Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos



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4.2. Desarrollo de la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación (2003-2016).

Oficiales activos en cargos estatales de alta jerarquía.

La crisis de la modalidad hegemónica del capital denominada en la historiografía venezolana como el Puntofijismo afectó de modo particular a la Doctrina de Seguridad Nacional del aparato militar del Estado extractivista, entre otras consecuencias logró que se hayan generalizado en una fracción de los militares activos dos críticas articuladas que cuestionaban: la “segregación” de las FAN del llamado proceso de desarrollo nacional y el control de los militares por parte de los partidos políticos tradicionales. Las críticas referidas ya las habían realizado dos décadas antes oficiales nacionalistas y progresistas de la FAN, que participaron en las sublevaciones militares de 1962 y en la creación de la FANL, sin embargo solo la crisis del Puntofijismo creó las condiciones de posibilidad para su rebrote en el aparato militar del Estado venezolano. Por ejemplo, en su obra “De militares para militares”, publicada por primera vez en el año 1964, planteaban que “se nos ha pretendido mantener aislados, como una isla en la inmensidad de la sociedad. Se nos ha cuidado del contacto popular, por temor a que reaccionemos en el sojuzgamiento y miseria de nuestro pueblo”, porque “se ha pretendido tenernos encofrados, sacándonos solamente cuando es necesario golpear para acallar la boca del hambriento” (Asuaje; González; Piccardo y Serrietello, 2006: 204). Al contrario, ellos señalaban que “las Fuerzas Armadas necesitan entonces plantearse grandes tareas que recomen nuestra Institución y la conviertan en instrumento y factor de progreso”, en ese sentido “está planteada la necesidad de contribuir al desarrollo económico, cultural y social del país” (Asuaje; González; Piccardo y Serrietello, 2006: 108).

En los años 80 y 90 del siglo XX en una formación económica-social determinada por el inicio de la crisis orgánica del capitalismo dependiente, extractivista y parasitario de Venezuela, surgen circunstancias concretas que facilitan la irradiación en los militares activos de cuestionamientos a la Doctrina de Seguridad Nacional y su forma de ejecución en el país, entre ellas el deterioro de sus condiciones materiales de vida, el develamiento de casos de corrupción en las compras del equipamiento castrense, la exacerbación de las manifestaciones del control partidista de las FAN y la erosión del llamado orden público producto de la movilización casi siempre inorgánica de las clases subalternas venezolanas. En consecuencia, una fracción de los oficiales activos comienza un proceso de problematización de su subordinación a las autoridades civiles del Estado, que son caracterizadas como incapaces y corruptas, mientras paulatinamente recuperan su autovaloración como sujetos formados con criterios democráticos y capacitados con altos niveles técnicos, que deben aportar a la solución de los problemas nacionales. En palabras repetidas incansablemente en sus textos y entrevistas, repudiaron su condición impuesta por los civiles de componente ubicado “en un lugar político de segundo orden dentro de la sociedad” o de “un eunuco en relación con la problemática nacional” (Machillanda Pinto, 1988: 176-177) (Müller Rojas, 1992: 88). En palabras del Contralmirante en situación de retiro Hernán Grüber Odremán, líder de la sublevación del 27 de noviembre del año 1992, “un almirante le cuesta mucho dinero a la nación, debe poseer profundos conocimientos aplicables a la buena marcha de la administración del país, para que ese intelecto se pierda miserablemente en una actitud indiferente ante todo cuanto acontece alrededor suyo” (1996: 59). Creemos que esas críticas no buscaban afirmar como expresó un intelectual venezolano conservador que “los únicos capaces de gobernar son los militares” (Caballero, 2007: 59), en cambio intentaban ampliar su intervención en la ejecución de diferentes políticas estatales orientadas a la garantía del orden dominante.

La crítica a la “segregación” política de los militares activos en las FAN, también se relacionó con la interpelación de su subordinación a los dirigentes políticos civiles y sus partidos. Entonces, la revalorización de sus propias cualidades como sujetos formados y capacitados para involucrarse en la solución de los problemas nacionales, nace de su cuestionamiento al desprecio anti-castrense de los dirigentes políticos civiles. Incluso Manuel Caballero, acérrimo opositor de los militares, en un artículo escrito en los años 90 del siglo XX indicó que “una insultante actitud muy corriente en nuestros dirigentes políticos…es el hábito de tomar a los militares por estúpidos, por ser, al contrario de los políticos, hombres de pocas palabras”, de esa manera “como por lo general ellos no saben enhebrar un discurso con tanta labia como un parlamentario, estos tienden a creer que son tontos y por lo tanto manipulables” (2007: 137). En ese contexto de crisis económica y política, por un lado una parte de los militares repudiaban las manifestaciones exacerbadas de control partidista de las FAN, por ejemplo cuando en el desastre natural del Río Limón en septiembre del año 1987 la pareja sentimental del Presidente Jaime Lusinchi, la señora Blanca Ibáñez se presentó vestida de General en Jefe. Según el Teniente Coronel Yoel Acosta Chirinos ese acontecimiento sucede porque “Blanca Ibáñez hacía y deshacía en las Fuerzas Armadas. Ella le daba los reales que quisiera a cualquier general, ascendía a los que ella le daba la gana” (Blanco Muñoz, 2006: 52). Una parte de los oficiales a su vez criticaban las reticencias e intentos de cooptación de los partidos de izquierda de los militares activos que conspiraban organizados en al menos el MBR-200 contra los gobiernos nacionales del Puntofijismo. Hugo Chávez, rememorando situaciones ocurridas en los años 80 del siglo XX en sus relaciones con civiles de partidos como Bandera Roja o la Causa R, expresaba que “los sectores revolucionarios siempre andan cuidándose de los militares, de las dictaduras, de las propuestas nacionalistas, y esa reserva se traduce en actitudes que hicieron mucho daño”, por ejemplo ocurrió que organizaciones de izquierda pretendieron “infiltrar o meterse en el movimiento militar para tener su grupito de apoyo militar, para tratar de ampliar su control sobre los militares”, en términos puntuales “se daban reuniones generales de coordinación y luego sectores civiles llamaban a oficiales nuestros para reuniones aparte, para asegurar lealtades en hombres” (Blanco Muñoz, 1998: 341).

Por lo tanto, el Presidente Hugo Chávez al organizar concretamente la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación como configuración ideológica y operativa de la FANB desde el año 1999, generalizó a través del principio de corresponsabilidad la participación de los militares activos en cargos de alta jerarquía en los que pudieran materializar políticas estatales articuladas con el llamado desarrollo nacional, es decir que permitieran la recomposición de las capacidades del armazón institucional del Estado para organizar el sentido dominante del orden social. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su Título VII denominado “De la seguridad de la nación”, específicamente en su artículo 326 establece que

La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Los militares activos entonces asumieron generalmente la responsabilidad de ministerio, instituciones adscritas y empresas estatales. En cambio, los militares en situación de retiro en su mayoría son los candidatos del movimiento chavista para las gobernaciones de los Estados y de modo minoritario se convierten en diputados en la Asamblea Nacional de Venezuela. La referida situación provocó críticas provenientes de dirigentes políticos e intelectuales adscritos a la alianza reaccionaria, que observaron un regreso del “pretorianismo” ante la presencia de una gran cantidad de militares en la dirección de la institucionalidad del Estado (Buttó, Irwin y Langue, 2006). Más allá de los cuestionamientos conservadores, encubiertos en un falso civilismo que no condenó el golpe de Estado efectuado con intervención de oficiales activos el 11 de abril de 2002, la subjetividad militar se estructura en relaciones sociales condicionadas por un conjunto de normas y procedimientos que residen en la reproducción de una lógica de mando-obediencia de la jerarquía institucional, que tiene como objetivo el restablecimiento y la conservación del orden. La inmensa mayoría de los militares en altos cargos estatales establecieron una relación vertical y unilateral con las clases populares comprendidas como “masas”, desarrollando gestiones gubernamentales que bloqueaban su autoorganización en los centros de trabajo y en los espacios residenciales rurales o urbanos. Por ejemplo, los militares designados como presidentes o gerentes en las empresas estatales, en diversas ocasiones impidieron mediante el disciplinamiento y el boicot procesos de organización de consejos de trabajadores y trabajadoras que intentaban concretar experiencias de control obrero. En otro sentido analítico, también se generó una modificación en el patrón de corrupción de los militares, en vez de ocurrir desviaciones de fondos destinados a las compras de equipamiento castrense como en el Puntofijismo, en los últimos años los oficiales que se terminan involucrados en actividades en donde se apropian de recursos públicos lo hacen en la mayoría de las oportunidades directamente desde sus altos cargos estatales.

La ejecución de políticas sociales y la recomposición estatal de las capacidades para organizar consenso.

La crisis orgánica del capitalismo venezolano que comienza cuando se obtura la reproducción en escala ampliada de capital en el año 1979, pero que se manifiesta en el mal llamado “Viernes Negro” con la maxidevaluación del tipo de cambio que ejecuta el aparato estatal el 18 de febrero de 1983, es respondida por la fracción tradicional del bloque de poder con la aplicación estatal de medidas neoliberales cristalizadas en los programas de ajuste macroeconómico (el Gran Viraje en 1989 y la Agenda Venezuela en 1996), en el inicio en 1991 de la privatización parcial de la industria petrolera mediante la llamada “Apertura Petrolera” y en el establecimiento de una estructura tributaria abiertamente regresiva en 1993 con la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Un conjunto de políticas estatales que acentuaron en medio de la contracción vertical del precio del petróleo, las condiciones concretas que provocaron entre otras consecuencias un deterioro de la infraestructura hospitalaria y educativa, un incremento de la pobreza, una disminución del consumo de alimentos por parte de las clases populares y un aumento del déficit habitacional en el país.

En ese contexto histórico, condicionado por la resistencia antineoliberal de las clases subalternas, después de la sublevación militar del 4 de febrero de 1992, surgió Hugo Chávez y su organización política como un factor canalizador del descontento popular y la deslegitimación de los partidos dirigentes en el Puntofijismo. Circunstancia que le permitió alcanzar la victoria en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Entonces, ya como Presidente de la República Hugo Chávez involucró a la actual FANB en la respuesta estatal a la caracterizada “emergencia social” que sufrían las clases populares del país, a través del llamado Plan Bolívar-2000. En la emisión número 14 de su programa Alo Presidente emitido el 12 de septiembre de 1999, argumentaba que “el Plan Bolívar 2000 es un programa de atención en situación de emergencia social”, por lo tanto

por primera vez, unos 100 mil militares están en las calles, en los pueblos, en los campos. Esto jamás se había visto en Venezuela, aunque se vio cuando los presidentes anteriores mandaron a los militares a echarle plomo al pueblo desarmado. Eso sí se veía, militares con ametralladoras y con fusiles cuando ocurrió El Caracazo, el 27 de febrero de 1989 (Chávez, 2014a: 41).

En el mismo orden de ideas, en la emisión número 21 de su programa Alo Presidente emitido el 21 de noviembre de 1999, haciendo una evaluación del Plan Bolívar-2000 señalaba que “es maravilloso, los militares operando gente, los hospitales de campaña que estaban previstos para la guerra con no sé quién”, en realidad “aquí no va a haber guerra contra nadie, la guerra es contra el hambre, la miseria, la muerte, la guerra es por la vida, es la que tenemos ahora y la vamos a ganar” (Chávez, 2014a: 72). Palabras que, desde un inicio, evidenciaron una modificación central en el discurso y en la práctica de la FANB orientada en la nueva Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, antes el aparato militar del Estado se relacionaba con las clases populares solo a partir de su participación en acciones represivas, en cambio ahora en la Revolución Bolivariana se compromete con la solución estatal del hambre, la miseria y la muerte. En términos generales, la actual FANB empezó su intervención en el proceso de restauración de las capacidades estatales para organizar consenso alrededor de las relaciones sociales capitalistas, pero sobre nuevas bases más progresivas que al menos de modo coyuntural y parcial lograron mejorar las condiciones materiales de existencia de las clases subalternas, enmarcada en el Plan Bolívar-2000 rehabilitando escuelas y hospitales, recuperando canchas deportivas y plazas públicas, reparando viviendas precarias ubicadas en los asentamientos urbanos y distribuyendo alimentos en mercados contingentes.

Después del Plan Bolívar-2000, que finalizó sumergido en diferentes denuncias de actos de corrupción ocurridos en su ejecución133, la FANB continuó en la denominada Revolución Bolivariana desarrollando políticas estatales con la intención de restablecer las capacidades del armazón institucional del Estado para construir consenso en torno al sentido dominante del orden. En consecuencia, el aparato militar venezolano interviene en la organización y en la concreción de varias de las misiones sociales que son constituidas a partir del 2004, entre ellas con mucho protagonismo en la Misión Alimentación y en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En ese sentido, el Presidente Hugo Chávez en diciembre de ese año, en un encuentro en Brasil motivado por una reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur), al defender en su discurso la incorporación de los militares en el combate a la miseria en la región, enfatizaba que “la Fuerza Armada Venezolana lo más que hace hoy es trabajo social” (2005a: 704).

La Misión Alimentación se encargó de la distribución de alimentos subsidiados en establecimientos permanentes como los Mercales y en operativos ejecutados en las localidades de residencia de las clases populares. Es fundada en el 2004 y es adscrita al nuevo Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, que desde su creación en el año 2004 hasta el 2016 tuvo siete ministros de los cuales seis son militares. El General de Brigada en situación de retiro Rafael Oropeza (2004-2006) (2007-2008), el General de Brigada Félix Osorio (2008-2010) (2013-2014), el Mayor General Carlos Osorio Zambrano (2010-2013) (2015), el Mayor General en situación de retiro Hebert García Plaza (2014), el General de Brigada Yván Bello (2014-2015) y el General de División Rodolfo Marco Torres (2016). Los argumentos para justificar el control de los militares de la Misión Alimentación fueron por un lado el carácter estratégico del acceso a los alimentos y en el otro sus supuestos conocimientos en materia logística, que eran requeridos en la organización de una red estatal de suministros desplegada en todo el territorio nacional para distribuir una gran cantidad de bienes de primera necesidad.

Otra caso paradigmático de la participación del aparato militar del Estado en la ejecución de políticas sociales fue la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es constituida en el 2009 y redimensionada en el 2013. La referida política asistencial y focalizada tiene su antecedente en el llamado Plan Avispa, desarrollado por el General en Jefe en situación de retiro Jorge Luis García Carneiro como parte del Plan Bolívar-2000. Con su equipo de trabajo compuesto por militares y civiles inició en diversos lugares del país la estructuración y el financiamiento de operativos para rehabilitar y construir viviendas en las localidades residenciales de las clases subalternas. Según el oficial de alto rango referido “el Plan Avispa ha sido excepcional, porque no solamente soluciona el problema de la vivienda, sino porque también genera empleos”. En resumen, “estábamos dando dos respuestas a la vez: primero conformando cooperativas y generando empleos, y uniendo a la Fuerza Armada con su pueblo; segundo no solamente satisfacíamos las necesidades del hombre, sino también ayudamos al Estado a resolver los problemas” (Harnecker, 2004: 20). La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor tiene un objetivo similar al proponerse rehabilitar, recuperar, embellecer y urbanizar los asentamientos ubicados en las ciudades que se encuentran en situación de precariedad, que en Venezuela son denominados como barrios. Desde su origen la misión descrita tuvo entre sus responsables militares como el Capitán en situación de retiro Diosdado Cabello Rondón, en su antigua condición de Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Viviendas, así como el General de Brigada Manuel Quevedo en tanto Presidente de la Fundación Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En la ejecución de los procesos de rehabilitación de viviendas y espacios públicos de las barriadas urbanas del país que fueron concretados por la misión mencionada, se involucraron activamente oficiales de la FANB mediante el establecimiento de campamentos militares en los cuales se depositaban los materiales y las herramientas de construcción, que paulatinamente eran suministradas a las organizaciones comunitarias de la localidad popular.

La Milicia Nacional Bolivariana. Una forma de estatización de las clases subalternas.

El proceso de recomposición de las capacidades estatales para construir consenso en las clases subalternas alrededor de las relaciones sociales capitalistas, pero sobre nuevas bases más progresivas, necesitó al mismo tiempo un reacomodo institucional y un retorno al nacionalismo petrolero, que en el contexto histórico de la llamada Revolución Bolivariana asumió la forma de un posneoliberalismo extractivista. En ese sentido, en medio de profundos conflictos políticos y sociales, en noviembre del año 2001 el aparato del Estado a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Hidrocarburos incrementó las regalías cobradas a las empresas transnacionales petroleras asentadas en el territorio venezolano, afectando parcialmente los intereses de capitales internacionales por lo tanto se convirtió en un adversario en América Latina del gobierno de los EEUU, que se involucró en actividades conspirativas para desplazar inconstitucionalmente de la dirección gubernamental de Venezuela al Presidente Hugo Chávez (Golinger, 2005).

Entonces, de modo gradual el aparato militar del Estado venezolano definió como sus hipótesis de conflicto a las FAN de los Estados de EEUU y de la fronteriza Colombia por su característica de socio militar en Sudamérica de la principal potencia imperialista del hemisferio occidental. Una alianza militar que en los últimos años se cristalizó a través del denominado Plan Colombia, que permitió el incremento del financiamiento y de la presencia de oficiales norteamericanos en territorio colombiano con la finalidad de regular el narcotráfico, combatir a la insurgencia y asegurar la posibilidad de intervenir en acciones militares en todo el continente (Vega Cantor, 2015). En esas circunstancias, la FANB estableció como parte de la doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación un concepto estratégico militar empleado en movilizaciones militares internas llamado “guerra popular de resistencia”, que implicaría un posible conflicto bélico convencional con la FAN colombiana y una guerra asimétrica contra la FAN de EEUU por su incuestionable superioridad tecnológica en el campo militar. Según el General de Brigada Menry Fernández, oficial activo de la FANB y antiguo Subdirector del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), la “concepción de la guerra popular de resistencia” parte de la idea de contraponer a los “designios hegemónicos del imperialismo una impenetrable defensa militar que le haga pagar un alto precio al agresor, en un enfrentamiento armado donde participará toda la población”. En consecuencia, ante “la gran superioridad tecnológica del enemigo se suple oponiéndole una guerra generalizada” donde cada “ciudadano” como parte de un pueblo con una elevada “fuerza moral” tenga un medio, un lugar y una forma de lucha que hostigue, desgaste y desmoralice al enemigo. Es un tipo de defensa que requiere “el apoyo mayoritario del pueblo”, “debiendo la Fuerza Armada Nacional organizarlo, armarlo y prepararlo para ello” (2010: 116-117).

La concreción del concepto estratégico militar englobado en la “guerra popular de resistencia” implicó que el aparato militar del Estado definiera la necesidad de organizar la llamada Milicia Nacional Bolivariana (MNB). Un nuevo componente de la FANB que es caracterizado como complementario, que apareció por primera vez en la propuesta de Reforma Constitucional del año 2007, específicamente en la posible modificación del artículo 329 de la Constitución Nacional. En la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada el 17 de noviembre de 2014 en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.156, en su artículo 66 se define a la MNB como “un cuerpo especial integrado por la Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación”, que según lo establecido en el artículo 67 de la norma referida tiene como misión “entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral de la Nación, con el fin de complementar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. La MNB es parte y complemento de la FANB, como cristalización del aparato militar del Estado venezolano. En términos concretos los milicianos son simpatizantes del bloque político bolivariano que de manera colectiva en los centros de trabajo y comunidades residenciales o individualmente se integran de forma voluntaria en la FANB, recibiendo en algunos fines de semana cierto adiestramiento militar y una formación ideológica que los imbrica a la llamada “defensa nacional” en tanto funcionarios estatales del orden. Es claro que la MNB no es la milicia en el sentido marxista: la auto-organización militar de los núcleos organizados de las clases subalternas tradicionalmente en partidos para defender a partir del control territorial procesos de recuperación y gestión popular de tierras o de medios de producción industriales. Totalmente al contrario, el Presidente Hugo Chávez planteaba que las milicias debían crear “Unidades de Inteligencia Popular”, ya que

no hay nadie más inteligente que el pueblo, con capacidad para hacer redes de inteligencia contra las infiltraciones esas que ustedes mismos señalaban en la frontera, paramilitares que vienen y se disfrazan de campesino, o de taxista y se convierten en una amenaza, afectan mucho el tema de la seguridad ciudadana (2009: 7).

La creación de la MNB se debe situar en medio de un proceso de recomposición de las capacidades estatales para crear consenso en torno a las relaciones sociales imperantes, al permitir subordinar una significativa fracción de los núcleos organizados de las clases populares al objetivo principal de todo Estado: garantizar el orden. En pocas palabras, se uniforma y canaliza el esfuerzo movilizador de sectores de las clases subalternas a la seguridad, defensa y desarrollo de una comunidad imaginada e imaginaria como la nación. Eso, por supuesto, no quiere decir que su constitución ocurrió con esa intención directa e inmediata. Es destacable que en un debate caracterizado por el alarmismo de los académicos civiles de la alianza conservadora con el peligro del “pueblo armado” y la retórica inflamada de los intelectuales civiles del bloque político bolivariano con la conquista revolucionaria del “pueblo en armas”, el General de Brigada Francisco Usón con una mesura mucho más ajustada a la realidad señaló que la reserva y las milicias tenían un objetivo asistencialista y propagandístico (Blanco Muñoz, 2007). La FANB a través de la distribución del estipendio por la participación en cada jornada de entrenamiento y en los ejercicios militares, les facilitaba un ingreso económico a los milicianos con el cual reproducir sus condiciones materiales de existencia. Pero, además, el bloque político bolivariano obtenía una “masa de maniobra” que en muchas oportunidades convocaba y movilizaba para distintas actividades gubernamentales y electorales, es decir con fines propagandísticos134.

o La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un mundo multipolar.

La primera fisura de importancia del sistema interamericano de seguridad fue el llamado conflicto del Atlántico Sur, la guerra de las Malvinas en 1982, cuando los EEUU y algunos países de la región como Chile apoyaron militarmente al Reino Unido en la acción militar desarrollada para recuperar el control de las islas en disputa, desconociendo de forma abierta el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) firmado en el año 1947 (Müller Rojas, 1992). Provocando entre otras consecuencias inmediatas que los asesores e instructores de las Fuerzas Armadas de la Argentina asentados en Centroamérica para respaldar las operaciones militares de contrainsurgencia en la región fueran retirados por el gobierno argentino en ese momento encabezado por la última dictadura cívico-militar, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (Kohan, 2007). Al mismo tiempo, demostrando que el llamado sistema interamericano de seguridad hemisférica era simplemente un armazón político y jurídico que justificaba la permanente presencia militar de los EEUU en la región para desplegar operaciones de contrainsurgencia que bloquearan el inicio de experiencias revolucionarias o sabotearan a los gobiernos populares surgidos en América Latina.

Sin embargo, las modificaciones doctrinarias al sistema interamericano de seguridad más significativas surgen con el fin de la llamada Guerra Fría, producto de la disolución de la República Democrática de Alemania en 1990 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, que en su concepción elimina al denominado “comunismo internacional” como una amenaza para la seguridad continental. Necesitando sobre todo EEUU, como eje dominante del sistema interamericano de seguridad, el establecimiento de nuevas amenazas que justificaran su apabullante presencia militar en territorios donde se concentran bienes comunes y megaproyectos extractivistas en América Latina, definiendo en la década de los 90 del siglo XX y en los inicios del siglo XXI al narcotráfico y el terrorismo. Por ello, en el caso específico de contextos nacionales donde persisten organizaciones insurgentes propias de la tradición comunista como en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o en el Paraguay el Ejército del Pueblo de Paraguay (EPP), son caracterizadas de modo arbitrario en tanto “narcoterroristas” como parte de la deslegitimación del enemigo que implica todo conflicto bélico (Winer, 2015).

En ese sentido, el 2 de febrero del año 1999 cuando Hugo Chávez asume la Presidencia de República de Venezuela, las amenazas establecidas por la doctrina militar de EEUU para el sistema interamericano de seguridad hemisférica eran esencialmente el narcotráfico y el terrorismo. En diferentes oportunidades y de distintas maneras los EEUU en su discurso va a intentar relacionar con esos dos fenómenos al aparato del Estado venezolano (Garrido, 2005). Por lo tanto, siempre rondó en voceros políticos de EEUU, la derecha tradicional de la región y del país la acusación totalmente falsa que Venezuela es un Estado narcoterrorista o el bloque político chavista desarrollaba un narcorégimen (Landaeta, 2014). En términos históricos, las disputas con alguna resonancia militar entre los EEUU y la República Bolivariana de Venezuela comienzan en fecha tan temprana como en el período comprendido entre los años 1999 y 2001, articuladas con la reacción de la principal potencia imperialista occidental ante por lo menos cuatro decisiones de la nueva gestión gubernamental venezolana, que eran parte de su necesidad de recomponer las capacidades estatales para organizar consenso y de su intención manifiesta de construir un mundo multipolar: las políticas concretadas en esos años por el armazón institucional del Estado en el marco del retorno al nacionalismo petrolero, el inicio de estrechas relaciones diplomáticas con la República de Cuba, los cambios en la respuesta militar venezolana ante el conflicto social y armado que acontece en la hermana Colombia y los cuestionamientos venezolanos a la denominada “guerra contra el terrorismo” desplegada por el gobierno de EEUU después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.

Por un lado, el retorno gradual al nacionalismo petrolero comienza en el propio año 1999 con la definición de una estrategia comercial que combinada con otros factores de la economía-mundo permitió el incremento del precio del petróleo, a partir del recorte de la oferta mundial del referido hidrocarburo. En ese año Alí Rodríguez Araque, en ese momento Ministro de Energía y Minas, inició contactos diplomáticos con los otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre ellos Estados como Arabia Saudita, Argelia, Irak, Irán, Libia, entre otros. Al año siguiente, en agosto del 2000, el Presidente Hugo Chávez realizó una gira por esos países, visitando por ejemplo al Rey Fahd al-Saud y a los presidentes Abdelaziz Buteflika, Sadam Hussein, Mohammad Jatami y Muamar Gadafi finiquitando las negociaciones para efectuar la II Cumbre de Jefe de Estados y de Gobierno de la OPEP, que fue organizada el mes siguiente en la ciudad de Caracas, concluyendo con la decisión de restablecer y cumplir las cuotas de exportación de petróleo. A pesar de reunirse con gobernantes de países aliados o enemigos de los EEUU como Arabia Saudita o Irán, lo que fue más cuestionado al Presidente Hugo Chávez fue su visita a Sadam Hussein y a Muamar Gadafi, desestimando las presiones de la potencia imperialista norteamericana. La decisión de Hugo Chávez ya demostraba cierto nivel de autonomía en su política exterior, ajustada a las necesidades de incrementar los ingresos petroleros para obtener una base material con la que recomponer las capacidades estatales para construir orden consensual. Entonces, se presentaron de forma pública las llamadas “preocupaciones” por parte de voceros del Departamento de Estado de EEUU, que de manera velada o abierta planteaban desde esa época los vínculos de Venezuela con Estados caracterizados como “forajidos”, que eran sospechosos de financiar supuestamente organizaciones terroristas islámicas (Garrido, 2006).

La segunda parte del retorno al nacionalismo petrolero implicó el proceso de re-estatización parcial de la industria petrolera, que se inicia con el aumento de las regalías cobradas al capital transnacional asentado en territorio venezolano, a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Hidrocarburos promulgado en noviembre del año 2001. Afectando los intereses de empresas estadounidenses involucradas en el extracción de petróleo en yacimientos ubicados en Venezuela, mediante los llamados convenios operativos de la Apertura Petrolera. Desde ese momento, el gobierno de EEUU decide intervenir activamente orquestando un proceso de desestabilización de las instituciones estatales del país, con la finalidad de deponer de su cargo al Presidente Hugo Chávez. Sucediendo entre el año 2001 y 2004 con su apoyo y participación directa el paro patronal del 10 de diciembre de 2001, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, la ocupación de la Plaza Altamira en octubre de 2002 por un conjunto de militares activos uniformados, el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, los cortes de calles en urbanizaciones de las ciudades por parte de integrantes de los sectores medios y la convocatoria del referéndum revocatorio que reafirma en su cargo al Presidente Hugo Chávez. Un período conflictivo que incluyó una acentuación progresiva de las tensiones entre los Estados de EEUU y Venezuela, que se evidenció abiertamente el 29 de febrero de 2004 en las palabras sostenidas por el Presidente Hugo Chávez en la movilización del bloque político bolivariano denominada “Venezuela se respeta”:

el principal objetivo de esta monumental concentración, previa marcha, es decirle “No” al intervencionismo yanqui en Venezuela. Es decirle “¡Basta!” al gobierno del señor George W. Bush, gobierno intervencionista, invasor y colonialista como pocos han pasado por la Casa Blanca (2005a: 133).

Las modificaciones en la política exterior y de defensa que en los primeros años de la llamada Revolución Bolivariana tensionaron de manera gradual la relación entre los EEUU y Venezuela, se pueden resumir en tres temas que expresaban la autonomía venezolana: las relaciones con Cuba, las críticas al Plan Colombia y el rechazo a la denominada por la administración del Presidente de EEUU George W. Bush “Guerra contra el terrorismo”. Los conflictos entre la principal potencia imperialista de Occidente y la Revolución Cubana son bastantes conocidos, nacen al calor de la denominada “Guerra Fría” con sus fronteras ideológicas que separaban por un lado a los países capitalistas y en el otro los países donde hubo intentos de construcción del socialismo. En ese marco, el aparato estatal de los EEUU estableció en el año 1960 un embargo económico, comercial y financiero a la República de Cuba, el conocido “Bloqueo”, que fue sorteado por las clases populares y los dirigentes revolucionarios cubanos a partir de su unidad y conciencia nacional, pero también por el respaldo político y especialmente económico de la URSS. La implosión del campo socialista con la URSS a la cabeza, afectó considerablemente la economía cubana y además permitió que los EEUU acentuaran el referido embargo económico en las administraciones tanto del partido republicano con el Presidente George H.W Bush (1989-1993) como del partido demócrata con el Presidente Bill Clinton (1993-2001) (Martínez Heredia, 2006). Sin embargo, contracorriente de la política exterior de EEUU y provocando su reacción negativa, el Presidente Hugo Chávez desde su llegada al gobierno nacional de Venezuela, desarrollando un acercamiento gubernamental con la República de Cuba, que tiene como un punto de bifurcación en la firma el 30 de octubre del año 2000 el llamado “Convenio Integral de Cooperación”. En el referido acuerdo binacional acordaron en el artículo III el suministro por parte de Venezuela de crudo y derivados de petróleo hasta un total de 53000 barriles diarios en precios definidos por el mercado mundial pero con esquemas de pago flexibles, en el artículo IV por Cuba el ofrecimiento de servicios médicos gratuitos en territorio venezolanos con los especialistas y técnicos en salud necesarios. Garantizando por un lado que Cuba sorteara las dificultades energéticas creadas en lo fundamental por el embargo económico y en el otro lado que en Venezuela ejecutaran posteriormente políticas estatales como la Misión Barrio Adentro.



Otro tema significativo que incide en los conflictos entre los EEUU y Venezuela es la ejecución del Plan Colombia, en tanto parte de la política norteamericana de seguridad hemisférica para según su concepción combatir problemas como el narcotráfico y el terrorismo, que en términos orgánicos se cristalizarían supuestamente en la insurgencia colombiana. El Plan Colombia lo iniciaron en el año 1999 aunque parezca contradictorio como parte del proceso de negociación de paz desarrollado en la zona de distensión del Caguán, entre el gobierno nacional colombiano del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP, que termina fracasando en el año 2002 entre otros factores porque los EEUU rearman a las Fuerzas Militares de Colombia y aumentan su presencia en territorio colombiano con la instalación de la Base Militar de Tres Esquinas, en el Departamento de Caquetá (Vega Cantor, 2015). Al contrario de alcanzar la paz, el Plan Colombia permitió fortalecer el poder militar del Estado colombiano y de los grupos paramilitares mediante el financiamiento y la asesoría de los EEUU. Creando las condiciones para la posterior ofensiva militar desplegada contra la insurgencia colombiana a través de la llamada en el discurso oficial “Política de Seguridad Democrática” del gobierno nacional colombiano del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que a pesar de su retórica contra el denominado “narcoterrorismo” es conocido que tiene amplios vínculos con el narcotráfico y es un organizador de grupos paramilitares. En ese contexto, desde su comienzo en el año 1999, el gobierno nacional venezolano de Hugo Chávez asume una neutralidad activa en torno al conflicto social y armado que ocurre en la hermana Colombia. Desestima la llamada “persecución en caliente” de la insurgencia colombiana en la extensa frontera colombo-venezolana, establece negociaciones bilaterales con las FARC-EP y el ELN para evitar el secuestro de ciudadanos venezolanos, mientras niega la caracterización de terroristas para la guerrilla colombiana hace activamente diligencias para respaldar los diálogos de paz en Colombia. Por lo tanto, el bloque político bolivariano siempre fue un adversario del Plan Colombia y el incremento de la presencia militar de los EEUU en la región. Denunciando, desde aquellos años, los voceros de la principal potencia imperialista occidental, de la derecha tradicional de la región y de la alianza conservadora venezolana las relaciones estrechas entre la Revolución Bolivariana y la insurgencia colombiana, que facilitaban su estigmatización como “narcoterrorista” (Garrido, 2005). En la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2000, el 15 de enero del 2001 en el Palacio Legislativo Nacional, el Presidente Hugo Chávez reafirmaba “tenemos que seguir insistiendo en nuestro deseo de cooperar con la paz de Colombia”, en consecuencia “nosotros no tenemos, insisto, nada contra Colombia, nada, queremos la paz, y cuando hemos alertado sobre lo que consideramos peligros del Plan Colombia, así llamado, es porque somos sinceros” (2013: 287). Su principal preocupación era “especialmente la parte militar del Plan Colombia, y esto tienen que oírlo los gobiernos a los que compete directamente como son el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos”, porque “eso es una cosa lógica, queremos la paz y vamos a mandar no sé cuántos helicópteros artillados. Y qué paz se logra así, qué paz se logra así con más armas (2013: 287). Igualmente, el Presidente Hugo Chávez en el discurso desarrollado en la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el 28 de septiembre de 2001, señalaba que

nosotros, por ejemplo, no podemos de ninguna manera considerar a grupos subversivos colombianos que están en proceso de diálogo con el gobierno de Colombia, considerarlos como terroristas, porque sencillamente no podríamos continuar abogando y conversando por la paz, porque con el terrorismo no se conversa, el terrorismo hay que combatirlo (2013: 388).

La disolución de la URSS en el año 1991, con la inmensa mayoría del campo socialista de Europa Oriental, finaliza la bipolaridad de Occidente y Oriente como fronteras ideológicas entre los llamados mundos capitalista y comunista. Entonces, los EEUU requirieron establecer nuevas amenazas para su seguridad nacional, que justificaran su grosera inversión militar. En ese sentido, el politólogo estadounidense Samuel Huntington en un artículo publicado en el año 1993, plantea un escenario futuro caracterizado por un “choque de civilizaciones”. El prominente intelectual neoconservador, asesor de los denominados “halcones” del Partido Republicano entre ellos George W. Bush y Dick Cheney, en el año 1996 en la ampliación en formato libro de su tesis sobre los futuros conflictos en el sistema-mundo, señaló con claridad que

Ahora que una Unión Soviética marxista-leninista ya no supone una amenaza para el mundo libre, y los Estados Unidos ya no suponen una amenaza opuesta para el mundo comunista, los países de ambos mundos cada vez ven más las amenazas procedentes de sociedades culturalmente diferentes (2005: 39).

Según el mismo Samuel Huntington “entre los problemas concretos pendientes entre Occidente y el islam se encuentran la proliferación armamentística, los derechos humanos, el terrorismo, la inmigración y el acceso al petróleo” (2005: 245). En pocas palabras, ya desde principios de la década de los años 90 del siglo XX, los EEUU definieron como una amenaza para su seguridad nacional al caracterizado por ellos terrorismo islámico. Sin embargo, fueron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en las Torres del “World Trade Center” de Nueva York y en el Pentágono, con una importante cantidad de muertos y heridos, los que permitieron desplegar las llamadas doctrinas militares concebidas como la “guerra contra el terror” y las “guerras preventivas” que supusieron respectivamente las invasiones militares de Afganistán en octubre de 2001 y de Irak en marzo de 2003 (Chomsky, 2004). Desde un comienzo el Presidente Hugo Chávez se opuso a los bombardeos en Afganistán y posteriormente a las acciones militares en Irak, sosteniendo que eran agresivos igual de terroristas. En una conferencia de prensa efectuada en el Palacio de Miraflores el 29 de octubre de 2001, señaló que “nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, y ahí nadie debe tener dudas”, pero “no se puede responder al terror con más terror” (2005b: 543). Mostrando fotos de los resultados sanguinarios de los bombardeos a los civiles en Afganistán indicaba que se busquen soluciones al problema del terrorismo sí, que se busquen a los terroristas, ¡Pero así no, así no! Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán, esto no puede ser (2005b: 543).

En el mismo discurso de toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, el Presidente Hugo Chávez afirmaba hablando de la unidad latinoamericana y caribeña que “ya el mundo del siglo XXI no será bipolar ni unipolar; será multipolar” (2013: 37). Sin embargo, es en medio y sobre todo después de los conflictos concretos y las diferencias alrededor de la seguridad mundial y hemisférica con los EEUU, que el aparato militar del Estado venezolano al consolidar su Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, inicia una modificación en sus alianzas militares imbricado a la política exterior ejecutada en la llamada Revolución Bolivariana: el mundo multipolar. En el caso de la relación militar con la República de Cuba tiene un carácter integral, hubo un significativo asesoramiento doctrinario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba para la definición como concepto estratégico operativo de la FANB a la “guerra popular de resistencia”, intercambio de información de inteligencia con la participación activa en territorio venezolano del G2 cubano e incluso compra de equipamiento militar por ejemplo adquiriendo en el año 2010 un simulador de tiro de fusiles de fabricación cubana para instalarlo en la Academia Militar (Osilia Heredia, 2011). Además, en la misma América Latina pero en una institucionalidad multilateral la Unasur la FANB promovió con la creación del Consejo de Defensa Sudamericano una reducción de la influencia militar de los EEUU, señalando que antes que un aliado natural es una amenaza para la defensa y seguridad nacional de los países de la región, entre otros factores por su necesidad de los bienes comunes ubicados en el territorio sudamericano, que se encuentra a su vez repleto de bases militares de la principal potencia imperialista de Occidente (Angiolillo Fernández, 2012). Fuera del continente las alianzas militares con Rusia y China en un primer momento tenían un objetivo inmediato que era la compra de equipamiento para la FANB, sobre todo después del establecimiento en el 2004 de un embargo militar a la República Bolivariana de Venezuela por parte de los EEUU, que obstaculizó la entrega de repuestos para el mantenimiento de los aviones de fabricación estadounidense tipo caza “F-16” y evitó la venta de aviones brasileños “Súper Tucano” y aviones españoles de transporte “C-295” por tener componentes de fabricación estadounidense. En ese sentido, por un lado desde el año 2004 el gobierno nacional de Venezuela adquirió fusiles de fabricación rusa “Kalashnikov” en reemplazo del fusil FAL de origen estadounidense, posteriormente amplió sus compras a Rusia por ejemplo los tanques de guerra “T-72B1V”, aviones tipo caza “Sukhoi” y los helicópteros Mi-17. En el otro lado, especialmente después de la fundación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano en el año 2008 la FANB compra de manera financiada armamento de fabricación china, entre ellos el sistema anti-acceso y negación aérea “A2/AD”, el misil “DF-21” y los aviones tipo caza “K-8”.

Una reorientación del equipamiento militar que sedimentó los conflictos con los EEUU, al perder un mercado de armas en la región y perder la incidencia militar que implica el suministro de tecnología de guerra. Por ende, en diversas oportunidades voceros de la principal potencia imperialista occidental, la derecha regional y local denunciaron los “peligros” para la paz regional que suponían las compras militares de Venezuela. Respondiendo el Presidente Hugo Chávez en enero del 2009, en la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2008, que “no es cierto que estemos invirtiendo más que todos los países de este continente en compra de armas, no. No es cierto que estemos en una carrera armamentista”, en realidad “sencillamente estamos cumpliendo con un plan, doctrina de seguridad nacional venezolano-bolivariana” (2014b: 93). Palabras que denotan como en el marco de la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación las adquisiciones militares del aparato militar del Estado, las auto-conceptualizaron en tanto de carácter disuasivo y defensivo ante posibles ataques externos.



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