El Estado miente deliberadamente…



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08. Guerra de Irak en 2003

>. (http://www.nodo50.org/gpm/guerra2001/05.htm).

En aquél momento, unida en la estrategia común de romper el monopolio político del Estado nacionalista irakí sobre la explotación del trabajo social de ese país basada en la industria del petróleo, la burguesía internacional pudo neutralizar más fácilmente a sus clases subalternas, porque los asalariados aparecimos divididos entre los movimientos pacifista y antiimperialista, ambos de raíz ideológica pequeñoburbuesa, reivindicando cada uno de ellos dos ideas políticas contradictorias: la idea genérica y abstracta de la paz, exigiendo respetar el principio de no intervención a los dos bandos, y la idea (minoritaria) del antiimperialismo "consecuente", inspirado en la simpatía hacia los países capitalistas más débiles, que tomaron partido por el régimen irakí.

En aquél momento las clases subalternas hemos aparecido unidas en la común idea pacifista expresada en el "no a la guerra"; y esto, desde la perspectiva histórica de los intereses de la humanidad, es un paso adelante. No por el hecho de que el movimiento se haya unificado en esa idea, sino porque hay en él un elemento de racionalidad revolucionaria que trasciende o traspasa las apariencias jurídicas y morales como justificación de los hechos políticos manifiestos. Justamente porque, esa vez, el velo de tales apariencias ha sido desgarrado por quienes deberían cuidar que siempre se interponga entre los explotados y la verdad de los hechos históricos, permitiendo a los revolucionarios cumplir la necesaria tarea de esclarecimiento con toda eficacia. Que las masas hayan entendido y expresado que esa fue una "guerra por el petróleo", no lo dice todo, ni siquiera lo más esencial, pero sin duda va a su encuentro.

Tratándose de un país asentado sobre las segundas mayores reservas petrolíferas del mundo —en ese momento 200.000 millones de barriles, probablemente más que las disponibles por Arabia Saudí—, el hecho de estar fuertemente determinado por la ideología nacionalista burguesa, en caso de ganarse la voluntad política de otros países productores como Siria, Venezuela, Libia o Méjico, la burguesía Irakí bien podía inducir en cualquier momento una crisis de abastecimiento tratando de aumentar los precios del crudo según la exigencias de sus intereses particulares, poniendo en peligro la continuidad del proceso de explotación capitalista colectivo a escala mundial.

Y el caso es que Sadam Hussein no sólo llegó a eso, sino a más y en solitario. Lo demostró invadiendo Kuwait en 1990, porque a través de quienes fueran sus aliados en la OPEP (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí), los USA se negaron a aceptar la petición irakí de subir el precio del petróleo hasta 26 dólares/barril, para compensarle por el costoso servicio prestado de haber ahogado en sangre la revolución iraní, y que para ello debió convertir a su ejército en el más poderoso del cercano oriente. Una reciprocidad compensatoria que las fracciones del capital en manos de los integristas islámicos de la zona, no estuvieron dispuestos a conceder. Pero en 2003 sí que toleraron lo que hizo la coalición angloamericana con Irak. ¿Quién dijo que “el capitalismo es la sociedad del engaño y el pillaje mutuo?. Lo hicieron bajo el falso pretexto de que ese país poseía “armas de destrucción masiva”, tal como finalmente semejante falsificación de la verdad se pudo demostrar, aunque sin poder evitar que durante los últimos años, Irak se convirtiera en uno más de los tantos Estados fallidos del Planeta, conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante. Un claro síntoma de la tendencia creciente a la descomposición terminal del sistema capitalista.

09. Masacre del 11 de marzo de 2004 en España

Mientras se sucedían los acontecimientos bélicos de la Segunda Guerra en Afganistán, el 11 de Marzo de 2004 —dos días antes de las elecciones generales celebradas el 14― a partir de las 7,30 hs. hicieron explosión casi simultánea en cuatro distintos trenes de la línea ferroviaria de cercanías, en Madrid, doce artefactos explosivos conteniendo 20Kg. de dinamita cada uno.



Tras las primeras investigaciones de rigor, el gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), así como los partidos de la oposición y casi todos los medios de comunicación, atribuyeron el atentado a ETA12 al menos hasta el mediodía de esa fecha, que fue cuando comenzaron a surgir informaciones que apuntaban hacia una autoría distinta, la islamista, corroboradas por las autoridades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que coincidieron en señalar:

1) que la dinamita había sido sustraída de uno de los ocho “cofres de seguridad” (cinco para el almacenamiento de dinamita y tres para detonadores) que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Mina “Conchita”, propiedad de la empresa Caolines de Merillés, S.L., situada en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda. Los informes de la Guardia Civil enviados al juez del caso en la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, han revelado que estos cofres de seguridad —con una sola llave de acceso, sin vigilancia continua, situados en zonas aisladas donde nadie acude tras acabar la jornada laboral― son muy vulnerables a un posible robo. Dichos informes aclaran que el robo en la fábrica o en los depósitos intermedios, se considera algo casi imposible por las enormes medidas de seguridad dispuestas en torno a los búnkeres en los que se guardan los explosivos. Además, las llaves de la mayoría de ellos están en poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos. Los mini-polvorines, en cambio, son como pequeñas cajas fuertes encastradas en las faldas montañosas próximas a las bocas de las minas que albergan, con una capacidad media de 50 kilos de dinamita cada uno o 500 detonadores. Según el Juez, a esta conclusión se llegó a raíz del análisis de la dinamita contenida en tres sitios distintos, a saber: a) en una de las mochilas supuestamente utilizadas en el atentado que no llegó a explosionar; b) en unos restos de explosivo y detonadores encontrados a las 9,50 el 11 de marzo en la furgoneta Renault modelo “kangoo” estacionada sobre la calle de acceso a la estación de Alcalá de Henares; c) en un piso de la localidad madrileña de Leganés, donde seis de los ejecutores de los atentados permanecían ocultos y, al ser sorprendidos por la policía —según la versión oficial— decidieron suicidarse haciendo volar el apartamento. Basado en los informes periciales de la policía y de la Guardia Civil, para el juez Del Olmo estaba claro que el explosivo utilizado en los atentados había sido proporcionado a sus autores materiales por la trama delictiva asturiana localizada en Avilés.

2) Que el acto de entrega de los explosivos a los autores de los atentados habría sido gerenciada por el ciudadano español José Emilio Suárez Trashorras, en connivencia con su cuñado, José Antonio Toro Castro y su novia, Carmen Toro Castro, con la colaboración necesaria del marroquí Rafá Soller. A todos ellos se les atribuye haber participado en la negociación y venta ilegal de los explosivos a la célula terrorista actuante el 11-M, a cambio de dinero y drogas. Se da la circunstancia de que todos estos sujetos eran “confidentes” de la fuerzas de seguridad del Estado, sea de la Policía Nacional, como es el caso de Suárez Trashorras, José Antonio Toro Castro y Carmen Toro Castro, o de la Guardia Civil, como Rafá Zouhier.

3) Que hasta el momento de la ejecución de esa matanza, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, sabían nada de sus preparativos, ni tampoco habían sido alertadas por sus respectivos confidentes acerca del trapicheo delictivo con explosivos, ni de la identidad e intenciones de los interesados en adquirirlos. Según consta en el auto del 18 de junio de 2004, el Juez del caso, Juan del Olmo, declaró que la investigación de los atentados del 11-M "en modo alguno" puede verse afectada por "la condición, supuesta o no" de confidentes detenidos por la Policía: Rafá Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras):

<> (Op. Cit.)

En ese mismo auto, el Juez Del Olmo sostuvo que el comisario de Avilés —“controlador” de Suárez Trashorras— ha declarado que antes del 11-M no le informaron sobre la venta de los explosivos y, que Suárez Trashorras ha declarado que informó al comisario de que los marroquíes vendían droga, pero no de que estaban tratando de comprar explosivos. O sea, que el delincuente Suárez Trashorras podrá decir lo que quiera, que si un policía dice lo contrario, habrá que creerle al policía. Esto es algo que cualquier ciudadano medio suele tener muy claro, porque así se nos ha enseñado desde pequeños. Más aun tratándose de un Juez, que se gana la vida con ese tipo de “razones”. Pero el caso es que, a su condición de delincuente habitual, José Emilio Suárez Trashorras llevaba adherida su función de confidente policial. Y esto cambia mucho las cosas. Así se lo decía al periodista Fernando Múgica un “veterano policía” en abril de 2004:



<>. (Los agujeros negros del 11M”. En “El Mundo” 23/04/04).
El 08/12/2011 los periodistas Casimiro García Abadillo y Joaquín Manso del periódico español “El Mundo”, bajo el título “Indicios de falso testimonio contra el único condenado como autor del 11-M”, demostraron que para condenarle como autor material de la masacre, los magistrados a cargo del juicio se valieron de tres testigos de nacionalidad rumana incurriendo en claros indicios de manipulación policial y falso testimonio.
Esto planteó dos interrogantes fundamentales:

1)  ¿Qué es lo que explica esa aparente negligencia en materia de investigación y “torpeza” operativa por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en un país tan reconocidamente amenazado por el terrorismo etarra, al que ―tras el papel jugado por España en la guerra de Irak aliándose con EE.UU y el Reino Unido.― debía preverse que se le sumaría la amenaza del terrorismo islamista?

2)  ¿Cómo encajar, en este caso, la lamentable actuación de unos cuerpos armados de seguridad pública, cuyo probado celo profesional y eficacia operativa les habían puesto a la altura de los mejores del mundo?

De ser cierto ―como dijo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Comisión parlamentaria de investigación por el 11M― que todo fue obra del “terrorismo islamista”, ejecutado por no más de veinte individuos sin preparación alguna y al coste de un millón escaso de pesetas, entonces, a juzgar por los resultados de lo que se hizo y dejó de hacer en todo este asunto, la ya proverbial eficacia del Estado español ha quedado muy, pero que muy por debajo de sus impecables antecedentes en la lucha policial contra el delito y la inseguridad ciudadana; tanto, que hasta parece haber hecho de los profesionales de la seguridad a su servicio, una malísima caricatura de lo que en realidad han venido probando que son. Y a juzgar por las contradicciones de la versión oficial de esos hechos, se está demostrando que —para quienes saben cómo hacer las cosas de su especialidad—, es más difícil simular que se lo ha hecho mal, que hacerlo bien. Porque ¿cómo es posible creer que el Estado español haya sido burlado por una minúscula panda de delincuentes comunes de poca monta, ocasionalmente organizados nada más que para ese acto terrorista?

Tal es el interrogante que hubiera debido orientar las investigaciones del señor Juez de la Audiencia Nacional, en lugar de irse a indagar sobre un escenario parecido al que se montan ciertas aves para llamar la atención con sus cantos, precisamente donde no tienen puestos sus huevos o alimentan a sus crías. Pero ya se sabe que la división de poderes en que ―por desgracia creen todavía muchos asalariados y― descansa la supuesta independencia de los magistrados, sólo funciona a la hora de juzgar a quienes carecen de recursos y/o de influencias suficientes y seguras en la superestructura política del sistema; más aún en casos como este, donde esperar que un juez haga justicia según la verdad de los hechos y sin interferencias políticas de ninguna índole, es como pedirle peras a un olmo, o como hablar de la soga en casa del ahorcado, la soga en que ahogaría su futuro como servidor del Estado el señor juez Juan del Olmo, de haber obrado con la independencia política profesional que se presume de cualquier representante del poder judicial. 

En realidad, los atentados del 11M formaron parte del problema que el Estado español trató de resolver y que, para ello, ha debido cargarse no sólo el tan mentado concepto de “seguridad ciudadana”, sino la supuesta independencia de los poderes, e incluso el mismísimo significado de la palabra “democracia”. Más aun cuando este criminal desbarajuste sólo atinó a explicarse por la supuesta “descoordinación” entre los cuerpos represivos, aunque esto sea bien cierto por “razones” corporativas, lo cual da pie para que barbaridades como ésta —que tienen su causa en otros ámbitos— puedan ser todavía más factibles.

Según todos los indicios, el 11M ofrece una curiosa similitud con el 11S (derribo de las Torres Gemelas en N. York que se llevó por delante a más de 3.000 vidas humanas) un año antes, como dos gotas que debieran estar rebasando el vaso de la paciencia popular para hacer tronar el escarmiento de su propia justicia. Pero como esta hipótesis sigue siendo “sólo tardanza de lo que está por venir”, el problema para las clases dominantes españolas, manifiestamente divididas desde la famosa reunión del llamado “triángulo de las Azores” era y sigue siendo otro. No es casual que el 11M ocurriera dos días antes de las elecciones generales, donde lo que se decidía tenía muy poco que ver con la solución a las crecientes dificultades que afrontaban día que pasaba las mayorías sociales en España. Porque en esa jornada electoral no estaban en juego las anunciadas y prometedoras políticas siquiera moderadamente paliativas, respecto del paro masivo y las leyes laborales vigentes del despido libre, la creciente disminución del salario relativo, la más absoluta precariedad en el empleo, la inseguridad laboral y las más extremas condiciones de super-explotación en el trabajo; y tampoco de esos falsos compromisos se podían esperar mejoras significativas en el servicio de la salud pública, la educación en sus distintos niveles o en el acceso a la vivienda.

En estos puntos reivindicativos de los electores ―aun cuando estuvieran presentes en las campañas electorales de las distintas formaciones políticas institucionalizadas― no hay ni puede haber diferencias significativas como para poder hablar de que, en realidad, pudieran concretarse. Y no podían, en primer lugar, porque la situación económica general del capitalismo en descomposición a escala planetaria lo impide absolutamente. En segundo lugar, y como consecuencia de aquél hecho básico estructural que hoy no hace más que agudizarse, porque lo sustancial de los reclamos populares en esas materias no es una cuestión de voluntad política partidaria; y no lo es porque todo lo que el sistema no permite, deja de ser una política de partidos en tanto “arte de lo posible”; y porque cuando tal reivindicación de las clases subalternas es de imposible realización al interior del sistema, en aras del insultante fondo de consumo que satisface exclusivamente a los explotadores, toda pretensión de ir con ella más allá de la simple enumeración de derechos constitucionales o de promesas electorales no cumplidas, pasa a ser una cuestión de seguridad; pero no de la ciudadanía sino del Estado y en perjuicio de las mayorías explotadas. Tal es la esencia de la “democracia” capitalista; y los asalariados que quieran seguirle dando vueltas a esta cuestión buscándole el lado bueno que les muestran los patrones, se engañan gratuita, estúpida y miserablemente.

Si con los pies en la tierra descartamos que en los comicios del 14M estuvieron en juego las soluciones a los acuciantes problemas que afectan a las mayorías sociales en España ¿qué es lo que quedaba para dirimir en esa confrontación electoral? Pues, poco más que las relaciones del Estado con la Iglesia y alguna que otra menudencia, ajena a las reales necesidades de las mayorías. ¿O no?

Pero en ese poco más que se jugaba en los comicios, había una cuestión de fundamental importancia para los intereses representados por las fuerzas políticas en pugna dentro del Estado Español. Y esa cuestión era y sigue siendo la orientación de la política exterior española tendente a satisfacer exclusivamente los intereses materiales y políticos de las clases burguesas dominantes. Y nadie puede dudar de que las elecciones decidieron efectivamente sobre estos puntos, o sea, si debía revisarse la política exterior y territorial del Estado español tal y como había quedado atada y bien atada en la constitución de 1978. Es decir: si España debía seguir privilegiando la relación con EE.UU y Gran Bretaña, o pasaba a priorizar y apoyar el bloque burgués dominante en la UE representado por el eje franco-alemán.

Nosotros estábamos y estamos entre los que piensan, que los atentados del 11M en España, estuvieron determinados por este problema, por esta fractura expuesta del capital internacional entre bloques de países beligerantes. Un desideratum que la gran burguesía española oportunamente resolvió sin vacilar, optando por sumarse al ya tradicional bloque militar conformado entre Gran Bretaña y EE.UU., más todavía después de que los servicios secretos norteamericanos provocaran los criminales atentados que derribaron las Torres Gemelas de New York el 11S, que atribuyeron al terrorismo yihadista para poder justificar la intervención militar en Irak, so pretexto de haberle falsamente atribuido al terrorismo yihadista semejante acto de barbarie. Esta movida rompió el frágil equilibrio entre los grandes bloques de poder que la burguesía internacional había estado manteniendo ―cada vez más precariamente― desde la caída del “Muro de Berlín” y la inmediata debacle del sistema burocrático soviético mal llamado “comunista” o “socialista”, que ―tras la muerte de Lenin― abandonó por completo esa perspectiva social y política revolucionara, para pasar a ser sólo un híbrido perverso en franca regresión histórica del socialismo soviético al capitalismo postrero, como así se ha demostrado.  

Poniendo la lupa del análisis de clase sobre este punto de fractura en el espinazo de la política exterior y territorial de España —provocada por la disputa entre los dos grandes partidos de su aparato político institucional— entramos en el meollo de la política de andar por casa de la burguesía internacional proyectada al interior del Estado español; se trata de la “pequeña política”; esa que dirime las relaciones de poder entre fracciones de una misma clase dominante al interior de un solo país, en el contexto socio-económico capitalista a escala nacional e internacional, bajo las condiciones de una situación de crisis económica terminal del sistema y en ausencia de una alternativa de Gran Política por parte de la clase estratégicamente enemiga de la burguesía, es decir, el proletariado, los asalariados, también a escala nacional y planetaria combinadas.

Y dado que nuestro trabajo en curso tiene por objeto explicar lo más brevemente posible las causas y consecuencias de lo acontecido el 11 de marzo de 2004 —un acontecimiento que como se ha visto hasta aquí, compromete a las llamadas “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español” como organismo relativamente autónomo—, esto exige que, previamente, los explotados y oprimidos nos pongamos de acuerdo sobre el origen, naturaleza y función política del Estado y de sus fuerzas armadas en general, particularmente del Estado español en aquellas circunstancias.

10. Guerra en Siria 2011-2017

Las guerras interburguesas convencionales como único recurso de subsistencia del sistema capitalista

<función específica que ha venido determinando y distinguiendo a la organización económica, social y política bajo el capitalismo? La derivada directamente de la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio>>. GPM.

De acuerdo con lo descrito científicamente por Marx en "El Capital" se deduce que, dado el régimen de propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio —que hacen a la competencia entre los distintos capitales agrupados en empresas—, según avanza el desarrollo de las fuerzas productivas empleadas en cada proceso económico de producción y su consecuente acumulación de ganancias, el cumplimiento de esta lógica objetiva se torna sucesivamente más y más dificultoso, según el progreso científico-técnico incorporado a los medios de producción determina, que de cada unidad de capital adicional invertido en la producción de valores económicos, la parte correspondiente a los salarios sea relativamente cada vez menor. De esta realidad se infiere que:



l) El plusvalor o ganancia del conjunto de los capitalistas se incrementa, pero cada vez menos respecto del capital global en funciones y, 2) Consecuentemente, la tasa general de ganancia entendida como relación económica entre los réditos globales obtenidos por el conjunto de los distintos productores capitalistas asociados y el costo de producir tales ganancias, también tiende fatalmente a disminuir.

Así, hasta llegar a un punto en que la masa de capital invertido deja de ser compensada por el plusvalor obtenido, de modo tal que la burguesía debe apelar, cada vez más, al ataque no ya esporádico o cíclico, sino sistemático y permanente contra las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados activos, de lo cual resulta que se ve obligada a mantener un ejército creciente de parados en lugar de ser mantenida por ellos. Y aunque tales circunstancias críticas le obligan incluso a emplear trabajo a tiempo parcial y el paro parece remitir, en realidad aumenta más que proporcionalmente convertido así en históricamente creciente. Pues, bien, la humanidad ha alcanzado este punto inmediatamente antes de la primera guerra mundial. Fue cuando la propia lógica objetiva del sistema capitalista —que no depende de la voluntad de nadie— comenzó —sotto voce— a insinuarle a la burguesía, que ha devenido hasta ser convertida en una clase por completo decadente, porque ya no es capaz de asegurar a sus esclavos asalariados las condiciones de su propia esclavitud y que, por tanto, más tarde o más temprano deberá dejar el testigo de la historia en manos de los trabajadores, de tal modo emancipados de su yugo social.



Y el caso es que según esta lógica económico-social específica, la producción y venta de armamentos ha venido fungiendo bajo el capitalismo en tiempos cíclicos de recesión económica, como una alternativa de acumulación de capital productivo. Es un mercado por tal causa llamado “de sustitución". ¿Cómo se explica esto? Por hechos tan evidentes que sólo basta ponerlos en conexión teórica con lo más básico y elemental del intelecto.  


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