Estado Civil



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Logros, tensiones y desafíos relativos a la igualdad entre los géneros en la arena política

En términos de los principales logros evidenciados en el presente estudio, es importante enfatizar que la entrada en vigor de la Ley de Cupo Femenino implicó una ampliación de la ciudadanía política femenina, al ubicar al género como un criterio explícito a ser considerado en la confección de las listas de candidatos legislativos nacionales y afirmar el derecho de las mujeres a ser representantes. La mayor integración de mujeres en ambas Cámaras del Congreso argentino, y el hecho de que el cumplimiento con las disposiciones de la norma haya dejado de ser objeto de disputa, constituyen sin duda avances significativos.

Asimismo, se pudo constatar que gradualmente las mujeres han comenzado a acceder a ejercer ciertos cargos de conducción legislativa que, desde el retorno de la democracia, habían sido prácticamente monopolizados por varones, tales como ciertas vicepresidencias de ambas Cámaras. Con todo, se trata de un fenómeno reciente, de modo tal que será preciso evaluar si logra consolidarse como una tendencia sostenible en el tiempo.

Finalmente, la mayor presencia femenina en el Congreso ha permitido ampliar y enriquecer la agenda de debate y de elaboración de propuestas de legislación, e incluso se ha logrado la aprobación de un conjunto leyes importantes en términos de derechos de mujeres e igualdad de género. Entre ellas, en este estudio se analizaron específicamente tres casos, respecto de los cuales las legisladoras evidenciaron un primordial protagonismo en las distintas instancias de sus trámites legislativos.

Además de estos logros, la investigación realizada también identificó algunas tensiones que señalan que la igualdad de género en la política argentina aún enfrenta desafíos, ya que la Ley de Cupo Femenino, como cualquier medida de acción afirmativa, no opera en el vacío sino que interactúa con un conjunto de instituciones (como las reglas de decisión de los partidos) y de representaciones culturales que amplían o limitan su alcance.

A propósito, fue posible apreciar que el modo en que los partidos políticos cumplen reglamentariamente con la norma ha estimulado un proceso paradójico que abre y cierra, simultáneamente, la estructura de oportunidades políticas, ya que los actores clave con poder decisorio (demográficamente masculinos) ponen en juego prácticas cerradas y elitistas que no permiten la intervención de otros actores y marginan de facto a las mujeres de la toma de decisiones, aún cuando cumplan con la obligación legal de postular un porcentaje mínimo de candidatas en posiciones expectables de sus respectivas listas. Esta particular dinámica, por cierto, no es ajena a la crisis que aqueja a los partidos en su condición de organizaciones colectivas y programáticas de articulación de intereses y demandas sociales, ni al consecuente déficit de democracia interna asociada a la misma.

Si se considera, además, que los titulares de ciertos cargos electivos (gobernadores e intendentes) suelen tener una injerencia importante y muchas veces decisiva en los procesos de confección de listas electorales, el escaso acceso de mujeres al ejercicio de los mismos, evidenciado en el análisis, resulta problemático y amerita pensar en la necesidad de instituir regulaciones adicionales tales como cupos de género para altos cargos de designación en los poderes ejecutivos, o incluso una ampliación del cupo para cargos legislativos nacionales que apunte a la paridad entre los géneros, tal como de hecho ha sido estatuido en dos provincias argentinas172. Estas iniciativas permitirían coadyuvar al logro de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relativas a la ampliación de la participación femenina en la toma de decisiones públicas (véase Faur 2005).

De cara a este escenario, a más de quince años desde la sanción de la Ley de Cupo Femenino aún parecería primar una asociación de la jerarquía política con una imagen o patrón masculino, tanto en lo relativo a la distribución de cargos de autoridad en el Congreso (particularmente acentuada en el caso de las presidencias de los bloques políticos numéricamente significativos), como con lo atinente a lo desigual valoración que reciben los temas de deliberación legislativa. Ello no implica que la presencia femenina en el Congreso resulte intrínsecamente devaluada, pero –en términos generales– las legisladoras parecerían gozar de menores grados de poder relativo.

Dado que esta investigación evidenció que los y las legisladoras exhiben preferencias temáticas parcialmente distintas, que discursivamente se construyen de manera polar, la agenda parecería no sólo segmentarse sino también generizarse, legitimando la dedicación de las mujeres a la cuestión social y reservando a los varones la iniciativa en materia económica, aún cuando diversas legisladoras también elaboren propuestas de este orden. Si las medidas de acción afirmativa apuntan a quebrar la desigualdad estructural que ha impedido la intervención activa de mujeres en el campo político, resulta problemático que algunos procesos tan marcados de generización se re-inscriban en el seno del Congreso de la Nación.

A propósito de esta segmentación jerarquizada de los temas de agenda, cabría considerar la pertinencia de otro tipo intervenciones orientadas a estimular una mayor imbricación entre las perspectivas de legisladores y legisladoras, como las derivadas del enfoque de transversalización de género (véase, entre otros, Rees 2005; Walby 2005). Aplicada al Congreso como organización, una estrategia de este orden podría alentar la identificación del modo en que las iniciativas que se discuten y/o aprueban (en particular las económicas, discursivamente tematizadas como masculinas) impactan sobre las diferenciales realidades de mujeres y varones con el propósito de estimular la igualdad de género de manera explícita. Ciertamente, el análisis de la viabilidad de esta estrategia trasciende los alcances del presente estudio, pero sugiere una cuestión de relevancia para el debate público.



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