Estado Civil



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102 En este sentido, una legisladora entrevistada señaló que “los distritos necesitan legisladores que estén en comisiones donde se manejen proyectos de la economía para fortalecer lo que son las economías regionales…” (F27, UCR).

103 A estas comisiones les compete, respectivamente, “dictaminar sobre todo proyecto o asunto que se relacione con la organización y administración del Poder Judicial y del Ministerio Público, y sobre las leyes de procedimientos civiles” () y “sobre todo lo relativo a la organización, funcionamiento y administración del Poder Judicial, creación de juzgados, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento y Ministerio Público...” .

104 Para facilitar la presentación, los datos cuantitativos de la composición de las comisiones permanentes según género se presentan en el anexo 5.

105 Entre otras funciones, esta comisión tiene la facultad de dictaminar sobre lo referido a “todo asunto o proyecto relativo a la organización, desenvolvimiento, consolidación y desarrollo de la familia en la comunidad; la protección y orientación de los niños, niñas y adolescentes, y lo referente al estado, condición e integración de las mujeres en el conjunto de la sociedad. Asimismo, le compete el seguimiento permanente del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, Art. 72). No obstante, esta no es la única comisión que interviene en el tratamiento legislativo de iniciativas relacionadas con las problemáticas de género o con derechos de mujeres. A título de ejemplo, además de la comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, a la cual le corresponde “dictaminar en aspectos de la tercera edad, y todo lo referente al estado y condición de la mujer” (Reglamento Interno del Senado, Art. 80), para el tratamiento de proyectos relativos a la aplicación de acciones positivas en el ámbito de los partidos políticos o de organismos públicos, cobran especial importancia las comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras (Marx, Borner y Caminotti 2007). Asimismo, como se podrá advertir en el capítulo 7, el proceso legislativo que dio lugar a la sanción de la Ley de Cupo Sindical Femenino tuvo su epicentro en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

106 A lo largo de los períodos analizados, la comisión de Economía exhibió las siguientes proporciones de legisladoras: 4% (1993/1995); 0% (1995/1997); 13% (1997/1999); 7% (1999/2001) y 6% (2001/2003); para alcanzar el 17% en 2003/2005.

107 Es dable señalar, en este marco, que el mayor crecimiento de la proporción de mujeres desde 1993 en adelante se produjo en las comisiones de Energía y Combustibles, Comercio, Vivienda y Legislación General (la cual resultó muy valorizada en los testimonios de los y las entrevistadas de la Cámara baja).

108 En efecto, entre las comisiones adicionales ambicionadas por legisladores, no se hallaron menciones a comisiones tales como Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Tercera Edad; Discapacidad; Acción Social y Salud Pública; o Prevención de Adicciones; entre otras.

109 En este sentido, la composición por género parecería adquirir cierta relevancia para dar cuenta de la capacidad de influencia de una comisión. A título meramente ilustrativo, una legisladora interpretó que la Comisión de Educación de Diputados “no tiene ningún peso en la Cámara […] porque es una comisión mayoritariamente de mujeres” (F11, UCR).

110 Ambas categorías, formuladas por Hannah Pitkin en su estudio seminal sobre El Concepto de Representación (1967), serán abordadas más detenidamente en el siguiente apartado.

111 Para el caso de Estados Unidos véase, entre otros, Reingold (1992), Thomas (1994) y Carroll (2001), citados por Franceschet (en prensa). Para el Reino Unido, véase especialmente Childs (2004). Para América Latina véase Taylor-Robinson y Heath (2003) y Schwindt-Bayer (2006). Avelar (2001), Archenti y Gómez (2001), Jones (1997), Archenti y Johnson (2006) y Marx, Borner y Caminotti (2006, 2007) se ocupan de Argentina, Uruguay y Brasil.

112 Siguiendo a Childs y Krook (2006: 24), este tipo de enfoque deja abierta la posibilidad de que los parlamentarios masculinos –y no sólo las legisladoras– puedan promover temas de género y representar a las mujeres como categoría.

113 Específicamente, se examinarán la Ley 25.674/02, de Cupo Sindical Femenino; la Ley 26.130/06, de Ligadura de Trompas de Falopio y de Vasectomía; y la Ley 26.171/06, de Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

114 En este plano, se examinarán las respuestas brindadas por los y las entrevistadas a las preguntas acerca de qué o a quiénes representan, cuáles son los proyectos legislativos por ellos más valorizados y qué intereses toman en cuenta a la hora de proponer legislación. Por otra parte, se analizarán las percepciones de los legisladores de ambos géneros a propósito de si el ingreso de un mayor número de legisladoras ha tenido algún impacto en la agenda del Congreso argentino.

115 En el capítulo siguiente, en cambio, la noción de comportamiento legislativo será más abarcativa.

116 Una perspectiva social consiste, para Young, en un conjunto de cuestiones, experiencias y supuestos que conforman un punto de partida para el razonamiento y no tanto un punto de llegada. Personas con similares perspectivas sociales frecuentemente son portadoras de intereses u opiniones distintas, ya sea porque razonan de manera diferente o porque tienen diferentes proyectos. De este modo, la presencia de mujeres en las arenas de deliberación y toma de decisiones permitiría que su perspectiva social pueda hacerse oír en público (Miguel 2001), sin que ello presuponga una uniformidad de metas e intereses (Marx, Borner y Caminotti 2007).

117 En un reciente estudio sobre las actitudes de las y los legisladores brasileños, Htun y Powell (2006) pudieron constatar que los integrantes de partidos de izquierda manifestaron posiciones programáticas y consistentes acerca de tópicos de género controvertidos (gender-related policy issues). En contrapartida, las posiciones de mujeres y varones se tornaron más heterogéneas entre los integrantes de partidos de centro y de derecha.

118 Siguiendo a Childs (2003: 10), por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido algunos estudios han puesto de relieve que los entornos institucionales específicos poseen un impacto sobre si las mujeres que pretenden promover temas de género son capaces de actuar en consecuencia. Normas masculinas, discriminación directa o indirecta o control partidario pueden generar comportamientos conformistas y reducir el espacio para actuar a favor de mujeres.

119 Por disciplina partidaria se entiende, siguiendo a Calvo (2007: 203), “el acto de siempre votar del mismo modo que las autoridades de bloque aún sin estar personalmente de acuerdo”. Esto implica que un legislador o una legisladora puede votar de manera contraria a sus preferencias con respecto a una ley particular, a menudo “para obtener un bien mayor que es la aprobación de [otras leyes] consistentes con sus preferencias” (Ibíd.2007: 210).

120 De acuerdo con la clásica definición de Hannah Pitkin (1985 [1967]: 5), representar implica “hacer presente en algún sentido algo que, sin embargo, no está presente literalmente o de hecho”. Apelando a la metáfora de la muestra representativa, Pitkin reconoce que el ideal de la representación como reflejo puede ser relevante allí donde la finalidad es proveer información acerca de ciertos segmentos de la ciudadanía, pero esta perspectiva nada dice acerca de lo que los representantes deben hacer o hacen en el ejercicio de sus cargos.

121 Siguiendo a Przeworski, Stokes y Manin (1999), esta perspectiva provee una definición mínima y corriente de la representación política, entendida como una actuación en el interés del público.

122 Esta referencia fue brindada por una entrevistada que se desempeñó como dirigente sindical antes de ser electa como legisladora nacional, lo cual manifiesta nuevamente la potencial influencia de las trayectorias personales y las experiencias previas.

123 Si bien estas temáticas suelen ser culturalmente visualizadas como propias de un campo de actuación femenina, es interesante adelantar que algunos legisladores masculinos consideraron prioritarias las áreas relativas a niñez y familia al referirse a los proyectos legislativos propios o en cuya promoción participaron de manera activa.

124 Con algunas excepciones, este particular contraste también encuentra una expresión en el plano de los proyectos legislativos señalados como prioritarios y de los proyectos presentados por parte de las y los entrevistados, que se examinan a continuación.

125 Específicamente, a los entrevistados de ambos géneros se formuló la siguiente pregunta: “De los proyectos que ha presentado o en los cuales ha participado activamente, ¿cuáles fueron los tres más importantes para usted?”. Posteriormente, se les consultó sobre su participación (o no) en proyectos de género.

126 Si bien ninguna entrevistada era legisladora nacional en 1991, cuando se sancionó la Ley 24.012 (de Cupo Femenino), algunas indicaron haber participado en su elaboración y promoción, seguramente desde una posición extra-parlamentaria. Por su parte, aunque en las entrevistas se les solicitó que mencionaran aquellas leyes nacionales que consideraran como más importantes, algunas mujeres hicieron alusión a normas provinciales, tales como las de cupo femenino para cargos legislativos de nivel subnacional.

127 Esta norma sustituyó la rúbrica del título III del libro segundo del Código Civil, “Delitos contra la honestidad”, por el de “Delitos contra la integridad sexual”.

128 Cabe destacar que la Ley 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral en Establecimientos Públicos de Gestión Estatal y Privada), aprobada el 24 de octubre de 2006, incluyó entre sus objetivos: “a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres” (Art. 3). Por su parte, la Ley 26.206 (de Educación Nacional), sancionada el 28 diciembre de 2006, incorporó entre los fines y propósitos de la política educativa nacional (Art. 11) el de “brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable” (inciso p).

129 Entre otras disposiciones, esta norma estipula la igualdad de responsabilidades del padre y de la madre respecto del cuidado, desarrollo y educación de sus hijos (Art. 7); el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser sometidos a tratos discriminatorios ni a explotación sexual (Art. 9); la obligación de todas las instituciones de salud de atender de modo prioritario a las niñas, niños, adolescentes y a mujeres embarazadas (Art. 14); así como la prohibición de las instituciones educativas de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad (Art. 17). Este último artículo establece, asimismo, que las mujeres privadas de la libertad deberán ser asistidas durante el embarazo y el parto, debiéndoles ser provistos los medios materiales para la crianza de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario.

130 Resulta analíticamente sugestivo que una proporción importante de entrevistados masculinos manifestara, prácticamente en términos idénticos, no recordar si tuvieron o no participación en este campo de proyectos. Ello podría indicar tanto una falta de interés en el tema como una resistencia a responder la pregunta.

131 En efecto, en tanto la Ley 25.673 (que creó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación) fue aprobada en 2002, las Leyes 26.130 (Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica - Derecho a Acceder a las Prácticas de Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía) y 26.171 (de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW), fueron sancionadas en los meses de agosto y noviembre de 2006. Las entrevistas a los legisladores masculinos fueron realizadas en el mes de diciembre de ese mismo año.

132 Las propuestas que procuran transformar más radicalmente los papeles de género fueron, en cambio, sólo muy escasamente mencionadas por parte de los y las entrevistadas, lo cual parecería insinuar que se trata de un enfoque relativamente marginal en la agenda de debate del Congreso argentino.

133 Específicamente, estas legisladoras hicieron referencia a cinco iniciativas: la prórroga de la Ley 25.820 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario; la Ley 25.790 de renegociación de contratos con prestadores de servicios públicos privatizados; una Ley de Fideicomiso Público; una propuesta de instituir un régimen de auto-seguro (ART) para las provincias; y la creación de la empresa estatal de energía ENARSA.

134 Los entrevistados mencionaron las Leyes de Convertibilidad, de Consolidación de Pasivos y de Administración financiera; la elaboración de la Ley anual de Presupuesto Nacional; una tentativa de crear una comisión de coparticipación en la Cámara de Diputados; la capitalización de deudas provinciales; la regulación del manejo de los fondos fiduciarios; la distribución de las retenciones agropecuarias en función del aporte efectuado por cada provincia, o su eliminación, según los casos; la creación de un plan estratégico de desarrollo agropecuario y forestal; el fomento y la producción de biodiesel y la creación de un régimen de incentivos para promover la generación energía renovable y no renovable; la creación de ENARSA; la institución un sistema de infraestructura y de transporte federal; la Ley de Defensa de la Competencia; la consagración legal de la figura de las fábricas recuperadas por los trabajadores; y la renegociación de contratos con empresas concesionarias de servicios públicos privatizados.

135 Este aspecto fue abordado más detalladamente en un estudio previo (véase Marx, Borner y Caminotti 2007). Para un análisis pormenorizado de las movilizaciones sociales que se sucedieron en 2004, con posterioridad al secuestro y asesinato de Axel Blumberg, véase Schillagi (en prensa).

136 Cabe recordar que, de acuerdo con la formulación de la pregunta realizada, los proyectos priorizados comprenden tanto iniciativas de su propia autoría como propuestas provenientes del Poder Ejecutivo u otras en cuya promoción o tratamiento participaron de manera activa.

137 Cabe destacar que, sobre el conjunto de los entrevistados, únicamente un parlamentario masculino manifestó una posición contraria, ofreciendo una valoración negativa de los impactos del cupo femenino. Desde su perspectiva, la Ley de Cupo habría estimulado el ingreso al Congreso de mujeres que no tienen “una real vocación política” (M23, FR).

138 Específicamente, Archenti y Johnson pudieron constatar que la mayor cantidad de estos proyectos se relacionaron con el reconocimiento de derechos de mujeres casadas y con la protección de la maternidad. En tercer término sobresalen los proyectos sobre derechos laborales y, en cuarto lugar, las iniciativas de combate a la violencia doméstica y sexual. A continuación se ubican las iniciativas que establecen acciones positivas en diferentes ámbitos (sindicatos, distintos poderes del Estado y partidos políticos), relativas a derechos políticos. Finalmente, casi un tercio de las propuestas presentadas a lo largo de estos años procuraron legislar sobre salud reproductiva, lo cual dio lugar a la aprobación de la Ley sobre Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002.

139 Las nociones de aporte femenino y asuntos masculinos no reflejan estrictamente los términos utilizados por las y los entrevistados, pero se hicieron presentes en los relatos de mujeres y varones y procuramos capturarlas de manera inductiva.

140 Esto no implica que las nuevas miradas y que la mayor preocupación por ciertos temas se traduzcan necesariamente en la sanción de leyes, pero aquí se está centrando la atención sobre la agenda de debate y no sobre los resultados de la actividad legislativa.

141 Este recorte temporal se fundamenta en que, dado que el Congreso nacional se renueva bianualmente y que las y los legisladores considerados en el marco de este estudio fueron elegidos en distintos momentos, los años 2004, 2005 y 2006 son aquellos en los cuales coincide la mayor cantidad de entrevistados de ambos géneros (véase el apartado metodológico del presente informe). En lo relativo a las fuentes de datos, la información sobre proyectos presentados es proporcionada por la Dirección de Información Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de la Nación y se encuentra disponible en

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