Estado Civil



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142 En niñez y familia se agruparon proyectos sobre cuestiones relativas al matrimonio, la filiación, la protección de los derechos de la infancia y los adolescentes, así como propuestas de política específicamente orientadas a menores de edad.

143 La categoría género, a diferencia de la más ambigua y controvertida definición de asuntos de mujeres, comprende iniciativas explícitamente encaminadas a promover un trato igual entre varones y mujeres en diversos campos de la vida política, económica y social; luchar contra las discriminaciones que afectan a las mujeres como grupo (principalmente a través de acciones positivas) y estimular la inclusión de un enfoque de género en el marco de distintas políticas. En esta perspectiva, numerosas propuestas de este orden que se relacionan muy estrechamente con otras áreas temáticas (como educación, salud, derechos humanos o asuntos institucionales) fueron categorizadas como proyectos de género.

144 Bajo derechos humanos fueron subsumidas las propuestas que tutelan derechos y libertades fundamentales, así como las vinculadas con el juzgamiento de crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

145 Al igual que en el resto de las categorías, las propuestas incluidas en este campo de proyectos incluyen diversas orientaciones, tanto punitivas como preventivas.

146 Asuntos institucionales incluye proyectos que procuran legislar sobre la relación entre poderes, la creación o la reforma de organismos gubernamentales y comisiones parlamentarias, la regulación de atribuciones del Congreso de la Nación, la transparencia y el desempeño de funcionarios públicos. También fueron agrupadas en esta categoría las iniciativas de reforma de la legislación electoral y partidaria.

147 Economía comprende básicamente las subcategorías de finanzas públicas (presupuesto y hacienda, coparticipación federal de impuestos, etc.); legislación tributaria; producción (todo tipo de propuestas de estímulo y regulación de actividades económicas); infraestructura, transportes, obras y servicios públicos; telecomunicaciones; energía y combustibles; comercio exterior; y economía social (micro finanzas, bancos solidarios, por ejemplo).

148 Esta categoría agrupa las propuestas de traspaso de predios de propiedad del Estado nacional a provincias, municipios u organizaciones no gubernamentales.

149 La noción de validez lógica o de contenido refiere al grado en que una medida representa las facetas de un determinado concepto. Por ejemplo, la categoría género tendría validez de contenido si todos los proyectos relativos a este tópico efectivamente fueran clasificados como tales. En contrapartida, no tendría validez si, por ejemplo, una propuesta relativa a los derechos de los homosexuales fuera clasificada en otra categoría. La lectura detallada de los proyectos permitió identificar en detalle las iniciativas legislativas recabadas y clasificarlas en función de las categorías previamente expuestas.

150 Como fue señalado anteriormente, esta categoría comprende a las iniciativas orientadas a la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en diferentes campos, luchar contra las discriminaciones que afectan a las mujeres como grupo principalmente a través de acciones positivas y estimular la inclusión de un enfoque de género en el marco de distintas políticas.

151 Con todo, debe tomarse en consideración que durante el período que estamos considerando, la reforma de la legislación relativa a educación fue un tema de agenda del Poder Ejecutivo y que, durante 2006, se trató y aprobó una nueva ley general de educación en el Congreso de la Nación.

152 En este marco, la noción de concentración temática debe ser entendida en un sentido muy delimitado, que refiere a las áreas en las cuales cada legislador o legisladora ha tenido actividad en un período específico de tiempo, y que se construyó considerando únicamente sus iniciativas propias (esto es, sin tomar en cuenta los proyectos de los que participaron en tanto co-firmantes ni tampoco otras facetas relevantes de la actividad parlamentaria, como la participación en comisiones). Es decir, en este estudio no trabajamos con perfiles biográficos que permitan captar las actividades desplegadas a lo largo de un período extenso, sino que procuramos, únicamente, examinar si existen distinciones por género a partir de la dedicación a ciertos campos, observada exclusivamente a partir de la autoría de proyecto de ley a lo largo de los años 2004, 2005 y 2006.

153 Al ser consultado acerca de los intereses que toma en consideración a la hora de proponer proyectos de legislación, entre entrevistado enfatizó: “Yo no tomo en cuenta, en general, por los temas que trabajo, los intereses partidarios. Yo no defiendo absolutamente nada, hoy, que no haya defendido hasta el día antes que entré a ser legislador. Así que los temas sobre los cuales yo he presentado proyectos de ley están muy vinculados, casi todos los temas, con derechos de la infancia, que son temas que yo venía trabajando desde hace mucho tiempo” (M11, ARI).

154 Como se recordará, en la introducción de este capítulo consideramos la posible influencia de la formación académica y/o profesional, las trayectorias personales y actividades previas; los papeles socialmente diferenciados en términos de femenino y masculino (género); la pertenencia partidaria y ciertos rasgos propios de la dinámica institucional del Parlamento argentino.

155 Las particularidades del sistema partidario argentino, donde las principales organizaciones nacionales (UCR y PJ) “tienen una escasa distancia ideológica entre sí y reúnen dentro de ellos un amplio arco de posturas desde la derecha a la izquierda” (Torre, 2003: 663), torna este análisis más dificultoso que en aquellos países en los cuales los partidos presentan clivajes ideológicamente más nítidos.

156 Respecto de la definición del concepto véase el capítulo sobre agenda de políticas y actividad legislativa

157 Las legisladoras entrevistadas fueron: para el caso de Cupo Sindical Femenino, Graciela Camaño (diputada FV/PJ-Buenos Aires, 8/8/07) y Margarita Stolbizer (ex diputada UCR-Buenos Aires13/6/07); para el caso de Anticoncepción Quirúrgica, Irene Bösch de Sartori (diputada FV-Misiones, 24/5/07) y Beatriz Leyba de Martí (diputada UCR-Córdoba, 24/5/07); para el caso de Protocolo CEDAW, María Cristina Perceval (senadora FV-Mendoza, 17/7/07) y Vilma Ibarra (senadora Partido de la Victoria-Capital Federal, 18/7/07). Todas las entrevistas fueron realizadas en Capital Federal.

158 El Anexo 7 compara el dictamen del plenario de comisiones con los cinco proyectos originales y subraya las contribuciones de cada proyecto incluidas en el dictamen de mayoría.

159 Esta información hace referencia a fecha y firmas del proyecto original; firmas en los dictámenes de comisión; argumentos en los dictámenes de comisión y modificaciones al proyecto original; argumentos formulados en los debates de las Cámaras y votaciones nominales en las Cámaras.

160 Se analizan únicamente los datos correspondientes a la Cámara iniciadora porque ninguno de los proyectos experimentó modificaciones en la Cámara revisora.

161 Este carácter inter-genérico del apoyo de las autoridades parlamentarias parece consistente con la negativa por parte de las entrevistadas a asignar alguna influencia relevante a la composición de género de las mesas directivas de Cámaras, bloques y comisiones en el proceso legislativo de los proyectos estudiados. Negativa que, por otra parte, resulta empíricamente ajustada al hecho de que el incremento del número de legisladoras no ha resultado en una redistribución proporcional de la composición de género de tales mesas directivas.

162 Por coalición se entiende aquí, siguiendo la clásica definición de Riker (1962), una asociación entre actores – individuales o colectivos – que es fruto de una selección de estrategias para alcanzar un determinado fin. Las coaliciones, por definición, no necesitan ser estables ni siquiera del todo explícitas, aunque sí funcionalmente útiles para maximizar la posibilidad de alcanzar el fin propuesto.

163 En el caso de Anticoncepción Quirúrgica, el carácter femenino del núcleo coalicional fue explicado más bien como una consecuencia del tema en tratamiento. En palabras de la diputada Bösch de Sartori, el apoyo al tratamiento del proyecto provino “Mayormente [de] las mujeres, porque como el proyecto habla de ligadura de trompas y vasectomía, cuando uno dice vasectomía parece que los hombres se horrorizan”.

164 El siguiente fragmento del testimonio de la diputada Camaño expresa con claridad el carácter incipiente de este agrupamiento de legisladoras: “No hay estrategias en los temas que a las mujeres nos interesan. Nosotras nos encontramos; no necesitamos tener estrategias. … Cuando estamos convencidas del proyecto, nos encontramos para empujarlo; cuando estamos advertidas de que el proyecto no resulta conveniente, nos encontramos para pararlo”.

165 Los siguientes cuadros listan los argumentos planteados en las sesiones. El Cupo Sindical Femenino no fue debatido en la Cámara de Diputados. El Protocolo Facultativo de CEDAW fue debatido brevemente, sin que ello añadiera nuevos argumentos a los formulados durante la discusión en el Senado.

166 Cabe señalar que este argumento, que alude de modo problemático a la mayor jerarquía asignada a los campos temáticos de los cuales se ocuparían con mayor frecuencia los legisladores que las legisladoras y a la existencia de cuestiones que resultarían vergonzantes para los actores masculinos, resulta sumamente convergente con hallazgos presentados en el capítulo previo de este informe.

167 Nuevamente, la muestra dista de ser representativa como para otorgar a estas dos apreciaciones validez empírica, con lo cual deben tomarse meramente como conclusiones tentativas, de valor puramente conjetural.

168 Cabe recordar que una mayor proporción de legisladoras que de legisladores (especialmente entre las diputadas) exhibe títulos superiores, incluso de posgrado. Por otro lado, las mujeres se concentran en las carreras docentes y jurídicas, mientras que los legisladores lo hacen, mayoritariamente, en éstas últimas. Con todo, si bien un grupo considerable de las legisladoras ostenta un título docente, se verificaron notorias diferencias en las proporciones de diputadas y senadoras con dicha credencial educativa. Además de un menor porcentaje de docentes entre las diputadas, se evidenció una mayor presencia de licenciadas en ciencias sociales, humanidades y psicología. Los legisladores masculinos, como ya fue indicado, presentan perfiles educativos más homogéneos.

169 Como fue señalado en el capítulo correspondiente, más de un tercio de las senadoras y la mitad de las diputadas nacionales poseen, como único antecedente de ejercicio de un cargo público jerárquico, un mandato legislativo en diferentes niveles de gobierno (principalmente en el ámbito subnacional). Si bien algunas de ellas también han desempeñado cargos en el Poder Ejecutivo, en general los han intercalado con el tránsito por el Legislativo. En contrapartida, los legisladores presentan trayectorias más centradas en el ejercicio ejecutivo.

170 A propósito de este último hallazgo, es pertinente enfatizar que los cargos de vocales en las comisiones permanentes no constituyen un bien escaso como las presidencias o vicepresidencias de las mismas.

171 Como fue señalado, las actitudes aluden a la predisposición subjetiva de los y las legisladoras a priorizar determinados temas, en tanto que por comportamiento fue acotado a la autoría de proyectos de ley.

172 Si bien buena parte de las leyes provinciales de cupo estipulan porcentajes mínimos análogos al de la Ley 24.012 (30%), en Córdoba y Santiago del Estero sus respectivas normas establecen cupos de 50%.



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