Estado Civil



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I. LA INFLUENCIA DEL CUPO FEMENINO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS

Ante la notable eficacia demostrada por la Ley de Cupo Femenino para acrecentar el acceso de mujeres a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, es analíticamente pertinente indagar cómo incide esta norma en los procesos de selección de candidatos a cargos legislativos nacionales que se llevan a cabo en el seno de las organizaciones partidarias, a efectos de conocer si se promueven prácticas de confección de listas que impliquen igualdad de oportunidades entre ambos géneros.

De acuerdo con Norris (1997), la selección de candidatos obedece a una dinámica de oferta y de demanda orientada por cuatro niveles principales: i) la estructura de oportunidades definida por el sistema político, especialmente por la legislación electoral y partidaria; ii) los tipos de organización partidaria, que hacen referencia a las reglas y a la cultura interna de cada fuerza política; iii) la demanda, que reflejaría las actitudes, valores y criterios de los actores clave (selectors) que controlan el proceso; y iv) la oferta de candidatos, que alude a las motivaciones y recursos de los cuales disponen los potenciales aspirantes, que pueden incluir recursos financieros, trayectorias partidarias, relaciones políticas, calificaciones educativas, etc.

Algunos estudios recientes8 han revisado este modelo analítico, principalmente en función de dos razones. En primer lugar, se interrogan acerca de su capacidad para captar de manera precisa la complejidad y dinámica de los procesos de reclutamiento y selección de candidatos y el carácter interactivo de los diferentes aspectos que intervienen en ellos. Específicamente, se debate en qué medida la consideración simultánea de los cuatro niveles señalados por Norris tiende a obstaculizar la evaluación interactiva de posibles transformaciones que transcurren al interior de ellos y cuyos efectos podrían fortalecerse o debilitarse mutuamente. Al mismo tiempo, señalan sus dificultades para evidenciar que el género constituye un principio organizador central del proceso de selección de candidatos y que la generización del conjunto de las normas (formales e informales) impregna tanto la oferta como la demanda.

Sobre la base de estas consideraciones, este capítulo tiene el propósito de examinar qué impactos produce la Ley de Cupo Femenino en distintos aspectos constitutivos del proceso de selección de candidatos, y en qué medida éstos promueven o dificultan la generación de condiciones de igualdad entre varones y mujeres.

Con este fin, se examinarán las reglas legales que conforman el marco normativo para la nominación de candidatos y, sobre la base de los testimonios recabados, se procurará identificar quiénes son los actores clave con poder decisorio, cómo se confeccionan las listas partidarias, cuál ha sido la relevancia del cupo femenino para el emplazamiento de los y las entrevistadas, así como los criterios que motivaron la obtención de sus candidaturas. En particular, el análisis se basará en las apreciaciones de las y los legisladores entrevistados sobre los siguientes aspectos relevantes en el proceso de selección: a) las razones que, desde su perspectiva, estimularon su inclusión en las listas, b) los actores por parte de quiénes recibieron apoyo, c) las posibles resistencias contra su postulación, y d) la eventual influencia de la Ley de Cupo Femenino en su nominación y emplazamiento en las nóminas de candidatos9. Finalmente, la última sección del capítulo examinará las diferentes tasas de reelección para los legisladores de ambos géneros.



1. El marco político-institucional del proceso de selección de candidatos

A partir de la sanción de la Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012) el sistema político argentino provee un marco legal favorable para el principio de igualdad de oportunidades de varones y mujeres respecto de sus chances de transformarse en candidatos a cargos electivos nacionales.

La Cámara de Diputados cuenta con 257 integrantes elegidos para ejercer su mandato durante cuatro años, pero bianualmente todos los distritos renuevan la mitad de sus legisladores nacionales. La magnitud de distrito, es decir, el número de representantes que cada uno envía al Congreso nacional, varía en función de su población total (con un rango mínimo de 5 y uno máximo de 70). La elección de diputados nacionales se realiza mediante un sistema de representación proporcional (RP) con listas partidarias cerradas y bloqueadas. Si bien en la literatura especializada no existe un completo acuerdo acerca de las ventajas que ofrece esta modalidad de votación para fomentar la inclusión de mujeres en los órganos legislativos10, en el caso argentino constituye un factor clave para explicar la notable eficacia lograda por la Ley de Cupo Femenino (véase Marx, Borner y Caminotti 2007).

Por su parte, el Senado se compone de 72 integrantes electos para un período de seis años. Al igual que en la Cámara baja, el sistema de renovación es parcial pero, en este caso, cada dos años un tercio de los distritos elige a la totalidad de sus representantes. De acuerdo con la Constitución de 1994, a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les corresponde elegir tres senadores nacionales mediante un sistema de mayoría atenuada. De ese modo, en cada distrito el partido o alianza que logra la mayor cantidad de votos positivos obtiene dos bancas en la Cámara alta, mientras que la tercera le corresponde a la fuerza política subsiguiente en cantidad de votos.

En virtud de las características del sistema electoral y de las precisas provisiones del decreto reglamentario de la Ley de Cupo Femenino (Nº 1246/00)11 respecto del emplazamiento de las candidatas así como de la existencia de sanciones que penalizan el incumplimiento de la norma, Argentina dispone de un conjunto de reglas eficaces que no sólo garantizan la inclusión de un porcentaje mínimo de 30% de mujeres en las listas, sino también su elección en proporciones análogas. Específicamente, los mandatos de emplazamiento contenidos en el artículo 4º del citado decreto establecen que cuando un partido renueva tres o más bancas debe ubicar como mínimo a una mujer en el tercer lugar, mientras que cuando se renuevan uno o dos cargos una candidata debe ocupar el segundo lugar. Las listas de partidos o alianzas electorales que se presentan por primera vez a los comicios deben contar como mínimo con una mujer en el segundo puesto. La cláusula que rige para la renovación de no más de dos bancas es de singular importancia, ya que se aplica a la totalidad de las listas de candidatos al Senado y también, como consecuencia de la reducida magnitud de la mayoría de los distritos, a gran parte de las nóminas de candidatos a la Cámara de Diputados. En este sentido, en virtud de la renovación parcial de la Cámara baja, sólo cuatro distritos eligen más de cinco candidatos en cada elección, diez eligen entre tres y cinco, mientras que en los diez restantes hay -en forma alterna- dos o tres bancas en juego. Las listas de candidatos a la Cámara alta siempre están compuestas por dos miembros titulares.

De acuerdo con Krook (2006), las reglas electorales favorables a la inclusión de mujeres en cargos de representación política cobran mayores grados de legitimidad e impacto en la medida en que son acompañadas por un compromiso normativo más amplio respecto de la promoción de la igualdad de oportunidades de género. En este sentido, la consideración del principio de acciones afirmativas en la Constitución Nacional de 1994 constituye un factor de relevancia. A propósito, la Carta Magna no sólo establece la promoción de “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” (Art. 75, Atribuciones del Congreso) sino que determina, específicamente, que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos y en el régimen electoral” (Art. 37)12.

Los requisitos legales que deben cumplir los y las aspirantes a una banca en el Congreso de la Nación son mínimos. Los artículos 48º y 55º de la Constitución Nacional se limitan a definir que deben ser naturales de los distritos electorales por los cuales se postulan o exhibir una residencia de dos años inmediatamente anterior a los comicios correspondientes, tener una edad mínima de 25 años para asumir un mandato en la Cámara baja o de 30 años para integrar el Senado de la Nación y acreditar cuatro o seis años de ciudadanía argentina, respectivamente. Si bien los partidos políticos poseen la competencia exclusiva de postular candidatos a cargos electivos, éstos no tienen que ser necesariamente afiliados sino pueden ser figuras extra-partidarias13. De este modo, y debido al hecho de que ni la Constitución argentina ni el Código Electoral contienen cláusulas discriminatorias en términos de género, etnia, etc.14, casi la totalidad de las personas mayores de 25 años tiene la posibilidad formal de postularse a un cargo legislativo nacional.

Finalmente, la legislación electoral argentina no establece restricciones para la reelección de los diputados y senadores nacionales, la cual es posible de manera inmediata e indefinida. Por otro lado, tampoco incluye provisiones legales a favor de legisladores en ejercicio. Un análisis comparativo de las tasas de re-nominación y reelección de los y las legisladoras se presentará al final del presente capítulo15.

A la luz de la información hasta aquí presentada, es posible apreciar que a partir de la introducción de una norma legal que garantiza la inclusión de un porcentaje mínimo de mujeres en todas las listas partidarias, el sistema electoral que rige para la categoría de legisladores nacionales ofrece un marco favorable para promover la igualdad de oportunidades en términos de género. En el siguiente apartado se analizará si, y en qué medida, las normas y prácticas partidarias que orientan los procesos de selección de candidatos fomentan esta potencialidad, permitiendo traducirlas en mayores grados de igualdad de resultados.



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