Elaboracion de informe sombra sobre la convencion de los derechos de las pcds



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2.10 Igual reconocimiento como persona ante la ley (CDPD, artículo 12)
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Para garantizar la realización de este derecho, los Estados deben adoptar medidas para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, en particular las medidas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a mantener su integridad física y mental, a la plena participación como ciudadanos, a ser propietarias y heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos y a acceder en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y su derecho a no ser privadas de sus bienes de manera arbitraria. Deben, asimismo, asegurar que su legislación no restrinja la plena capacidad jurídica por razón de discapacidad, así como velar por la existencia de apoyos a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su capacidad jurídica y manejar sus finanzas; garantizar que estas dispongan de salvaguardias contra el abuso de modelos asistidos de adopción de decisiones; fomentar la concienciación e implementar campañas educativas sobre el reconocimiento de la igualdad ante la ley de todas las personas con discapacidad.
El Código Civil peruano niega la capacidad de ejercicio de derechos civiles a sordomudos, ciego sordos y ciego mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable, los retrasados mentales o que adolecen de deterioro mental. Dictamina asimismo que no pueden contraer matrimonio. Los que padecieren crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos, los sordomudos, los ciego sordos y los ciego mudos que no supieren expresar su voluntad de manera indubitable.
2.11 Acceso a la justicia (CDPD, artículo 13)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14.1 que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las garantías debidas, en la sustentación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 contiene una disposición similar, aunque en ésta se amplía el ámbito del derecho y la aplicación de estas garantías a todo proceso, indicando que:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a este respecto que
“cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”84.
El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce, por su parte, el derecho de las personas con discapacidad a tener acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, sin ser excluidas de los procedimientos judiciales. Para garantizar este derecho, los Estados deben adoptar medidas para asegurar a todas las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia en todas las etapas de los procedimientos judiciales, incluyendo las fases de instrucción y otras etapas preliminares. Deben, asimismo, asegurar que se capacite efectivamente al personal del poder judicial y el sistema penitenciario nacionales sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad; garantizar la existencia de ajustes razonables, incluso ajustes de procedimiento en los procesos judiciales para asegurar la participación efectiva de las personas con todo tipo de discapacidad en el sistema de justicia, independientemente de la situación en que se encuentren (por ejemplo, como víctimas, acusados, testigos, miembros del jurado, etc.); lo mismo que ajustes relacionados con la edad para garantizar la participación efectiva de niños y jóvenes con discapacidad.
Nuestra Constitución reconoce también el derecho de toda persona a acceder a la justicia, lo que por extensión incluye a todas las personas con discapacidad. Y, en el ámbito legal, la Ley No 28983, (“Ley de igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre”), al hablar de los Lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia, precisa que para los efectos del cumplimiento de la Ley se debe garantizar “el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, impulsándose la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios de los operadores de justicia”. Principio que, por extensión alcanza a las mujeres y hombres con discapacidad, de modo que tanto constitucional como legalmente, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder de manera efectiva a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, sin ser excluidas de los procedimientos judiciales.
No obstante lo anterior, las personas con discapacidad encaran graves dificultades para poder acceder a la justicia. Entre otras razones, (i) porque su acceso a las instalaciones físicas de los establecimientos donde se imparte justicia, sobre todo en las provincias del interior del país, y para las personas con limitaciones de orden físico, no siempre es factible dada la inexistencia de rampas adecuadas o ascensores, amén de las dificultades que cotidianamente les suscita un sistema de transporte ajeno a las necesidades de las PCDs; (ii) porque, en el caso de las personas con limitaciones visuales o auditivas, los juzgados y/o tribunales que pueden llegar a conocer sus pretensiones carecen de interpretes; o (iii) porque las limitaciones económicas que tradicionalmente signan su existencia les impide costear los trámites y asistencia legal que se requieren para procesar una acción en la justicia.
La Ley General de la Persona con Discapacidad” otorga en su artículo 8 inciso i) facultades al CONADIS para interponer demandas de Cumplimiento85 a favor de las personas con discapacidad. Empero los doce años transcurridos desde la aprobación de dicha ley, y la existencia de un notorio incumplimiento de las normas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad, dicho órgano no ha ejercido dicha facultad hasta hoy.

 
Diferente es el caso de la Defensoría del Pueblo, cuya actuación en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido más notoria. Tal es el caso de su intervención, por ejemplo, a favor de los derechos del ciudadano Edwin Romel Béjar Rojas, afectado por actos de discriminación en el acceso a la función pública86. En el caso citado, el ciudadano Edwin Romel Béjar Rojas presentó una queja contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por haber sido excluido del proceso de selección y nombramiento para el cargo de Fiscal Provincial Adjunto del pool de fiscales del Cusco debido a su discapacidad visual (ceguera bifocal). Ante esta situación, y ante la negativa del CNM de aceptar las recomendaciones de la Defensoría de incluirlo en el proceso ya mencionado, la Defensoría del Pueblo acompañó la ejecución de la sentencia con el objeto de velar por el respeto de los derechos del ciudadano Edwin Romel Béjar Rojas.87


En su Informe Defensorial 140 sobre “Salud mental y Derechos Humanos”, referido a la dramática situación que sufren las personas internadas en establecimientos de salud mental, la misma Defensoría del Pueblo ha sido enfática al recordar a las autoridades del sector que los “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental” establecen la necesidad de implementar mecanismos específicos que tengan por objeto la protección de sus derechos. Con arreglo a ello, todo paciente debe tener la posibilidad de presentar una queja frente a la vulneración de sus derechos, la misma debe ser tramitada de conformidad con las garantías del debido proceso. Obligación a la que se agrega la de velar porque existan mecanismos para inspeccionar las instituciones psiquiátricas, investigar y resolver quejas, y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para los casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes. Un campo en el que los Directores de los centros de salud mental tienen la obligación de ofrecer a los pacientes todas las facilidades para no violentar el ejercicio de su derecho88
Las organizaciones de personas con discapacidad llamadas a validar este informe subrayaron la enorme dificultad que representa el acceso a la justicia por parte de las personas con alguna discapacidad mental o psicosocial, pues ellas muchas veces se ven impedidas de denunciar o litigar por sus derechos, ya que el marco jurídico peruano las trata como personas descalificadas para realizar denuncias, no obstante que muchas de ellas sientan que viven injusticias, abusos y quieran defender sus derechos. Como consecuencia de ello muchas de estas personas están invisibilizadas ante la ley.
Las personas con discapacidad psicosocial son frecuente llevadas a las comisarias de la policía por encontrarse “mal vestidas” o “no hablar claro”. De hecho, muchos funcionarios de seguridad interpretan que estas personas son delincuentes o drogadictas, y las golpean, sin darles la oportunidad de defenderse.
2.12 Libertad y seguridad (CDPD, artículo 14)
El artículo 2.24 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Derecho que es recogido también por el artículo 14 de la Convención que establece el deber de asegurar que las personas con discapacidad disfruten de su derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como que no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, en razón de la existencia de una discapacidad.
Para concretar este propósito, los Estados tienen que adoptar medidas en orden a garantizar este derecho; incluso abolir toda legislación que permita la institucionalización o privación de la libertad de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad y la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que se ofrezca a las personas con discapacidad privadas de su libertad los ajustes razonables necesarios, y se beneficien de las mismas garantías procesales que el resto de las personas para que puedan disfrutar plenamente de los demás derechos humanos.
Aunque la Ley General de la Persona con Discapacidad no contempla expresamente estos derechos, puede decirse que la expresión constitucional “toda persona” las pone a cubierto de toda intención de excluirlos del goce de este. Lo mismo puede decirse de normas como el Código de los Niños y Adolescentes89 que señala que todo niño tiene derecho a la libertad, lo que naturalmente incluye, por extensión, a las y los niños con discapacidad.
2.13 Protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (CDPD, artículo 15)
El artículo 15 de la Convención establece la obligación de proteger a las personas con discapacidad contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para ello, los Estados partes de la Convención deben adoptar medidas de protección adoptadas para que las personas con discapacidad, incluidas las que necesitan apoyo para ejercer su capacidad jurídica, no sean sometidas a experimentación médica o científica sin su consentimiento libre e informado; y deben incluir a de las personas con discapacidad en las estrategias y mecanismos nacionales para prevenir la tortura.
La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son recusados como prácticas en la Constitución del Perú, cuyo artículo 2, inciso 24, literal H refiere que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia:
“Nadie debe ser víctima de violencia psíquica o física, ni sometido a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad”.
Del mismo modo, garantiza el derecho de toda persona a la integridad personal (ver Pto. 2.12 supra), por lo que nadie puede ser sometido a tratos crueles ni torturas o procedimientos inhumanos.
El Estado peruano ha ratificado además la “Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”90 que establece que se considerara tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercito de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia91. La misma Convención indica que no se podrán invocar circunstancias excepcionales para hacer validos dichos actos.
A pesar de la importancia que lo anterior tiene para salvaguardar su dignidad, la Ley General de la Persona con Discapacidad no contempla de manera explícita protección alguna sobre estos actos. Por el contrario, como lo demuestran varios de los Informes que la Defensoría del Pueblo ha producido al respecto, la situación que se confronta en este ámbito dista mucho de considerarse acorde con las prescripciones convencionales y constitucionales antes anotadas.
Pueden citarse, en este sentido, los Informes Defensoriales N° 63 y 12792, sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad; y también los Informes Defensoriales N°102 y 14093, sobre la salud mental y los derechos de las personas con trastornos mentales. Estos informes ilustran la precaria situación de los derechos de las personas con discapacidad que reciben atención en establecimientos educativos y de salud mental en el Perú.
Los informes Nums. 63 y 127, referidos al ámbito de la educación, relacionan directamente los maltratos o tratos degradantes infringidos a los niños con discapacidad como un abuso a su derecho a la vida e integridad. En estos informes se precisa el elevado número de casos de maltratos registrados en los centros educativos especiales durante el año 2000, brindando referencias como las siguientes:
“Si tomamos sólo los centros educativos que registran algún tipo de maltrato, que son 38, tenemos que en el 53% de ellos se habla con los padres (y en algunos casos denuncian el hecho) y el 45% denuncia además el caso a la DEMUNA o a la Policía”94.
El Informe Nº 127 recuerda la obligación de los centros educativos de proteger a los estudiantes con discapacidad contra actos de discriminación y violencia, y constata el mismo tiempo que un 15.6% de los maestros entrevistados reportó haber tenido alguno de estos casos; porcentaje similar al que los alumnos entrevistados acusó al respecto (15.7%).95

En relación con los establecimientos de salud mental, a través de sus Informe Nums. 102 y 140, la Defensoría del Pueblo ha recordado a las autoridades que estos tienen la obligación de ofrecer un trato digno y respetar la integridad de los pacientes atendidos dentro de dichos establecimientos, proveyéndolos de servicios básicos adecuados de agua y luz, además de una buena alimentación, una adecuada limpieza y espacio suficiente para atención de los mismos96.


Las organizaciones de personas con discapacidad de todo el país convocadas para validar el presente informe, por su parte, fueron enfáticas al indicar la notoria prevalencia de situaciones en las que en el seno de las familias, los centros educativos y entre las autoridades se maltrata a los niños (as) con discapacidad. Destacaron también, como una forma de maltrato, el que no existan medicamentos disponibles para los pacientes que sufren de esquizofrenia, o que haya una gran carencia de especialistas para las PCDs en las regiones (en particular psicólogos, psiquiatras y médicos rehabilitadores).
Las organizaciones de PCDs han subrayado, también, la frecuente violación de niñas y niños con discapacidad en los centros educativos (especialmente las y los que sufren retardo mental); situaciones en las que usualmente se impone a los infractores penas leves. Destacaron, asimismo, el maltrato que supone la omisión del registro en la Municipalidad de los niños y niñas con discapacidad. Y denunciaron, igualmente, la esterilización de mujeres con discapacidad sin consulta a las perjudicadas.
2.14 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (CDPD, artículo 16)
El artículo 16 de la Convención protege a todas las personas con discapacidad, y especialmente a los niños y a las mujeres con discapacidad, de todas las formas de explotación, violencia y abuso, tanto en el seno del hogar como fuera de el. Para garantizar el ejercicio de este derecho los Estados deben adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género y con la infancia.
Las medidas de protección social deben estar dirigidas a apoyar a las personas con discapacidad, incluyendo a sus familias y cuidadores, y a prevenir, reconocer e informar casos de explotación, violencia y abusos, inclusive los aspectos relativos al género y basados en la edad. Todos los servicios y programas destinados a servir a las personas con discapacidad deben ser, además, supervisados efectivamente por autoridades independientes.
Los Estados tienen la obligación de asegurar que todas las personas con discapacidad que sean víctimas de la violencia tengan acceso a servicios y programas efectivos de recuperación, rehabilitación y reintegración social. Deben adoptar medidas, asimismo, para que todos los servicios y recursos disponibles para prevenir la violencia y apoyar y asistir a las víctimas sean accesibles para las personas con discapacidad. Su legislación y políticas, incluidas la legislación y políticas centradas en la mujer y el niño, deben garantizar que se reconozca, investigue y, cuando proceda, se someta a la justicia todos los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad.
En cuanto refiere a los parámetros que las autoridades peruanas deben seguir al respecto, la Séptima Política de Estado del Acuerdo Nacional denominada “Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana” recoge el compromiso del Estado peruano de poner especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas en nuestra sociedad, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres; así como consolidar políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas.
A su vez, la Décimo Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional denominada “Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud”, establece el compromiso del Estado de promover una comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos sus integrantes y establece que es política de Estado prevenir, sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de violencia que se producen en las relaciones familiares.
A través de la Ley Nº 27337 de julio 2000, se aprobó en el Código de los Niños y Adolescentes, el mismo que considera niño a todo ser humano desde su concepción y hasta cumplir los doce años de edad; y adolescentes a los que se ubican en el rango de entre los doce y dieciocho años de edad. Tres de sus 252 artículos contienen referencias explicitas en relación con el tema de la discapacidad y los derechos de los niños con discapacidad:
“Artículo 14: El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su condición de discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres. La niña o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios”.
“Artículo 23: Además de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en este Código, los niños y adolescentes discapacitados gozan y ejercen los derechos inherentes a su propia condición. El Estado, preferentemente a través de los Ministerios comprendidos en el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y la sociedad asegurarán la igualdad de oportunidades para acceder a condiciones adecuadas a su situación con material y servicios adaptados, como salud, educación, deporte, cultura y capacitación laboral. Asimismo, se asegura el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna, facilitando su participación activa, igualdad y oportunidades en la comunidad”.
“Artículo 36.- Programas para niños y adolescentes discapacitados.- El niño y el adolescente discapacitados, temporal o definitivamente, tienen derecho a recibir atención asistida y permanente, bajo responsabilidad del Sector Salud. Tienen derecho a una educación especializada y a la capacitación laboral bajo responsabilidad de los Sectores Educación y Trabajo.
El discapacitado abandonado tiene derecho a una atención asistida permanente bajo responsabilidad del PROMUDEH”.
No obstante, al referirse a su ámbito de aplicación, el Código precisa que “se aplicará a todos los niños y adolescentes del territorio peruano, sin ninguna distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, etnia, impedimento físico o mental, o cualquier otra condición, sea propia o de sus padres”97, por lo que la totalidad de sus normas les son aplicables a las y los niños y adolescentes con discapacidad.
A pesar de la amplitud del ámbito de protección que ofrece, el Código de los Niños y Adolescentes en vigor no dispone de medidas de protección que garanticen los derechos de importantes colectivos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los afectados con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/SIDA o cáncer. Igualmente el Código muestra vacíos en el caso de los programas específicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Lo que afecta, también por extensión, a las garantías de protección que demandan los niños y niñas con discapacidad.
El Código prevé la existencia de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNAS), encargadas de promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y adolescentes, y por extensión a sus familias; velar por el interés superior del niño y el adolescente; intervenir cuando se afecten sus derechos; promover conciliaciones extrajudiciales en materias de alimentos, tenencia y régimen de visitas siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias; conocer de la colocación familiar; fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación; coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan; brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no exista procesos judiciales previos; denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y adolescentes; y brindar apoyo integral en casos de violencia familiar ((legal, psicológico, orientación, etc.)98.
El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260 (Ley de Protección frente a la Violencia Familiar)99, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-97-JUS, señala como política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia familiar y establece como mandato fortalecer en todos los niveles educativos el respeto a la dignidad de la persona y derechos de la mujer, niño, niña, adolescente y de la familia.
El Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009 - 2015100, por su parte, ha sido expedido para garantizar la adopción e implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar la violencia hacia las mujeres; garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia a servicios públicos de calidad; así como identificar y promover la transformación de los patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la violencia hacia las mujeres. El Plan, que está dirigido a la promoción de los derechos de todas las mujeres, incluyendo a las personas con discapacidad, encara situaciones como la violación y el abuso sexual de niñas y mujeres en situación de conflicto; la trata con fines de explotación o venta de niños para que ejerzan la prostitución, su sometimiento a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlos a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o práctica análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, así como la extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos.
La violencia familiar es, no obstante lo anterior, y como consecuencia de la ausencia de voluntad política para implementar de manera efectiva las normas y planes existentes, un rasgo predominante de la sociedad peruana. Según diversos estudios, existe un subregistro de este fenómeno en la medida en que los casos registrados de violencia familiar representan aproximadamente un 20% de los casos reales. Fundamentalmente, porque muchas mujeres no se atreven a denunciar o acudir a las instancias respectivas cuando son víctimas de violencia.
Según datos del Ministerio del Interior101, durante el primer semestre del 2009 (enero-junio), el Ministerio del Interior registró 48,602 denuncias por violencia familiar en todo el país, de las cuáles 5156 (10.61%) fueron a varones y 43,446 (89.39%) a mujeres, ignorándose cuántas de estas víctimas de la violencia fueron personas con discapacidad.
El 83.03% (36,077) de denuncias fueron efectuadas por mujeres de 18 a 50 años de edad. El motivo de la agresión en el 52.82% (255,671) de los casos fue por problemas conyugales y/o familiares. En el 64.04 % (31,125) de los casos el agresor se encontraba en estado ecuánime. Asimismo en el 84.44% (41,054) de casos denunciados, el agresor era la pareja o ex pareja de la víctima (esposo/ conviviente/ ex esposo/ ex conviviente).
Los departamentos que registran mayor cantidad de denuncias por violencia familiar son: Lima 43.08% (20,940 casos), Arequipa 11.87% (5770 casos) y Cusco 6.15% (2991 casos). De otro lado, se recibieron en el mismo periodo 15,090 denuncias por violencia psicológica (31.04%), 27,891 denuncias por violencia física (57.38%) y otros casos 5621 denuncias (11.56%).
Según datos del Instituto de Medicina Legal (IML), durante el año 2009 se presentaron 97,768 lesiones por violencia familiar a nivel nacional. El 79% (77,238) corresponde a mujeres. El porcentaje de mujeres que presentan casos de lesiones por violencia familiar según rango de edad  son: entre 0 a 5 años el 1.57%, entre 6 a 17 años el 7.65%, entre 18 a 40 años el 70.91% y entre 41-más años 19.87%102.
Un año antes, durante el 2008, el mismo IML realizó 34,994 exámenes de integridad sexual. El 78.75% (27,559) fueron hechos a mujeres. Reportó, además, un promedio de 75 mujeres atendidas diariamente por casos de violencia sexual. El mismo año el Ministerio del Interior atendió 7,560 denuncias de violación sexual de las cuales 6,932 (91.7%) correspondió a víctimas mujeres. Del total de denuncias recibidas en la Policía Nacional del Perú ese año por delito de violencia sexual, un 44% correspondió a jóvenes entre los 14 y 17 años de edad. El Ministerio de Salud, por su parte, reportó 116,032 casos de embarazo adolescente en el 2007 y 123, 077 durante el 2008. 14% de las mujeres atendidas en establecimientos de salud por complicaciones de aborto tenían menos de 20 años. Lima (con 3,646 casos), Arequipa (con 521 casos), Loreto y Lambayeque (con 381 casos) son las regiones del Perú donde se registra la mayor cantidad de denuncias por violencia sexual a mujeres103.

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