El presidente de la comunidad de madrid



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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO
Esta Ley incorpora un conjunto de medidas fiscales
y administrativas, vinculadas con los Presupuestos
Generales para el año 2002, y cuyo tratamiento resulta
necesario acometer con la mayor celeridad. Así, se recogen
algunas variaciones en la regulación de los tributos
regionales, y se incluyen medidas administrativas de distinta
índole referentes a la Hacienda Pública, subvenciones,
contratación administrativa, función pública, comercio,
etcétera.
I
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con vigencia para el año 2002, se crea una nueva
deducción sobre la cuota autonómica y se mantienen las tres
deducciones ya existentes. Se crea una deducción por
acogimiento familiar de menores cualquiera que sea el
régimen de dicho acogimiento, simple, permanente o
preadoptivo, administrativo o judicial, cuya cuantía se
establece en coordinación con la deducción por
adopción de hijos ; se mantiene la deducción por nacimiento
y adopción de hijos, incrementando sustancialmente su
cuantía ; se mantiene la deducción y cuantías por
acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o
minusválidos, incrementando las cuantías de la base
imponible que permiten esta deducción ; y, por último,
se mantiene la deducción por donaciones a fundaciones
inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
de Madrid, clasificadas como fundaciones culturales,
asistenciales, sanitarias y otras de naturaleza análoga.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se
incrementan para el año 2002 las cuantías de las
deducciones reguladas en el artículo 20.1 de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, y se mantienen la tarifa del impuesto
y los coeficientes multiplicadores en función del grado
de parentesco y patrimonio preexistente.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, se mantienen para el
año 2002 los tipos de gravamen existentes.
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
de dicho impuesto se sustituye la cuota gradual que
grava los documentos y actas notariales por una escala
progresiva aplicable a la adquisición de viviendas, otra
escala progresiva aplicable a los préstamos hipotecarios
vinculados a la adquisición de viviendas y un tipo
proporcional aplicable al resto de operaciones sujetas a
dicha cuota. Con ello se pretende, por una parte, dar
un tratamiento específico a la adquisición de viviendas
y a la constitución de préstamos hipotecarios vinculados
a aquella, que resultan ser las operaciones más
importantes sujetas a la cuota gradual citada y, por otra parte,
atender a la relevancia social de la adquisición de
vivienda, de modo que se apliquen tipos reducidos a la
adquisición de viviendas protegidas no exentas y de viviendas
de precio reducido y a los préstamos hipotecarios
vinculados a dichas adquisiciones.
La modificación de la Ley 12/1994, de 27 de
diciembre, de Tributación sobre los Juegos de Suerte, Envite
y Azar, fija en euros la base imponible del impuesto
sobre los premios del bingo y, además, actualiza los
importes de las cuotas fijas del Recargo sobre la Tasa
Fiscal que grava las máquinas recreativas y las de azar.
Asimismo, se modifica parcialmente la Ley 3/2000,
de 8 de mayo, de Medidas Urgentes Fiscales y
Administrativas sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar
y Apuestas en la Comunidad de Madrid, incluyéndose
en el texto de la misma la afección de las fianzas
depositadas por las empresas operadoras cotitulares de
autorizaciones para la instalación de máquinas recreativas
y recreativas con premio programado en
establecimientos de hostelería, al pago del Impuesto sobre la
Instalación deMáquinas en Establecimientos de Hostelería
Autorizados, en congruencia con lo dispuesto en el
artículo 18.2 de la Ley 6/2001, del Juego de la Comunidad
de Madrid. Por otro lado, se actualiza la cuota de dicho
impuesto, fijándola en 485 euros.
Las modificaciones introducidas en la Ley 27/1997,
de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, tratan de adecuar el
ordenamiento jurídico a las actividades y servicios que presta la
Comunidad en las siguientes materias:
a) En materia de sanidad se establecen cinco nuevas
tasas farmacéuticas y se modifica la regulación y tarifa
de la tasa por tramitación del informe de evaluación
que, sobre proyectos de investigación clínica, emite el
Comité Ético de Investigación Clínica Regional (CEIC-R).
b) En materia de transportes, se crea una tasa por
depósito de mercancías ante la Junta Arbitral del
Transporte y se modifica puntualmente la descripción de una
tarifa.
c) En materia de presidencia, se crea una tasa por
el bastanteo que, a solicitud de los particulares, llevan
a cabo los Servicios Jurídicos de la Comunidad y se
modifican las tarifas de las tasas de radiodifusión y
televisión, así como algún aspecto concreto de la regulación
de estas últimas.
d) En materia de educación, y dentro de las "Tasas
por expedición de títulos, certificados o diplomas y por
expedición de duplicados en el ámbito de la enseñanza
no universitaria" se incluye el título de "Profesional de
Danza".
e) En materia de artes, se modifica puntualmente
la regulación de las tasas vigentes en el ámbito de la
gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.
f) En materia de función pública, se declara exentos
del pago de la tasa por derechos de examen para la
selección de personal al servicio de la Comunidad de
Madrid a las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e
hijos.
g) En materia de medio ambiente, se modifica la
regulación de la tasa por solicitud de concesión y
utilización de la etiqueta ecológica, y se modifica la tarifa
de la tasa por cobertura del servicio de prevención y
extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad
de Madrid.
h) En el ámbito de la singular utilización y
aprovechamiento de bienes de dominio público de la
Comunidad de Madrid se crea una tasa por ocupación y
aprovechamiento de dependencias del antiguo Hospital de
Jornaleros, hoy sede de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
También, y como consecuencia de la introducción
del euro, se modifica puntualmente el artículo 17 de
la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, precepto donde
se delimitan los elementos cuantitativos de las tasas.
Finalmente, el principio de seguridad jurídica
proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución Española
aconseja la elaboración de un texto refundido de la Ley
de Tasas y Precios Públicos, dado que desde la
aprobación de la Ley vigente en este ámbito (Ley 27/1997,
de 26 de diciembre), se han sucedido numerosas
modificaciones normativas. En consecuencia, y a efectos de
facilitar su conocimiento y consulta, la presente Ley, en
su disposición final segunda, contiene una delegación
legislativa mediante la cual se autoriza al Gobierno de
la Comunidad de Madrid para que refunda los textos
legales correspondientes.
II
En el capítulo II se introducen una serie de
modificaciones a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con
la finalidad, por una parte, de adaptar dicha Ley a la
normativa en la actualidad vigente, y por otra parte, de
alcanzar una mayor agilidad y simplificación
administrativas en los procedimientos de gestión financiera.
En primer lugar, se adecua la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, a la Ley de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, estableciéndose que la acreditación por el
beneficiario de hallarse al corriente de las obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social será un requisito
previo al abono de las subvenciones.
En segundo lugar, se suprime de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, la referencia a los contratos de trabajos
específicos y concretos no habituales, teniendo en
cuenta que esta categoría de contratos ya no se contempla
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, en orden a conseguir la máxima agilidad
administrativa en los procedimientos de gasto, se
producen dos relevantes modificaciones. La primera
consiste en delimitar o precisar los supuestos en que el
gasto ha de aprobarse por el Gobierno, modificándose
la regla general de autorización por éste de todos los
gastos de carácter plurianual y atribuyendo al mismo
únicamente la aprobación de aquéllos que deba conocer
por razón de la cuantía y de los que requieran la
modificación de los porcentajes o del número de anualidades
que especifica el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8
de noviembre, así como los reajustes de anualidades
en determinados supuestos. Finalmente, se añade un
supuesto de exención de fiscalización previa por razón
de la cuantía, limitado a aquellos gastos tramitados por
el procedimiento de anticipo de caja fija.
III
El Capítulo III introduce en la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid,
una serie de modificaciones de distinta naturaleza.
Por una parte, se realizan modificaciones
procedimentales en orden a simplificar la tramitación administrativa
de las subvenciones. Así, en primer lugar se contempla
la posibilidad de que las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones establezcan que la acreditación
de parte de los requisitos exigidos por la convocatoria
de ayuda se efectúe exclusivamente por los posibles
beneficiarios, y en segundo lugar se establece la
exención de la autorización de la Consejería de Hacienda
de los anticipos o abonos a cuenta del pago de las
subvenciones cuando se cumplan determinados requisitos.
Por otra parte, se amplían las obligaciones del
beneficiario de la subvención, de modo que a partir de este
momento queda obligado a acreditar que no tiene
deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, así como a realizar la evaluación inicial de
riesgos laborales señalada en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
IV
El capítulo IV contiene diversas modificaciones de
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre de Gobierno y
Administración.
En primer lugar, se modifica la regulación de la
actividad de atención al ciudadano (artículo 48.4) y la
referente a la actividad del registro (artículo 58), a fin de
adaptar el contenido de esas regulaciones a lo previsto
al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
En segundo lugar, se modifican los preceptos de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, referentes a la
contratación administrativa. Así, por un lado, se precisan
los supuestos en los que el Gobierno debe autorizar la
celebración de los contratos ; por otro, se regula la
participación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad de Madrid en el
procedimiento para la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales y de prescripciones técnicas
generales, así como la competencia del órgano de
contratación para aprobar los modelos tipo de pliegos
particulares de general aplicación a los contratos de
naturaleza análoga, previo informe de los Servicios Jurídicos
y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Además se señala la obligación de publicar en todo caso
en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" las
licitaciones y adjudicaciones de los contratos que de
acuerdo con la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas estén sujetos a publicidad, sin
perjuicio de la publicación en los demás diarios y boletines
que corresponda.
Finalmente, se modifica el artículo 66 que regula la
Mesa de Contratación, introduciéndose una regulación
más genérica y flexible respecto de la composición de
dicha Mesa, a fin de facilitar el funcionamiento eficaz
de la misma.
En el capítulo V se modifican los preceptos de la
Ley 1/1984, de 19 de enero, de Administración
Institucional, que regulan distintos aspectos de la
contratación administrativa en el ámbito de los Organismos
autónomos, haciéndose concordar esta regulación con
la establecida al respecto en la Ley de Gobierno y
Administración.
V
La modificación de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, tiene
por objeto la reordenación de las competencias de
aprobación y resolución de los procedimientos de provisión
de puestos de trabajo reservados a personal funcionario,
residenciándose dichas competencias en los Consejeros
respectivos.
Por otro lado, la transferencia a la Comunidad de
Madrid de los servicios y medios personales del INSALUD
hace necesario determinar el régimen jurídico de
personal aplicable al personal estatutario traspasado,
respecto del que se ha optado, al igual que la mayoría
de las Comunidades Autónomas, por mantener el que
disfrutaban en el momento de la transferencia, en tanto
se dicta el Estatuto-Marco que se aprobará en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y que será normativa básica.
Asimismo, la citada transferencia obliga a integrar
al personal estatutario del INSALUD objeto de dicho
traspaso en esta Administración Pública desde el punto de
vista competencial, con atención a su especialidad, por
lo que queda residenciada en el Gobierno la tarea de
distribuir las competencias de gestión de este personal
entre los correspondientes órganos de la Comunidad de
Madrid.
VI
La modificación de la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad
de Madrid, tiene por objeto la adaptación de este texto
legal a la actual organización de la Comunidad
Autónoma.
En efecto, la ampliación del ámbito de aplicación de
esa Ley trae causa de la existencia de determinados
Cargos en la Comunidad de Madrid que, por su especial
dedicación y funciones directivas, deben quedar
formalmente incluidos en el régimen de incompatibilidades
previsto en la mencionada Ley, lo cual, a su vez, conduce
a la modificación del apartado regulador del objeto de
dicha Ley en el sentido de abarcar, no sólo a los Altos
Cargos de la Administración regional, sino más
genéricamente, a los Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, se propone la inclusión en el objeto
de la Ley de la expresión "control de intereses" a fin
de adecuar la descripción de dicho objeto al contenido
propio de ese texto normativo.
Asimismo, la modificación de la Ley 6/1991, de 4
de abril, de Creación del Consejo Económico y Social,
se efectúa con el fin de adecuar ésta a las ya
mencionadas novedades que se introducen en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid.
En la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid se
introducen dos modificaciones, que afectan a las causas
de inelegibilidad y de incompatibilidad. Se suprime un
supuesto de inelegibilidad, con el fin de que los
Directores Generales, los Secretarios Generales Técnicos y
los demás cargos del mismo rango de la Administración
autonómica puedan concurrir a las elecciones a la
Asamblea de Madrid. Se mantiene no obstante la
incompatibilidad entre la condición de Diputado de la Asamblea
y la de Alto Cargo de la Administración, que se refuerza
además mediante la adición de un nuevo supuesto de
incompatibilidad, redactado en los mismos términos que
los utilizados por la Ley de Incompatibilidades de Altos
Cargos en la redacción dada por esta misma Ley, cuando
se refiere a los titulares de cualquier puesto cuyo
nombramiento se efectúe por Decreto del Gobierno.
VII
En cumplimiento de la exigencia de rango de Ley
para las normas que prevean plazos de resolución que
excedan de 6 meses y para las que atribuyan efectos
desestimatorios al silencio administrativo establecida por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se incorporan tres nuevos
procedimientos a la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la
que se establece la duración máxima y el régimen de
silencio administrativo de determinados procedimientos.
En concreto, se añade el procedimiento administrativo
de Inscripción en el Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid, el procedimiento administrativo de
Acreditación de Instituciones Colaboradoras de
Adopción Internacional y el procedimiento administrativo de
Concesión de la Tarjeta de Estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida de la Comunidad
de Madrid.
VIII
En el Capítulo XI se introducen modificaciones en
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, consistentes en realizar correcciones
terminológicas, introduciendo, asimismo, otras de carácter
técnico para reordenar correctamente determinados
apartados o dar una nueva redacción a los mismos que,
sin producir modificación sustancial alguna, sin embargo,
evite interpretaciones distintas a las que pretende dar
la Ley aprobada.
IX
La modificación de la Ley 11/1998, de 9 de julio,
de Protección de los Consumidores de la Comunidad
de Madrid, lleva a cabo la adaptación de la normativa
reguladora para evitar ciertas disfuncionalidades y
lagunas detectadas en el ámbito del procedimiento
sancionador, con el objetivo último de procurar mayores
garantías en la protección y defensa de los derechos de los
consumidores. Se dota asimismo de una nueva redacción
al concepto de consumidor para facilitar la labor de
interpretación en la determinación del ámbito de protección
de aquéllos, al incluir entre los suministradores de bienes
y servicios a los profesionales colegiados.
X
Mediante el Real Decreto Ley 6/2000, de 6 de junio,
se introdujeron reformas en el marco del sector de la
distribución comercial, flexibilizando los horarios
comerciales con el fin último de lograr la libertad de apertura
del sector, lo que obliga a adaptar la normativa
autonómica al respecto, Ley 16/1999, de 29 de abril, de
Comercio Interior de la Comunidad de Madrid. Asimismo
se introduce una nueva categoría de establecimientos
industriales que se someterán a la autorización previa
de una licencia comercial siempre y cuando disponga
de una superficie comercial superior a los 750 metros
cuadrados, entendiendo que mediante este instrumento
de ordenación se permite la racionalización de las
implantaciones de esta naturaleza, en equilibrio con las
estructuras comerciales más tradicionales. Por último se
introduce la regulación de la inspección de comercio, al objeto
de reforzar la cobertura legal a las actuaciones
inspectoras en la materia, sin perjuicio de su regulación
detallada en el ulterior desarrollo reglamentario de la Ley.
XI
La existencia de distintos órganos de la
Administración de la Comunidad de Madrid que concurren en el
ámbito de la investigación y la innovación tecnológica,
hace necesario la modificación de la Ley 5/1998, de
7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica
y la Innovación Tecnológica, a fin de garantizar la
efectividad de las atribuciones de todas las Consejerías con
competencias en las materias a las que dicha Ley se
refiere.
XII
Se introducen sendas modificaciones en la definición
de "servicios adicionales" al de televisión y en la de
"operadores de cable", contenidas en la Ley 2/2001,
de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios
Adicionales. Con ello, ambos conceptos quedan
matizados en la línea sugerida por el Ministerio de
Administraciones Públicas, que durante la tramitación del
proyecto de Ley trasladó al Gobierno unas observaciones
que no pudieron ser atendidas en aquel momento porque
el proyecto se estaba tramitando ya en la Asamblea de
Madrid.
XIII
La modificación de la disposición adicional sexta de
la Ley 3/1988, de 13 de octubre, para la Gestión del
Medio Ambiente, desconcentra en el Viceconsejero de
Medio Ambiente las competencias sancionadoras en
materia de caza y pesca que de acuerdo con la legislación
vigente corresponden, según los casos, al Gobierno o
al Consejero competente en materia de medio ambiente.
Por otra parte, la modificación de la Ley 4/1992,
de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad de Madrid, exime de la realización del
curso selectivo de formación regulado en la misma como
una de las fases del proceso selectivo para el ingreso
en los Cuerpos de Policía local, a aquellos aspirantes
que hubiesen superado el primer curso del título
académico "Ciencias de la Seguridad" cuyo contenido
coincide básicamente con las materias formativas que
integran el curso selectivo referido.
XIV
Se modifica la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
Promoción de la Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas,
en lo relativo a la definición de las funciones del órgano
que canaliza la participación social en este ámbito.
Concretamente, y con el fin de agilizar la tramitación del
Anteproyecto de Ley de Presupuestos, se matizan las
funciones que el Consejo para la Promoción de la
Accesibilidad y la Supresión de Barreras tiene atribuidas en
relación con los créditos presupuestarios destinados a
la supresión de barreras.
XV
Se modifica la Ley de 3/1991, de 7 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad de Madrid, introduciendo
la obligación de los solicitantes de permisos para la
realización de actividades en las zonas de dominio público
y protección de las carreteras regionales, de constituir
una garantía suficiente, que podrá llegar al 100 por 100
del presupuesto del correspondiente proyecto, para
cubrir los costes de una eventual actuación de la
Comunidad de Madrid para restaurar los daños o perjuicios
ocasionados al dominio público o a la seguridad viaria
por la ejecución de las actividades autorizadas. Se
establece así un mecanismo de garantía adecuado para
afrontar los supuestos señalados, que ocasionan gastos
a la hacienda regional, muchas veces de dudosa
recuperación.
Esta garantía, cuyos términos, cuantía y
procedimiento de constitución, ejecución y devolución se regularán
reglamentariamente, será independiente, dada su
naturaleza, de las tasas que legalmente proceda exigir a los
solicitantes y de las responsabilidades en que pudieran


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