Elaboracion de informe sombra sobre la convencion de los derechos de las pcds



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Como ha sido mencionado supra, el 10% de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad, lo que supone que existen casi tres millones de personas con discapacidad en el Perú que, si bien no son privadas arbitrariamente de su vida, sufren si sistemáticas violaciones a su derecho a vivir una vida digna, así como al libre desarrollo de su personalidad.

Esta situación se refleja en la falta de mecanismos implementados por las autoridades públicas para que este colectivo humano pueda ejercer sus derechos de manera efectiva, dado que, con no poca frecuencia, sus derechos se quedan en los cuerpos normativos, mas no llegan a plasmarse en la realidad.


Las principales vulneraciones que ocurren en relación al derecho a la vida de las personas con discapacidad son aquellas asociadas a su baja calidad de vida, como se mostrará ampliamente a lo largo de este informe. A lo anterior puede sumarse, además, la distinta consideración que merece la protección de su vida. Así, por ejemplo, el aborto eugenésico en el Perú tiene una pena menor que otros abortos, lo cual supone un trato distinto48.
2.2 Derecho a la libertad (CDPD, articulo 14)
El artículo 2º inciso 24 de la Constitución peruana de 1993 recoge el derecho de todas las personas a la libertad personal49. “La libertad de movimiento es una condición indispensable para el libre desarrollo de una persona”, ha dicho en su oportunidad el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas50. Y el derecho a la libertad personal comprende la capacidad de desplazarse libremente dentro de un Estado. La accesibilidad debe entenderse, en este contexto, como el derecho de todas las personas al uso de la ciudad y sus servicios sin restricción alguna por todos sus habitantes.51
El artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instruye que las personas con discapacidad deben disfrutar del derecho a la libertad y la seguridad personal, y a no ser privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, en razón de la existencia de una discapacidad. Para ello los Estados deben adoptar medidas para asegurar que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad de la persona y que nadie sea privado de su libertad en razón de su discapacidad; deroguen toda legislación que permita la institucionalización o privación de la libertad de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad; adopten todas las medidas legislativas y de otra índole que se requieran para asegurar que se ofrezca a las personas con discapacidad que han sido privadas de su libertad los ajustes razonables necesarios, y se beneficien de las mismas garantías procesales que el resto de las personas para que puedan disfrutar plenamente de los demás derechos humanos.
La Convención señala que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en virtud de un proceso tengan garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los principios de respeto de su dignidad, incluyendo el respeto de los principios de no discriminación y accesibilidad. Ninguno de los principios señalados en el artículo 14 de la Convención, sin embargo, se cumplen en el Perú en la medida en que la situación es denigrante al interior de los centros de reclusión.
Mediante su Informe Defensorial 140, la Defensoría del Pueblo ha documentado ampliamente la situación del internamiento de personas con discapacidad mental, muchas de ellas internadas contra su voluntad en albergues y centros de salud mental52.
El Tribunal Constitucional, por su parte, ha expedido varias sentencias pronunciándose a favor del internamiento permanente de personas con discapacidad mental53, o de personas declaradas inimputables las mismas que han debido permanecer en los penales por falta de camas en los centros hospitalarios respectivos. Situación que se complica cuando el Código Civil peruano, por su parte, otorga amplias facultades al curador para internar a las personas con discapacidad mental a su cargo de manera permanente54.
2.3 Derecho al voto (CDPD, articulo 29)
Según el artículo 2, numeral 14 de la Constitución peruana, todas las personas tienen derecho a
“A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.
Su artículo 31 agrega que:
“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. [Énfasis agregado]
El artículo 29 de la CDPD, que está referido al derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y pública, garantiza los derechos políticos de las personas con discapacidad; e impone a los Estados que son parte de la Convención la obligación de adoptar la legislación y medidas de otra índole que sean necesarias para garantizar a las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad mental o intelectual, derechos políticos, incluyendo, si procede, las limitaciones existentes y las medidas adoptadas para superarlas. Asimismo, los obliga a adoptar medidas para asegurar el derecho a votar de todas las personas con discapacidad, por sí mismas o acompañadas por una persona de su elección; asegurar la plena accesibilidad de los procedimientos, instalaciones y materiales de la votación; emplear indicadores para medir el pleno disfrute del derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y pública; y brindar apoyo a las personas con discapacidad para la creación y mantenimiento de organizaciones que representen sus derechos e intereses en los planos local, regional y nacional.
A pesar de la claridad y el carácter perentorio de estas obligaciones, son poco respetadas en el Perú. En efecto, como indico la Defensoría del Pueblo en marzo del año 2000 mediante su Informe Defensorial No 37, (informe denominado “El derecho al sufragio en las personas con discapacidad”55), las personas con discapacidad en nuestro país encaran graves barreras que impiden el normal ejercicio de su derecho al voto. Barreras que pueden resumirse del siguiente modo:


  1. Un importante número de personas con discapacidad no están inscritas en el registro electoral y, por tanto, no pueden ejercer su derecho al voto.




  1. Predomina una infraestructura inadecuada para que las personas con discapacidad, que impide que:




  1. Puedan acceder a los centros de votación (trayecto previo, relativo a la libertad de movimiento)

  2. Puedan acceder a los centros de votación (ingreso mismo, relativo a la accesibilidad)

  3. Puedan acceder a las mesas de votación (ausencia de rampas)




  1. La existencia de largas colas durante los actos electorales sin que existan facilidades especiales para las PCDs.




  1. Mala atención y falta de conocimiento de las autoridades y de los miembros de mesa en los locales de votación con respecto de los derechos de las PCDs.

Como la Defensoría del Pueblo ha recordado en dicho informe, “El derecho al voto es una manifestación de los derechos políticos, los cuales son entendidos como “aquellos que les dan a las personas la potestad de elegir a sus gobernantes, presentar iniciativas legislativas y opinar sobre las que presenten sus conciudadanos, participar de la remoción o revocación de autoridades, ser elegidos en cargos públicos o afiliarse a partidos políticos. En resumen, podemos señalar que son todos aquéllos que hacen posible la participación en la vida política de la sociedad”56.


Como mencionamos preliminarmente, la Constitución Política del Perú consagra en su artículo 31 el derecho universal al voto; y este derecho debe interpretarse en concordancia con el derecho de igualdad y no discriminación, que demanda que no se restrinja el derecho al voto a ningún ciudadano, incluyendo a las personas con alguna discapacidad. Además, de acuerdo con el mismo artículo, el acto de votar no sólo debe ser interpretado como un derecho sino también como un deber, en tanto es obligatorio en el Perú y su no ejercicio acarrea sanciones como multas o la inhabilitación para el ejercicio de determinados derechos civiles (tales como el de contratar, por ejemplo).
Aunque mediante la Ley N° 29478, publicada el 18 de diciembre de 2009, se modificó la Ley Orgánica de Elecciones para permitir facilidades de voto57; al mismo tiempo se excluyó a las personas con discapacidad mental e intelectual del padrón electoral que confecciona el Registro Nacional de Identificación e Identidad Civil (RENIEC).
Las propias organizaciones de personas con discapacidad consultadas por la CONFENADIP en el taller de validación del presente informe han destacado, además, que existe una notoria falta de accesibilidad y facilidades en las mesas de votación para PCDs; así como que los funcionarios de la RENIEC encargados de llenar los datos en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de las personas con discapacidad mental e intelectual no les otorgan un número de Grupo de Votación, dejándolos así arbitrariamente sin posibilidades de ejercer su derecho al sufragio. Reportaron también la escasez de mesas especiales de votación para las PCDs y la ausencia de campañas públicas dirigidas a favorecer la expedición de documentos nacionales de identidad para las PCDs.
Lo anterior hace imperativo el establecimiento de mecanismos que hagan viable el ejercicio del derecho al voto para las PCDs. Pero esos mecanismos no existen en el Perú. Por ello, la Defensoría del Pueblo propuso en el informe antes mencionado las siguientes recomendaciones en aras de garantizar el ejercicio del derecho al voto de las PCDs:


  1. Que la Oficina nacional de Procesos Electorales (ONPE) elaborara plantillas y cédulas de votación58 en formato braille para las personas invidentes y establezcan mecanismos para facilitar la comunicación con personas que presenten alguna discapacidad auditiva.




  1. Que la ONPE realizara campañas de educación electoral para que las PCDs ejerzan su derecho al voto.




  1. Que se permita el acceso a la cámara de votación de una persona de confianza que acompañe a las personas que sufran de dedos anquilosados, de discapacidad en la parte superior de sus cuerpos o cuadripléjicas, para que las asistan en la emisión de su voto.




  1. Que la ONPE difunda información relativa a los procesos electorales en formatos accesibles a las PCDs.




  1. Que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) adopte acciones destinadas a registrar a las PCDs.




  1. Que las autoridades públicas remuevan las barreras arquitectónicas que impiden a las PCDs acceder a los centros de votación.


2.4 Igualdad y no discriminación (CDPD, artículo 5)
La discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano59. El artículo 2, literales 1 y 2 de la Constitución peruana, establece que toda persona tiene derecho a la vida e integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, así como a la igualdad ante la ley, por lo que nadie en el Perú debería ser discriminado por razón de su origen, raza o sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, lo que incluye, entre otros, la existencia de una limitación o discapacidad.

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a los derechos a la igualdad y no discriminación, reconoce, por su parte, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. De acuerdo con las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Convención, Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.


Para asegurar este derecho, los Estados parte de la Convención deben garantizar que las personas con discapacidad puedan ampararse en la ley para proteger o dedicarse a sus intereses en pie de igualdad con las demás; garantizar a las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra todo tipo de discriminación, incluyendo la previsión de los ajustes razonables que ello demande; así como la implementación de políticas y programas, incluidas medidas de acción afirmativa, para lograr la igualdad de facto de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su diversidad.
Entendiendo por discriminación el trato diferenciado que se basa en determinados motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico que tiene por objeto, o por resultado, la anulación o menoscabo en el ejercicio o goce de derechos y libertades fundamentales de una persona o de un grupo de personas, se advierte que, en la sociedad peruana persisten aun estereotipos muy marcados que afectan a las personas con discapacidad asociando la idea de discapacidad con las ideas de enfermedad y contagio, con las de castigo o pecado, así como con las de invalidez y mendicidad; prejuicios y estereotipos que inducen el desarrollo de conductas y/o actitudes que producen y perennizan la discriminación que sufren las personas con discapacidad.
Lo anterior trae como resultado una masiva y persistente marginación social contra las personas con discapacidad, que se traduce directa y cotidianamente en una sistemática exclusión y falta de oportunidades que cierra el círculo de la pobreza que las abate mayoritariamente.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el Estado actúa discriminatoriamente contra las personas con discapacidad en cuanto concierne al diseño y ejecución de las políticas públicas que tienen honda repercusión en sus existencias. Un ejemplo de ello es la ínfima inversión que este realiza en favor del órgano rector de las políticas públicas para las personas con discapacidad, el Consejo Nacional de la persona con discapacidad (CONADIS), que resulta increíblemente bajo si se lo compara con el que el Estado asigna a otros sectores.
En efecto, tal como se observa en el cuadro que se incluye a continuación, el aporte presupuestal para el CONADIS durante el presente año de 2010 es de apenas 5 millones 640 mil 794 soles, lo que representa apenas el 0.37% del total de la inversión que el Estado deposita en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES); el ente público al cual se encuentra adscrito el CONADIS.
Peor aún, tanto el CONADIS como la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República han presentado múltiples propuestas al respecto que, sin embargo, no han sido atendidas por las instancias gubernamentales que tienen la potestad para su aprobación.
Otro ejemplo lo constituye el hecho de que en febrero de este año el Ministerio de Economía y Finanzas dispusiera la creación de un clasificador programático que permita distinguir aquellas inversiones relacionadas con temas de discapacidad que realizan los diferentes sectores de los tres niveles de gobierno (gobiernos locales, gobiernos regionales e instituciones del gobierno central) - cosa que no existía antes y que impedía conocer y fiscalizar las inversiones que los diferentes niveles de gobierno han venido realizando con relación al tema de la discapacidad – pero que, a la vez, no existan asignaciones presupuestales para apoyar el cumplimiento de los mandatos de la CDPD y su seguimiento correspondiente.
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS):

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS ANUALES 2005-2010

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (MIMDES)



 

AÑOS

MIMDES


 

CONADIS


 

%


% EJECUCIÓN

CONADIS


2010

1,528,966,915

5,640,794

0.37

 

2009

1,267,705,459

3,886,594

0.31

91.9

2008

986,417,426

2,476,746

0.25

66.2

2007

1,232,000,488

1,089,329

0.09

99.5

2006

1,279,911,413

3,998,691

0.31

91.3

2005

1,292,353,579

4,060,893

0.31

 86.7

Fuente: Cuadro elaborado en base al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas60


El informe oficial presentado por el Estado al Comité, refiere que:
“Se implementan planes específicos dentro de la programación de actividades de las entidades públicas, incidiendo en su transversalidad y la adopción de compromisos presupuestales verificables. [Y que s]e tiene la Ley de Igualdad de Oportunidades, Plan contra la Violencia hacia la Mujer, Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia, Plan del Adulto Mayor, Plan Nacional de Apoyo a la Familia, Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, entre otros, y todos vigentes y definidos para hacerles seguimiento durante un horizonte temporal promedio de cinco años; son encargados su monitoreo a los ministerios según corresponda a sus competencias…”61. .
Y agrega, además, que
“El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el Ministerio rector de políticas públicas en materia de equidad de género, protección y desarrollo social de poblaciones vulnerables y que sufren exclusión, garantizando el ejercicio de sus derechos a fin de ampliar sus oportunidades, mejorar su calidad de vida y promover su realización personal y social. Entre los programas que administra , se tiene al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES (para el período julio-2006 a febrero 2010, reporta una inversión de 56 353 860 millones de nuevos soles –unos 19,499’000 millones de dólares- priorizando su inversión en proyectos de infraestructura social -49%- y proyectos de desarrollo de capacidades -51%-); el Programa Nacional Wawa Wasi (PNWW) que tiene entre sus beneficiarios directos a niñas y niños menores de cuatro años, que requieren de cuidado y protección en razón de que sus padres trabajan o buscan trabajo y no cuentan con una persona adulta que pueda dedicarse a su cuidado y que garantice una atención integral…”
Empero, de los programas sociales mencionados, según el “Informe sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolecentes en el Perú” presentado al Comité de Derechos del Niño en 2005 por el Grupo de Iniciativa Nacional (GIN), apenas en uno – el Programa Wawa Wasi (programa de implementación de servicio de cuidado diurno para niños en situación de pobreza cuyos padres trabajan fuera de casa) - se detectó beneficiarios con discapacidad. Una presencia por lo demás marginal en la medida en que sólo están registrados 882 niños con discapacidad en el Programa Wawa Wasi, sobre un total de 40 mil niños atendidos.
De otra parte, ninguno de los planes de acción de los programas mencionados en el informe oficial incluye indicadores específicos de atención a las personas con discapacidad y mucho menos los presupuestos que corresponderían para su cumplimiento correspondiente.
No existen tampoco en los planes gubernamentales de las diversas políticas públicas indicadores de resultado o impacto que sean aplicables a la población con discapacidad; o datos estadísticos serios que permitan establecer líneas de base a partir de las cuales medir los avances del cumplimiento de metas e indicadores de avance, impacto y resultados.
La inversión en Salud del presente año 201062 dice más de lo mismo: el total del presupuesto asciende a S/ 3,672 millones 534,167, de los cuales apenas el 2.1% de los recursos presupuestados se destina al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); el único del país, que además, está situado en la ciudad capital. Aun más, el Ministerio de Salud dedica apenas el 1.76% de su presupuesto a los institutos destinados a la atención de la salud mental.
El principio de Igualdad y no discriminación a las personas con discapacidad no está considerado de manera expresa en la Ley General de las Personas con Discapacidad. Tampoco está reflejado en la elaboración de las políticas sociales o en la aprobación de presupuestos dirigidos a promover de manera específica su acceso a las medidas que se requieren teniendo en cuenta la necesidad de equiparar sus oportunidades. Como dijimos previamente, la ausencia de indicadores sobre discapacidad en los planes de desarrollo social del gobierno y los presupuestos correspondientes, en todos sus niveles, perenniza la invisibilidad de la atención de estas medidas exigidas por la Convención.
Cabe recordar, asimismo, que han sido varias las oportunidades en que la Defensoría del Pueblo ha expuesto casos de discriminación contra personas con discapacidad. Por ejemplo en su Informe de Adjuntía N° 005-2009-DP/ADHPD y en el Documento Defensorial N° 00263.

Dicho lo anterior, hay que reconocer, no obstante, que se han producido algunos avances, al menos en el plano de la normatividad relativa a la equiparación de oportunidades. Concretamente al contemplarse como infracción algunos actos que la impiden a través de la Ley Nº 29392, (Ley que establece infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento), aprobada en agosto del 200964. O por medio de las leyes de presupuesto público de los ejercicios fiscales 2009 y 2010, que incluyeron dos artículos cruciales para que los gobiernos locales y regionales puedan orientar presupuestos al tema de la discapacidad. Artículos que autorizan la dedicación del 0,5% de sus presupuestos para mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, así como a los palacios municipales que están al servicio de todos los ciudadanos y en especial a la población con discapacidad y los adultos mayores. Dichas normas autorizan también el gasto mensual de hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para la apertura y puesta en funcionamiento de las oficinas municipales y regionales de atención a la persona con discapacidad65. Más allá de si los porcentajes previstos son o no proporcionados o ínfimos en relación al propósito que enuncian, se desconoce los logros alcanzados con las indicadas medidas de disposición presupuestal.


En referencia al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, no existe en los planes nacionales sobre ODM, indicadores sobre atención a niño, jóvenes, adultos y mujeres con discapacidad.

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