Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos



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4.3. Crisis de la doctrina de la unión cívico-militar. Las tensiones y los conflictos cívico-militares (2013-2016).

En la noche del sábado 8 de diciembre de 2012 de manera imprevista inician una cadena nacional de radio y televisión en la que después de explicar su situación de salud, el Presidente Hugo Chávez informó que ante la posibilidad de que “se presentara alguna circunstancia sobrevenida”, que lo inhabilitara “para continuar al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, en su “opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total” consideraba que al convocar las nuevas elecciones presidenciales se eligiera como Presidente de la República al entonces Vicepresidente Nicolás Maduro (Chávez, 2012: 41). En pocas palabras, comunicó al país en su conjunto pero sobre todo al movimiento chavista que su posible sucesor era un civil. En ese sentido, transitados algunos meses de desconcierto institucional, después de dos años de tratamientos médicos para revertir las consecuencias de su enfermedad, el 5 de marzo del año 2013 fallece en el Hospital Militar de Caracas el Presidente Hugo Chávez, circunstancia que provocó que ante la condición de civil de su sucesor se inicie un proceso que redimensionó paulatinamente la relación entre la FANB y las autoridades civiles del Estado venezolano.

Hugo Chávez fue un oficial creador de una organización aglutinadora de militares activos como el MBR-200 que además participó en la formación de varias promociones de oficiales de las FANB en la década de los 80 del siglo XX, como instructor de historia militar de la Academia Militar de Venezuela, al mismo tiempo era el Presidente de la República electo mediante el voto de la mayoría de la sociedad, por lo tanto pudo personificar a través de su liderazgo carismático la imbricación cívico-militar propia de las concepciones doctrinarias y operativas del aparato militar del Estado en la denominada Revolución Bolivariana. En términos partidistas era el líder de los militares activos y retirados integrantes del bloque político bolivariano, entonces unificaba en su persona el liderazgo personal e institucional de las FANB. En cambio, el Presidente Nicolás Maduro es un civil que en los años 70 y 80 del siglo XX fue miembro de una organización partidista marxista-leninista como la disuelta Liga Socialista, que su militancia política fue desarrollada en el Movimiento Estudiantil de Unidad Popular (MEUP), en el sindicato de El Metro de Caracas y posteriormente a la rebelión del 4-F de 1992 como parte de los civiles del MBR-200. Una condición y origen político que evitan la conjunción de liderazgo personal e institucional de las FANB como en el caso del Presidente Hugo Chávez.

En consecuencia en el proceso de reordenamiento de la relación orgánica entre aparato militar y autoridades civiles del Estado empezó el surgimiento gradual de un liderazgo visible en la institución castrense por parte de oficiales activos de alta graduación como el General en Jefe Vladimir Padrino López, que desde octubre del año 2014 asume paralelamente los cargos de Ministro del Poder Popular para la Defensa y de Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde esos dos cargos el General en Jefe Vladimir Padrino López asumió a su vez el mando institucional y operativo de las FANB interviniendo incluso como vocero y firmante de comunicados en los que el aparato militar se pronunció directamente acerca de acontecimientos de política exterior y de política interior en los que en términos normativos e institucionales antes se manifestaba a través del Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FANB. Por ejemplo, mediante los ya referidos comunicados en marzo de 2015 respondieron la declaración del gobierno de Estados Unidos en la que se decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional con el objetivo de sancionar funcionarios estatales supuestamente involucrados en casos de violación de derechos humamos, igualmente en enero de 2016 rechazaron el retiro de la imágenes del Libertador Simón Bolívar y el fallecido Presidente Hugo Chávez del Palacio Legislativo Nacional por parte del nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de la oposición de derecha Henry Ramos Allup.

En el período comprendido entre los años 2013 y 2016 no solo se modifica la relación institucional y personal entre el liderazgo civil y militar del armazón material del Estado venezolano, también en un momento histórico caracterizado por la inestabilidad política y económica el aparato militar requiere en su intervención en la defensa de las relaciones sociales dominantes privilegiar a su esencia: la violencia y el disciplinamiento estatal. En otras palabras, la erosión de las condiciones políticas y económicas que facilitaban la construcción de consenso alrededor de las relaciones sociales dominantes, implicó la crisis de la modalidad hegemónica del capital propia de la llamada Revolución Bolivariana descrita como un “posneoliberalismo extractivista”, provocando que las FANB intervinieran en tanto aparato represivo en diversas coyunturas concretas. Puntualmente la Guardia Nacional (GN) asume una centralidad en el aparato militar que es otorgada por su cualidad de organización castrense destinada a la conservación del denominado orden público (Müller Rojas, 1992). Por ejemplo, en el 2013 el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez impuso la necesidad de convocar nuevas elecciones presidenciales, que fueron efectuadas el 14 de abril del mismo año terminando en una estrecha victoria del candidato oficialista Nicolás Maduro sobre la opción política de la oposición conservadora personificada en Henrique Capriles Radonski. La reducción de la brecha electoral con respecto a las elecciones presidenciales de octubre de 2012, le permitió al líder de la alianza conservadora denunciar un supuesto fraude, llamando a sus seguidores para que manifestaran su molestia en las calles del país. Las acciones en ocasiones violentas de los manifestantes fueron reprimidas y dispersadas en varias oportunidades por el aparato militar del Estado, específicamente a través de la GN. Igualmente, en el 2013 pero en noviembre cuando se acercaban las elecciones municipales, el gobierno nacional ejecuta la intervención momentánea de la empresa importadora y comercializadora de electrodomésticos Daka, imponiendo la venta de las mercancías importadas en un precio comercial que estableció de modo unilateral la antigua Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), ponderando en las estructuras de costos las divisas vendidas por el aparato estatal de forma subsidiada a partir del tipo de cambio oficial. En el llamado “Dakazo” la GN participó activamente en el disciplinamiento del establecimiento comercial y en la garantía coercitiva del proceso de venta controlada de los electrodomésticos, evitando posibles saqueos y disturbios cerca de las tiendas de Daka.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteó en la campaña de las ya antes mencionadas elecciones municipales de diciembre de 2013, que eran un plebiscito para el Presidente Nicolás Maduro sin embargo el efecto del llamado “Dakazo”, la apatía del voto opositor por las denuncias de fraude electoral y la movilización de las organizaciones partidistas del movimiento chavista provocaron la victoria de la mayoría de los candidatos del Gran Polo Patriótico. Un resultado electoral que supuestamente generaría un incremento de la estabilidad política, pero al contrario de lo previsto la fracción más reaccionaria de la alianza conservadora inicia el 12 de febrero de 2014 el desarrollo de un conjunto de manifestaciones de calle que se englobaron en la estrategia denominada “La salida”, que tenía como objetivo lograr el cambio por fuera de los procedimientos constitucionales del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Las movilizaciones comandadas en todo el país por el dirigente de derecha Leopoldo López y su partido Voluntad Popular colocaban en cuestión la continuidad gubernamental y a su vez fueron casi siempre violentas, por lo tanto la GN como parte del aparato militar del Estado respondió reprimiendo y dispersando a los manifestantes. El saldo de fallecidos alcanzó las 43 personas, sumando aquellas que fueron resultado de las acciones violentas de los manifestantes opositores y aquellas que ocasionó la violencia estatal.



En la segunda mitad del año 2014 y en el transcurso de la totalidad del 2015 el aparato militar del Estado extractivista también participó activamente en las políticas estatales aplicadas ante la crisis económica, que estalló en Venezuela a partir de la reducción primero tendencial y después vertical del precio del petróleo. En ese sentido, en el período comprendido entre 2013 y 2016 el aparato estatal ejecuta un ajuste económico reaccionario, procesando una correlación de fuerzas regresiva que se fue cristalizando molecularmente y un cambio en el contexto reproductivo del mercado mundial. El llamado por nosotros ajuste económico reaccionario, que explicamos con datos oficiales después en el capítulo sobre la crisis del posneoliberalismo extractivista, implicó una contracción unilateral de las importaciones para disponer de divisas con las cuales asumir en lo fundamental la cancelación de vencimientos de la deuda externa y el pago de pasivos de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), generando un incremento significativo de la inflación y de la escasez de bienes de primera necesidad. El gobierno nacional a través de la matriz discursiva estatal de la denominada “guerra económica” intento encubrir las condiciones concretas que permitieron el surgimiento de esos dos problemas, planteando que eran causa solamente de una estrategia de boicot desarrollada por una fracción de las clases dominantes, que desviaba al mercado colombiano, acaparaba y especulaba con las mercancías escasas. Entonces, en su condición esencial de institución represiva y disciplinadora la FANB en los años 2014 y 2015 a través del GN participa en las intervenciones de distintas empresas privadas que acaparaban mercancías, en el control de las largas filas que se presentan en los establecimientos comerciales producto de la escasez para bloquear posibles saqueos y en la confiscación de las mercancías vendidas por los comerciantes informales por encima de los precios oficiales que eran definidos unilateralmente por el Estado. En cambio, el Ejército asumió en agosto del 2015 el resguardo del cierre decretado por el gobierno venezolano de la frontera entre Colombia y Venezuela para supuestamente evitar el desvío de las mercancías al mercado colombiano. La aplicación por parte del gobierno nacional del ajuste económico reaccionario creó las condiciones concretas que desembocaron en el deterioro acelerado y acentuado de las condiciones de vida de las clases populares de Venezuela, que se plasmó por ejemplo en cifras de inflación que alcanzaron en el año 2014 el 68,5% y en el 2015 el 180,09% (BCV, 2016). Circunstancia que facilitó la victoria por parte de la alianza conservadora en las elecciones parlamentarias efectuadas el 6 de diciembre de 2015, por lo tanto el 5 de enero del año 2016 asumió como Presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de la MUD Henry Ramos Allup. El también Secretario General de AD, en el discurso desarrollado después de la presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente Nicolás Maduro, inicio un debate planteando que “los militares no pueden participar en actividades políticas”, porque “el civil no puede deliberar como un hombre armado, el civil no puede deliberar con un hombre de uniforme si tiene parcialidad política, porque no son los militares de este o de aquel partido, son los militares de todo el país, son los militares suyos y son los militares míos, los militares de todos”. En consecuencia, según su concepción la “Fuerza Armada Nacional, no puede ser política, no puede ser deliberante, no puede estar sometida a ninguna parcialidad política”, en conclusión “el militar activo que quiera hacer política, cuelgue el uniforme y vaya a hacer política” (Ramos Allup, 2016: 13-14). La respuesta del General en Jefe Vladimir Padrino López fue a través de su cuenta en twitter, afirmando que “es propicio recordar que hace 16 años fue derogado por el pueblo venezolano, convocado como poder constituyente originario, el adefesio discriminatorio entre civiles y militares”, en ese sentido “los términos apolítico y no deliberante para la FANB quedó en el pasado, se fue con la Constitución de 1961. Es historia”. Defendiendo el carácter político de los militares señaló mediante una reflexión de estirpe aristotélica “¿Acaso la FANB no forma parte de esta sociedad? ¿Somos irracionales? Esta institución tiene armas, pero ama la democracia y la libertad. El zoon politikón militar de la Venezuela del siglo XXI, emplea las armas para defender al pueblo, la independencia, la soberanía y la paz”. Por ello, en sus palabras “la FAN es Bolivariana porque instituye la doctrina de El Libertador, como fuente inspiradora de su esencia independentista-antiimperialista”.

El debate Ramos Allup-Padrino López evidenció el inicio de la transición de las antes descritas tensiones que afrontó el aparato militar en los últimos años a la crisis doctrinaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en lo fundamental al ocurrir la ruptura de la llamada unión cívico-militar. El bloque político bolivariano desde diciembre de 2015 perdió la mayoría electoral, que en las democracias electorales representan la forma en la cual el pueblo colectivamente y los ciudadanos individuales otorgan su respaldo formal a las organizaciones partidistas que componen y dirigen las gestiones gubernamentales. De ese modo, en el 2016 y seguramente en los años siguientes la FANB se convierte en el principal soporte de la defensa solo legal del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En otras palabras, la continuidad gubernamental del bloque político bolivariano depende desde 2016 de su fracción militar. Por eso, en ese año los militares sobredimensionan su intervención estatal tensando la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, incluso asumieron directamente mediante empresas de la FANB la explotación de bienes comunes entendidos como recursos naturales y la responsabilidad integral de la distribución de bienes de primera necesidad por parte del armazón institucional del Estado. Por ejemplo, el 10 de febrero de 2016 a través del decreto presidencial N° 2.231, publicado en Gaceta Oficial N° 40.845, crearon la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Igualmente, el 11 de julio de 2016 a partir del decreto presidencial N° 2.367, publicado en Gaceta Oficial N° 40.941, crearon la Gran Misión Abastecimiento Soberano que en el artículo 1 de la norma jurídica mencionada considera que “la unión cívico-militar implica el aprovechamiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y disciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y las venezolanas”. Ya la FANB no solo acompaña y resguarda ante amenazas externas e internas los proyectos económicos y sociales orientados a la concreción del llamado desarrollo integral de la nación, ahora personifica la institucionalidad estatal que se encarga directamente de la explotación de los recursos naturales y de la garantía de derechos sociales como la alimentación y la salud.



Por último, en el año 2016 la crisis de la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación también se expresa en modificaciones parciales en la intervención estatal de las FANB, por un lado establecen en términos jurídicos una relación entre posibles movilizaciones de las clases populares y la existencia de amenazas internas creadas desde el exterior que afectan la seguridad nacional, en el otro lado se involucran abiertamente en la protección militar de proyectos económicos en los cuales se le entrega concesiones del territorio nacional al capital transnacional para que extraiga en una gran escala minerales de la naturaleza, que es entendida como proveedora de recursos naturales. Primero, el 13 de mayo de 2016 mediante el decreto presidencial 2.323, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.227, declararon el Estado de Excepción y Emergencia Económica planteando en un considerando que “los cuerpos de investigación y seguridad del Estado, en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), han detectado la existencia de grupos armados y paramilitares extranjeros estableciendo su vinculación a actores con interés políticos de desestabilización de la economía nacional y de la institucionalidad del Poder Público”, que además les “han promovido y financiado desde el exterior de la República con el afán de generar en Venezuela problemas de orden público que causen malestar en el pueblo venezolano, vulneren la Seguridad Nacional y justifiquen la intervención de poderes extranjeros contra el país”. La afirmación del decreto se enmarca en una respuesta del armazón institucional del Estado ante un conjunto de disturbios y saqueos que ocurrieron entre finales del año 2015 y todo el transcurso del 2016, en los establecimientos comerciales y centros de distribución estatal en un contexto económico caracterizado por una escasez extrema de alimentos, medicinas y bienes de higiene personal. La movilización espontanea e inorgánica de sectores de las clases subalternas en rechazo a la escasez, producto de la contracción de la oferta de mercancías generada en lo fundamental por el ajuste económico reaccionario, es descrita como un problema de orden público que vulnera la seguridad nacional y crea las condiciones para una invasión extranjera, en consecuencia su respuesta por parte de la FANB es abiertamente represiva. Es importante identificar a su vez como en el discurso estatal desplegado por la gestión gubernamental del movimiento chavista se estigmatizan las protestas de las clases populares empleando como argumento la defensa del pueblo y de la soberanía nacional. En ese marco, el 9 de junio de 2016 en la localidad de Cariaco en el Estado Sucre aconteció una protesta motivada por la escasez de alimentos que fue respondida por la GN a través de disparos efectuados con armas de guerra, específicamente fusiles, provocando un muerto y once heridos de bala. Igualmente, el 15 de junio de 2016 en la ciudad de Cumaná ocurrió una revuelta popular ocasionada por la extrema escasez de bienes de primera necesidad, que implicó el saqueo de alrededor de 150 establecimientos comerciales. El gobierno nacional decidió la militarización de la capital del Estado Sucre deteniendo cerca de 400 personas y en la represión asesinando un manifestante. Realidad similar sucedió en la ciudad de Tucupita, capital del Estado Delta Amacuro, donde manifestantes reclamando una mayor distribución de alimentos por parte del aparato del Estado terminaron saqueando establecimientos comerciales y centros de acopio estatales, provocando la militarización de la localidad y la detención de aproximadamente 140 personas.

Asimismo, buscando el ingreso de divisas con las cuales continuar asumiendo el pago de los vencimientos de la deuda externa y los pasivos de PDVSA, el 24 de febrero del año 2016 mediante el decreto presidencial N° 2.248 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855, crean la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, definiendo en el artículo 4 de la norma jurídica referida como objetivo “la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco”. Transformando sin consulta previa un territorio indígena en una localidad que el aparato estatal dispone unilateralmente para el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto. Además, en su artículo 13 plantea que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrollará conjuntamente con el Poder Popular Organizado un Plan Integral de Seguridad y Defensa e instalará a través del Resguardo Minero Nacional, las unidades correspondientes adscritas al Comando Regional competente en el área de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. La concreción del decreto presidencial N° 2.248 supuso la firma el 5 de agosto de 2016 de convenios de concesión entre el gobierno nacional y un conjunto empresas transnacionales como la Gold Reserve, Ecomine, Hiuaniamon Pinen Company y EnerGold Mineral. En el mismo acto protocolar el General en Jefe Vladimir Padrino López anunció la creación de una unidad militar especial para la protección de las operaciones extractivistas de las empresas transnacionales y estatales en el llamado Arco Minero del Orinoco. Entonces, a partir de una forma particular de materializar su concepción desarrollista de la Venezuela potencia, la FANB participarán de manera activa en el resguardo de la entrega de parte del patrimonio nacional al capital minero extranjero, que ya no es conceptualizado como un obstáculo para la independencia de la patria ahora es supuestamente un aliado para el desarrollo integral del país.

Omar Vázquez Heredia

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