Estado Civil



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1 De esta manera, el sistema argentino -que inspiró las modalidades adoptadas posteriormente en otros países de América Latina- se diferencia de los antecedentes de la mayoría de aquellos países europeos que cuentan con cuotas electorales los cuales se introdujeron principalmente en forma voluntaria a partir de la reforma de los estatutos de cada uno de los partidos políticos.

2 Este primer resultado se debe a que la Cámara de Diputados se renueva bianualmente por mitades, por lo cual en 1993 el cupo femenino sólo tuvo efecto para la renovación del 50% de las bancas.

3 Respecto de la evolución de la participación femenina en ambas Cámaras véase los Gráficos 1 y 2 del anexo II.

4 Véanse las Tablas 1 y 2 en el anexo I.

5 Cabe notar una diferencia en cuanto a los datos disponibles para la confección de ambas muestras. Mientras que las listas publicadas por el Ministerio de Interior de los integrantes del Congreso nacional para el período 2003/2005 (muestra de legisladoras) indicaban la pertenencia partidaria, la nómina para 2006 (muestra de legisladores) de la misma fuente señala la integración de los bloques. Como consecuencia de los frecuentes cambios experimentados por los bloques, se optó por emplear la información publicada en las páginas en Internet de ambas Cámaras legislativas.

6 Cabe señalar que las sesiones ordinarias de ambas Cámaras del Congreso nacional se realizan entre el 1º de marzo y el 30 de noviembre, y que las entrevistas a los legisladores se realizaron entre noviembre y los primeros días de diciembre.

7 Cabe destacar que el Directorio Legislativo, que se publica bianualmente desde 2001, presenta, entre otros, datos tales como la fecha de nacimiento, el estado civil, el número de hijos y el título profesional de los y las legisladoras, así como información acerca de su actividad pública previa.

8 Véase, por ejemplo, Krook (2006 y 2007) y Kenny (2007).

9 Cabe señalar que la temática de la selección de candidatos y las posibles posiciones diferenciales que ocupan los aspirantes masculinos y femeninos en estos procesos plantea una serie de preguntas capaces de orientar futuras investigaciones. Entre ellas, el análisis de los criterios que emplean los actores decisivos en el reclutamiento, de los perfiles de mujeres y varones que aspiran a una candidatura y de los aspirantes no lograron ser incluidos en las listas partidarias.

10 Acerca de este debate véase, entre otros, Hoecker (1994), Htun y Jones (2002), Rule (1994), Schmidt (2003) y Schmidt y Araújo (2004).

11 Para mayores detalles véase el anexo 3: Ley 24.012 y decreto reglamentario 1246/2000

12 Adicionalmente, la disposición transitoria segunda establece que las acciones positivas aludidas “no podrán ser inferiores a los vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución”. También cabe mencionar que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) posee rango constitucional (Art. 75).

13 Véanse, a propósito, el artículo 38º de la Constitución Nacional y el artículo 2º de Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298/85).

14 A propósito véase la Ley 23.298/85 que estipula cuáles son las personas excluidas del padrón electoral.

15 Provisiones legales a favor de legisladores en ejercicio o una alta tasa de reelección pueden constituir un obstáculo para la integración de mujeres en los órganos legislativos ya que –en ausencia de cuotas de género– disminuye considerablemente el número de candidaturas disponibles (Schwindt-Bayer 2005).

16 A pesar de que éstas suelen ajustarse a los lineamientos del partido en el nivel nacional, los estatutos de los partidos con actuación nacional pueden variar entre los distritos (De Luca, Jones y Tula 2002). Con excepción de las elecciones de 2005 para las cuales rigió una ley que obligó a la realización de internas abiertas y simultáneas, la Ley Orgánica de Partidos Políticos (23.298) no prevé una forma específica para la confección de las listas electorales y se limita a fijar ciertas formalidades de este proceso.

17 En el proceso de selección de candidatos, más allá de la injerencia de las reglas formales, las “luchas informales de poder que se cristalizan en el proceso de nominación” (Tremblay y Pelletier 1995:38, citados en Pitre 2003) constituyen un factor de suma importancia. Aunque este aspecto haya sido poco estudiado empíricamente en América Latina (Freidenvall 2003, Siavelis 2005), la literatura indica que las prácticas de nominación se ubican en un continuum que comprende modalidades tales como la designación de los candidatos por parte de elites partidarias hasta la elección por afiliados (internas cerradas) o no afiliados a un determinado partido (internas abiertas) (Marsh y Gallagher 1988). Sin embargo, en la mayoría de los casos se contemplarían mecanismos de negociación y consultas que involucran distintos grupos e instancias de cada partido (Siavelis 2005).

18 En las primeras elecciones realizadas con arreglo a la Ley del Cupo Femenino, diversos partidos apelaron a una interpretación minimalista de la ley, de modo que si bien incluyeron un treinta por ciento de candidatas las ubicaron en los últimos lugares de las listas, estimulando acciones de vigilancia coordinadas entre mujeres políticas con el apoyo del Consejo Nacional de la Mujer (Véase, entre otros, Durrieu 1999; Chama 2001; Tula 2002 y Marx, Borner y Caminotti 2007). Lazzaro y Fraquelli (2003) analizan detalladamente los pleitos judiciales y los correspondientes fallos.

19 El grado de centralización y descentralización varía entre los diferentes partidos.

20 En el marco de este trabajo, las elites partidarias son conceptualizadas como aquellos grupos y personas que influyen de manera decisiva la confección de las listas electorales, quienes pertenecen a las autoridades formales e informales de los partidos.

21 A modo de ejemplo, se puede citar el caso de las internas abiertas y simultáneas del año 2005. En virtud de la cláusula que permitió no realizar elecciones partidarias si se presentaba una lista única, sobre un total de 24 distritos electorales sólo se llevaron adelante internas en los siguientes casos: UCR en nueve distritos, PJ en siete, Frente para la Victoria en tres, Partido Socialista, Frente Grande y Movimiento Popular Neuquino en uno (La Nación 08/08/2005).

22 Para el rol de los diferentes actores en el proceso de selección de candidatos/as de acuerdo con las circunstancias políticas, véase Jones (2004). Leiras (2006 y 2007) analiza los recursos que manejan los titulares de ciertos cargos ejecutivos y que les confieren un poder especial en sus respectivos partidos.

23 En este plano, es de interés el testimonio de una diputada peronista que vinculó el hecho de que haya pocas mujeres que lideren líneas internas con sus responsabilidades domésticas: “Generalmente no somos las mujeres las que llevamos adelante una línea interna, generalmente las mujeres tenemos nuestro rol de política, pero tenemos nuestro rol de madre y, en el caso mío, por ejemplo, rol de mantener mis hijos, entonces era mucho. Yo [no tengo] tiempo para formar una línea interna y hacer ese arreglo con otras dirigentes de fuerza del interior [...]. En cambio los hombres tienen plata, tienen tiempo, hay una señora que está en el hogar generalmente. Ellos si, entonces, son cabeza, y al ser cabeza hay que arreglar con esa cabeza, y es ahí cuando el hecho de una mujer a veces molesta” (F15, PJ).

24 Se trata de informaciones parciales que tienen un carácter eminentemente ilustrativo. Sería de interés efectuar un relevamiento de las autoridades partidarias provinciales, así como de las provisiones de las cartas orgánicas, acerca de la participación de mujeres en los órganos de conducción. Tal investigación –cuya realización se ve dificultada por la escasa información que brindan los partidos (especialmente sus organizaciones provinciales) a través de Internet– supera las posibilidades y propósitos del presente trabajo.

25 Cabe señalar que a trece años de la reforma de la Carta Magna, el Congreso de la Nación todavía no sancionó una ley que regule este derecho constitucional relativo a los cargos partidarios. Aunque una norma constitucional es de vigencia inmediata, a falta de una ley que obligue a los partidos políticos de introducir medidas afirmativas en sus cartas orgánicas y que defina sanciones por el incumplimiento, la cláusula de la Constitución exhibe de facto un carácter más bien declaratorio.

26 A modo de ejemplo, se puede mencionar que la Carta Orgánica del PJ nacional solamente menciona una “representación femenina correspondiente”, sin especificar una cuota precisa. Los estatutos de las organizaciones provinciales en algunos casos no prevén un cupo femenino y, en otros, cuotas de entre treinta y cincuenta por ciento (las cartas orgánicas provinciales no están disponibles en Internet). Las Cartas Orgánicas nacionales del ARI y de la UCR prevén una participación femenina de treinta por ciento como mínimo. El Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Compromiso para el Cambio (CPC) también disponen de cuotas de treinta por ciento.

27 Cabe subrayar que la vigencia de esta regla informal no significa que la totalidad de las candidatas obtiene su nominación por la minoría partidaria, ya que esta práctica se aplicaría en una situación específica de negociación entre líneas internas o partidos que forman una alianza. No obstante, echa luz sobre la cultura política de los partidos, que parecerían preferir a postulantes masculinos en detrimento de las aspirantes femeninas.

28 Cabe recordar que este análisis se basa exclusivamente en entrevistas, de modo tal que no permite dar cuenta de eventuales acciones no mencionadas por parte de nuestras interlocutoras.

29 A las entrevistadas se formuló la siguiente pregunta: “¿Usted cree que la vigencia de cuotas electorales fue un factor importante para su postulación y para el lugar de la lista que llegó a ocupar?”. A los legisladores, por su parte, se les preguntó: “El lugar que usted ocupó en la lista partidaria, ¿se vio influenciado por la vigencia de la Ley de Cupo Femenino?”.

30 Un grupo de siete entrevistadas negó que el cupo haya influido en su caso particular, aduciendo que su alto perfil aseguró su inclusión en la lista.

31 Cabe tener en cuenta que se entrevistaron legisladores, es decir candidatos que lograron su meta independientemente de su emplazamiento. Entrevistas a candidatos que no obtuvieron una banca o a aspirantes que no fueron incluidos en la lista electoral podrían arrojar resultados distintos.

32 Como consecuencia de la renovación parcial de cada Cámara, los y las legisladoras de estos dos períodos fueron electas en 2001, 2003 o 2005. Para permitir la comparación con la muestra, se optó por la presentación de un promedio entre ambos períodos.

33 El hecho de que los porcentajes de varones que encabezaron su lista electoral coincidan entre la muestra y la totalidad de los legisladores (Tabla 2) señala que no se trata de un sesgo de selección de los entrevistados/as.

34 No se hallaron testimonios similares en el caso de las entrevistadas.

35 Cabe recordar que, en el marco de este estudio, no se entrevistaron aspirantes que no lograron convertirse en candidatos ni tampoco candidatos que no fueron electos. Probablemente, las apreciaciones de este tipo de actores arrojarían resultados diferentes.

36 Adicionalmente un legislador propuso la introducción de un cupo para jóvenes.

37 Véase, entre otros, los expedientes 0417-D-2006, 3291-D-2006, 2348-D-2006, 0297-S-05, 0781-D-05, 1339-D-04, 6556-D-04, 1351-S-03, 2662-D-03. (Fuente: http://www.diputados.gov.ar).

38 Véase, entre otros, los expedientes 3291-D-2006, 0864-D-2006, 2519-D-2005, 0781-D-2005, 5663-D-2004 (Fuente: http://www.diputados.gov.ar).

39 Estos cálculos podrían referir a una supuesta resistencia del electorado a votar por mujeres. Este argumento fue manifestado en el testimonio ofrecido por un legislador entrevistado: “Tenemos una sociedad machista, sobre todo en provincias conservadoras [...] La sociedad es machista, por lo tanto, en líneas generales, el electorado tiene mayor resistencia a las postulaciones de mujeres” (M30, Alianza Frente de Todos).

40 Un análisis exhaustivo demandaría realizar entrevistar a los dirigentes de distintos partidos y distritos, lo cual sería de sumo interés para evaluar si se posicionan de manera diferente frente a aspirantes de género masculino y femenino. Hasta donde se ha podido indagar, en Argentina no se han realizado estudios de este tipo.

41 En efecto, esta información no hace posible dirimir si las diferencias entre los motivos esgrimidos por parte de varones y mujeres reflejan efectivamente los atributos valorados por quienes seleccionan o se deben, más bien, a sus propias experiencias y valoraciones.

42 En total, 30 entrevistadas y 27 entrevistados brindaron una respuesta específica. No se tomaron en cuenta los testimonios que se refirieron al éxito en las elecciones legislativas (y no al proceso de selección de candidatos) o que trataron temas generales sin explicar los motivos considerados decisivos para su inclusión en la lista electoral.

43 Sólo de modo marginal se nombraron factores como el “compromiso con la gente”, características de personalidad, capacidad de trabajo y vocación del aspirante. En este marco, un grupo de las entrevistadas afirmó que el cupo femenino jugó un rol primordial en su nominación como candidata.

44 La razón de limitarnos a estos períodos reside en el hecho de que recién a partir de entrada en vigor del cupo femenino para las Cámaras correspondientes se alcanzó una cantidad de legisladoras que permite un análisis desagregado por género.

45 Para el cálculo de la tasa de reelección, se tomaron en cuenta los legisladores y legisladoras cuyos mandatos vencieron en los comicios correspondientes. Entre los re-elegibles se consideró –de acuerdo con la información disponible– a aquellos legisladores o legisladoras que han reemplazado a los diputados o senadores electos para el período. Se obtuvo un universo de 800 diputadas y diputados y de 113 senadoras y senadores.

46 Cabe recordar que los mandatos de las y los senadores electos en 2001 tenían duraciones de dos, cuatro y seis años para permitir la renovación parcial bianual.

47 Solamente se contabilizaron los mandatos de diputados, sin incluir los cargos de senador ocupados adicionalmente por una cantidad reducida de los y las diputadas. Los datos para la Cámara alta (2001-2005) no se presentan en este caso. El corto período de la vigencia del cupo, en combinación con la diferente duración de los mandatos de los y las senadoras electas en 2001, restan relevancia a este dato.

48 En este marco, usualmente se postula que la inclusión de más mujeres en los cuerpos deliberativos (representación descriptiva) ofrece la posibilidad de incorporar nuevos temas y nuevas perspectivas a la agenda legislativa en función de sus distintas experiencias de vida (representación sustantiva).

49 A título ilustrativo, pueden mencionarse los estudio de Fuld (1998) para el conjunto de los integrantes del Congreso Nacional en ejercicio en el año 1996 y de Molinelli et al. (1999). Baron (2002) comparó los datos sociodemográficos de las legislaturas 2000/2001 y 2002/2003, en tanto Marx, Borner y Caminotti (2007) examinaron algunos atributos sociales y demográficos de los legisladores y las legisladoras nacionales de Argentina (2003/2005) y Brasil (2003/2007).

50 A efectos de calcular la edad promedio, se toma como referencia la edad al inicio de los actuales mandatos respectivos.

51 A propósito, debe recordarse que las edades mínimas legalmente establecidas para ser elegible diputado y senador son de 25 y 30 años, respectivamente.

52 Si se toma en cuenta el estudio de Fuld (1998) acerca de los perfiles sociodemográficos de legisladores y legisladoras nacionales en ejercicio en 1996, la proporción de casados y casadas parecería haber disminuido notoriamente. Este autor encontró que, entre las legisladoras, el 60% de las diputadas había constituido una pareja formal. Por la pequeña cantidad de mujeres (tres) que integraron en ese año la Cámara alta, no se consideraron los datos relativos a ellas. Asimismo, también ha disminuido la proporción de legisladores masculinos en uniones de pareja formal. En 1996, el porcentaje de diputados casados ascendía al 85% y el de senadores al 90%. Más allá de las consideraciones de género, el cambio en estos guarismos podría apuntar a las transformaciones sociales experimentadas en las relaciones de pareja, de las cuales el Congreso no permanecería ajeno.

53 A efectos del cálculo del porcentaje de legisladores y legisladoras con titulación, se consideró solamente el título de mayor nivel educativo. Por ejemplo, si una legisladora cuenta, además de su título universitario de grado, con otro de posgrado, se tomó este último para los cálculos porcentuales ya que un título de posgrado supone uno previo de grado, lo que evita un doble conteo de títulos.

54 Para los períodos 2000/2001 y 2002/2003, Baron (2002) identificó que el 71% de las y los diputados contaba con un título universitario, porcentaje aún mayor entre las y los senadores (83% y 79% para ambos períodos legislativos respectivamente).

55 Esta tendencia también fue observada por Fuld (1998).

56 Estos temas serán abordados detenidamente en los capítulos siguientes.

57 Cabe aclarar que no disponemos de todos los datos de los CV de los y las legisladoras, y que puede haber antecedentes no especificados por ellos en el Directorio Legislativo (Baron 2004 y 2006), fuente empleada para recabar este tipo de datos.

58 Con el propósito de captar las múltiples motivaciones subyacentes a la decisión de incorporarse a la actividad partidaria, en las entrevistas a legisladoras y legisladores se formuló una pregunta genérica sobre las motivaciones para “dedicarse a la política”, omitiéndose deliberadamente una definición específica sobre qué es la política. Así, fue posible que las personas entrevistadas atribuyeran sus propios significados e interpretaciones a interrogantes sobre cómo está constituida la actividad política y qué significa dedicarse a la política.

59 En el marco de las entrevistas realizadas, los legisladores masculinos se refirieron a las causas sociales y políticas en términos de “cambiar la realidad; cambiar el país”; “aportar al bien común”; “ayudar y servir a la gente”; “ser útil a un proyecto de transformación”. De manera análoga, las legisladoras señalaron “la necesidad de modificar una realidad injusta”; “hacer cosas por la gente”; “la defensa de los derechos de la gente”, entre otras motivaciones.

60 A propósito, una legisladora entrevistada mencionó el episodio de “la muerte de María Soledad Morales” como acontecimiento social determinante para su inserción en la política. Además, esta entrevistada otorgó significado a esta motivación en clave de género, al sostener que “la muerte de María Soledad Morales fue lo que nos marcó a muchas mujeres a dejar nuestra situación, nuestras profesiones, nuestras actividades particulares para decir: acá necesitamos un cambio” (F6, UCR).

61 Para algunas legisladoras, las más jóvenes de la muestra, una motivación angular que marcó el inicio en la militancia parece haber sido, precisamente, la intención de dar fin al régimen militar iniciado en 1976. Otras legisladoras, de generaciones anteriores, señalaron entre sus motivaciones “la lucha contra la dictadura de Onganía”, o lograr el regreso de Perón al país.

62 Mientras que seis legisladoras (entre nueve que mencionaron acontecimientos históricos) señalaron la lucha contra golpes militares específicos y la recuperación de la democracia y los derechos humanos, solamente dos legisladores entre cinco menciones) destacaron este tipo de acontecimiento como motivo de inicio de la militancia política.

63 Sólo un legislador de mayor edad mencionó un acontecimiento puntual relacionado con la democracia política como motivo de su inicio de la militancia partidaria: el golpe contra el Presidente Arturo H. Illia.

64 Ello se manifestó de forma explícita en relatos de algunos legisladores, quienes señalan con énfasis que la vocación los motivó a hacer una carrera en política, lo que los llevó a “ocupar posiciones relevantes a lo largo de los últimos años” (M35, PRS).

65 En este sentido, otros entrevistados masculinos manifestaron que “uno está signado” (M17, PJ) o que “abracé la política como mi vida” (M31, UCR).

66 En la Tabla 1, el entorno familiar aparece mencionado como elemento que facilitaría la integración a la política, más que como motivo por sí mismo para el ingreso al activismo.

67 Como herramientas cognitivas, se hace referencia a cuestiones tales como el acceso a información, la habilidad para desplegar argumentos y la capacidad de abstracción, entre otras.

68 Este hallazgo coincide con lo observado por Cordero (2006) en el caso de Chile.

69 Con frecuencia, desde la ocupación de un cargo académico se lleva a cabo una actividad política porque ésta implica -en las palabras de algunos entrevistados- ejercer determinadas políticas de conducción.

70 La guía de entrevistas indagó sobre la participación de legisladoras y legisladores en organizaciones de la sociedad civil explorando la existencia (o no) de lazos con estas entidades. Dado que las preguntas planteadas fueron de carácter abierto, las respuestas de los entrevistados de ambos géneros ofrecieron una amplia gama de información sobre su participación en estas organizaciones.

71 En el contexto de las entrevistas, diversas legisladoras indicaron que las organizaciones de la sociedad civil resultan útiles a los efectos de nutrir la propia agenda legislativa. A propósito, Una interlocutora las denominó “organizaciones libres del pueblo (...) que llegan a cumplir y a cubrir lo que el Estado no cubre” (F16, FMP). Por su parte, otra entrevistada señaló que “hoy por hoy la actividad legislativa está muy vinculada con la opinión y con las actividades de las organizaciones no gubernamentales” (F1, PJ). Ciertos testimonios destacaron, además, las relaciones de reciprocidad que se establecen con estas organizaciones: “ahora, desde mi papel de senadora de la Nación, tienen mi apoyo absoluto” (F29, FR)

72 Al respecto se tomaron en cuenta los siguientes cargos: 1) Poder Legislativo: concejal; legislador/a provincial; senador/a y diputado/a nacional. 2) Poder Ejecutivo: gobernador/a y vicegobernador/a, ministro/a provincial, secretario/a y subsecretario/a de ministerio provincial, presidente y vicepresidente de organismos públicos provinciales; presidente y vicepresidente de la Nación, ministro/a de Estado, secretario/a y subsecretario/a, presidente y vicepresidente de entes públicos nacionales.

73 En el período legislativo 2003/2005, veintiséis diputados (diecisiete varones y nueve mujeres) no brindaron información respecto de sus cargos públicos previos. Este número es de veinticuatro diputados (diecisiete varones y siete mujeres) en el subsiguiente período.

74 El presente estudio contabilizó, como antecedentes legislativos, los mandatos legislativos en el ámbito municipal (Consejos deliberantes), provincial y nacional.

75 Este dato incluye el mandato de senadora o diputada actual en los casos de que fue el primer cargo legislativo ocupado por la persona.

76 La combinación de funciones ejecutivas y legislativas es mucho más frecuente entre mujeres que entre varones.

77 En el período legislativo 2003/05, tres senadores (dos varones y una mujer) y veintiséis diputados (diecisiete varones y nueve mujeres) no respondieron respecto a sus cargos públicos (no legislativos) previos. Veinticuatro diputados (diecisiete varones y siete mujeres) no respondieron en el siguiente período a la pregunta acerca de los cargos públicos anteriores (en la correspondiente edición de Directorio Legislativo, el ítem no diferencia entre cargos legislativos y otros cargos públicos).

78 Una medida más precisa desde el punto de vistas de los datos cuantitativos -y aún de las representaciones de las legisladoras entrevistadas- debería tomar en cuenta, además, otros cargos de conducción, la militancia y la acción política en un sentido más amplio.

79 En cuanto a la discusión en torno de la noción de masa crítica, véase Childs y Krook (2005 y 2006), Dahlerup (2005 y 2006b) y Cammisa y Reingold (2004).

80 A propósito, de la UCR véase Marx (1992) y Marx, Borner y Caminotti (2007).

81 Véase, por ejemplo, Yancey Martin (2000); Levin (2001); Wharton (2004); Rodríguez Gustá (2004).

82 En 1997, excepcionalmente, una mujer ocupó la vicepresidencia primera de la Cámara baja.

83 De especial importancia es su participación –junto con el presidente de la Cámara- en la Comisión de Labor Parlamentaria (Cámara baja) o del Plenario de Labor Parlamentaria (Senado) que definen la agenda de las reuniones plenarias, de modo que influyen de manera decisiva sobre las posibilidades de un proyecto de ley de debatirse (o no) en el recinto.

84 A propósito, véase Jones et al. (2000).

85 Para un análisis más detallado del papel y la dinámica de trabajo de las comisiones permanentes de ambas Cámaras, véase el capítulo 5.

86 En este sentido, Bavastro (2003) señala que ciertos líderes provinciales (en particular, gobernadores) suelen ejercer influencia en estas designaciones.

87 Cabe recordar que en este año se realizó la primera elección con arreglo a la Ley de Cupo Femenino en la Cámara alta. Esto coincide además con la renovación total de dicha Cámara

88 Por un detalle de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones permanentes de ambas Cámaras, véase anexo 4.

89 La noción de prácticas de masculinidad alude a la exclusión de las mujeres y a la apropiación por parte de varones de los recursos organizaciones más valorizados en función de su identificación con atributos culturalmente asociados con su género.

90 Dos preguntas de la guía de entrevista brindan información sobre estas cuestiones. Una primera pregunta, más genérica, indagó si en el trabajo legislativo las mujeres reciben el mismo trato que sus colegas masculinos. Una segunda pregunta apuntó a recabar opiniones acerca de la afirmación que sostiene que las mujeres deben trabajar “más y mejor” a efectos de ser reconocidas por su trabajo y sus logros.

91 Solamente dos legisladores expresaron una opinión contraria.

92 Habida cuenta de que las representaciones discursivas de los y las legisladoras son dispares, resulta particularmente sugerente la sensibilidad de un entrevistado para reflexionar sobre la posible invisibilidad de las propias prácticas masculinas: “En general yo creo que no. [Las legisladoras] no reciben el mismo trato, en general, en la sociedad. Aquí en el Parlamento yo no lo noto pero tal vez las mujeres lo puedan notar... habría que preguntarle a las mujeres. Yo no lo noto, la verdad, pero las que lo sufren son ellas...” (M9, PNCHT).

93 En coincidencia, otro legislador resaltó la importancia del reconocimiento a partir del trabajo legislativo en el Congreso: “El hombre, si no trabaja, tampoco tiene logros. Y la mujer que no trabaja tampoco tiene logros. Las mujeres que (yo) he visto que logran cosas son mujeres realmente activas, que trabajan, como lo hace cualquier legislador que sobresale en sus actividades” (M14, FV).

94 Adicionalmente, los siguientes testimonios resultan significativos: “Para que nos escuchen a nosotras, tenemos que pisar el doble de firme, a veces” (F30, PJ). “Cuando una mujer opina no es lo mismo que cuando opina un hombre, para algunos” (F20, PJ).

95 Un fenómeno semejante ha sido identificado por Masson (2004) en su estudio sobre la participación femenina en la política de la provincia de Buenos Aires.

96 Como ha sido mencionado en capítulos previos, 1993 y 2001 representan los años de entrada en vigor la Ley de Cupo Femenino para la confección de las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, respectivamente.

97 Éstos fueron personas de ambos géneros con un vasto conocimiento del funcionamiento interno del Congreso argentino: una legisladora electa en 2005, con una amplia trayectoria política, y un asesor de comisión en la Cámara baja que ejerce esa función desde hace varios años.

98 Además de las comisiones permanentes de asesoramiento, en el Congreso de la Nación también existen comisiones temporarias (creadas para tratar asuntos específicos, que se extinguen cuando logran su cometido o cuando finaliza su plazo de actuación) y comisiones bicamerales, integradas por representantes de ambas Cámaras.

99 Estas diferentes lógicas y el papel de las comisiones permanentes en el tratamiento de proyectos de ley podrán ser advertidas en el análisis del proceso legislativo que antecedió a la sanción de tres normas específicas en el Congreso argentino (la Ley de Cupo Sindical Femenino, la Ley de Ratificación del Protocolo de la CEDAW y la Ley de Ligadura de Trompas y Vasectomía) que se analizan en el capítulo 7 de este informe.

100 A título ilustrativo, por ejemplo, una legisladora enunció que no pudo integrar la Comisión de Salud Pública por no ser médica, lo cual –desde su perspectiva– hubiera otorgado mayor legitimidad a su solicitud.

101 Específicamente, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda le compete “dictaminar sobre todo presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas y sobre todo proyecto o solicitud de reforma de las leyes tributarias, o de los sueldos, suministros del Estado, créditos suplementarios, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia…”


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