el espacio de otra, y no es así. Se debe justamente a los pocos espacios que nos dan en estructuras todavía bastante machistas en la historia que tenemos, no solo en nuestro partido, sino en todos los otros partidos políticos” (F14, UCR).
Ante este escenario, varias entrevistadas se refirieron de manera crítica a las condiciones que habrían facilitado la inclusión de algunas de sus contrincantes en las listas, haciendo especial hincapié en sus estrechos vínculos –fundamentalmente familiarescon personalidades influyentes del partido. Si bien las modalidades vigentes de selección de candidatos podrían dar sustento a la existencia de prácticas de líderes que, al emplazar a candidatas de su confianza, intentarían utilizar el cupo femenino de manera instrumental para su propia acumulación de poder, resulta problemático que las apreciaciones de las entrevistadas no se hagan extensivas a los candidatos masculinos con lazos familiares en la política. Al restringir esta mirada crítica a mujeres, estas valoraciones no sólo contribuyen al mantenimiento de cierta estigmatización de las candidatas femeninas sino que también omiten que -tal como se develará en el capítulo sobre las trayectorias de legisladores y legisladoras-, la familia a menudo opera como una fuente de capital social que provee lazos directos para su incorporación en la política, en especial para varones. Finalmente, esta perspectiva crítica acotada a mujeres des-responsabiliza a los actores con poder decisorio en la confeccionan las listas.

En síntesis, los testimonios de los y las legisladoras entrevistadas pusieron de relieve cómo, en el marco de los procesos de selección de candidatos, se producen y reproducen dinámicas y prácticas que generan condiciones de desigualdad de género en la competencia política. Las tentativas de los actores decisorios (mayoritariamente masculinos) de preservar sus prerrogativas frente a grupos que históricamente han gozado de menores grados de poder relativo sitúan a las mujeres en una posición de desventaja y subordinación. A su vez, las modalidades que adquieren las negociaciones políticas de las dirigencias partidarias –sintetizadas de manera gráfica en la expresión quien pierde paga la mujer- demuestran con claridad la necesidad de mantener en vigencia el cupo femenino para garantizar la inclusión de un porcentaje mínimo de candidatas femeninas en las listas partidarias.


2.3. El impacto del cupo femenino respecto del emplazamiento en las listas partidarias desde la óptica de los y las entrevistadas
Al ser consultados acerca de si las disposiciones de la Ley de Cupo Femenino influyeron sobre su inclusión y emplazamiento en las listas partidarias29, las y los entrevistados ofrecieron valoraciones muy distintas. En efecto, la mayoría de las legisladoras manifestó que la vigencia de esta norma resultó decisiva para sus propias oportunidades, o bien para las mujeres candidatas de modo general30, en tanto que los legisladores negaron cualquier tipo de influencia respecto de su candidatura, o se refirieron sólo vagamente a su efectivo cumplimiento, sin dar cuenta de lo ocurrido en su caso específico31.

Si se considera que las cuotas, en la medida en que amplían el espacio para la inclusión femenina en la disputa por cargos electivos, también acotan el histórico predominio masculino en la arena de la competencia electoral, dicho contraste podría, a priori, parecer llamativo. Sin embargo, al comparar el promedio de las posiciones relativas de los y las entrevistadas en las listas partidarias (véase Tabla 4), estas apreciaciones cobran un significado específico. En los períodos legislativos considerados particularmente en este estudio (2003/2005 y 2005/2007)32, en promedio el 52,2% de los parlamentarios, pero sólo el 17,4% de las legisladoras, ocuparon el primer lugar de sus respectivas listas (en cuyo caso no intervienen los mandatos de emplazamiento del decreto reglamentario de la Ley 24.012). Las candidaturas femeninas, en cambio, se concentraron fuertemente en el segundo puesto (49,7%), generalmente en coincidencia con las provisiones legales.

No obstante estas diferencias, si se comparan en forma separada los emplazamientos en los comicios de los años 2001 a 2005, se observa una línea ascendente en la cantidad de diputadas electas liderando sus listas partidarias lo, cual indicaría una tendencia más alentadora. En los comicios de 2001, seis candidatas (14,3%) revistieron esta condición, en los de 2003 lo hicieron nueve (19,6%) y en los de 2005, diez (21,3%). Mayoritariamente, estas diputadas pertenecieron a diferentes vertientes del justicialismo y al ARI, mientras que en la UCR y en los partidos provinciales constituyen escasas excepciones.

En el caso del Senado, en los períodos 2003/2005 y 2005/2007 se contabilizaron tres senadoras (el 4% del total de los integrantes de la Cámara alta) que fueron emplazadas en la primera posición de su lista. En particular, tres fueron electas en 2001 y otras tres en 2005, mientras que en los comicios de 2003 ninguna mujer lideró una lista de candidatos a la Cámara alta. En todos los casos, las legisladoras mencionadas pertenecen a distintas expresiones del justicialismo.



A la luz de estos datos –que también reflejan el emplazamiento de las y los entrevistados– es dable suponer que para la gran mayoría de nuestras interlocutoras las provisiones del cupo femenino han sido decisivas respecto de la posición que ocuparon en sus listas.

Tabla 4
Ubicación de diputados y diputadas en las listas electorales


Valores promedio para los períodos legislativos 2003/2005 y 2005/2007


Ubicación

Muestra

Total diputadas

Muestra

Total diputados




Diputadas

%

% (1)

Diputados

%

% (1)

1

4

17,4

18,4

15

53,6

52,2

2

11

47,8

50,4

3

10,7

10,8

3

4

17,4

11,2

4

14,3

12,1

4

0

0,0

3,8

1

3,6

6,4

5

1

4,3

2,2

2

7,1

3,2

>5

3

13,0

14,0

3

10,7

15,2

Total

23

100,0

100,0

28

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Baron (2004 y 2006).

1) Los porcentajes para la totalidad de diputados y diputadas es el promedio para los períodos legislativos 2003/2005 y 2005/2007

Estos datos encuentran su correlato en los testimonios de algunos entrevistados, los cuales sugieren que la oportunidad de encabezar una lista sigue siendo una prerrogativa masculina 33 y que las candidatas femeninas no suelen ser percibidas como competidoras efectivas.

Tentativamente, esta tendencia podría deberse a los factores mencionados anteriormente, es decir, a las prácticas cerradas para la confección de listas, a la presencia de una elite partidaria mayoritariamente masculina y la ausencia de acciones colectivas de mujeres políticas orientadas a impulsar a candidatas como cabeza de listas; otros factores de importancia serían una cuota de inercia estructural de las organizaciones políticas poco permeables al acceso de grupos históricamente marginados y a ciertos criterios (no necesariamente conscientes) de las dirigencias a la hora de seleccionar los candidatos.

Percepciones de legisladores masculinos respecto de la influencia del cupo femenino sobre su emplazamiento en la lista34


“No [influyó], porque ocupé el primer lugar y el segundo una mujer” (M1, UCR).

“Sí, la Ley de Cupo Femenino, en el partido, en nuestro partido en [la provincia], establece el 50% de distribución de los cargos, por lo tanto yo lideraba la lista porque fui candidato a Senador” (M29, PJ).

“No [influyó], porque era un cargo alto, estaba en los primeros lugares”
(M13, UCR).

“No [influyó], porque llegué primero e iba segunda una chica” (sic) (M19, Alianza FV).

Los legisladores entrevistados que no ocuparon el primer lugar de su lista35 no percibieron haber sido desplazados como consecuencia de la Ley de Cupo Femenino. En este sentido, un grupo de entrevistados reconoció en términos generales que el cupo femenino influyó en la composición de las listas, pero no hizo referencia a su propio emplazamiento, como lo manifiesta el siguiente testimonio de un diputado: “Sí, puede haber influido, siempre influye. Yo no soy mujer, por ende, puede haber influido, pero esto se toma como una verdad que en cada lista. Sucede que el espacio es el que les corresponde a las mujeres y no es un tema que se discute” (M10, PJ). Otros entrevistados consideraron que en su caso particular el cupo no influyó porque ocuparon lugares con posibilidad de resultar electos -”No, no mucho; yo ocupé el quinto lugar, así que no” (M28, CPC)- o acreditaron el emplazamiento de las candidatas femeninas a la voluntad del partido y no a los requisitos de la norma: “En la lista iban dos mujeres y después yo [...] Fue una decisión del partido” (M26, ARI).

En suma, el cumplimiento del cupo femenino por parte de los partidos políticos garantiza la inclusión del porcentaje mínimo de mujeres en las listas, pero no parecería haber estimulado cambios significativos en las preferencias favorables a aspirantes masculinos por parte de los actores críticos, con poder decisorio, en la selección de candidatos.

Ante este escenario, los y las entrevistadas percibieron de manera diferente la influencia del cupo femenino sobre su emplazamiento en las boletas partidarias. Mientras que las legisladoras manifestaron mayoritariamente que esta norma es de vital importancia para sortear los obstáculos que siguen ofreciendo las estructuras y prácticas de los partidos con respecto a su participación en la competencia por el acceso a cargos electivos, los parlamentarios coincidieron en que esta medida de acción afirmativa no ha mermado sus chances de obtener una candidatura.

En este plano, las marcadas diferencias en el posicionamiento de los y las aspirantes a candidaturas frente a las prácticas partidarias de selección de candidatos también se reflejaron en las opiniones de nuestros interlocutores de ambos géneros acerca de la necesidad y los posibles modos de perfeccionar el cupo femenino. Mientras que más de la mitad de las entrevistadas se mostró partidaria de mejorar el cupo, sólo la quinta parte de los legisladores coincidió con esta postura. En este marco, siete (sobre 31) parlamentarias y siete (sobre 35) parlamentarios propusieron medidas específicas como, por ejemplo, elevar el cupo femenino vigente al 50%, mientras que seis mujeres y dos varones36 abogaron por cupos femeninos para los poderes ejecutivo y judicial, los partidos políticos y los sindicatos (este último en vigencia). Mientras que más de la mitad de las entrevistadas se mostró partidaria de mejorar el cupo, sólo el siete legisladores coincidieron con esta postura. Específicamente, siete (sobre 31) parlamentarias y cinco (sobre 35) parlamentarios propusieron elevar el cupo femenino vigente al 50%, mientras que seis mujeres y dos varones abogaron por cupos femeninos para los poderes ejecutivo y judicial, los partidos políticos y los sindicatos (este último en vigencia).

En cuanto al establecimiento de cupos partidarios, una entrevistada planteó la necesidad de que “el 30% [de mujeres] sea una representación real, sobre todos en cargos partidarios. Cuando hablo de representación real hablo de representación con toma de decisiones, que no sean únicamente los hombres del partido los que deciden sino que también sean las mujeres del partido las que decidan sobre determinadas cuestiones” (F14, UCR). En este sentido fueron presentados –mayoritariamente por parte de legisladoras- más de diez proyectos de ley que establecen una participación de mujeres en los órganos colegiados de los partidos políticos entre el 30% y el 50% o bien cuotas mínimas y máximas para ambos géneros37. No obstante estos esfuerzos, los testimonios no dieron cuenta de acciones colectivas de mujeres políticas en el seno de sus organizaciones en pos de incrementar su participación en los procesos decisorios. La aparente concentración en estrategias principalmente de índole legislativa podría explicarse en función de la experiencia con las fracasadas tentativas de militantes de la UCR en los años ochenta respecto de la introducción un cupo femenino para cargos legislativos a través de una reforma de la carta orgánica de su propio partido. Por otro lado, el éxito de la Ley de Cupo Femenino en cuanto a su capacidad de incrementar el número de parlamentarias brindaría un modelo alentador para impulsar los cambios deseados mediante una norma legal.

Por otra parte, en consideración de que los titulares de ciertos puestos del Poder Ejecutivo manejan recursos que les brindan posiciones de poder en sus partidos, un segundo orden de iniciativas potencialmente relevantes para mejorar las condiciones que enfrentan las mujeres para participar en las negociaciones de las listas partidarias comprende proyectos destinados a introducir cuotas para cargos ejecutivos 38. Ya que la presencia de titulares femeninas en los mismos es eminentemente escasa, este tipo de medidas podría contribuir a incrementar la cantidad de mujeres con chances efectivas de influir en los procesos de nominación de candidatos, otorgándoles un protagonismo mucho más acentuado.
2.4. Las percepciones de los y las entrevistadas acerca de los criterios que motivaron su integración en las listas
Frente a las aparentes desventajas que generalmente siguen enfrentando las mujeres en el contexto de las prácticas partidarias que orientan el proceso de selección de candidatos, la pregunta acerca de la existencia de criterios sesgados a favor de varones reviste una especial importancia. Como ha sido señalado anteriormente, la demanda de candidatos expresa un conjunto de actitudes, valores y criterios tomados en cuenta por los actores clave a la hora de decidir quiénes integrarán las listas partidarias. Aunque los atributos valorados de los posibles aspirantes varían de una fuerza política a otra, éstos pueden incluir aspectos tales como sus trayectorias partidarias, experiencias legislativas o ejecutivas previas, habilidades oratorias, recursos financieros, vínculos políticos, visibilidad pública, niveles educativos, integración en redes o habilidades organizativas (Rahat y Hazan 2001, citado en Krook 2007).

En los procesos de demanda de candidatos podrían operar mecanismos implícitos de discriminación contra las aspirantes femeninas que se reflejarían en determinados cálculos electorales39 (Norris 1997; Matland 2006), en la vigencia de un modelo masculino según el cual las y los candidatos deberían ostentar atributos que se encontrarían de facto –o en la percepción estereotipada de los actores clave- en mayor medida en los varones que las mujeres (Norris 1998, citada en Tremblay 2006), así como en factores psicológicos tales como la preferencia de los actores decisorios respecto de las personas que presentan sus mismas características (Niven 1988).

Si bien en este estudio se entrevistó a legisladores y legisladoras, y no a los líderes o dirigentes con mayor peso decisorio en la definición de las candidaturas40, las apreciaciones de nuestros interlocutores de ambos géneros pueden iluminar de manera indirecta algunos de los criterios que rigen la selección de candidatos legislativos nacionales41.

Al apreciar cuáles fueron los motivos decisivos para acceder a una candidatura, los y las entrevistadas42 mencionaron una gran diversidad de atributos tales como la trayectoria previa, el perfil político y la imagen pública43.

En cuanto a las similitudes entre las apreciaciones de los legisladores y las legisladoras, es posible notar una coincidencia respecto de la relevancia que otorgaron a las trayectorias partidarias y a la imagen pública. Tanto legisladoras como legisladores subrayaron la importancia de contar con trayectorias partidarias previas, enfatizando de este modo la necesidad de ser una persona reconocida en el partido y de disponer de la confianza de la dirigencia. En este sentido, se señalaron atributos como la lealtad: –”Yo soy un hombre del partido y yo soy un hombre que camina con el partido” (M15, UCR)– y el trabajo en la organización, como lo ilustra el testimonio de una diputada: “Los motivos [de mi candidatura fueron] la legitimidad de mi militancia política y la actuación en relación con el grupo de pertenencia; participé en su formación, he contribuido al fortalecimiento político del grupo” (F11, UCR).

Por el contrario, se hallaron diferencias en la valoración del perfil político, enfatizado por los entrevistados masculinos, y la importancia aducida a los cargos previos ejercidos por las parlamentarias. En las narrativas de las mujeres, los antecedentes en cargos legislativos y ejecutivos que pueden brindar experiencia para la labor en el Congreso nacional cobraron especial importancia. Mientras casi la mitad de de las entrevistadas hizo hincapié en este aspecto, solo lo hicieron tres de los treinta y cinco entrevistados. Tomando en cuenta que los parlamentarios masculinos también disponen de dichos antecedentes como se podrá apreciar en el capítulo sobre las trayectorias de las y los legisladores nacionales el mayor énfasis que las mujeres otorgaron a este motivo podría remitir a una necesidad de justificar su nominación como resultante de sus méritos personales y de rebatir los prejuicios en función de los cuales la nominación de candidatas se debería primordialmente al cupo femenino y no a su desempeño político. De este modo, una diputada que reconoció la importancia del cupo femenino, fundamentó su nominación (y no la de otra mujer) en su desempeño ejecutivo: “Creo que lo primero era que había que tener una compañera mujer en la lista. Y para que me elijan a mí como candidata [...] (tomaron en consideración) el último cargo que ejercí de secretaria de gobierno en el que creo que cumplí la tarea bien como para poder ser reconocida” (F20, PJ).

Otra parlamentaria indicó que su nominación como legisladora nacional descansó en su exitosa gestión en un cargo ejecutivo, lo cual le brindó una visibilidad especial en un contexto en que escasean funcionarias femeninas:

“Fue la consecuencia de vivir cuatro años a cargo, en la provincia, de una secretaría de las más complejas, de la seguridad, de la justicia, del trabajo, en la época en la que se cae De la Rúa, que se quiebra el país. Eso me obligó a tener una presencia muy activa en la calle, en los movimientos, con los piqueteros, con la devaluación, la caída del salario. [Fue] muy activa [mi] participación, era la única mujer en ese gabinete, entonces resaltaba mucho” (F5, MPN).


De acuerdo con la valoración de los parlamentarios masculinos, su perfil político, definido en términos de la capacidad de incidir sobre la agenda política y la vida partidaria, fue una razón de importancia que habría estimulado su inclusión en las listas. En este sentido, por ejemplo, un entrevistado señaló que propuso “una agenda legislativa que el país estaba reclamando en el año 2001” (M29, PJ), mientras que otro legislador resaltó que “tenía una buena propuesta para la provincia” (M13, UCR). La relevancia del perfil político como un motivo central para su emplazamiento en la lista fue mencionada por un tercio de los legisladores entrevistados y sólo por dos de las treinta y una entrevistadas. Estas últimas, además, explicaron su perfil político enfatizando sus antecedentes y compromiso en materia de derechos humanos.

A modo de recapitulación de lo expuesto, es dable concluir que las trayectorias partidarias y a la imagen pública son atributos que los y las legisladoras perciben como valorados por parte de los líderes de sus fuerzas políticas a la hora de decidir las candidaturas. En cuanto a las diferencias encontradas en las apreciaciones de los y las entrevistadas, cabe resaltar la relevancia atribuida especialmente por mujeres a sus antecedentes en cargos ejecutivos y legislativos previos. Este énfasis debe entenderse en el contexto de la importancia del cupo femenino para su nominación y emplazamiento en las listas, que parecería estimular cierta estigmatización y la idea de que sus candidaturas podrían haberse derivado simplemente de la obligación de los partidos de cumplir la ley, con independencia de los méritos individuales de las legisladoras.



3. La reelección de legisladores y legisladoras

Un aspecto vinculado al proceso de selección de candidatos se refiere a la reelección de legisladores y legisladoras cuyo mandato ha finalizado. A fin de indagar si se observan pautas diferenciales para ambos géneros, se analizaron las elecciones que tuvieron lugar entre 1993 y 2005 para diputados y entre 2001-2005 para la categoría senadores nacionales44. El resultado más sobresaliente de este análisis es que, en promedio, la tasa de reelección femenina supera a la de los varones, alcanzando el 23,6% versus el 19,5% en la Cámara baja, y el 34,7% versus el 21,2% en el Senado45.




Tabla 5

Tasas de reelección de diputados (1993-2005) y senadores (2001-2005) de ambos sexos, en promedio








Total

Mujeres

Varones

Diputados/as

19,5

23,6

18,8

Senadores/as

21,2

34,7

18,0

Fuente: Elaboración propia con base en las nóminas de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado provistas por el Ministerio del Interior y por la Dirección de Información Parlamentaria.

Como se observará en el Gráfico 1, la tasa de reelección de diputados y diputadas entre los años 1993 y 2005 presenta algunas variaciones a lo largo del tiempo. En los comicios de 1993, 1995, 2003 y 2005 la tasa de reelección femenina superó a la masculina, mientras en el resto de los años se registra un resultado opuesto.



Gráfico 1:

Tasas de reelección de diputados y diputadas (1993-2005)




Fuente: Elaboración propia con base en las nóminas de integrantes de la Cámara de Diputados (Ministerio del Interior y Dirección de Información Parlamentaria).

El Senado presenta la particularidad de que, en 2001, se renovó la totalidad de las bancas y, en este año, ninguna de las cuatro senadoras en ejercicio durante el período anterior fue reelegida. En 2003, en cambio, cuatro de las seis senadoras cuyo mandato finalizó ese año volvieron a la Cámara alta46, y en 2005 la tasa fue bastante pareja entre los legisladores de ambos géneros.


Gráfico 2:
Tasas de reelección de senadores y senadoras (2001-2005)

Fuente: Elaboración propia con base en las nóminas de integrantes del Senado (Ministerio del Interior).

Los datos anteriormente expuestos se ven mediados por el hecho de que puede haber candidatos y candidatas que integraron la lista por segunda vez, pero no obtuvieron una banca. En este sentido, la tasa de re-nominación es un indicador más preciso. En el marco del presente trabajo no nos fue posible relevar los datos relativos para varios años, de manera que nos limitamos a comparar las listas electorales de 2005 con los y las integrantes del Congreso nacional cuyo mandato vencía en este momento.

En el caso de las y los candidatos para la Cámara baja, la diferencia es aún mayor a favor de las mujeres. Mientras el 18,8% de los diputados logró renovar su inclusión en la lista, el 41,9% de las diputadas fue nominada nuevamente. Para el caso del Senado también se observa esta tendencia, aunque con una menor diferencia entre varones y mujeres: el 36,4% de las senadoras y el 23,1% de los senadores fueron re-nominados.



Tabla 6
Tasas de re-nominación de diputados y diputadas (2005)










Re-nominados

%

Total re-elegibles

128

34

26,6

Varones

85

16

18,8

Mujeres

43

18

41,9

Fuentes: Integrantes Cámara de Diputados 2003-2005 (Ministerio del Interior), listas electorales (Dirección General Electoral).



Tabla 7
Tasa de re-nominación de senadores y senadoras (2005)










Re-nominados

%

Total re-elegibles

24

7

29,2

Varones

13

3

23,1

Mujeres

11

4

36,4

Fuentes: Elaboración propia con base en la nómina de senadores que cesaron su mandato en 2005 (Ministerio del Interior) y la composición de las listas electorales (Dirección General Electoral).

Los resultados del análisis indicarían que las aspirantes femeninas a la re-nominación no disponen de menos oportunidades que sus pares masculinos. No obstante, este hallazgo requiere una interpretación cuidadosa y plantea cuestiones para futuras investigaciones. En consideración de que la gran mayoría de los y las legisladoras solamente ejerce un único mandato (véase Tabla 8) cabría preguntarse en qué medida aspiran a una permanencia prolongada en el Congreso de la Nación47.

Tabla 8
Cantidad de mandatos subsiguientes ejercidos por
diputados y diputadas (1993 – 2006) (en porcentaje)





Número de mandatos

Total

Varones

Mujeres

1

81,7

81,2

82,9

2

13,9

14,1

13,4

3

3,6

3,6

3,7

4

0,8

1,1

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia con base en las nóminas de integrantes de la Cámara de Diputados (Ministerio del Interior y Dirección de Información Parlamentaria).

En este sentido, cobran interés los resultados de una encuesta realizada en 2005 a 109 integrantes de la Cámara baja de Argentina (Hunneus 2005), los cuales sugieren que sólo el 27% de la muestra deseaba competir por una reelección y que el 3% aspiraba una nominación como candidato a senador. En este plano, es de suma importancia considerar que la estructura federal de gobierno de Argentina ofrece una amplia gama de puestos políticos en los niveles nacional, provincial y municipal. Como han demostrado estudios empíricos sobre las carreras políticas en Argentina, ser integrante del Congreso nacional frecuentemente no constituye un objetivo en sí mismo, sino más bien un trampolín (Mustapic 2006) para alcanzar otros cargos que brindan mejores ventajas en términos de manejo de poder y recursos (Jones et al. 2002; Leiras 2007).

Dado que los estudios mencionados no brindan datos desagregados por género, no es posible inferir si existen diferencias entre las aspiraciones de legisladores y de legisladoras. Con respecto a los resultados del presente análisis, las mayores tasas de re-nominación y reelección de las legisladoras podrían obedecer a una menor ambición de sus pares masculinos de presentarse a la re-nominación. Sería de interés indagar, específicamente, si los planes de carrera difieren según el género de los y las representantes políticas, y en qué medida influyen en ellos factores tales como la accesibilidad a cargos ejecutivos y/o legislativos en el nivel subnacional.

Otro interrogante se refiere a los criterios que gobiernan la re-nominación de candidatos y candidatas. En el caso de que la tasa de reelección más alta de parlamentarias no responda al hecho de que las mujeres aspiran en mayor medida que los varones a un segundo mandato, ¿por qué razones los decisores partidarios parecerían incentivar en mayor medida la re-nominación de legisladoras que de legisladores? Frente a la falta de evidencias cualitativas al respecto, solamente se pueden mencionar algunos factores a modo de pistas para estudios futuros. Entre ellos, figuran la oferta de posibles candidatas y el desempeño legislativo de las parlamentarias que aspiran a una reelección.

En suma, el dato aparentemente alentador de que las legisladoras exhiben en promedio una tasa de re-elección mayor que los parlamentarios requiere indagaciones adicionales que permitan analizar si esta tendencia no se debe, en realidad, a factores que limitan las aspiraciones políticas de las mujeres y sus chances de participar en otros ámbitos, como los ejecutivos, mucho más accesibles para sus colegas masculinos.



4. Consideraciones finales

Este capítulo indagó en qué medida y de qué modo la Ley de Cupo Femenino y su reglamentación influyen en los distintos niveles del proceso de selección de candidatos y en las oportunidades de mujeres de constituirse en candidatas. Con este fin, se examinaron las reglas legales que conforman el marco normativo para la nominación de candidatos y, sobre la base de los testimonios de los y las legisladoras entrevistadas, las practicas políticas que orientan los procesos de selección de candidatos comandados por las organizaciones partidarias. Los resultados obtenidos posibilitan constatar tanto la existencia de logros como de tensiones y desafíos aún no resueltos a por la aplicación del cupo femenino.

Un primer aspecto positivo a subrayar es que, a partir de la sanción de la Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012), la dimensión de género fue introducida de manera explícita en el sistema político argentino con el propósito de promover- sobre la base de una norma legal- el principio de igualdad de oportunidades de varones y mujeres en el campo de la competencia electoral. En segundo término, los partidos políticos cumplen en forma generalizada las provisiones de la ley, lo cual posibilita afirmar que en Argentina el cupo femenino se ha institucionalizado.

Más allá de estos logros –indudablemente significativos– la aplicación de la ley en un marco de erosión de la democracia interna de las organizaciones partidarias y de procesos de selección de candidatos conducidos por un reducido número de actores críticos también ha producido consecuencias menos alentadoras e incluso contrarias al sentido de la medida de acción afirmativa. De acuerdo con la evidencia cualitativa recabada, los procesos decisorios de las organizaciones políticas se concentran, en términos generales, en un reducido grupo de dirigentes predominantemente masculinos y, de esta manera, brindan escasas oportunidades de participación a militantes y dirigentes intermedios. La situación de crisis partidaria previamente aludida tiende a agravar este déficit de democracia interna –que se evidencia, por ejemplo, en la negociación de listas únicas sin que los y las afiliadas tengan oportunidades de intervención real- y dificulta la incorporación de candidatos que no cuentan con el apoyo de las elites de los partidos.

Si bien este cerrado proceso de selección de candidatos en principio afecta a los aspirantes masculinos y femeninos, produce consecuencias diferenciales para los potenciales candidatos de ambos géneros. En este sentido, la composición demográficamente masculina de los grupos con poder decisorio, en combinación con prácticas culturalmente masculinizadas (que se expresan, por ejemplo, en reuniones informales celebradas entre quienes participan en la negociación en lugares y horarios que de facto tienden a excluir a las mujeres, y en relaciones de apoyo mutuo de larga data entre políticos) generan una situación que privilegia a los postulantes masculinos. Adicionalmente fue posible advertir que un conjunto de los legisladores entrevistados se encontró en condiciones de participar activamente en las negociaciones, mientras que ello constituyó una excepción entre las mujeres.

Si bien los testimonios recabados a través de entrevistas no dieron cuenta de criterios de selección abiertamente desfavorables para las aspirantes femeninas, el análisis de las prácticas partidarias y de sus resultados (es decir de las listas y de los lugares que ocuparon en ellas varones y mujeres) indica que la nominación de un candidato masculino sigue constituyendo la norma, mientras que la candidatura de una mujer se debe en gran medida al cumplimiento obligatorio de las provisiones del cupo femenino. Esta situación se evidenció, por ejemplo, en la forma excepcional en que las candidatas femeninas ocuparon los primeros lugares de las listas partidarias y en la mentada regla según la cual a la fuerza minoritaria le corresponde nominar una mujer, de modo que el grupo mayoritario pueda conservar la prerrogativa de nominar a un varón.

Ante este panorama de menor poder relativo frente a sus contrincantes masculinos, las postulantes femeninas tenderían a aceptar el porcentaje mínimo de candidaturas y el mandato de emplazamiento previstos por el cupo femenino como el espacio destinado a ellas y, en consecuencia, a competir primordialmente entre sí por el acceso a un bien escaso. De este modo, en los procesos de selección de candidatos se generan y se reproducen espacios segmentados y generizados de la competencia política. Siguiendo esta lógica, los aspirantes masculinos todavía estarían en condiciones de pujar por casi el 70% de los lugares disponibles, mientras que las mujeres interesadas en una candidatura se concentrarían a competir por el 30% mínimo estipulado por la Ley de Cupo, dejando su mejor ubicación en la lista o la nominación de candidatas más allá del cupo mínimo legal principalmente en manos de la voluntad política de la dirigencia (predominantemente masculina).

Estos procesos de generización se expresaron, asimismo, en la percepción de los y las entrevistadas respecto la necesidad de perfeccionar el cupo femenino. Mientras que un nutrido grupo de legisladoras abogó por un aumento de los porcentajes de participación mínima de mujeres en las listas o incluso por la introducción de cupos en otros ámbitos institucionales, las recomendaciones de los entrevistados en esta dirección fueron escasas.

Si se considera que la finalidad de la Ley de Cupo Femenino y del artículo 75 de la Constitución Nacional es promover “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”, la persistente escasa participación femenina en los órganos de conducción y decisión partidaria y en los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo resulta problemática. En este sentido, los proyectos de ley (primordialmente elaborados por legisladoras femeninas) que contemplan un cupo femenino en estas instancias cobran especial relevancia. Probablemente, la sanción de iniciativas de esta índole posibilitaría contar con herramientas eficaces para contrarrestar las prácticas políticas vigentes y aumentar la participación femenina en los procesos decisorios.

Con todo, resulta interesante notar que las mujeres políticas optarían principalmente por medidas legales y no por acciones colectivas a fin de revertir su situación de desventaja en el seno de las fuerzas políticas. Dicho posicionamiento podría encontrar su explicación justamente en su posición de escaso poder al interior de los partidos y en el éxito que ha tenido la Ley de Cupo Femenino.

Asimismo, las prácticas de negociación de las candidaturas por las elites y la influencia que ejercen los titulares de ciertos cargos ejecutivos (especialmente gobernadores e intendentes) indica que la mera presencia femenina en las instancias formales partidarias podría no ser suficiente para lograr la incorporación de mujeres más allá del porcentaje estipulado por ley en el primer lugar de la lista.

En suma, mayores grados de igualdad de género en una organización no sólo requiere cierto equilibrio numérico entre mujeres y varones en determinadas posiciones, sino también la generación de prácticas capaces de promover ese logro. Finalmente, conviene adelantar que las modalidades y posicionamientos desiguales en términos de género que se manifestaron en la confección de las listas partidarias encuentran luego una expresión en la segmentación del poder y de las prácticas legislativas del Congreso, que serán objetos de indagación de los siguientes capítulos.




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