Estado Civil



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VIII. CONCLUSIONES

En virtud de la inclusión de una proporción considerable de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado nacional estimulada por la Ley de Cupo Femenino, este estudio se planteó examinar en qué medida dicho proceso ha generado condiciones de igualdad de género y ha transformado las propias actividades de la organización legislativa, entendiendo que el Congreso argentino constituye un escenario privilegiado para esta indagación empírica.

Tal propósito fue desagregado en una serie de preguntas orientadoras específicas: ¿en qué medida las legisladoras han logrado acceder a cargos de autoridad en las distintas instancias decisorias del Congreso (presidencias y vicepresidencias de ambas Cámaras, de los bloques políticos y de las comisiones permanentes)?; ¿qué consecuencias ha tenido el ingreso de mujeres respecto de la configuración de la agenda de debate y la elaboración de normas? También cobró interés interrogarse acerca de las prácticas de confección de las listas de candidatos por parte de las organizaciones partidarias, a la luz de la siguiente conjetura: en la medida en que las mujeres cobren mayor protagonismo en las negociaciones que tienen lugar con anterioridad a los comicios, es más probable que participen activamente de la competencia política y que accedan al Congreso en un pie de igualdad con los varones. Asimismo, el análisis de las dinámicas de selección de candidatos permitió examinar si las mujeres enfrentan, en el ámbito de los partidos, estructuras políticas generizadas que posteriormente puedan influir sobre su actividad legislativa.

En suma, esta investigación se encaminó a indagar estas cuestiones desde una perspectiva analítica que habilitó los siguientes niveles de inferencia. En primer lugar, fue posible extraer conclusiones acerca de una serie de atributos individuales y de representaciones subjetivas de legisladores y legisladoras argentinas, que mostraron rasgos distintivos para varones y mujeres en función de su género. En segundo lugar, el estudio permitió indagar acerca prácticas político-partidarias que exhibieron rasgos generizados al posicionar a los varones (más propiamente, a grupos específicos de varones) como actores que controlan recursos críticos para garantizar la igualdad de género (Connell 2005). Finalmente, un tercer grupo de inferencias concernieron a la organización legislativa propiamente dicha, tanto en términos de su estructura como de sus procesos, que evidenciaron resultados no lineales sino más bien complejos. En efecto, aquí conviven tendencias de igualación formal con otras que reproducen las asimetrías de género.

A partir de estas evidencias, el trabajo permitió identificar logros, tensiones y desafíos con vistas a realizar contribuciones para la discusión política, así como generar antecedentes e instrumentos replicables para la evaluación de los efectos del ingreso de mujeres en las legislaturas provinciales o en los órganos legislativos de otros casos nacionales.
La generización de la estructura de oportunidades políticas
En el análisis de las dinámicas partidarias que comandan los procesos de selección de candidatos, efectuado a partir de las valoraciones de las y los entrevistados, se identificaron dos fenómenos empíricamente convergentes que mermarían el propósito igualitario de la Ley de Cupo Femenino como medida de acción afirmativa. De acuerdo con la evidencia recabada en este estudio, los actores clave con poder decisorio son demográficamente masculinos y, en un marco de acentuada crisis y erosión de la democracia interna en los partidos, despliegan prácticas cerradas y escasamente permeables a la participación de otros grupos y personas (como dirigentes de base o afiliados) que pueden ser calificadas como culturalmente masculinas.

Como fue oportunamente señalado, en ocasiones los dirigentes preferirían seleccionar varones, probablemente en virtud de un fenómeno de reproducción homo social (Kanter 1977) propias de la conciencia liminal (Yancey Martin 2001). En otras –de acuerdo con las apreciaciones de legisladoras– operarían mecanismos de discriminación abierta contra las mujeres, materializados, por ejemplo, bajo la forma de presiones destinadas a desplazarlas de las listas (dentro del margen legalmente estipulado) para poder incorporar en su lugar a un candidato masculino. Cabe destacar, en este marco, que las candidaturas con chances de elección constituyen un bien escaso en buena parte de los distritos del país. Ante tal escenario, las prácticas de decisión de las jerarquías masculinas reducirían las condiciones de igualdad perseguidas por el cupo femenino al acotar el espacio destinado a las mujeres a los lugares mínimos estipulados por la norma, fomentando una disputa femenina intra-género por el acceso a los mismos.

De este modo, a pesar de que los partidos cumplen reglamentariamente con la Ley de Cupo Femenino al momento de confeccionar sus listas, estos procesos se encuentran atravesados por una serie de tensiones vinculadas con la naturaleza multidimensional de las relaciones de género. Más aún, los datos obtenidos permiten advertir que se estaría en presencia de una estructura generizada de oportunidades políticas en cuyo marco las mujeres (más allá de algunos casos específicos) son situadas en una posición subordinada antes de acceder al Congreso.

Así modelizada, esta situación sugiere la siguiente paradoja: el modo en que la Ley de Cupo es gestionada al interior de los partidos tiende a transformar el piso mínimo en un techo, pero, en su ausencia, las chances femeninas de acceder a cargos de representación legislativa podrían verse sensiblemente restringidas. Dicha paradoja, que demuestra la importancia que aún revisten las políticas de acción afirmativa en Argentina, no es intrínseca ni imputable a la ley sino que sería más bien el resultado de la interacción de una medida que procura ampliar la igualdad entre varones y mujeres en la arena de la competencia electoral con una realidad partidaria en la cual –en términos generales– no se han producido transformaciones culturales que permitan alcanzar más cabalmente este objetivo normativo.

Así como el género se reveló como un factor constitutivo (Acker 1990) de las prácticas de selección de candidatos, volvió a tornarse relevante en el análisis de los perfiles socio demográficos de los y las representantes nacionales que han ejercido mandatos entre 2003 y 2007. En particular, se observó que los y las legisladoras presentan diferencias en cuanto a su formación disciplinaria168. A propósito, si bien se contempló la posibilidad de que las profesiones, entendidas como comunidades de práctica, pudieran inspirar diferentes modos de identificar los temas de la agenda de políticas públicas, distintas redes de relaciones y disímiles prácticas al momento de conducir el trabajo en el Congreso, la evidencia cualitativa de esta investigación insinúa que el género es más relevante que la formación educativa al momento de sugerir preferencias temáticas y áreas de producción legislativa. Asimismo, el examen de sus estructuras familiares demostró que una mayor proporción de legisladores masculinos cuenta con una pareja formalmente constituida y, que generalmente, tienen un mayor número de hijos que las legisladoras, con lo cual podría especularse que la división sexual del trabajo social se re-inscribe en el Congreso a través de los perfiles de sus integrantes.

En el marco de la estructura de oportunidades políticas generizada, identificada al abordar las dinámicas de selección de candidatos, el análisis de las trayectorias de los y las legisladoras develó que sus experiencias previas se diferencian claramente entre sí, sugiriendo recorridos más jerárquicos entre los varones. En primer lugar, los datos recabados sobre los cargos previos del conjunto de los integrantes del Congreso, sistematizados para los períodos 2003/2005 y 2005/2007, mostraron que antecedentes predominantemente legislativos resultan comunes entre las mujeres, mientras que entre sus pares masculinos los cargos ejecutivos anteriores son particularmente significativos169. Otro contraste relativo a los recorridos jerárquicos diferenciados emerge del análisis del tipo de cargo ejecutivo ocupado por parte de varones y mujeres. Los legisladores han desempeñado, mayormente, cargos ejecutivos electivos (como intendentes y gobernadores), o bien otras funciones que implican un importante manejo de recursos públicos (ministros, por ejemplo). Las legisladoras, además de haber ejercido menos cargos ejecutivos previos, en general han accedido a puestos de menor poder relativo (principalmente secretarías y subsecretarías provinciales y/o municipales). Estos datos –junto con la evidencia que indica que los varones ejercieron su primer cargo a una edad más temprana– revelan que los canales de acceso a las jerarquías del Estado parecen ser más dificultosos para las mujeres, particularmente en aquellas instancias donde no hay leyes de cupo (como los ejecutivos de nivel nacional, provincial y municipal).

Más allá de esta dimensión formal de las jerarquías, la generización de la estructura de oportunidades políticas también encontró un correlato en las construcciones discursivas a las cuales apelaron mujeres y varones para referirse a sus propias trayectorias, recabadas a partir de entrevistas. Al respecto, la mayoría de los y las entrevistadas reconoció haber participado en organizaciones sociales, profesionales o gremiales en distintos momentos de sus vidas. Sin embargo, al rememorar estas experiencias, los legisladores aludieron primordialmente a los cargos de conducción que ocuparon en ellas, en tanto las legisladoras (quienes también desempeñaron cargos de estas características) enfatizaron más el valor social de tales organizaciones como nutrientes de la agenda política.

Finalmente, se manifestaron algunas diferencias adicionales en las modalidades de razonamiento entre mujeres y varones, que no necesariamente implican desigualdad de género pero sugieren disímiles apreciaciones sobre la actividad política. Por ejemplo, los legisladores masculinos explicaron el inicio de su labor política como resultante de atributos de naturaleza individual, tales como la vocación, a la que tendieron a calificar en términos de un atributo innato. En cambio, sus pares femeninas resaltaron aspectos más relacionales, inscribiéndose, de este modo, en una trama de vínculos sociales donde el contexto cobra singular relevancia. En este marco, varias entrevistadas llegaron a aludir a ciertos compromisos de época, tales como la lucha por recuperar la democracia.

Si el Congreso nacional no es considerado una organización cerrada sino un eslabón en una red de instituciones políticas, cabría esperar que la desigualdad evidenciada en los procesos de selección de candidatos y en los recorridos jerárquicos de las trayectorias, encuentre una manifestación en la construcción de la autoridad al interior del mismo. Precisamente, al examinar la composición demográfica de los cargos de conducción en ambas Cámaras, el análisis efectuado permitió identificar brechas de género entre las cuales la más sobresaliente y persistente viene dada por la ausencia de mujeres entre las presidencias de los bloques partidarios numéricamente significativos (PJ en sus diferentes vertientes y UCR, por ejemplo).

Entre las múltiples razones que podrían contribuir a explicar este fenómeno, se puso de relieve que el género operaría como un atributo para la asignación de poder y prestigio en un nivel de relaciones informales, aún cuando la igualdad entre legisladores y legisladores sea formalmente afirmada. La noción del techo de cristal aludida para caracterizar este fenómeno apunta precisamente a destacar que las legisladoras (por su condición de género) enfrentarían un bloqueo para acceder a estos cargos, en virtud de factores no necesariamente endógenos a la organización formal e interna del Congreso.

Un fenómeno más alentador está relacionado con el acceso de mujeres a otro tipo de cargos. Por ejemplo, los datos recabados mostraron que las legisladoras accedieron a ejercer presidencias y vicepresidencias en las comisiones permanentes de ambas Cámaras de un modo crecientemente proporcional a sus niveles de participación cuantitativa en el Congreso. Ello, no obstante, también evidenció que los cargos máximos de autoridad de las comisiones se han segmentado por género. Precisamente, al considerar cuáles son las comisiones presididas por legisladoras, se tornó manifiesta su concentración en aquellas que se ocupan de cuestiones culturalmente asociadas con el mundo simbólico de lo femenino. En contrapartida, los legisladores ostentan una presencia mucho más concentrada en la presidencia de comisiones dedicadas a la economía y las finanzas. Esta distinción sugiere una división funcional del trabajo legislativo entre mujeres y varones que expresaría no sólo diferencias sino, más propiamente, jerarquías (Acker 1990).

En efecto, al pasar del examen de la composición demográfica de las jerarquías de ambas Cámaras al análisis longitudinal de la integración de las comisiones permanentes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Cupo Femenino, fue posible detectar que la mayoría de ellas se encuentran feminizadas o masculinizadas de acuerdo con su estructura demográfica. Únicamente 13 sobre 65 comisiones escapan a este patrón. Esta distribución sesgada estaría evidenciando procesos de segmentación que, lejos de resultar aleatorios, se relacionan de manera muy clara con la división sexual del trabajo legislativo previamente aludida, que ubica a la economía como un dominio masculino y asocia lo femenino a lo social. Con todo, en este plano la evidencia cualitativa recabada no sugiere la existencia de oportunidades distribuidas de modo desigual para varones y mujeres, puesto que las y los entrevistados expresaron integrar, precisamente, aquellas comisiones en las cuales ambicionan estar170.

Con respecto a la idea –recurrente en los testimonios de legisladores y legisladoras– en virtud de la cual la integración de comisiones reflejaría sus inclinaciones e intereses sustantivos de manera inmediata, la conclusión resultante ciertamente es compleja, ya que las preferencias de los actores políticos a menudo reflejan la institucionalidad de género vigente en el orden social. En efecto, al ser consultados acerca de si existen comisiones adicionales que desearían, pero no lograron, integrar, resultó elocuente que los entrevistados masculinos no mencionaran aquellas comisiones asociadas simbólicamente con el universo cultural femenino (tales como Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Tercera Edad o Discapacidad, entre otras), mientras que las entrevistadas reflejaron preferencias relativamente más variadas. Posiblemente, bajo estos procesos de formación de preferencias esté operando un mecanismo de conciencia liminal (Yancey Martin 2001), ya que los varones usualmente movilizan sus prácticas de masculinidad dominante en las organizaciones sin ser conscientes de ello ni de sus potenciales efectos.

Igualmente dificultoso resulta discernir si las comisiones tipificadas como feminizadas gozan de menores grados de poder y prestigio en el Congreso. No obstante, a la luz de la noción de organizaciones generizadas masculinas formulada por Britton (2000), resulta sugestivo que entre las comisiones donde priman varones se encuentre buena parte de las dedicadas al tratamiento de temas económicos, fiscales y presupuestarios, valorizadas como institucionalmente relevantes. Por otra parte, fue exclusivamente con relación a estas comisiones que los y las entrevistadas mencionaron criterios de acceso vinculados con factores políticos exógenos al propio Congreso de la Nación. A título de ejemplo, cabe recordar que algunos entrevistados hicieron alusión a la importancia de pertenecer o no al partido de gobierno en el nivel provincial para acceder a la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. En relación con otras comisiones, en cambio, los argumentos recabados enfatizaron atributos de acceso más formalizados e incluso vinculados de manera más clara con ciertas cualidades personales como la formación profesional, la trayectoria en relación con un determinado tema, o bien la antigüedad en el mandato, criterio que de hecho resultó bastante enfatizado.


Orientaciones temáticas, representación y actividad legislativa
A la luz de lo expuesto, cabría esperar que las y los legisladores exhiban preocupaciones y prioridades de política al menos parcialmente distintas. Con el objetivo de emprender dicho examen, este estudio combinó el análisis de las actitudes y del comportamiento de los y las entrevistadas, los cuales resultaron fuertemente asociados empíricamente171. A propósito, un hallazgo de esta investigación evidenció que los contrastes más significativos entre las preferencias temáticas de mujeres y varones responderían a su género más que a otros factores (como la filiación partidaria o la formación profesional). Por lo demás, las perspectivas de las legisladoras distan de ser homogéneas, aún cuando muchas de sus preocupaciones sean comunes.

De acuerdo con la evidencia analizada, la mayor participación cuantitativa de legisladoras en el Congreso nacional habría permitido incorporar cuestiones anteriormente ausentes o no jerarquizadas por parte de los legisladores masculinos, e incluso desbloquear el debate en torno a ciertos temas (como los relativos a la sexualidad), ampliando de este modo la agenda deliberativa y la frontera de derechos ciudadanos. Los entrevistados de ambos géneros reconocieron y valoraron este aporte, derivado de una mentada mirada femenina distintiva de las legisladoras. En este marco, la preocupación por representar a las mujeres fue planteada únicamente por legisladoras, lo cual sugiere un claro vínculo entre la representación descriptiva y sustantiva de mujeres, siguiendo una tendencia usualmente identificada en la literatura. Con todo, es preciso recordar que dicha representación adquirió sentidos diferenciados en las valoraciones de las entrevistadas, donde también se puso en juego la generación de modelos de rol más allá de la promoción de una agenda temáticamente femenina.

En las narrativas de los legisladores, en cambio, el género no constituyó un criterio para denotar qué o a quiénes representan. Dicha omisión en sus representaciones subjetivas no sólo tiende a tornar invisibles necesidades o problemas que afectan particularmente a mujeres, sino también a determinadas categorías de varones; es decir, no considera la existencia de masculinidades (jefes de hogar desocupados; niños y jóvenes con problemas de adicción a las drogas; etc.) diferenciadas y específicas. Más aún, el análisis efectuado sugiere que comúnmente los legisladores construyen discursivamente a los representados de un modo general y abstracto, refiriéndose a ellos en términos de “los pobres”, “las clases medias”, o “el pueblo provincial”. Este tipo de argumentaciones también se hizo presente en los testimonios ofrecidos por parte de legisladoras, pero ellas tendieron a identificar a los sujetos de la representación con mayor precisión, apelando a criterios más variados y afinados de diferenciación de grupos.

Al examinar 1.757 proyectos de ley de autoría de los y las entrevistadas, también emergieron patrones temáticamente diferentes según se trate de varones o mujeres. Las iniciativas relativas a los campos de niñez y familia, salud y género cobraron una notoria preeminencia entre las propuestas impulsadas por legisladoras, en tanto que sus pares masculinos mostraron una marcada inclinación a legislar sobre asuntos de orden económico (de hecho, un tercio del total de sus proyectos se ubicaron en esta categoría). Justamente, estos diferentes campos fueron discursivamente interpretados, por parte de varones y mujeres, en términos de masculino y femenino de acuerdo con su contenido cultural, con lo cual la composición por sexo de las iniciativas y su tipificación por género coinciden (Britton 2000).

En síntesis, el análisis de las actitudes y del comportamiento de los y las legisladoras entrevistadas en el presente estudio ha develado que la incorporación de mujeres en ambas Cámaras habría transformado positivamente la agenda del Congreso, pero en las valoraciones de los representantes nacionales de ambos géneros lo económico y lo social no se imbrican. Lo problemático de esta interpretación no radica en el hecho de que las legisladoras se preocupen más por lo social –lo cual ha estimulado una atención renovada a propósito de temas y asuntos anteriormente relegados– y los legisladores por la economía, sino que estas perspectivas se fundamenten en una construcción discursiva que establece una tajante división entre ambos campos de política. Desde este prisma, la política económica no es mayoritariamente concebida como un componente esencial de la política social que, en un sentido amplio, podría definirse como el conjunto de intervenciones estatales que se dirigen a la población y que afectan sus condiciones de vida (Cortés y Marshall 1993). Como corolario, la mentada complementación entre los temas abordados por parte de varones y mujeres se traduce en una división del trabajo entre los géneros que establece jerarquías en la configuración de la agenda legislativa.

Finalmente, el estudio del proceso legislativo que dio lugar a la sanción de las leyes 25674/02 (de Cupo Sindical Femenino), 26130/06 (Régimen para las Intervenciones de Contra concepción Quirúrgica: Derecho a acceder a las prácticas de Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía), y 26171/06 (de aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999), reveló comportamientos diferenciados por parte de legisladores y legisladoras que también parecen inscribirse en esta división jerarquizada del trabajo en el Congreso de la Nación. De acuerdo con la evidencia obtenida, las iniciativas y estrategias desplegadas por mujeres fueron sumamente importantes para la sanción de las tres normas.

Efectivamente, los proyectos que antecedieron a las citadas leyes, en principio, no habrían despertado interés entre la mayoría de los legisladores masculinos, quienes tendieron a catalogarlos como temas de mujeres y, por tanto, no prioritarios para ellos mismos. Ante este escenario de mentada indiferencia masculina, las legisladoras no sólo fueron sus iniciadoras principales sino también las impulsoras de coaliciones dentro y fuera del Congreso dirigidas a mantenerlos en la agenda y a promover su aprobación. El comportamiento diferencial de los y las legisladoras se explicaría, principalmente, en virtud de las experiencias y conocimiento directo de estas últimas sobre las problemáticas que afectan relaciones de género y que las leyes examinadas buscaban remediar. De este modo, aunque el método empleado y la escasa cantidad de casos examinados sólo permiten formular conclusiones tentativas, estos hallazgos ofrecen evidencia para apoyar la presunción según la cual la mayor participación femenina en el Congreso nacional y la ampliación y diversificación de perspectivas que ésta aporta tendría efectos específicos sobre el proceso de elaboración y de gestión de normas, al menos frente a aquellas cuestiones que contemplan demandas, necesidades o intereses asociados al género.
A modo de cierre, cabe señalar que de acuerdo con las representaciones subjetivas recabadas a partir de entrevistas, para los legisladores el Congreso sería una organización igualitaria, en tanto que los testimonios de legisladoras le asignaron atributos que permiten conceptuarlo en términos de una organización generizada masculina en la cual se despliegan y recrean prácticas de índole informal que tenderían a subordinar a las mujeres. Por un lado, el trabajo realizado por parte de mujeres y varones sería valorado siguiendo un doble estándar, mucho más exigente para las primeras que para los segundos. Por el otro, los relatos pusieron de relieve una idealización de atributos considerados femeninos cuya contracara es la valoración negativa que reciben las representantes que no se adecúan a los mismos. Finalmente, ciertas decisiones celebradas en espacios cerrados usualmente competerían con exclusividad a varones, aspecto solamente indicado por legisladoras.



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