Elaboracion de informe sombra sobre la convencion de los derechos de las pcds



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2.5 Accesibilidad (CDPD, artículo 9)
Las "Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad"66, elaboradas en el marco del “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” implementado por las Naciones Unidas en 1982, convoca a los Estados en su artículo 5 a adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades, reconociendo “la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad”; señalando, en particular el deber de
“a) Establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible, y
b) Adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación.”Por su parte, el artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación que tienen los Estados partes de la misma de adoptar medidas apropiadas para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. En particular, adoptar medidas legislativas y de otra índole para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico (incluido el uso de señales indicadoras y señalización en las calles), al transporte, la información y las comunicaciones (con inclusión de las tecnologías y sistemas de información y comunicaciones) y a otras instalaciones y servicios proporcionados al público, por entidades privadas inclusive, en zonas urbanas y rurales; adoptar normas y directrices técnicas sobre accesibilidad, así como auditorías sobre su cumplimiento y sanciones en caso de que no se cumplan, aplicando los recursos obtenidos mediante las sanciones monetarias a promover medidas de accesibilidad; usar disposiciones sobre adquisición pública y otras medidas que establezcan requisitos obligatorios en materia de accesibilidad; así como identificar y eliminar los obstáculos y barreras a la accesibilidad, inclusive en los sectores privado y público, y la existencia de planes nacionales de accesibilidad con metas y plazos claros.
En nuestro ámbito interno, el artículo 43 de la Ley General de la Persona con Discapacidad establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Municipalidades deben coordinar la adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades, adaptándolas y dotándolas de los elementos técnicos modernos para el uso y fácil desplazamiento de las personas con discapacidad.
Los numerales 1 y 2 del artículo 44 de la misma ley establecieron, asimismo, que a partir de diciembre de 1998 toda infraestructura de uso comunitario, público y privado construida debería estar dotada de acceso, ambientes, corredores de circulación, e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad; y, además, que los propietarios y administradores de establecimientos, locales y escenarios donde se realicen actividades y/o espectáculos públicos, así como los organizadores de dichas actividades y/o espectáculos tienen la obligación de habilitar y acondicionar para la realización de cada evento, acceso, áreas, ambientes, señalizaciones pertinentes para el desplazamiento de personas con discapacidad.
Mediante otro numeral, el 44.3, se indicó, de igual forma, que la infraestructura de uso comunitario, público y privado construida con anterioridad a la promulgación de la Ley tenía un plazo máximo de dos años para acondicionar los accesos, ambientes, corredores de circulación, para el desplazamiento y uso de personas con discapacidad. Felizmente, dicho numeral fue derogado por la Segunda Disposición Modificatoria y Complementaria de la Ley N° 27920, que se publicó el 14 de enero de 2003.
Los artículos 61 y 62 del Reglamento de la Ley67 indican, por su parte, que “el diseño de los elementos comunes de urbanización y de mobiliario urbano, así como las edificaciones que se realicen en las ciudades del país deben ceñirse a la norma técnica de adecuación arquitectónica y urbanística vigente, imponiendo a los Gobiernos Locales la obligación de cuidar que sus ciudades tengan las facilidades para la movilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad”; correspondiendo al CONADIS coordinar con los Ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como con los mismos Gobiernos Locales “para que las ciudades cuenten con infraestructura de uso comunitario, público y privado, que brinde facilidades de movilidad, desplazamiento y servicios para las personas con discapacidad”.
De acuerdo con el informe sobre “Discapacidad y Accesibilidad” elaborado por la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República, la accesibilidad debe ser entendida como una “(…condición necesaria para permitir a las personas participar en las actividades sociales y económicas para las que la infraestructura construida ha sido concebida.”68
Esa accesibilidad, indispensable para lograr la integración social de las personas con discapacidad, sin embargo, no llega a las personas con discapacidad como debiera. Como las demás personas, las PCDs requieren de adecuadas infraestructuras, ya sea en transportes, comunicaciones, tecnología, construcción, vivienda, etc. No obstante, según la Encuesta Nacional de Hogares – EHODIS 2005, el 57% de las personas con discapacidad en el Perú tienen problemas para conectarse con la sociedad. Lo mismo ocurre con las personas que sufren de limitación en el habla y en la audición, que también declaran en altos porcentajes no relacionarse con otros fácilmente69.
Es extremadamente común presenciar a personas con discapacidad lidiando con barreras físicas al momento de ingresar a supermercados, centros educativos o lugares públicos en general; enfrentando inadecuadas estructuras urbanísticas y arquitectónicas que impiden que puedan integrarse en su totalidad. Eventos que ponen de relieve como es la sociedad y no la discapacidad por sí misma la que excluye y discrimina a las PCDs. Un contexto en que las mujeres con discapacidad son, además, las más vulnerables, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

Entre las principales barreras urbanísticas y arquitectónicas que se advierten con extremada frecuencia en el Perú figuran la ausencia de rampas y accesos adecuados, la inexistencia de servicios higiénicos adaptados a lugares públicos, la carencia de transporte públicos para personas con discapacidad, la falta de asfaltado adecuado a las pistas y veredas, entre otras70.


La indolencia de las autoridades frente a las dificultades extremas que encaran cotidianamente las personas con discapacidad permite el predominio de estas barreras, y prevalece no obstante haberse aprobado un destacado número de normas dirigidas a limitar el impacto que estas imponen en materia de accesibilidad física. Tal es el caso de las normas técnicas contenidas en dispositivos como la ya mencionada Ley General de la Persona con Discapacidad) y su reglamento, la Ley No 27920 que estableció sanciones al incumplimiento de las normas técnicas sobre adecuación urbanística y arquitectónica71; la Ley No 28084 que reguló el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad72; la Ley No 27408 referida al trato preferente que debe concederse a las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad73; la Ley No 28735 sobre atención a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, fluviales y medios de transporte74; la Ley No 27157 de regulación de edificaciones75; o el Reglamento Nacional de Construcciones76, entre otras como la Ley No 23347 conforme a la cual debe existir al menos una rampa de fácil acceso para las personas que utilicen sillas de ruedas de modo que puedan acceder sin dificultades a escuelas, iglesias, bibliotecas, universidades y edificios públicos77.
El problema estriba, empero, no en la falta de normativa correspondiente, sino en la falta de fiscalización y la impunidad que impera ante las violaciones e incumplimientos de las normas señaladas. Las municipalidades, lamentablemente, no verifican la concordancia de las solicitudes de licencia con las normas, ni sancionan su incumplimiento.
Situación general de la que la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta en su Informe Defensorial 114 sobre accesibilidad78.
En lo relativo al transporte aéreo, la situación no parece mejor. Algunos ejemplos ilustran esta situación. Veamos. De acuerdo con la Guía de Seguridad del Pasajero, publicada por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes del Perú, los pasajeros – sin excepción – están prohibidos de llevar a sus mascotas en la cabina de pasajeros. Sin embargo, las personas que sufren de discapacidad cuentan con animales de servicios que necesitan y los ayudan en sus actividades. Esto manifiesta una vulneración a sus derechos, puesto que estos animales ayudan a las personas con discapacidad a desplazarse o a realizar ciertas labores.
Otro ejemplo es el de la Directiva Técnica Extraordinaria No 4, aprobada por Resolución Directoral 218-2003-MTC-12 del 30 de agosto de 2003, que indica que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad a los servicios de transporte aéreo, desde su llegada al aeropuerto de salida hasta que abandonen el aeropuerto de destino. Según el estudio sobre accesibilidad elaborado por la Comisión de Estudios sobre Discapacidad del Congreso peruano el 200679, las líneas aéreas que prestan servicios en rutas internas no cuentan con personal entrenado ni con el equipo necesario para el embarque y desembarque de personas que viajan en sillas de ruedas. Tampoco cuentan con información en Braille para personas invidentes ni el personal abordo conoce como comunicarse con una persona sorda o con dificultades de audición.
El problema de la falta de información para personas con discapacidad no se presenta exclusivamente a bordo del avión; también se manifiesta en las instalaciones de los aeropuertos. Así, en los aeropuertos nacionales no existen módulos de información para personas ciegas o sordas, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad.
La contravención de las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas que permiten la accesibilidad a las personas con discapacidad física, es la única infracción relativa a este aspecto señalada en la ley de Infracciones y Sanciones80.
En lo que al acceso a la información concierne, mediante la Ley No 2747181, se ha dispuesto que los programas informativos educativos y culturales de producción nacional, transmitidos por el Instituto de Radio y Televisión (INRT) del Perú, incorporen medios de comunicación visual adicional en los que se utilice el lenguaje de señas o manual y textos, para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva; y de manera progresiva en la TV de carácter privada y por cable.
El Reglamento Nacional de Edificaciones, por su parte, contiene la Norma A.120 “Accesibilidad para Personas con Discapacidad, la cual recopila lo establecido en la NTE A.060 y NTE U. 190 Norma técnica que establece condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad; pero que, sin embargo, debe ser revisada ya que existen aspectos de las anteriores normas que no están incluidas en la nueva norma sobre accesibilidad.
El Reglamento Nacional de Edificaciones establece también el incumplimiento de esta Norma como infracción sancionable, de acuerdo con el mandato de la Ley 27920 de Infracciones y sanciones por incumplimiento de normas de accesibilidad. Esta ultima norma indica que son las municipalidades las designadas para aplicar las sanciones establecidas; debiéndose destinar los montos que se recaude por concepto de la aplicación de las multas, exclusivamente a proyectos o programas municipales de apoyo social, laboral y educativo a favor de las personas con discapacidad; así como a programas que aseguren el cumplimiento de la presente de la normatividad sobre accesibilidad. El CONADIS es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley e informar oportunamente a la municipalidad correspondiente sobre la comisión de infracciones dentro de su jurisdicción.
La nueva Ley 29392, sobre infracciones y sanciones sobre incumplimiento de algunos artículos de la Ley General de la Persona con Discapacidad, (algunos de ellos relacionados a cuestiones de no accesibilidad), dispone que será el Ministerio de la Mujer quien se encargará de ejecutar las sanciones, en vez de las municipalidades, lo que será de muy difícil ejecución a nivel nacional. Los ingresos recaudados por concepto de multas son destinados al CONADIS exclusivamente para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito nacional. Lo más acertado, no obstante, sería que las municipalidades apliquen la multa, y que la fiscalización se realice de manera conjunta entre las municipalidades y el MIMDES-CONADIS.
Existen varias razones para ello: es necesario descentralizar las funciones del Estado; es necesario fortalecer las funciones y recursos de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPEDs), que se encuentran en todas las localidades del país, lo que no ocurre con las oficinas de CONADIS. Los ingresos recaudados de las multas por no accesibilidad podían apoyar económicamente el desarrollo de sus funciones. Otra razón es que deben ser las instancias encargadas de otorgar las licencias de construcción (municipalidades) las que supervisen el cumplimiento de las Normas Técnicas en las nuevas construcciones, antes de que estas sean edificadas.

En forma paralela a las mencionadas normas sobre accesibilidad, se ha instalado el Comité Técnico de Normalización de Accesibilidad al Medio Físico de INDECOPI. Este comité, conformado por diversas instituciones, tanto del sector público como privado, elaborará nuevas normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad en edificaciones arquitectónicas y urbanísticas tomando como referencia normativas internacionales. En ese sentido, su tarea será la de establecer los requisitos mínimos de diseño universal que deben cumplir los ambientes, equipamientos y medios de transporte para que sean aptos y ser usados por las personas con discapacidad y no tengan dificultades u obstáculos cuando realicen sus actividades individuales o colectivas. Actividad relacionada con la adquisición de la norma ISO para las edificaciones.


Como se dijo previamente, no obstante, no se cuenta con información relativa al cumplimiento de la disposición normativa de los presupuestos 2008 y 2009 referida al uso del 0.5% del presupuesto de cada municipalidad para la ejecución de obras, reparaciones o modificaciones dirigidas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana.
Con respecto a la accesibilidad en transporte aéreo, el 18 de mayo del 2006 se publicó la Ley N° 2873582 que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte), y establece sanciones de hasta de 50 UITs, según la gravedad de la falta en este ámbito.

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En sus Disposiciones Transitorias y Finales, la ley aprobada el 16 de mayo del 2006 indicaba que las empresas debían adecuarse a la Ley en el plazo de un año y que el Poder Ejecutivo dictaría en 60 días las normas reglamentarias y demás acciones administrativas. No obstante, hasta el momento las empresas no se han adecuado a sus mandatos, ni el reglamento ha sido dictado, a pesar de que connotados expertos con discapacidad apoyaron la elaboración del reglamento.


Cabe señalar, de otra parte, que aun cuando existe legislación reglamentada sobre la incorporación de opciones de acceso en las páginas web de las entidades públicas y universidades y organizaciones privadas que prestan servicios a través de internet, para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información, sin embargo, existen importantes páginas oficiales de web de instituciones estatales que no cumplen con la normatividad de proporcionar accesibilidad, como son Despacho del Presidente de la República, Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia de Registros Públicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, entre otros.
Otras páginas web de carácter oficial, además, no permiten bajar importante documentación adjunta en versión accesible; como son los casos del diario oficial “El Peruano”, que publica las normas legales emitidas por el Estado; así como las páginas web del MINDES, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comercio, del de Energía y Minas o el de la Producción.
No existen, tampoco, servicios públicos de transporte accesibles; esto es, conformado por autobuses adaptados con plataformas para el ingreso de sillas de ruedas, y los semáforos sonoros son absolutamente excepcionales en nuestro medio urbano.
2.8 Toma de conciencia (CDPD, artículo 8)
El artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados partes de aplicar políticas eficaces en favor de una toma de conciencia sobre este sector de la población, promoviendo una imagen positiva de las personas con discapacidad; una mayor conciencia de estas sobre su propio valor; el fomento del respeto de sus derechos y de su dignidad; el reconocimiento de sus capacidades y contribuciones; así como el combate a los estereotipos y los prejuicios enarbolados contra ellas.
Los Estados deben, asimismo, implementar campañas de concientización dirigidas a la sociedad en general, dentro del sistema educativo, y a través de los principales medios de difusión. Deben, igualmente, dar a conocer la Convención y los derechos que reconoce, informando al respecto a las personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad.
En el Perú, sin embargo, las personas con discapacidad afrontan muchos tipos de obstáculos que dificultan su plena participación en la sociedad. Y muchos de estos obstáculos surgen porque no se tiene suficientemente en cuenta a las personas con discapacidad.
Los factores básicos que generan estos obstáculos son producto de un acceso restringido, o nulo, al entorno social y a los servicios; del desempleo; de la falta de una enseñanza adecuada; de la estigmatización que sufren habitualmente las personas con discapacidad y de la compensación insuficiente de los costos adicionales derivados de la discapacidad. Por si lo anterior no fuera suficiente, la discriminación que sufren las personas con discapacidad las conduce con demasiada frecuencia a la pobreza y la exclusión social.
Algunas de estas barreras, como las del entorno o las de comunicación podrían eliminarse con medidas jurídicas adecuadas; mientras que otras, basadas en la actitud, requerirían de permanentes campañas de sensibilización. Campañas que, lamentablemente, son extrañas en nuestro medio: El Estado dispone de un canal de televisión (el Canal 7) y una radio de alcance nacional (Radio Nacional del Perú), pero estos rara vez dedican un espacio de su programación para promover una imagen positiva de las personas con discapacidad o una mayor conciencia de estas sobre su propio valor.
Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad convocados por la CONFENADIP para debatir el presente informe sostuvieron al respecto que el Estado no promueve la difusión de la Convención que bien podría hacerlo a través del Diario El Peruano, Canal 7 o Radio Nacional del Perú. Y esta falta de difusión se da también en los Gobiernos regionales y locales.

Así pues, el Estado peruano viene incumpliendo con su deber de llevar a cabo actividades de capacitación y difusión de la Convención entre los propios funcionarios estatales, la población en general o entre las propias personas con discapacidad. Y como consecuencia de ello, la insensibilidad estatal y social, aunada a la dispersión organizativa de las personas con discapacidad, permite en algunos casos serios retrocesos en materia legislativa o una precariedad total de los mecanismos de exigibilidad previstos para garantizar sus derechos.


La difusión que el Estado peruano brinda a la CDPD es proporcional a los escasos recursos que dedica al sector. Un ámbito en el que, sin embargo, es menester destacar los esfuerzos que llevan a cabo entidades como la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República, que ha publicado y difundido alrededor de 1,550 ejemplares impresos de la Convención en texto y 500 en sistema braille, o el CONADIS, que ha publicado alrededor de 5,0000 ejemplares impresos de la Convención. Por su parte, el Congreso de la República ha llevado a cabo en fechas recientes una audiencia pública en Lima y catorce en el interior del país, con el fin de capacitar sobre el contenido de la Convención; audiencias en las que se reporta han participado alrededor de 1500 personas con discapacidad y sus familiares.
A pesar de estos avances, no se ha realizado ninguna campaña notoria de diseminación de la Convención o de información contra los estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias, que persisten y afectan a las personas con discapacidad, en otros escenarios sociales tales como los colegios o en los medios privados de comunicación. Excepción hecha del programa semanal de radio del CONADIS que, contrariando la tendencia general, si ha promovido la Convención.
2.9 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (CDPD, artículo 11)
El artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados partes de la misma a garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Para satisfacer esta obligación, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad, incluirlas en los protocolos de emergencia nacionales así como asegurar que la asistencia humanitaria de socorro se distribuya en forma accesible a las personas con discapacidad que se encuentren en una situación de emergencia humanitaria, en particular las medidas adoptadas para asegurar que en los alojamientos de emergencia y los campamentos de refugiados haya letrinas y servicios sanitarios accesibles para las personas con discapacidad.
No obstante, en el Perú existe una acusada falta de medidas de prevención y atención de personas con discapacidad en situaciones de desastres naturales, siendo el Perú – paradójicamente - una zona con características históricamente sísmicas. En efecto, geográficamente, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y por lo tanto, presenta un alto potencial sísmico.
Entre las estrategias incluidas en el Plan Nacional de Prevención y Atención en Desastres Naturales83 no se incluye un tratamiento específico para las personas con discapacidad y poblaciones más vulnerables; a pesar de que, como destaca el mismo Informe, el Perú está ubicado en una zona muy activa de interacción tectónica y volcánica que genera condiciones de alta sismicidad. La alteración de las condiciones océano-atmosféricas ocasiona, además, fenómenos recurrentes muy destructivos; y la existencia de la Cordillera de los Andes determina una variada fenomenología de geodinámica externa que amenaza permanentemente al país.
A las amenazas naturales descritas se suman también las generadas por el hombre: por una inadecuada ocupación del territorio, que contamina el aire, suelo, mar y aguas continentales y, además, en muchos casos, agravan los efectos de los desastres de origen natural. A lo largo de nuestra historia, las consecuencias de estas manifestaciones de la naturaleza han conducido a ingentes pérdidas económicas, de vidas, miles de damnificados y el deterioro en nuestra calidad de vida.
El terremoto de Ancash del 31 de mayo de 1970, por ejemplo, tuvo una magnitud 7.8 grados en la escala de Richter y ocasionó 67,000 muertos; 150,000 heridos; dejó 800,000 personas sin hogar y 2’000,000 de personas afectadas; además de 95% viviendas de adobe destruidas.
El terremoto de Nazca, del 12 de noviembre de 1996, con una magnitud de 6.4 grados en la escala de Richter, ocasionó más de 100 mil damnificados, 624 heridos, 14 muertos, 4 mil viviendas destruidas, 11,071 viviendas afectadas y el 80% viviendas de adobe destruidas.
El terremoto de Arequipa del 23 de junio 2001, con magnitud de 8.4 en la escala de Richter, afectó los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Apurímac; produjo el colapso de los sistemas de saneamiento de las ciudades mencionadas, 66 personas desaparecidas, la mayoría de la zona costera de Camaná por el tsunami ocurrido, 1,565 heridos; 17,584 viviendas destruidas; 35,601 viviendas afectadas.
El último sismo ocurrido en nuestro país fue en Ica el 15 de agosto 2007, que tuvo una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter, cuyo hipocentro se ubicó en las costas de la región Ica, zona suroeste del Perú, a 30.2km. de profundidad y ocasionó 519 muertos, 1,366 heridos y 56,363 viviendas totalmente destruidas.
Además de sismos, ocurren en el Perú maremotos o tsunamis, inundaciones, sequías, fenómeno del Niño y aluviones. No obstante, no existen disposiciones en la legislación nacional, ni actividades desarrolladas por la institución nacional de Defensa Civil sobre prevención y atención que de manera específica y prioritaria estén enfocadas a favor de las personas con discapacidad en situaciones de desastres naturales, dada su situación más vulnerable. Tampoco se visibiliza la atención de personas con discapacidad en las actividades de simulacros.
No existe tampoco la Directiva Nº 002-2010-INDECI (“Disposiciones del INDECI para las Personas con Discapacidad”) que ha sido mencionada en el Informe Oficial del Estado sobre el cumplimiento de la Convención.

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