El reglamento comentado



Descargar 309.14 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión25.01.2018
Tamaño309.14 Kb.
  1   2   3   4

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE

RÍO GRANDE

SUMARIO:

I.- ALGUNAS NOCIONES ELEMENTALES

I.1.- ¿Qué es el arbitraje?

I.2.- Las ventajas del arbitraje

I.3.- El acuerdo arbitral

I.4.- Tipos de tribunales de arbitraje

I.5.- Cuestiones que pueden ser sometidas a arbitraje

I.6.- El procedimiento arbitral

I.7.- La impugnación del laudo

I.8.- La ejecución del laudo
II.- EL ARBITRAJE COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
III.- LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA PROMOCIÓN DE ARBITRAJE

IV.- LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE RÍO GRANDE
V.- EL REGLAMENTO COMENTADO

Art. 1.- Disposiciones preliminares

Art. 1.1.- Creación del Tribunal y competencia

Art. 1.2.- Administración y representación del Tribunal

Art. 1.3.- Alcance del Reglamento

Art. 1.4.- Interpretación extensiva del convenio arbitral

Art. 1.5.- Principio de no intervención de la jurisdicción pública durante la sustanciación de un arbitraje

Art. 2.- Sede

Art. 3.- Días y horas hábiles

Art. 4.- Composición

Art. 5.- Funciones del secretario general

Art. 6.- Funciones de los árbitros

Art. 7.- Funciones del director del procedimiento

Art. 8.- Funciones de los auxiliares

Art. 9.- Designación de los árbitros

Art. 10.- Excusación y recusación

Art. 11.- Deber de informar

Art. 12.- Procedimiento de recusación

Art. 13.- Designación del reemplazante

Art. 14.- Derecho de postulación

Art. 15.- Poderes

Art. 16.- Copia de escritos y documentos

Art. 17.- Constitución de domicilio

Art. 18.- Expedientes

Art. 19.- Notificaciones

Art. 20.- Plazos

Art. 21.- Rebeldía

Art. 22.- Audiencias

Art. 23.- Impugnación de los actos procesales

Art. 24.- La demanda

Art. 25.- La contestación a la demanda

Art. 26.- Falta de contestación a la demanda o la reconvención

Art. 27.- Apertura de la causa a prueba

Art. 28.- Ofrecimiento de pruebas

Art. 29.- Renuncia a las pruebas

Art. 30.- Medios de prueba

Art. 30.1- Declaración personal

Art. 30.2.- Testigos

Art. 30.3.- Peritajes

Art. 31.- Duración del período probatorio

Art. 32.- Alegatos

Art. 33.- Clausura del debate y entrega de legajos

Art. 34.- El laudo

Art. 35.- Aclaración del laudo y otras resoluciones

Art. 36.- Otros modos de terminación del arbitraje

Art. 36.1.- Caducidad

Art. 36.2.- Allanamiento

Art. 36.3.- Desistimiento

Art. 36.4.- Transacción

Art. 37.- Costas

Art. 38.- Honorarios

Art. 39.- Nulidad del laudo y otras resoluciones definitivas

Art. 40.- Eventual recurso de apelación

Art. 41.- Medidas cautelares

Art. 42.- Medidas previas

Art. 43.- Sanciones procesales

Art. 44.- Auxilio de la jurisdicción pública

Art. 45.- Procedimientos especiales

Art. 45.1.- Procedimiento para causas de menor cuantía

Art. 45.2.- Desalojo abreviado

Art. 45.3.- Desalojo anticipado

Art. 46.- Tasa de arbitraje

Art. 47.- Silencio u oscuridad del Reglamento

Art. 48.- Normas transitorias
VI. AUTORIDADES

VI.1. Secretario General

VI.2. Directores del Procedimiento

VI.3. Árbitros
VII. MODELOS DE PACTOS ARBITRALES

VII.1. Cláusula arbitral para incorporar a un contrato

VII.2. Compromisos arbitrales

VII.2.1. Para el caso de un conflicto aun no judicializado, cuando no existiera un contrato previo que incluyese una cláusula arbitral

VII.2.2. Para solicitar a un tribunal público la remisión de una causa al Tribunal de Arbitraje, a los efectos de continuar su sustanciación ante éste

VII.2.3. Para solicitar a un tribunal público la remisión al Tribunal de Arbitraje de una causa en la que se ha dictado el decreto de ´autos para sentencia´, a los efectos de que resuelva este último en lugar de aquél

I.- ALGUNAS NOCIONES ELEMENTALES

I.1.- ¿Qué es el arbitraje?
El arbitraje, sintéticamente definido, consiste en someter el juzgamiento de un conflicto entre dos o más partes, a la decisión de uno o más terceros, ajenos al poder público, elegidos por aquéllas. Una de las notas más importantes de este tipo de procedimiento es que la decisión del árbitro tiene exactamente la misma eficacia que la sentencia de un juez; es tan ejecutable como ésta. En suma, sentencia de un árbitro (laudo) = sentencia de un juez.

I.2.- Las ventajas del arbitraje
Al respecto, cabe destacar que:

  • el arbitraje transita a través de un procedimiento ágil que posibilita acortar años el trámite de los litigios;

  • el árbitro no está sobrecargado de tareas; el juez lleva miles de juicios;

  • el arbitraje permite elegir a un árbitro especializado en la materia;

  • en el arbitraje se puede mantener la confidencialidad del conflicto en los casos que las partes lo deseen;

  • en el arbitraje es posible elegir a los peritos y convenir con ellos el monto de sus honorarios;

  • las partes tienen la posibilidad de elegir a los árbitros. El juez siempre les resulta impuesto.



I.3.- El acuerdo arbitral
El arbitraje nace a partir de la voluntad de las partes de derivar el juzgamiento de determinado conflicto a la decisión de particulares, excluyendo la jurisdicción del Estado. Esa voluntad de las partes, que se manifiesta por medio de un acuerdo arbitral o pacto de arbitraje, puede ser tanto anterior como posterior al nacimiento del conflicto. Cuando es anterior, normalmente se lo incorpora al texto de un contrato mediante una cláusula especial, a través de la cual las partes establecen que las eventuales divergencias que pudieran suscitarse entre ellas con motivo de ese contrato serán resueltas por un tribunal de arbitraje. Pactado el arbitraje, los tribunales públicos resultan incompetentes para entender originariamente en el asunto.

I.4.- Tipos de tribunales de arbitraje
En general, las leyes nacionales o extranjeras establecen que puede ser árbitro cualquier persona mayor de edad, capaz para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sin embargo, a veces se establece que, en ciertas clases de arbitrajes, el árbitro sólo puede ser un abogado. Tampoco se exige que un tribunal arbitral esté constituido por un número determinado de árbitros.

Básicamente, existen dos tipos de tribunales arbitrales: el arbitraje personal o ad hoc, y el arbitraje institucional. En el arbitraje institucional existe una entidad que lo administra y organiza, suministrando a las partes el reglamento a través del cual se regirá el procedimiento y una lista de la cual pueden escoger a los árbitros. Por lo común, la cuestión litigiosa es resuelta por los árbitros escogidos por las partes, sin que la entidad tenga ninguna injerencia. Sin embargo, se da el caso particular de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) –acaso uno de los más prestigiosos tribunales de arbitraje privados del mundo–, que prevé un sistema de control del laudo. En efecto, los árbitros que integran este tribunal deciden el pleito conforme con su propio criterio, pero antes de ser notificado a las partes remiten el laudo a la Institución, a efecto de que profesionales especializados lo controlen y, en su caso, sugieran algún cambio.



I.5.- Cuestiones que pueden ser sometidas a arbitraje
Puede someterse a arbitraje toda clase de derechos en conflicto, cualquiera que sea su especie y naturaleza, con la única condición de que los derechos controvertidos sean de libre disposición para las partes. Incluso el Estado puede someter el juzgamiento de sus derechos a algún tribunal arbitral nacional, extranjero o internacional, siempre y cuando, claro está, solamente esté en juego su interés privado (v. Fallos 178:293).

I.6.- El procedimiento arbitral
Las partes pueden convenir libremente el procedimiento por medio del cual se regirá el arbitraje, pero es importante que lo establezcan de antemano, pues, en caso contrario, suscitado un conflicto es probable que no logren ponerse de acuerdo al respecto, situación que ocasionará importantes dilaciones previas al arbitraje. Este problema no se presenta, claro está, en los casos en que las partes han pactado la intervención de algún tribunal arbitral de tipo institucional, habida cuenta de que éstos cuentan con reglamentos que las partes aceptan tácitamente, por el sólo hecho de derivarle el juzgamiento del asunto.

La incomparecencia del demandado al proceso arbitral no afecta la validez del laudo. Esto significa, ni más ni menos, que procede la condena en rebeldía.



I.7.- La impugnación del laudo
La revisión del laudo está sujeta a lo que las partes convienen, expresa o tácitamente, al pactar el arbitraje; subsidiariamente, se estará a lo dispuesto por las leyes.

La mayoría de los reglamentos de los tribunales arbitrales institucionales argentinos disponen que el laudo no es apelable. Con todo, existe una excepción a la regla de la disponibilidad en materia de revisión del arbitraje: la impugnación del laudo por cuestiones de nulidad es irrenunciable.



I.8.- La ejecución del laudo
Así como una sentencia judicial debe pasar por un procedimiento de ejecución en caso de que no resulte cumplida espontáneamente por el obligado, así también un laudo cuando el deudor se resiste a cumplirlo. Pero, a diferencia del juez, el árbitro carece de facultad para ejecutar su propio laudo. En consecuencia, quien ante la resistencia del deudor quisiera hacer cumplir un laudo arbitral, deberá recurrir a la jurisdicción del Estado. Ahora bien, debe tenerse presente que en el proceso de ejecución del laudo es absolutamente improcedente la discusión de las razones en las que el árbitro fundó su decisión. La discusión sobre el fondo del asunto ya no puede reeditarse a estas alturas, pues el procedimiento de ejecución no es instancia de revisión del laudo.

Los códigos procesales civiles y comerciales no suelen establecer con precisión cuál es el juez territorialmente competente para la ejecución del laudo. De todos modos, siendo que la competencia por el territorio resulta en general prorrogable, nada impide que las partes pacten de antemano ante qué juez habrá de ejecutarse eventualmente el laudo, para evitar inconvenientes.




II.- EL ARBITRAJE COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Acaso la principal causa de la morosidad del sistema público de justicia sea la inmensa desproporción existente entre la cantidad de litigios y los recursos que resulta posible destinar a su gestión. En tren de buscar soluciones al problema, suele apelarse a la idea de aumentar el número de jueces, aumento que difícilmente logre concretarse alguna vez, al menos en la medida de las necesidades y, menos aún, sostenerse en el tiempo. Así pues, insistir con un sistema de justicia monopolizado en los hechos por el Estado no parece que pueda producir cambios sustanciales. Es preferible apuntar a un sistema de gestión de conflictos mixto, en el que el arbitraje privado asuma un papel protagónico junto al Poder Judicial, iniciativa pregonada por casi todos los países del mundo. Cítense, por caso, las palabras pronunciadas en 1985 ante la Conferencia Anual de Abogados de los Estados Unidos, por Warren Burger, por entonces, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa Nación: “Algunas veces pienso que hay algún tipo de neurosis masiva que se desarrolla en este país que lleva a la gente a creer que los tribunales son los lugares ideales para resolver cierto tipo de controversias, cuando en términos de costos, tiempo y energía humana el arbitraje es superior al procedimiento judicial. Es hora de que el espíritu innovador e ingenioso del norteamericano y de los abogados forjen nuevas herramientas para cubrir nuevas necesidades”.

En coincidencia con este pensamiento, desde nuestro país, Jorge Mosset Iturraspe señala que “la vía única, exclusiva y excluyente de la justicia oficial, en diferencias suscitadas en temas de derecho privado patrimonial, aparece como un absurdo. Una pretensión hegemónica totalitaria, a contramano con un Estado de libertad” (´Frustración del Contrato´, Rubinzal Culzoni, año 1991, p. 144).

Resulta realmente curioso que servicios tan importantes como la Salud, la Educación e, incluso, la Seguridad se encuentren en la práctica al cuidado compartido del Estado y los particulares, mas no suceda lo mismo con la Justicia. Si se tuviera en cuenta el aporte que la iniciativa privada realiza para que la comunidad cuente con la mejor Salud y Educación posibles, fácilmente se advertiría la enorme colaboración que se está desperdiciando en materia de solución de conflictos, al no recurrirse con más frecuencia al arbitraje privado. Piénsese, si no, en la gran cantidad de entidades que existen en la Provincia (colegios profesionales, bolsas y cámaras de comercio, asociaciones rurales, entre tantas otras), que bien podrían resolver conflictos con la misma solvencia e imparcialidad con que lo hacen los tribunales públicos.

Sea como fuera, es importante señalar, como bien se ha dicho en más de una ocasión, que si bien la crisis de la justicia pública puede ofrecer una oportunidad al desarrollo del arbitraje, éste no debe ser visto solamente como una respuesta inmediata a la crisis de aquélla, sino como una alternativa válida que debe ser evaluada con abstracción del estado por el que atraviese el Poder Judicial. Es que el arbitraje tiene ventajas y particularidades que lo hacen deseable aun ante la hipótesis de una administración de justicia que funcionase perfectamente. Ligar la suerte del arbitraje a la crisis de la Justicia sería subestimar su real utilidad e importancia.




III.- LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA PROMOCIÓN DEL ARBITRAJE
Cierto es que la práctica del arbitraje se encuentra poco desarrollada en nuestro país. Tal vez ello sea como consecuencia de una mala legislación al respecto. Sin embargo, es innegable que esta deficiencia logra superarse con los reglamentos de las instituciones arbitrales que ofrecen el servicio. Buena prueba de ello son los excelentes resultados que se obtienen cuando se utiliza el arbitraje con frecuencia, tal como acontece, por ejemplo, en el caso del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata y la gran cantidad de causas que esta institución resuelve por año, en unos pocos meses cada vez.

¿Cómo lograr, entonces, que el arbitraje sea una herramienta de uso generalizado? Naturalmente, es necesario un cambio de mentalidad en la comunidad, a partir del cual los conflictos comiencen a solucionarse por este método alternativo. Ahora bien, nada indica que tal cambio vaya a darse de modo espontáneo, por lo que es imprescindible inducirlo e impulsarlo, y parecería que nadie mejor para ello que los colegios profesionales y sus propios colegiados: aquéllos, creando y poniendo en funcionamiento tribunales de arbitraje; éstos, aconsejando introducir el acuerdo arbitral en los contratos o convenios que redacten para sus clientes, de modo que, en caso de un conflicto posterior, las partes deban recurrir inevitablemente al arbitraje, en lugar de la justicia pública y así, poco a poco, la comunidad se vaya acostumbrando a esta práctica.

Finalmente, es importante que el acuerdo arbitral sea anterior al conflicto –es decir, introducido al momento de celebrar un contrato o convenio–, pues luego de suscitadas las diferencias es probable que el deudor no acepte el arbitraje y obligue al acreedor a presentar su demanda ante los tribunales del Estado, especulando con el largo tiempo que insumirá el juicio y colocando así a su contrincante ante la disyuntiva de aceptar un mal arreglo o, en su defecto, un interminable juicio.

IV.- LAS CARATERÍSTICAS PRINCIPALES DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE RÍO GRANDE


En apretada síntesis, son las siguientes:

  • inicio y desarrollo del arbitraje a partir de un único ´convenio arbitral´, que puede ser anterior o posterior al conflicto;

  • integración de los tribunales constituidos en cada caso concreto con el secretario general, uno o más árbitros cuya función se limita al dictado del laudo, y un director del procedimiento encargado de conducir el trámite (tribunales tricéfalos);

  • amplia libertad de las partes para elegir árbitros y peritos;

  • sistema de recusación basado en una causal de interpretación extensiva: “cualquier circunstancia que dé lugar a duda razonable acerca de la imparcialidad e independencia” del recusado;

  • atribución del Tribunal de decidir acerca de su propia competencia;

  • principio de “no intervención del Estado durante la sustanciación del arbitraje”;

  • impugnación del laudo solo por medio del recurso de nulidad, salvo que las partes pactasen expresamente el recurso de apelación;

  • defensa técnica de las partes obligatoria, a cargo de abogado matriculado en alguno de los colegios de la Provincia;

  • regulación de honorarios de los árbitros y defensores técnicos de las partes sobre la base de la Ley de Aranceles Profesionales nº 21.839;

  • no pago de honorarios a los árbitros en supuestos en que el arbitraje no termine con el dictado del laudo, sino por caducidad, allanamiento, desistimiento o transacción, salvo que hubieran participado en el acto de producción de alguna prueba;

  • posibilidad de pactar los honorarios con los peritos;

  • implementación de procedimientos especiales para causas de menor cuantía, desalojo abreviado y desalojo anticipado;

  • posibilidad del tribunal arbitral de ordenar medidas cautelares;

  • facultad de las partes de requerir, antes o durante el arbitraje, medidas cautelares o previas ante la jurisdicción pública, sin que ello implique renunciar al mismo;

  • aplicación de sanciones procesales al litigante de mala fe;

  • postergación del pago de la tasa de arbitraje hasta el momento de la clausura del debate;

  • exención del pago de la tasa de arbitraje en el caso de procedimientos especiales (causas de menor cuantía, desalojo abreviado, desalojo anticipado).


V.- EL REGLAMENTO COMENTADO

Art. 1.- Disposiciones preliminares:
Art. 1.1.- Creación del Tribunal y competencia: Créase el Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande, el cual tendrá jurisdicción y competencia para conocer y laudar cualquier conflicto de intereses entre particulares que verse sobre materia disponible, sometido a su conocimiento por medio de un convenio arbitral celebrado antes o después de nacido dicho conflicto. El arbitraje del Tribunal será siempre de derecho, salvo que las partes hubieran pactado expresamente un arbitraje de equidad.
Art. 1.2.- Administración y representación del Tribunal: La administración y representación del Tribunal será ejercida por un secretario general, quien será designado por el Consejo Directivo del Colegio, por un periodo de cuatro (4) años, renovable indefinidamente. En caso de que por renuncia, ausencia, licencia o por cualquier otro impedimento el secretario general no pudiese ejercitar sus funciones, éstas serán asumidas por el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande y, en su defecto, por el vicepresidente.
Art. 1.3.- Alcance del Reglamento: Cuando las partes de un conflicto acuerden someterlo al arbitraje del Tribunal, el procedimiento se regirá por el presente Reglamento, sus normas complementarias y sus eventuales modificaciones. Los derechos y deberes personales de los asistentes letrados de las partes, los miembros del tribunal a cargo de un arbitraje en particular (secretario general, árbitros, director del procedimiento y auxiliares) y los peritos se regirán por las disposiciones de este Reglamento.
Art. 1.4.- Interpretación extensiva del convenio arbitral: En caso de duda se estará a favor de la existencia del convenio arbitral. Si antes o durante la tramitación de un arbitraje alguna de las partes solicitara ante los tribunales públicos una medida previa, una cautelar o cualquier otra diligencia, ello no autoriza a la otra a invocar la renuncia al arbitraje convenido. La competencia del Tribunal no se extingue en el supuesto de que alguno de los árbitros específicamente designados en un convenio arbitral previo al conflicto, en su momento no aceptare el cargo, salvo pacto expreso en contrario.
Art. 1.5.- Principio de no intervención de la jurisdicción pública durante la sustanciación de un arbitraje: Durante el trámite de un arbitraje las partes sólo podrán cuestionar la competencia del Tribunal ante éste mismo, por vía de declinatoria, sin perjuicio del recurso de nulidad en contra del laudo; no podrán hacerlo ante los tribunales públicos por inhibitoria ni por ninguna otra vía. Ningún eventual conflicto positivo de competencia suspenderá el trámite del arbitraje ni el dictado del laudo, salvo resolución fundada del director del procedimiento o, en su caso, del árbitro.
Comentario:

a) La norma señala qué tipo de pretensiones pueden ser sometidas al arbitraje del Tribunal de Arbitraje del Colegio Público de Abogados de Río Grande. El principio general es que todas las cuestiones pueden serlo, salvo las que no sean susceptibles de transacción según las leyes de fondo. Incluso el Estado puede someter a arbitraje los conflictos que lo enfrentan con particulares, siempre y cuando actúe como persona de derecho privado.


b) Durante mucho tiempo, en nuestro país, las partes sólo pudieron acceder a un arbitraje a través del llamado ´compromiso arbitral´, el cual debía ser celebrado luego de suscitado un conflicto determinado, aun en el caso de que con anterioridad a dicho conflicto se hubiera suscripto una ´cláusula arbitral´. Surgido el conflicto, no alcanzaba para dar lugar al arbitraje que las partes hubieran suscripto con anterioridad una ´clausula arbitral´ por la que se hubiera previsto que las cuestiones que eventualmente surgieran entre ellas como consecuencia de una determinada relación jurídica serían sometidas a tal modo de resolución de conflictos. Siempre se requería una suerte de ratificación del pacto arbitral celebrado previamente al conflicto, mediante la formalización del mentado ´compromiso´, el cual, entre otras cosas, tenía por objeto la puntualización de las cuestiones que concretamente serían sometidas a la decisión de los árbitros.
Esta doble instrumentación del acuerdo arbitral jaqueaba la utilidad del arbitraje, puesto que ante la negativa de los deudores a formalizar voluntariamente el ´compromiso´ se impuso la costumbre de demandar judicialmente la constitución del tribunal arbitral que entendería en el litigio. Pero sucede que el trámite de la ´demanda de constitución de tribunal arbitral´ (pretensión declarativa de condena), no era otro que el procedimiento ordinario, al cual solía oponérsele todo tipo de obstáculos. De este modo, de poco podía servir contar con el más ágil de los procedimientos arbitrales, pues previamente debía tramitarse un procedimiento judicial, muchas veces demasiado largo.
Para evitar este serio inconveniente, el Reglamento elimina la doble instrumentación señalada (´cláusula´ y ´compromiso´ posterior), dando curso a la instancia arbitral a partir de la celebración de un único ´convenio arbitral´, que puede ser previo al conflicto. De este modo, suscitado un conflicto a raíz del incumplimiento de una obligación pactada en un contrato en el que se hubiera acordado la competencia del Tribunal, el reclamante puede acudir directamente a éste, presentándole la demanda correspondiente. En este aspecto, el Reglamento adopta el procedimiento previsto por reglamentos de otros tribunales de arbitraje (entre otros, los del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, las Cámaras Arbitrales de Cereales y Afines –art. 3, decreto 931/98–), los que a su vez siguen, básicamente, el sistema previsto por la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, la ley de España nº 60 de 2003, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR de 1998 y el Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
c) En el marco de un arbitraje de derecho, los árbitros deben dictar el laudo conforme con el derecho positivo; en cambio, en un arbitraje de equidad (ex aequo et bono), los árbitros (denominados comúnmente ´amigables componedores´) pueden prescindir de la ley y laudar según su leal saber y entender. Incluso, parte de la doctrina suele dispensar a los amigables componedores de explicitar los fundamentos del laudo. Si bien el Reglamento establece que el arbitraje del Tribunal es, en principio, de derecho, nada impide que las partes acuerden someter su disputa a una amigable composición o arbitraje de equidad.
d) Al establecerse que todos los intervinientes en un arbitraje del Tribunal quedan sometidos al Reglamento, se apunta a regular incluso los derechos personales de los distintos operadores nacidos con motivo del arbitraje en el que hubieran actuado. Cualquiera puede aceptar libremente actuar en el marco del Tribunal, pero quien lo hace acepta la aplicación del Reglamento y/o sus normas complementarias en lo relativo a sus propios derechos personales; por ejemplo, en materia de honorarios.
e) El último párrafo de la norma es una de las aplicaciones del principio de “no intervención del Estado durante la sustanciación del arbitraje”; principio que apunta a favorecer la agilidad y celeridad del procedimiento arbitral.

Art. 2.-

Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal